Juanita Elvira Rodríguez Trinidad

Expediente 1051/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1051/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
15/04/2019

Partes del expediente

  • Juanita Elvira Rodríguez Trinidad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto; el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite testimonio de la ejecutoria emitida en el Incidente de Inejecución de Sentencia 7/2019, de su estadística, anexando los autos del juicio de amparo 1051/2018, del índice de este juzgado. Al efecto se acuerda: Atento a lo anterior, acúsese recibo y tomando en consideración que el Tribunal de Alzada, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara sin materia el incidente de inejecución de sentencia derivado del juicio de amparo indirecto 1051/2018 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas." Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable. En relación al cuaderno de antecedentes, que se formó, no es necesario agregarlo en autos, dado que sus originales obran en el juicio, en consecuencia, se ordena su destrucción, glosándose únicamente las actuaciones originales. A) ARCHIVO Con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. B) VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. C) INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D) REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. E) DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Por último, advirtiéndose que no existen tomos, ni documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Visto; el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso 25/2019, e informa que admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia, recayéndole el número de recurso 7/2019. Al efecto se acuerda: En atención a lo anterior, téngase por recibido el oficio de cuenta y agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, quedando en espera de la resolución correspondiente.

  3. Principal

    Visto; el estado actual que guardan los presentes autos, advirtiéndose del mismo que por oficio 64, de ocho de enero del año en curso, signado por la Secretaria de Acuerdos en suplencia del o la Titular de la Presidencia y por el Secretario Auxiliar de Amparos, ambos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ***, parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior y tomando en consideración que mediante acuerdo de diez de enero del año que transcurre, se dio vista a las partes con el oficio y constancias remitidas por la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación del citado proveído, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, éste órgano de control constitucional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Dicho acuerdo se notificó a la parte quejosa, el once de enero del año en curso, sin que hubiese desahogado la vista; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no totalmente cumplida. Ahora bien, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria emitida en el presente juicio se obtiene: Ahora bien, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria emitida en el presente juicio se obtiene: Efectos de la ejecutoria de amparo. Cumplimiento de la autoridad ordenadora a la ejecutoria de amparo. ? Ordene al actuario de su adscripción, y vigile que lleve a cabo el emplazamiento de la parte demandada Centro Médico Metropolitano del Sureste, Sociedad Civil, de esta ciudad, de manera inmediata. ? Tomando en consideración que la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dictada por auto de siete de agosto de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral J/O/647/2018, se encuentra señalada para las ocho horas del veinticuatro de octubre del año en curso, aunado a que la parte demandada no ha sido emplazada a juicio; de existir motivo fundado alguno para que la Junta responsable la difiera, deberá constreñirse en señalar nueva fecha para su celebración en el plazo que legalmente establece el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo; esto es, dentro de los quince días hábiles siguientes, y por su parte el actuario de su adscripción deberá notificar a las partes, con diez días de anticipación, tal y como lo prevé el numeral en cita; en el entendido de que si no existiera motivo para diferir, deberá celebrar la audiencia de ley, con lo que se tendrá por cumplido el fallo protector. Por oficio 64, de ocho de enero del año en curso, signado por la Secretaria de Acuerdos en suplencia del o la Titular de la Presidencia y por el Secretario Auxiliar de Amparos, ambos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, remitió copias certificadas de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se le concedió el uso de la voz a la parte actora Juanita Rodríguez Trinidad, aquí quejosa, y manifestó haber llegado a un arreglo con la demandada Centro Médico Metropolitano del Sureste, Sociedad Civil, de esta ciudad, quien le cubrió la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), mediante cheque número 000025 de fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, del banco HSBC . Por su parte, Juanita Rodríguez Trinidad, recibió a su entera satisfacción la cantidad antes mencionada, asimismo, manifestó que no se reservaba ningún tipo de acción contra la moral demandada, desistiéndose de la demanda que presentó el treinta de abril del año anterior, solicitando se enviara el expediente al archivo, como asunto totalmente concluido. Por lo que ante tales manifestaciones, la Junta del conocimiento, dejó sin materia de estudio el juicio J/O/647/2018 y ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. En efecto, del cuadro comparativo que antecede, se aprecia que de la documental aportada por la Junta responsable, consistente en la diligencia llevada a cabo el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, relativa a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el que a Juanita Elvira Rodríguez Trinidad, parte quejosa en el presente juicio, se le tuvo por desistida de su escrito inicial de demanda de fecha treinta de abril del año anterior, en contra de la demandada señalada en el expediente J/O/647/2018, en donde se advierte que dicha autoridad responsable declaró que el expediente quedó sin materia de estudio, por lo que se ordenó su archivo como definitivamente concluido. Luego entonces, si en la ejecutoria emitida en este juicio se concedió la protección de la Justicia Federal para el efecto de la Junta responsable verificara que el actuario de su adscripción realizara el emplazamiento ordenado en el juicio laboral J/O/647/2018, y por su parte el actuario adscrito a esa Junta, realizara el emplazamiento ordenado dentro del plazo que prevén el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo; en el entendido de que si llegado el día de la audiencia bifásica, no se encontrara emplazada la demandada, debería diferir esa audiencia, dentro del término de quince días, a que alude el numeral antes citado y vigilara que el actuario notificara dentro de los términos de ley; sin embargo, ello ya no tendrá lugar porque la referida quejosa y la moral demandada, el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, llegaron a un convenio ante la responsable; por consiguiente, es dable concluir que existe imposibilidad jurídica y material para cumplir la ejecutoria de amparo, pues al optar las partes en el juicio de origen por llegar a un convenio, y tenerlo por cumplido en su términos, no se puede exigir a la responsable para que actúe, en los términos precisados en la ejecutoria de amparo. En contexto, procede DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. Es aplicable por analogía a lo anterior la tesis aislada, cuyo rubro y texto es el siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto. Asimismo, es aplicable la tesis, cuyo rubro y texto es el siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En razón de lo anterior, una vez que transcurra el plazo previsto en el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que se interponga recurso de inconformidad contra esta determinación, con fundamento en el párrafo quinto, del artículo 196, de la Ley de Amparo, remítase los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, para que esté en aptitud de examinar la legalidad de la imposibilidad jurídica advertida para tener por cumplido el fallo protector. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que establece lo siguiente: RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. Así como, la tesis aislada aislada 2ª.CXII/2013 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o bien materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pormenorizado en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo.

  4. Principal

    Visto; el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos en Suplencia del o la Titular de la Presidencia y Secretario Auxiliar de Amparos, adscritos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por el cual adjunta copias certificadas de las actuaciones realizadas dentro del expediente J/O/647/2018, de su índice, a fin de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio. Al efecto, se acuerda. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo y anexo, córrase traslado y dése vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano