Juanita Elodia Sánchez Ramírez
Expediente 169/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juanita Elodia Sánchez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la promovente ****, no impugnó el proveído de siete de marzo del año en curso (fojas 38 a 45), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
I. Formación de expediente. Visto el escrito de demanda enviado vía electrónica a nombre de ***, fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 166/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). II. Prevención. Cabe destacar que de la certificación de cuenta, se desprende que si bien, en la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (conocida como S.I.S.E), al abrir el rubro de "Oficialía de Partes", y posteriormente el denominado "demandas electrónicas", se comunica el registro de una demanda de amparo con folio de demanda 170699/2017; fecha de registro de cinco de marzo de dos mil diecisiete y hora de registro a las dieciséis horas con un minuto, a nombre de ***; también lo es, que el acuse de recibo no contiene en la parte final la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la firma electrónica, el cual es necesario para acordar lo correspondiente. La suscrita Actuaria hago constar, que por error se publicó el día ocho de marzo del año en curso, el auto correspondiente al juicio de amparo Lo anterior, de conformidad con los artículos 72, 73 y 76, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, que establecen: "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda". "Artículo 73. Una vez enviada su demanda de amparo, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. De proporcionarse una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda de amparo se remitirá automáticamente a ésta el acuse de recepción electrónica". "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente". En consecuencia, se requiere al quejoso, para que dentro del plazo de tres días, siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en horas y días hábiles (de lunes a viernes de nueve a quince horas), comparezca ante este Juzgado de Distrito y, ante la presencia judicial, previa exhibición de su identificación oficial vigente, ratifique o no, según sea el caso, el escrito enviado vía electrónica. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado dicho escrito, con las consecuencias legales que ello contrae. La suscrita Actuaria hago constar, que por error se publicó el día de hoy, ocho de marzo del año en curso, el proveído correspondiente al juicio de amparo 166/2017, y el correcto será publicado al día siguiente. Conste.
- Principal
I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 169/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado y antecedentes. Antes de entrar en materia, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: "Reclamo de la Autoridad Ordenadora la resolución incidental de fecha 22 de diciembre del 2016 realizada a las nueve horas con cuarenta y siete minutos, y dictada en el expediente 791/2016, relativo al juicio laboral que promueve ***, en contra de la suscrita *** en calidad de patrón y única propietaria y responsable de la fuente de trabajo denominada RESTAURANTE LAS CASUELAS (sic), en donde la Autoridad Responsable RESUELVE EL INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD de mi representante legal ante la Junta, a mi representado Juan José Espinoza Guerrero en el sentido de que carece de personalidad, y fui notificada de esta resolución el día 16 de febrero de dos mil dieciséis." Ahora bien, la parte quejosa, anexó a su demanda copia certificada del expediente 791/2016, promovido por ***, índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Documental que tiene valor probatorio, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme a su numeral 2 , ya que fue expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con registro número 394182, que establece: *** Del mismo, se desprende que el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, admitió la demada promovida por ***, contra *** y otro, radicándola bajo el número estadístico 791/2016, y señalando fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Luego, el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, tuvo inició la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ante la cual compareció el licenciado Leonardo Daniel Rodríguez Ávila, en su carácter de apoderado jurídico de ***, por otra parte, asistió el licenciado Juan José Espinoza Guerrero, ostentándose como representante de ***, como única propietaria del centro de trabajo ***; en la misma, los profesionistas Juan José Espinoza Guerrero y Leonardo Daniel Rodríguez Ávila, promovieron incidente de falta de personalidad; por tanto, se ordenó suspender el procedimiento. Como resultado de lo anterior, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, resolvió lo siguiente: ".ÚNICO.- Resultó PROCEDENTE el Incidente de FALTA DE PERSONALIDAD interpuesto por la parte actora en lo principal, por conducto de su apoderado jurídico por lo debidamente expuesto, fundado y motivado en el considerando Único del presente Resolutivo, en consecuencia, no se le reconoce la personalidad a el C. LIC. JUAN JOSÉ ESPINOZA GUERRERO para comparecer a nombre de la demandada la C. JUANITA ELODIA SÁNCHES RAMÍREZ en su calidad de única responsable de la fuente de trabajo comercialmente conocida como ***al no cumplir los requisitos que señala el numeral 692 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción I, y como una consecuencia jurídica al resultar procedente el Incidente de Falta de personalidad que planteó la parte adora en lo principal, es de hacer efectivos a la parte demandada antes mencionada, los apercibimientos que se contienen en auto de radicación de fecha 22 de septiembre del 2016, y se les tiene por contestando en sentido afirmativo la demanda interpuesta en su contra por la actora ***, y para el efecto de dar continuidad al presente expediente en sus demás etapas se señalan LAS NUEVE HORAS DEL DÍA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- Fecha y hora en que habrá de tener verificativo una audiencia por lo que respecta a sus etapas de OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS.- Subsistiendo para ambas partes los apercibimientos decretados en auto de radicación de fecha 22 de septiembre del 2016, para el caso de inasistencia en la fecha y hora señalada.- Se comisiona al actuario de esta adscripción a fin de que se constituya en el domicilio de la parte actora y le notifique la presente Resolución Incidental, con copia sellada y cotejada de la misma, así como la fecha y hora que ha quedado señalada. - Por lo que hace a la parte demandada, se comisiona al actuaria de esta adscripción a fin de que le notifique la presente Junta, lo anterior al hacerle efectivos los apercibimientos contenidos en el auto de radicación de fecha 22 de septiembre del 2016" Como se desprende, el acto reclamado consiste en la resolución incidental de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, en la que no se tuvo por reconocida la personalidad a Juan José Espinoza Guerrero, quien se ostentó como apoderado jurídico de ***, ésta última a su vez, como única propietaria del centro de trabajo ***-parte demandada-, dentro de los autos del expediente laboral 791/2016, promovido por ***, índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. IV. Desechamiento. En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107, mismos que se transcriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por otro lado, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente: "artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan;" Tales preceptos establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento (como lo es el juicio laboral 791/2016, promovido ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza) el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así es, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, que quedó transcrito, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en esta porción normativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos jurisdiccionales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material inmediata a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De tal suerte, que con apego a dicho criterio, el amparo indirecto procede únicamente contra actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos, lo que sucede cuando el acto de autoridad impide el libre ejercicio de éstos; pero además, los derechos deben ser sustantivos, es decir, que no deben ser derechos de naturaleza formal o adjetiva, pues la afectación de éstos no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, siendo hasta ese momento en el que pueden consumarse de forma efectiva y se pueden hacer valer dichas violaciones. Debe decirse también, que la actual Ley de Amparo, al conceptualizar los actos de imposible reparación, no contempla aquellos actos intraprocesales, aunque causen una afectación en grado predominante o superior, por ejemplo, los que pudieran impedir la integración de algún presupuesto procesal insubsanable; ocasionar el retardo grave del fallo definitivo; provocar que el juicio continúe ociosamente o excluir de la contienda acciones o sujetos. Por tanto, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna, esto es, que incidan, afectando materialmente derechos sustantivos y que esos daños, no puedan ser reparados ni con la obtención de una sentencia favorable. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: *** En ese contexto, como se dijo, a la luz de la nueva Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, los actos procesales considerados como de grado predominante o superior, ya no pueden ser estudiados en el juicio de amparo indirecto, al no ser actos de imposible reparación. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos), de igual forma tampoco implica una violación procesal en grado exorbitante o superior a la parte quejosa; pues las consecuencias de la resolución reclamada no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos; por lo tanto, es incuestionable que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, la demanda de amparo que se analiza contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, los elementos de dicha definición de "imposible reparación", no se dan en el acto reclamado, porque con él sólo se pueden afectar derechos procesales de la parte promovente. En efecto, el acuerdo reclamado consistente la resolución incidental de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del procedimiento laboral 791/2016, promovido por ***, en contra de ***, en la que se resolvió no tener por reconocida la personalidad a Juan José Espinoza Guerrero, quien se ostentó como apoderado jurídico de ***, ella a su vez como única propietaria del centro de trabajo ***-parte demandada-, se trata de una violación formal, por lo que no se surten esas características (ejecución de imposible reparación), ya que no afecta materialmente derechos sustantivos de la promovente de amparo, pues no se trata de actos que afecten la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, del quejoso. De donde es claro que el perjuicio que, en su caso, le causaría el acto que reclama no es de imposible reparación, pues se trata de un acto meramente procesal; por tanto la afectación a derechos son de naturaleza únicamente adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. En efecto, la ejecución de imposible reparación de una determinación, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da actualmente cuando, por sí o a través de sus consecuencias, se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución, y no, como sucede en el caso particular, pues como quedó precisado, el acto reclamado en el juicio de origen, no afecta ningún derecho sustantivo de la promovente, sino únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales, que no implican una situación relevante para el procedimiento; esto es, esa violación no se estima que produzca una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa en el juicio de origen. Sirve de sustento, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y nueve, Libro 7, Junio de dos mil catorce, tomo I, con número de registro 2012731, la cual es del tenor literal siguiente: *** Así como la jurisprudencia P./J. 24/92, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, con número de registro 205651, Octava Época, con el epígrafe y sinopsis siguientes: "*** En conclusión, la ejecución irreparable debe presentarse en forma tal, que la violación no pueda ser remediada con el dictado de un laudo favorable; por lo anterior, el amparo indirecto es improcedente en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso ordinal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo considerado, la tesis que se comparte, clave XII.2º.1.L, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página dos mil cuatrocientos setenta y cuatro, Tomo III, febrero de dos mil catorce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro, que a la letra dice: *** Sumado a ello, en caso de que el laudo que llegue a dictarse en el juicio de origen, sea desfavorable a los intereses de la promovente, estará en aptitud de interponer el medio de defensa legal procedente contra la resolución e invocarla como violación procesal en el amparo directo en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo" Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. V. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del precepto 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en los estrados de este Juzgado, y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ***. VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. VIII. Protección de datos personales. De conformidad con los artículos 1 , 9 , 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , difundida mediante el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes
- Juanita Alejandra Esparza Vallejo806/2020
- Juanita Araceli Díaz Luna680/2023
- Juanita Berenice Portillo Morado649/2020
- Juanita Carmina Zamarripa Santana833/2014
- Juanita Contreras Baltazar721/2014
- Juanita Cruz Riojas570/2023
- Juanita Fidencia Romero Alvarado834/2022
- Juanita Guadalupe Cortez Hernández525/2020
- Juanita Guadalupe Galarza Rodríguez579/2018
- Juanita Guadalupe Rodríguez Marmolejo502/2021
- Juanita Hernández Hernández925/2017
- Juanita Lucila Galindo Cervantes707/2015