Juanita Dolores Serratos García

Expediente 91/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
91/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Juanita Dolores Serratos García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    XI... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. ... este expediente se considera susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a la destrucción del expediente, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo de referencia.

  2. Principal

    XI... Agréguese el oficio signado por la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual acusa recibo de las constancias originales que se ordenó devolverle el veinte de febrero del año en curso.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la Presidenta de la Sala Auxiliar en Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, rindiendo informe justificado. Ahora, toda vez que remitió el expediente original de donde deriva el acto reclamado, y conforme al artículo 117, quinto párrafo, con relación al 121, último párrafo, de la Ley de Amparo, es innecesario retener actuaciones originales de un juicio en trámite; en consecuencia, devuélvanse los originales para que la autoridad responsable continúe con su substanciación; solicitando el acuse de recibo correspondiente, el que deberá remitir en el término de tres días contado a partir del día siguiente al en que sea notificado de este proveído, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo Lo anterior, atendiendo a las reglas de operatividad establecidas por el Consejo de la Judicatura en todos los órganos federales, entre las que se estableció la preferencia por el uso de medios electrónicos, y toda vez que el anexo remitido por la autoridad responsable, se encuentra escaneado en su totalidad en el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, con sustento en el numeral 119 del mismo ordenamiento jurídico, se admiten y desahogan por propia y especial naturaleza las documentales que se exhiben. Como lo disponen los numerales 9º y 26, fracción II, inciso a), de la ley de la materia, téngase por autorizados a los delegados que nombra y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Ahora, de las constancias que envía dicha responsable, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley invocada, se advierte la actualización de la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción V, con relación a la fracción XXI, del artículo 61, por las siguientes consideraciones: En principio es pertinente señalar que la citada fracción XXI, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. De la intelección de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, se observan dos supuestos de cesación de efectos: I. Por revocación; y, II. Por sustitución. El primero se colma cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo emerge por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incurre en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; es decir, la sentencia que decide un recurso otorga firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Ahora, a efecto de dilucidar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es menester precisar que el solicitante del amparo señaló como acto reclamado la omisión de la Sala responsable de señalar fecha para la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el expediente laboral .... Luego, de las referidas constancias que allegó la Presidenta de la Sala, las cuales han sido previamente valoradas se advierte que el diez de febrero de dos mil veintitrés, dictó auto en el citado expediente en el que señaló fecha para la audiencia mencionada, en el citado expediente laboral; lo cual notificó a las partes por lista el trece de febrero del año en curso, en el boletín laboral de dicha Sala. Por tanto, es evidente que la omisión reclamada a la Sala responsable de señalar fecha para la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el expediente laboral ..., dejó de existir; por ende, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no hay motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley invocada. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno, que para tal efecto se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y comuníquese lo anterior a las partes. No pasa inadvertido que en esta fecha se rinda el informe justificado y no se otorgue el plazo de ocho días previsto en el primer párrafo del artículo 117, con relación al 75, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido; pues en nada le beneficiaría dar oportunidad a que fenezca el mismo, ya que se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y que ésta sea expedita.

  4. Principal

    XI... Agréguese el escrito de la quejosa Juanita Dolores ...., quien manifiesta que la autoridad responsable emitió un acuerdo publicado por boletín el trece de febrero de dos mil veintitrés, del que indica desconoce su contenido porque al solicitar ante la misma dicho asunto le fue informado que no era posible permitirle el expediente, ni en el auto que menciona por haberse enviado a este juzgado, por ello solicita se le requiera a dicha responsables para que se le permita el sumario laboral o bien se guarde una carpeta con copias certificadas y se abstenga de notificarle cualquier tipo de resolución si es que no se le va a permitir el acceso. Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado; ... Asimismo, la Ley de Amparo, precisa en qué casos requerir a las autoridades responsables; como son: cuando estas son omisas en enviar las constancias del acto reclamado o las relativas a aquellas que sirvieron para su emisión; empero, no faculta a este juzgador al extremo de imponer a las autoridades responsables que actúen en determinada manera en los asuntos de su competencia. De ahí que se reitera, es improcedente atender a lo solicitado, ya que ello implicaría ir más allá de lo regulado por la ley de la materia, con relación al actuar de las autoridades responsables. Finalmente, debe destacarse que aún no obran las constancias del sumario de origen y a la fecha transcurre el plazo de quince días otorgado a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado y anexen las constancias correspondientes; por lo que hasta este momento, no se advierte de su parte alguna irregularidad que amerite requerimiento alguno por parte de este juzgado.

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