Juandy Barreto Varela

Expediente 754/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
754/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Juandy Barreto Varela

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 754/2020, promovido por Juandy Barreto Varela, contra actos de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Juandy Barreto Varela solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".el ilegal acuerdo de fecha 17 de marzo del 2020, donde la responsable de manera infundada e inmotivada desechan la queja administrativa número 045/2020, sin estudiar ni concatenar las pruebas que fueron ofrecidas y exhibidas en la misma, y sin analizar todo y cada uno de los hechos que se narran en la queja, violando mis derechos humanos y una notoria desigualdad en la que incurre la responsable." SEGUNDO. El veinticinco de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 754/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable:  La resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, que declara improcedente la queja administrativa 045/2020, interpuesta contra el Juez Menor Civil de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos y de su Secretaria proyectista, en consecuencia la desecha de plano. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir el informe justificado aceptó el acto reclamado, y anexó copia certificada de constancias relativas al acta de sesión extraordinaria de diecisiete de marzo de dos mil veinte, que resuelve diversos escritos que denuncian presuntas irregularidades en contra de servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Morelos y escritos relacionados con juzgados de paz; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cabe hacer mención que no se hará el estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada, toda vez que este juzgador advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el quejoso no acredita contar con un interés legítimo como argumenta. Para arribar a la conclusión anterior, resulta necesario traer a colación lo que señala la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que es del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo deviene improcedente en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la propia Ley de la Materia. Este último normativo aludido prescribe lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." El normativo alude, por una parte, que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, o sus intereses legítimos, en términos de lo establecido en la fracción I, del numeral 5°, de la Ley de Amparo; en ese sentido, el "interés jurídico" ha sido definido por la doctrina y por la jurisprudencia, como aquella situación jurídica en donde un particular es titular de un derecho subjetivo público que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado. De no existir el poder legal de exigir ese derecho, no habrá tampoco interés jurídico tutelado a favor del particular. Al respecto resulta ilustrativa la tesis 854 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 582 del Tomo VI, Parte TCC (Tribunales Colegiados de Circuito), del Apéndice de 1995, con registro 394810, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Ahora, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 107, fracción I constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. El normativo constitucional invocado es como a continuación se reproduce: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." De este modo se colige que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo" debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Bajo ese tenor, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. De este modo lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis identificada con el consecutivo 2a. XVIII/2013 (10a.), publicada en la página 1736 del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Así, el interés legítimo es el que les asiste a las personas que por su situación objetiva y particular en la que se encuentran tienen respecto del acto de autoridad; esto es, tienen interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley, pero no sólo por el mero interés ciudadano en la legalidad, sino porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto, aunque carezcan de un derecho subjetivo. Por ello, dicho interés adquiere relevancia en lo jurídico, porque no se trata de un mero interés en la legalidad (interés simple) ni llega a exigir la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico), sino que se trata de una situación intermedia entre ambas situaciones. Se trata entonces de una situación jurídica activa que se ostenta por relación a la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible de otra persona, pero sí comparta la facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación le deriven. Por tanto, hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por la ley, cuando éste no tiene un derecho subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Luego, el interés legítimo no debe confundirse en modo alguno con la acción popular, porque esta última descansa en el interés simple, es decir, en el mero interés en la legalidad y se dirige a satisfacer el interés de la comunidad, por lo que cualquier persona, por el hecho de invocar su condición ciudadana, está legitimada para impugnar un acto determinado. Es verdad que el interés legítimo requiere de una afectación indirecta a la esfera jurídica del particular considerado en sí mismo, y sus efectos se refieren a círculos de interés más reducidos, que sólo en supuestos excepcionales llega a coincidir con la totalidad de la comunidad; pues afirmar lo contrario llevaría al absurdo de identificar al interés legítimo con el interés general, y que cualquier persona pudiera promover un juicio de amparo ostentándose como representante de toda la sociedad. Por ello, la característica esencial del interés legítimo radica en que la conducta de la autoridad sea susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve debido a la situación de hecho o de derecho en la que se encuentra. Así, se trata del reflejo de una utilidad que al gobernado le proporciona la actuación legal del poder público, aunque es necesario exigir al quejoso la presencia de un factor especial que lo distinga de la generalidad de las personas: el interés legítimo debe ser personal, cierto y actual. Tomando en cuenta lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) , titulada: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)", sostuvo que las notas distintivas del interés legítimo, previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes:  Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso.  El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante.  Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo.  La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.  Debe existir una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida.  Así, la parte quejosa tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio.  La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial.  Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible.  Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés.  Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Cabe destacar que en la ejecutoria que dio origen a la indicada jurisprudencia, el Máximo Tribunal del País sostuvo, en la parte conducente, lo siguiente: "Es importante precisar que en tanto el interés jurídico, así como el interés legítimo, suponen un agravio en la esfera jurídica de quien acude al juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta indispensable examinar, como presupuesto procesal, si las normas generales reclamadas tienen naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, puesto que sólo con ese análisis se puede identificar si las normas generan o no una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa. En ese tenor, se tiene presente que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado y, al efecto, introduce el interés legítimo individual o colectivo; no obstante, lo condiciona a que se afecte la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ese precepto constitucional establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Como se anunciaba, aun el interés legítimo requiere, para la procedencia del juicio, una afectación a la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo. La esfera jurídica se puede afectar de manera directa o en virtud de la especial situación frente al orden jurídico que guarde el promovente. Por consiguiente, el interés legítimo exige como requisito mínimo que el particular resienta un perjuicio real y actual en su esfera jurídica, aun cuando no exista norma que le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente (interés jurídico), en tanto que conforme al precepto constitucional citado, en principio, no es necesario que se acredite que las normas generales (el derecho objetivo) otorguen al particular un derecho subjetivo; con lo que se descarta supuestos en que el gobernado únicamente busque lograr controles de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de carácter abstracto sobre actos de autoridad, sin pretender un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica Esto es, atendiendo al precepto constitucional citado, la situación frente a la Ley Federal del Trabajo se torna especial cuando se afecta, aunque no sea de forma directa, la esfera jurídica del promovente; de ahí que, por ejemplo, no bastaría constituir un sindicato para que todos los preceptos del ordenamiento citado afecten su esfera jurídica, por ello es que resulta necesario verificar la naturaleza de las normas reclamadas, así como sus destinatarios, a fin de determinar si realmente existe una afectación, aunque no sea directa, en la esfera de derechos de la parte quejosa. En suma, no bastaría aducir ser titular de un derecho o de un interés legítimo colectivo y que se alegue que los actos reclamados violan los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que también debe acreditarse una afectación a la esfera jurídica de manera directa o en virtud de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico. Sólo así quien acude al juicio de amparo es realmente parte agraviada [haciendo la salvedad de que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se requiere la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa]." Una vez precisado el marco jurídico que regla la figura del interés legítimo, que es con el cual acude el quejoso a controvertir los actos reclamados en la instancia constitucional, se procede a demostrar porqué se estima que no le asiste ese derecho. De la lectura del escrito inicial de demanda se observa que el quejoso manifestó, en la parte conducente, lo siguiente: ".Me causa agravio la sesión extraordinaria de 17 de marzo del 2020 donde la responsable desecha la queja administrativa número 045/2020, .; toda vez que la queja que se combate por carecer de así como la falta de congruencia ya que dentro de los considerandos es de apreciarse una desigualdad a mi persona y más aún la falta de concatenación de los hechos narras (sic) en la queja y la falta de valoración de las pruebas, siendo más que absurdo que la responsable no observó la concatenacio (sic) del acta de matrimonio de inscripción de matrimonio 15/05/1999 y con firma electrónica; misma que se ofreció para acreditar el vínculo matrimonial y el interés directo que había entre Rosalía Alejandra Gutiérrez Anzures quien era secretaria de acuerdos en funciones de proyectista en funciones de la primera secretaria y el Lic. Toma (sic) Escobar Cervantes, siendo violatorio de sus garantías individuales anteriormente apuntadas cometidas por la responsable. . Por lo antes expuesto y tener una notoria ineptitud los CC. Juez del Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos y la secretaria de acuerdos en función de proyectista de nombres Guillermo Gutiérrez Peña y Rosalía Alejandra Gutiérrez Anzures, y su falta de ética profesional al encontrase su criterio viciado y no ser objetivos en los acuerdos que dicta del expediente 529/2019-1 donde solicite el incidente de recusación por tener el juez el (sic) C. Guillermo Gutiérrez Peña ha manifestado un repudio manifiesto contra el hoy quejoso como se puede apreciar claramente en propia recusación que se ha negado a darle el trámite de inmediato siempre realizando traba legal y la C. Rosalía Alejandra Gutiérrez Anzures quien es en la actualidad secretaria de acuerdos en funciones de proyectista y quien resulta ser también esposa del Lic. Tomás Escobar Cervantes, en donde la C. Rosalía Alejandra Gutiérrez Anzures debió excusarse de conocer del expediente en mención puesto que tiene un interese (sic) manifiesto que el cliente de su esposo salga absuelto y no pague la cantidad liquida a que fue ya condenado." Es decir, en la especie el justiciable asevera que los actos atribuidos a la autoridad responsable (relativos substancialmente a que tanto el juez como la secretaria proyectista al emitir acuerdos en el expediente 529/2019-1, del índice del Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, no son objetivos y por ende viciado su criterio, pues el juez ha manifestado repudio contra el quejoso y la secretaria proyectista actualmente es esposa del abogado que defiende al demandado en el juicio de referencia quien ya fue condenado); le generan un perjuicio a su interés jurídico o legítimo, como actor en el juicio 529/2019. Sobre la base de lo anterior, es posible colegir que en la especie la parte quejosa carece del interés legítimo que aduce tener, dado que los actos en que sustenta la queja administrativa corresponden a cuestiones jurisdiccionales, que la ley de la materia pone a su disposición los recursos ordinarios para impugnarlos, así como de considerar que existe repudio por parte del juzgador a su persona y que ello impide sea objetivo en sus determinaciones, está en libertad de pedir se excuse de seguir conociendo del asunto ante el superior, así como de la secretaria proyectista; es decir, no acredita el interés específico, concreto, actual, real y cualificado que ostenta tener para solicitar la protección constitucional. En efecto, en el caso en estudio el justiciable únicamente manifiesta que interpuso queja administrativa contra dichos servidores público considerando que en el juicio 529/2019-1, donde es parte actora, que el demandado fue condenado a pagar una cantidad líquida, que por cuestiones de repudio por parte del juzgador y que la secretaria proyectista es esposa del abogado de su contraria, sus actuaciones están viciadas y carentes de objetividad; sin embargo, tales cuestiones resultan actos jurisdiccionales, que no motivan la queja administrativa, de ahí que la responsable haya determinado desechar de plano la queja administrativa 045/2020. Aspecto que resulta por demás relevante, pues según lo ha considerado la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia no puede considerarse que se esté ante un interés legítimo, cuando se alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por aquellas personas sujetas a un procedimiento administrativo instaurado en su contra con base en una denuncia o queja por parte de un particular, pues en ese supuesto, el medio de protección respectivo no corresponde a la naturaleza del juicio de amparo, sino a uno diverso. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 41/2019 (10a.), Registro 2019468, del Semanario Judicial de la Federación Publicación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1979, que dice: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, QUINTANA ROO Y AFINES). La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como la del Estado de Quintana Roo, establecen a favor de los particulares el derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con los cuales se inicia, en su caso, el procedimiento de responsabilidad correspondiente, sin que éste tenga como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino preservar la prestación óptima del servicio público de que se trate; de esta manera, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas; máxime que la queja administrativa implica revisar la conducta del funcionario público denunciado y no el procedimiento o proceso jurisdiccional en que se llevó a cabo dicha conducta; de ahí que, quien se ostente como parte en un proceso o procedimiento jurisdiccional carece de interés legítimo para impugnar en amparo indirecto la decisión de la autoridad competente de desechar la queja relativa. Además, de la ejecutoria de la jurisprudencia antes citada se puede extraer lo siguiente: "(.) Las bases del régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, se prevén en los artículos 108, párrafos primero y último, así como 109, fracción III, párrafo primero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios son: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, los cuales deben regir el desempeño de su encargo, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa por los actos u omisiones que constituyan irregularidades en el desarrollo de sus funciones. Esto con independencia de los demás procedimientos que se llegaran a originar, ya que el apego a los principios que se han destacado con antelación, constituye una cuestión de orden público y de interés general, en virtud de que la sociedad está interesada en que los servidores públicos desempeñen su trabajo conforme a derecho. En esa línea de pensamiento, el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene como finalidad lograr y preservar una prestación óptima del servicio público, lo que obedece a intereses superiores de carácter público e implica que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; además, la investigación relativa no se lleva a cabo con el propósito indefectible de sancionar al servidor público, sino con el fin de determinar con exactitud si cumplió o no, con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste es compatible o no, con el servicio que presta. (.) De lo trasunto se advierte que en similares términos, entre otras cuestiones, los interesados o las partes en un juicio tienen derecho de presentar quejas o denuncias, por escrito o por comparecencia ante lo que estiman constituyen conductas de servidores públicos que incumplen con la normatividad que regula al Poder Judicial del Estado (Puebla o Quintana Roo), a las cuales la autoridad competente, previo el trámite que corresponda, debe emitir una determinación que puede ser en el sentido de desechar por (sic) reunir los supuestos legales de procedencia del recurso de control administrativo intentado2 . 2 Cabe aclarar al respecto que la facultad de denunciar no termina con el hecho de que se permita al particular presentar su escrito, sino se debe hacer extensiva a que la autoridad quede obligada a dar una respuesta al interesado de manera congruente y que ésta la haga de su conocimiento, así lo estableció esta Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 25/2015, de título: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME A LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, MORELOS Y AFINES, QUIEN PRESENTA QUEJAS O DENUNCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE AQUÉLLOS TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE Y NOTIFICAR EL ACUERDO QUE RECAIGA AL ESCRITO O COMPARECENCIA RELATIVO". Por consiguiente, tampoco se advierte el beneficio o efecto positivo ante una eventual concesión, ya que como lo dedujo uno de los contendientes y que se corrobora con lo establecido por esta Segunda Sala, el desechamiento por inviabilidad de la queja administrativa no puede incidir en el proceso o procedimiento jurisdiccional en el que es parte el denunciante, toda vez que en nada variaría el trámite y la prosecución de la secuela procesal de esta última instancia. En conclusión, el derecho de presentar quejas o denuncias administrativas, no trae aparejado el interés legítimo para reclamar en amparo indirecto la decisión de desechar esa queja por parte de la autoridad competente para ello." En ese orden de ideas, si la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha concluido que un denunciante de una queja administrativa no se ubica dentro de los supuestos de interés jurídico y legítimo; para instar el juicio de amparo aún en los casos en que se le deseche por no reunir los supuestos legales de procedencia del recurso de control administrativo intentado; resulta inconcuso que el juicio de amparo indirecto que intenta contra tal acto deviene improcedente. En este contexto, se concluye que el denunciante de la queja en contra de un servidor público que tiene como fundamento la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, carece de interés jurídico para impugnar por la vía del amparo, la determinación de la autoridad administrativa responsable que establece improcedente la queja, en primer lugar, porque se trata de un procedimiento administrativo y no jurisdiccional en el que el denunciante tenga la calidad de parte; además porque tal decisión no representa un beneficio o perjuicio directo para el promovente de la queja, el que únicamente tiene derecho a presentarla en relación con la conducta de los servidores públicos, respecto de su actuación dentro de la tramitación de algún asunto; el derecho del denunciante o quejoso de exigir que se finque responsabilidad administrativa al servidor público denunciado, más no de pedir que la autoridad responsable resuelva en determinado sentido. Se cita la jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.), Registro digital 2010369, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III , página 2357, de rubro y texto: "QUEJA ADMINISTRATIVA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. CUANDO EL DENUNCIANTE RECLAMA EN AMPARO TAL DETERMINACIÓN, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1120 del tomo XXIII, enero 2006 de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE."; el denunciante de una queja administrativa que se declaró infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en tal caso debe desecharse la demanda al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." Por tanto, esta autoridad considera que el promovente no cuenta con interés jurídico ni legítimo para promover el juicio de amparo, en contra de la determinación que desechó la queja administrativa 045/2020, actualizándose la causal de improcedencia en estudio. Por último, la decisión que ahora se adopta, no implica desatender el derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; sin embargo, la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 22/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 4, marzo de 2014, página 325, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Con motivo del sobreseimiento, no se analizan los conceptos de violación, propuestos por la parte quejosa, porque el sentido de mérito releva a este Juzgado Federal de su estudio, así como las causales de improcedencia propuestos por las responsables pues en nada cambiaria el sentido del fallo. Siendo aplicable en el caso, la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, t. VI, p. 335) Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy cuatro de marzo de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, por el que se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las diez horas con tres minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, autoridad responsable en el presente juicio. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Ahora bien, en relación con las causales de improcedencia y sobreseimiento que invoca, dígasele que las mismas podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexan las autoridades responsables a sus oficios de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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