Juana Zarate Pizarro
Expediente 779/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juana Zarate Pizarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que conforme a los Avisos de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmados electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Circular 28/2023 emitida en esta última fecha por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmado electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el veinticinco de octubre de este año, este Juzgado SUSPENDIÓ labores jurisdiccionales los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, durante los cuales no transcurrieron plazos procesales. Asimismo, transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución donde por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. En ese sentido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y remitan copias certificadas de las determinaciones que dicte al efecto, o en su caso, informe el trámite que realiza, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. Con relación a lo anterior, se precisa, que la concesión del amparo es para que la responsable, con libertad de jurisdicción realice lo siguiente: "( De inmediato, con libertad de decisión, responda la petición formulada por la quejosa. ( Inmediatamente notifique la respuesta a la quejosa." Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supra líneas, y si informan actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, SE LES IMPONDRÁ MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, Con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374.00 moneda nacional (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos, moneda nacional), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $103.74 (ciento tres pesos, con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), que constituye la Unidad de medida referida actualizada; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a las personas físicas nombradas por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representan; lo cual no se prejuzga. Notifíquese y cúmplase.Así lo proveyó y firma electrónicamente Rodolfo Sánchez Zepeda, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante José Ernesto Salinas Perez Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. sodb
- Principal
MESA "... VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 779/2023, promovido por el ********************, contra actos del Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra autoridad; y, ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los, circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos atribuidos a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y a una autoridad pertenecientes a la administración pública federal, dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en: A la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa La omisión de acordar el escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintitrés. A la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. La omisión de acodar el escrito presentado el once de julio de dos mil veintitrés. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. Al rendir informe justificado, el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, conforme las constancias remitidas con su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que mediante auto dictado el ocho de agosto de dos mil veintitrés, la Sala responsable atendió el escrito de la parte quejosa. En ese orden de ideas, si la aludida autoridad se ocupó del contenido del escrito presentado por la quejosa el nueve de junio de dos mil veintitrés, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -treinta y uno de julio de dos mil veintitrés-, es evidente que en ese momento existía la omisión reclamada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se desvirtúa la negativa expresada por la autoridad responsable y se tiene por cierto el acto reclamado. Ahora, la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, no rindió informe justificado a pesar de haber sido legalmente notificada del proveído mediante el cual se le requirió para ello; en consecuencia, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se presume la existencia del acto que se le reclama. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En relación con el acto reclamado a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en: La omisión de acordar el escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintitrés. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo., el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." De dicho precepto se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Precisamente, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad a quien se le atribuyó tal proceder deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la extinción definitiva del actuar de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos inmersos, que se puede ver acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es evidente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una determinación que ya no está surtiendo sus efectos, al ser sustituida procesalmente. Es de citarse al respecto, por identidad de razón, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página dos mil cuatrocientos sesenta y seis del tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Así, la improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Lo anterior se afirma, ya que la parte quejosa en esencia se duele de la omisión de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de dar contestación a su escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó: Se impusiera a la autoridad demandada, Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación en el Estado en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la medida de apremio correspondiente; y a su vez, la Sala responsable dictara las medidas y diligencias necesarias para asegurar el cabal cumplimiento de la sentencia emitida el diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Sin embargo de las constancias que la responsable acompañó a su informe de cuenta, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, la Sala responsable atendió el escrito de la parte quejosa, pues declaró precluido el derecho de la autoridad demandada para cumplir voluntariamente con la sentencia emitida en el juicio ordinario de origen, dentro del plazo legalmente previsto para ello; y en consecuencia, se le impuso el medio de apremio consistente en multa por la cantidad de $31,122.00 (treinta y un mil ciento veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional); y enseguida se le requirió nuevamente para que cumpliera con el fallo en cuestión, apercibiéndola con imponerle multa en caso de no hacerlo; auto que se notificó a la quejosa el dieciséis de agosto siguiente. Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia invocada porque se destruyeron los efectos del acto reclamado, regresando las cosas al estado que guardaban antes de la violación del derecho humano reconocido a la quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procede SOBRESEER en el juicio. Y al no advertirse la actualización de diversa causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se aprecie de oficio, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Se violan los derechos humanos tutelados en los artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, y en concreto el principio de justicia pronta, dado que transcurrió más de un mes desde la fecha en que presentó su escrito a la autoridad responsable donde solicitó, entre otras cosas, se impusiera la medida de apremio correspondiente ante la omisión de la parte demandada de dar cumplimiento a la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Existe abierta dilación por parte de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de acordar el escrito que presentó, conforme lo establecido en los preceptos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En relación con el acto reclamado a la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, consistente en: La omisión de acodar el escrito presentado el once de julio de dos mil veintitrés. El concepto de violación del quejoso es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional. Es así, porque el artículo 8 de la Constitución Federal, dispone: "ARTÍCULO 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Por mandato constitucional, el Estado (a través de sus funcionarios o empleados) está obligado a dar respuesta a toda petición escrita que le formule el gobernado y así atender el mandato que de la ley fundamental deriva, pero ello exige el cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales enseguida se reseñan: La petición que debe formularse en forma pacífica y respetuosa, dirigida a una autoridad. La respuesta que ha de efectuarse mediante un acuerdo escrito en breve término, que sea claro, congruente y exhaustivo en relación con la petición, y dicha contestación se debe notificar al interesado, conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito que señala: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado 'derecho de petición', acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." En la especie, de la narración de antecedentes realizada por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, adminiculado con las documental aportada, se concluye que la responsable ha sido omisa en dar respuesta a la solicitud presentada el once de julio de dos mil veintitrés. Medio de convicción que goza de eficacia probatoria plena de conformidad a lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tal motivo, al no advertirse en autos que la Coordinadora del Área de Medicina del Trabajo del Instituto de Pensiones del Estado haya proveído lo relativo a la solicitud del quejoso; de ahí que, resulta innegable que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 8° Constitucional. Sin soslayar que la autoridad responsable era la que estaba obligada a demostrar la existencia de la respuesta recaída a la solicitud de que se trata, por reclamarse un acto omisivo. Es aplicable, por las razones que contiene, la jurisprudencia de rubro y contenido: "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTO LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación." En adición a lo anterior, no pasa desapercibido para este juzgador que el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dispone: "Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos, que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario." Dispositivo legal con base en el cual se deduce que, tratándose de las autoridades de la administración pública federal, la ley secundaria que regula el procedimiento administrativo, señala un plazo máximo de tres meses para atender las solicitudes de los gobernados. Sin embargo, el derecho aducido por la parte quejosa ante la autoridad responsable, fue lograr que, como demandada en el juicio de origen, cumpliera con la sentencia ahí dictada, en torno a la cual, le hizo notar que a la fecha en que presentó su petición por escrito, habían transcurrido los cuatro meses otorgados durante la ejecución de la sentencia, para tal efecto; como además lo hizo notar la Sala responsable al requerir a la demandada acatara el fallo en cuestión. En consecuencia, se estima que no podría considerarse como plazo breve para atender tal solicitud, el máximo de tres meses previsto en la legislación administrativa invocada, dado que, como se hizo notar, incluso para cumplir con la sentencia dictada en el juicio de origen, ya habían transcurrido los cuatro meses legalmente previsto para ello; por lo que la sola atención al escrito presentado por la quejosa a la autoridad demandada en dicho procedimiento administrativo, no podría postergarse al máximo del plazo en cuestión, pues implica únicamente dar a conocer a la quejosa las razones por las que resultaría o no procedente lo solicitado, es decir, las circunstancias por las cuales cumplió o no con la sentencia dictada en el juicio de origen; máxime que el pues el numeral 17 de la Constitución Federal, establece que las resoluciones serán dictadas de manera pronta, lo que en la especie no ha sucedido. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la Jurisprudencia P./J. 6/2019 (10a.) pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 49/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 7, registro digital 2019190, del contenido: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación.". Así, la omisión reclamada transgrede los derechos fundamentales previstos en el numeral 8° constitucional; por tanto, dado que resultó fundado el concepto de violación analizado, procede CONCEDER LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL a la quejosa, como se precisa a continuación. Efectos de la concesión del amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, con objeto de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho humano conculcado, los efectos de la sentencia concesoria son los siguientes: De inmediato, con libertad de decisión, responda la petición formulada por la quejosa. Inmediatamente notifique la respuesta a la quejosa. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de esta sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, promovido por ********************, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra actos de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, por las razones apuntadas en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese.
- Incidental
MESA VI "...Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************, promovido por******************** contra actos del Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca; y otro. ********************R E S U L T A N D O**(...)*****C O N S I D E R A N D O***********************PRIMERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.********************Al rendir su informe previo el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca; NEGÓ la existencia de los actos reclamados, ya que el ocho de agosto del actual se le impuso una MULTA a la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo anterior por no haber acreditado en cumplimiento de la sentencia definitiva de diecisiete de marzo de dos mil veintidós; habiéndole requerido nuevamente para que en el plazo de tres días de cumplimiento a dicha sentencia. ************************ Por lo tanto, la autoridad responsable al proveer sobre la omisión que reclama la quejosa, no es posible conceder la medida cautelar respecto de un acto que ya no surte sus efectos.****************************************En consecuencia, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada.**********************SEGUNDO. EXISTENCIA DEL SEGUNDO ACTO RECLAMADO.********************Por su parte, la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no rindió su informe previo, no obstante haber quedado notificado de la petición del mismo, con fecha quince de agosto de dos mil veintitres; por tanto, con fundamento en el artículo 142, de la Ley de Amparo, se tiene cierto el acto que se le reclama.**************************************** POR LO QUE HACE A LA EMISIÓN******************** No hay actos de emisión que deban suspenderse, sino sólo de omisión**************************TERCERO.- NEGATIVA DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR CUANTO HACE A LA EJECUCION********************SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, atento a que la medida cautelar no otorgaría a la parte quejosa un beneficio transitorio, sino uno definitivo, coincidiendo, exactamente, con una eventual sentencia estimatoria de fondo, dejando sin materia el juicio de amparo.****************************Ello, pues se daría a la medida cautelar solicitada, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio.********************Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 K (11a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época,materia Común, con registro digital 2025912, de rubro y texto siguiente:****************************************"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXISTE UN IMPEDIMENTO JURÍDICO PARA OTORGARLA CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, PORQUE LA MEDIDA CAUTELAR OTORGARÍA AL QUEJOSO UN BENEFICIO DEFINITIVO. (...)."***************************Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1912, materia Común, Décima Época, con registro digital 2004810, cuyo rubro y texto son:*************************"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. (..)."***************************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.******************************Por lo expuesto y fundado, se*******************R E S U E L V E****************ÚNICO. Se NIEGA a*************** la suspensión definitiva que solicitó, en términos del considerando primero y tercero de esta interlocutoria.***********************Notifíquese y regístrese.
- Incidental
MESA VI-A...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dieciocho de agosto de dos mil veintitrés.****************************************Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo rendido por duplicado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca, para que surta sus efectos legales correspondientes. Dese vista a las partes con el referido informe.********************Notifíquese......
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