Juana y/o Juana Luisa Sánchez Flores

Expediente 599/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
599/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2017

Partes del expediente

  • Juana y/o Juana Luisa Sánchez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 599/2016 promovido por Juana Luisa Sánchez Flores y/o Juana Sánchez Flores, y remite copia certificada de la resolución dictada el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en el recurso de queja civil 186/2017, de su índice, cuyos puntos resolutivos señalan. "PRIMERO. Se confirma el auto recurrido. SEGUNDO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Juana Luisa Sánchez Flores y/o Juana Sánchez Flores, contra la resolución de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca de queja civil 118/2017. En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigesimoprimero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se trata de un asunto donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 599/2017-III, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir a la promovente para la devolución de documentos originales al no obrar éstos en autos. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la resolución dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; atento a su contenido, se le tiene comunicando la admisión del recurso de queja interpuesto por Juana Luisa Sánchez Flores y/o Juana Sánchez Flores; en contra del auto de cuatro de julio de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo en el juicio del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, radicándose con el número 186/2017, de su índice. Asimismo, se tiene a la citada autoridad acusando recibo del oficio 22030/2017-III, de este juzgado, por el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 599/2017-III, el original y copia del escrito de expresión de agravios del aludido recurso, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el escrito signado por la parte quejosa Juana Luisa Sánchez Flores y/o Juana Sánchez Flores; por el que interpone recurso de queja en contra del proveído de cuatro de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el presente expediente así como el original y copia del recurso de queja, para la substanciación del mismo, sin que haya lugar a distribuir copias del citado recurso entre las partes, ya que no fueron emplazadas en virtud de haberse desechado la demanda de amparo. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la quejosa, remítanse el expediente 599/2017-III, dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado Tribunal Colegiado.

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por la promovente Juana Luisa Sánchez Flores y/o Juana Sánchez Flores, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, respecto de su demanda de amparo contra actos de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de quien reclama la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil de queja número 118/2017, misma que revoca la interlocutoria de fecha de veintiséis de enero de dos mil diecisiete pronunciada por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala, dentro del expediente civil número 14/2015 y en consecuencia declara nula la notificación efectuada el día catorce de septiembre de dos mil quince, a Filiberto Sánchez Reyes, respecto del auto de diecisiete de agosto de dos mil quince. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ... Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa deriva de que el acto reclamado consiste en la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil de queja número 118/2017, misma que revoca a la interlocutoria de fecha de veintiséis de enero de dos mil diecisiete pronunciada por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala, dentro del expediente civil número 14/2015 y en consecuencia declara nula la notificación efectuada a Filiberto Sánchez Reyes, respecto del auto de diecisiete de agosto de dos mil quince; la cual, no produce efectos de imposible reparación a las partes, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Ahora, para mejor comprensión del sentido del presente acto reclamado, se estima necesario realizar una breve relación de los antecedentes que se desprenden de la demanda de amparo, siendo estos los siguientes: ... Expuesto lo anterior, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la quejosa, deriva de la circunstancia de que la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil de queja número 118/2017, misma que revoca a la interlocutoria de fecha de veintiséis de enero de dos mil diecisiete pronunciada por el Juez del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala, dentro del expediente civil número 14/2015, no produce efectos de imposible reparación a las partes, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: ... De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, en la ley de amparo vigente, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Para poder explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, una mayoría de seis ministros se pronunció, en lo que interesa, en los siguientes términos: ... De la anterior transcripción se desprende que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos, determinó que de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa señalada en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Lo anterior, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil de queja número 118/2017, misma que revoca a la interlocutoria de fecha de veintiséis de enero de dos mil diecisiete pronunciada por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala, dentro del expediente civil número 14/2015. En ese sentido, puede advertirse que dicha actuación, sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una resolución adversa a los intereses de la parte promovente, por lo que debe concluirse que dicha resolución, no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así, la materia del procedimiento reclamado es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, pues únicamente tiene efectos procesales relacionados con el trámite del procedimiento de origen, que bien podría repararse si la resolución definitiva resulta favorable a las pretensiones del inconforme, o en caso contrario, controvertir la posible violación cometida al momento de impugnar aquélla resolución definitiva. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. No pasa desapercibido, que la quejosa refiere que tal resolución tendrá sus efectos en el diverso juicio civil número 356/2016, promovido por la solicitante del amparo contra la sucesión de María Esthela Reyes Pérez y/o Estela Reyes Pérez y otros; sin embargo a la fecha de presentación de la demanda ello no ha acontecido por lo que constituyen únicamente suposiciones respecto de lo que va acontecer; en saco de suceder podrá combatirlo a través de los medios correspondientes que estime adecuados en el juicio natural. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales.

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