Juana Veronica Mendoza Lopez

Expediente 851/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
851/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Juana Veronica Mendoza Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el quince de julio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de quince de julio de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento exhibido por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista y mediante oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de julio de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que así lo manifestó al rendir su informe de ley. Delegados. De igual manera, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona. Estado de autos Visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado, así como el anexo remitido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del anexo que acompañó el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a su oficio de cuenta, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable el trece de julio del año en curso, ordenó la apertura del incidente de liquidación solicitado por la parte actora, dentro del juicio laboral de origen 1258/2019. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la junta responsable demostró haber ordenado la apertura del incidente de liquidación solicitado por la parte actora, dentro del juicio laboral de origen 1258/2019, cuya omisión se reclama en esta instancia constitucional; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto omisivo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobre lo expresado es aplicable, por las razones que la informan, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, del tomo LXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.-Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley.". Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el veintiocho de julio de dos mil veintidós. No escapa a la atención de la suscrita, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva, por la que se notificó a la parte quejosa el auto dictado; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haber acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de julio de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que así lo manifestó al rendir su informe de ley. Delegados. De igual manera, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona. Estado de autos Visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado, así como el anexo remitido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del anexo que acompañó el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a su oficio de cuenta, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable el trece de julio del año en curso, ordenó la apertura del incidente de liquidación solicitado por la parte actora, dentro del juicio laboral de origen 1258/2019. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la junta responsable demostró haber ordenado la apertura del incidente de liquidación solicitado por la parte actora, dentro del juicio laboral de origen 1258/2019, cuya omisión se reclama en esta instancia constitucional; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto omisivo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobre lo expresado es aplicable, por las razones que la informan, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, del tomo LXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.-Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley.". Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el veintiocho de julio de dos mil veintidós. No escapa a la atención de la suscrita, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva, por la que se notificó a la parte quejosa el auto dictado; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haber acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta presentado por Verónica ***, quien se ostenta como apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, autoridad responsable en el presente juicio de amparo, al que acompaña copia simple del instrumento con el cual pretende acreditar su personalidad, así como el oficio DIR/460/2022 signado por el Director de la Clínica "***" relativo a las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al requerimiento ordenado el veinte de junio último, relativo al cumplimiento del fallo protector; en atención a su contenido, se provee: No acredita personalidad. Toda vez que la ocursante de mérito no acompaña documento idóneo alguno que acredite su personalidad o calidad con la que comparece, en razón de que solo anexa copia simple de un instrumento notarial, mismo que carece de valor probatorio, por tanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 587, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no ha lugar a reconocerle la personería con la que se ostenta; por tanto, requiérasele para que, dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le notifica el presente auto, exhiba el documento o copia certificada del mismo, con el que acredite la personalidad que dice ostentar. Análisis del informe. Sin perjuicio a lo anterior, se le tiene acompañando el oficio DIR/460/2022 signado por el Director de la Clínica "***" por el que informa, bajo protesta de decir verdad, las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al requerimiento ordenado el veinte de junio último, relativo al cumplimiento del fallo protector, del que se desprende que en virtud de que en la farmacia del nosocomio de mérito, no cuentan con existencia del medicamento "caltrate 600+D", ordenó iniciar el trámite administrativo a fin de realizar la compra del mismo y una vez que se cuente con éste, se establecerá contacto con la quejosa para entregárselo, sin que del referido informe se advierta constancia con la que sustente haber realizado el trámite de referencia. Nuevo requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo y a fin de contar con certeza jurídica en cuanto a lo manifestado por el aludido director, requiérase a la autoridad responsable para que, dentro del término legal de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita la constancia con la que acredite que ordenó iniciar el trámite administrativo para realizar la compra del medicamento "caltrate 600+D"; a fin de proceder en su caso, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de siete de junio del año en curso, para el caso de incumplimiento.

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