Juana Vargas Nuñez

Expediente 342/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
342/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/05/2018

Partes del expediente

  • Juana Vargas Nuñez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo dictado el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Juana Vargas Núñez, sin que lo haya realizado. Por tanto, como la parte quejosa no interpuso queja contra el auto mencionado; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles se declara que dicho auto causa estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese la demanda de amparo promovida por Juana Vargas Núñez, por propio derecho, contra actos de la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente regístrese en el libro de gobierno con el número 342/2018. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "Acto reclamado.- De la autoridad señalada como responsable, reclamo el acuerdo del Juzgado Cuarto de lo Civil, de fecha 2 de abril del año 2018, foja 106, en el expediente que contiene el Juicio Ejecutivo Mercantil número 66/2017, en que se tiene a mi autorizado para oír y recibir notificaciones personales Lic. Raúl García Farías, por interponiendo extemporáneamente Nulidad de Notificaciones en contra del auto líneas atrás señalado de fecha 2 de abril del actual..." "ANTECEDENTES:. La responsable debió admitir el incidente de nulidad de notificaciones." En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. El artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Los preceptos indicados disponen textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Tomando en cuenta esta última fracción, aplicada en sentido contrario, este juzgador federal estima que, en la especie, el juicio que se promueve es improcedente, como enseguida se explica. Primeramente se debe tener en cuenta el contenido de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (...) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." La reproducción que antecede pone de manifiesto la existencia de dos reglas esenciales de procedencia del juicio de amparo, esto es, aquella que implica la posibilidad de impugnar actos emitidos después de concluido el juicio, y la segunda en cuanto a que permite la procedencia del juicio de amparo contra actos cuya génesis procesal sea los emitidos en ejecución de sentencia. En relación a la primera regla es preciso abundar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado el criterio de que contra los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el juicio de amparo indirecto, sólo cuando sean aquellos que tengan autonomía propia y no tiendan directa e inmediatamente a ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; en ese sentido el Alto Tribunal ha dicho que, como ejemplo, se encuentra el acto reclamado consistente en la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdidosa, pues la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural, y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia, así como la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no así ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. La materia de actos ejemplificativos a que se ha hecho referencia así se encuentran reconocidos por el Alto Tribunal, en los criterios de rubro y datos de localización siguientes: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO", Jurisprudencia 1a./J. 6/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60 del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; "LIQUIDACIÓN, INCIDENTE DE, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA EL", tesis de la tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1053 del tomo LIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación; igualmente de la Tercera Sala, la tesis visible en la página 1956 del tomo XLIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "MEDIOS DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR UNA SENTENCIA, IMPROCEDENCIA DE LOS". De los lineamientos señalados se puede colegir que cualquier procedimiento seguido en forma de juicio consta de tres etapas, en donde existen las siguientes categorías de actos, esto es, los realizados fuera o antes del juicio, conocidos también como prejudiciales, relacionados y previstos en la fracción IV, segundo párrafo del artículo 107 de la ley de Amparo; los surgidos en juicio, que incluye los correspondientes a las etapas de instrucción y sentencia (fase in procedendo e in judicando), fracción V del referido artículo de la Ley de Amparo; y, los realizados después de concluido el juicio, esto es, a partir de dictada la sentencia, siendo todos aquellos que se generan dentro del periodo de ejecución y cuya procedencia se prevé de igual forma en la fracción IV, párrafo segundo del citado numeral, mismos que se pueden subdividir en: a) En ejecución de sentencia que son los que preparan la ejecución aunque no la ejecutan de manera directa; y, b) Para la ejecución de sentencia que son los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir el fallo. En ese sentido, las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia no son combatibles a través del juicio de amparo, pues el legislador ha previsto con ello que se evite el abuso del juicio de amparo con detrimento de los procedimientos de ejecución de sentencias cuyo contenido interesa de sobremanera a la sociedad se cumplan los fallos emitidos por los órganos jurisdiccionales; supuestos en que, de tolerarse la procedencia, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias entorpeciendo el mandato expreso y categórico del artículo 17 de la Constitución Federal. Por tanto, el reclamo en amparo de actos "para" la ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución, lo que se deduce de la interpretación conjunta de la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, lo que acontece hasta en tanto haya una resolución que declare cumplida la sentencia, o bien, se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, ello, sin perjuicio del derecho de la parte interesada para instar a los Jueces, tribunales administrativos o del trabajo, para que pronuncien el acuerdo conclusivo de la ejecución, cuando omitan hacerlo, pues esa actuación resulta básica y determinante para la promoción del amparo. Apoya lo antes considerado la Jurisprudencia número 1ª./J.29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 del tomo XVIII, junio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." También la tesis 2ª.VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230 del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Teniendo en cuenta el marco legal e interpretativo que precede, el cual sirve a la vez de premisa esencial que fundamenta la razón por la que se estima que el juicio que nos ocupa es improcedente, resulta conveniente precisar enseguida la situación procesal que sirve de génesis al acto reclamado, así como su contenido, para de ahí derivar que el reclamado constituye un acto surgido después de concluido el juicio, que si bien no es emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia, también lo es que la determinación reclamada se debe considerar una resolución intermedia, razón que es precisamente la que constituye la improcedencia del juicio que ahora se resuelve. El contexto procesal génesis del acto reclamado se precisará haciendo uso de la prueba instrumental de actuaciones, para determinar lo manifestado por la quejosa en su escrito de demanda. 1.- La parte quejosa señala que tuvo conocimiento de la notificación referente a la planilla de liquidación el veinte de marzo del año en curso. 2.- El veintiuno de marzo del año en curso, la parte quejosa promovió la nulidad de notificación. 3.- Mediante auto de dos de abril de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio de origen, la autoridad responsable tuvo por no interpuesto el incidente de nulidad de notificaciones por ser extemporáneo. La anterior determinación constituye el acto aquí reclamado. Por lo tanto, la relatoría precisada pone de manifiesto que el juicio de origen se encuentra en su etapa incidental de planilla de liquidación, en el que desde luego, no se ha emitido una resolución que constituya aquella que ponga fin a dicha etapa procesal, esto es, la que hubiere declarado la liquidación. Por el contrario, de la demanda de amparo y sus anexos se tiene que aún no se resuelve el citado incidente de liquidación. Por tanto, se concluye que al encontrase el juicio de origen, apenas iniciando dicho incidente, fase procesal dentro de la cual se emitió la determinación aquí reclamada, el juicio de amparo es improcedente. Para sostener la afirmación anterior, debe recordarse que el segundo párrafo del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue, conforme con la exposición de motivos del citado ordenamiento, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. Por tanto, una adecuada interpretación del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, es que también en tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio -como en el caso ocurre dentro del incidente de planilla de liquidación de sentencia- debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente de liquidación, así sean aquellas que se tomaron en la sustanciación de éste, se obstaculizaría el cumplimiento de la correspondiente sentencia ejecutoria, al facilitarse el abuso del juicio constitucional. Sostener lo contrario implicaría trastocar el principio que consignó tanto el Constituyente originario como el legislador federal al crear el texto de la fracción IV del artículo 107 de la ley de Amparo, esto es, que se evite el abuso del juicio de amparo para hacer nugatorios los procedimientos de ejecución de resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales ordinarias. Con base en lo dicho este juzgador federal estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV, interpretada a contrario sentido, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la procedencia de juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio, está condicionada a que no se trata de una determinación intermedia. Da apoyo a lo anterior la tesis VI.2o.C.278 K, consultable en la página 989 del tomo XXVII, Mayo de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", Tomo XVII, junio de 2003, página 11, tesis 1a./J. 29/2003; "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del país estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." En las anotadas condiciones se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, en su interpretación inversa, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razón en la tesis XI.2o.97 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con número de registro 190499, novena época, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE COSTAS, LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS TOMADAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL, DEBEN RECLAMARSE CONJUNTAMENTE CON LA QUE LO DECIDA EN DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Como el segundo párrafo del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue, conforme con la exposición de motivos del citado ordenamiento, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva; el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, es que también en tratándose de actos ejecutados después de concluido el juicio, como la incidencia de costas, debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente de liquidación de costas, así sean aquellas que se tomaron en la sustanciación de éste, se obstaculizaría el cumplimiento de la correspondiente sentencia ejecutoria, al facilitarse el abuso del juicio constitucional." De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Asimismo, se precisa que el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las determinaciones dictadas en el juicio, que en su caso requieran notificación personal, en términos de los incisos b) y c) de la fracción I, del artículo 27, de la Ley de Amparo; queda constreñido al lapso que comprende de las nueve a las quince horas de los días hábiles, por ser el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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