Juana Vanessa Piña Gutiérrez
Expediente 935/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Juana Vanessa Piña Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo del juicio que nos ocupa, sin que la parte promovente, haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 34 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ********************, en atención a su contenido, téngasele realizando diversas manifestaciones en relación con las anomalías efectuadas por la autoridad responsable al pretender dar cumplimiento al fallo protector dictado en este asunto, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese.
- Principal
Visto el oficio y copias certificadas relativos al juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado de Distrito, del que se advierte que en proveído de nueve de octubre de la presente anualidad, se decretó de oficio la separación de dicho juicio, por los motivos que ahí se exponen; por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en el mismo, se ordena formar el expediente correspondiente, regístrese bajo el número ********************, en el entendido que el presente juicio de amparo se seguirá únicamente por cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual, se declaró abierto el periodo de alegatos en el procedimiento de responsabilidad administrativa ********************. Desechamiento de la demanda. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto legal en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, el promovente como acto reclamado hizo valer lo siguiente: El acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual, se declaró abierto el periodo de alegatos en el procedimiento de responsabilidad administrativa ********************. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción III, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Art. 107.- El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Así, del análisis de los preceptos legales mencionados en el párrafo que antecede, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos, omisiones o resoluciones dictadas dentro de un procedimiento administrativo que no representen su resolución definitiva o una violación de imposible reparación. Al respecto, a criterio de este juzgador, la finalidad de las condiciones analizadas en el párrafo que antecede, asimilable al juicio de amparo directo, consiste en evitar la presentación excesiva de juicios de amparo en contra de múltiples actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, esto es, que no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General de la República o en tratados internacionales de la materia de los que forme parte el Estado Mexicano y que, en todo caso, podrían subsanarse al momento en que se dicte la resolución definitiva. En adición, los derechos sustantivos se diferencian de los adjetivos o procesales porque la afectación de los últimos podría (i) no trascender a la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento o (ii) ser impugnada junto con tal resolución mediante el recurso ordinario establecido en la legislación aplicable o, en su defecto, mediante juicio de amparo indirecto. Más aún, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales federales han sostenido en diversos precedentes que el artículo 107 de la Ley de Amparo garantiza el derecho humano a la seguridad jurídica de las personas gobernadas puesto que genera certidumbre sobre la naturaleza e implicaciones de los actos de imposible reparación al delimitarlos a aquellos que impiden de forma directa y actual el ejercicio de un derecho reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en la materia de los que forma parte el Estado Mexicano. Bajo ese contexto, se concluye que, en términos de lo dispuesto en los artículos y precedentes estudiados, el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra de actos emitidos durante la tramitación de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, salvo que este constituya la resolución definitiva o un acto de imposible reparación, esto es, un acto que lesione derechos sustantivos reconocidos en el texto constitucional o en los tratados internacionales en la materia, lo que implica la imposibilidad jurídica de estudiar en sede constitucional violaciones a leyes adjetivas o procesales de manera independiente. Una vez estudiada la naturaleza e implicaciones de la causa de improcedencia invocada, en el caso concreto la parte quejosa reclama el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual, se declaró abierto el periodo de alegatos en el procedimiento de responsabilidad administrativa ********************. De lo anterior, este juzgador concluye que el acto reclamado no constituye una resolución definitiva que le ponga fin a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ni se trata de actos intraprocesales de imposible reparación dictados dentro del mismo, por lo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada y lo procedente es desechar la demanda de amparo. En efecto, las actuaciones que reclama la parte quejosa no representan la resolución definitiva de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues únicamente se trata del auto que declaró abierto el periodo de alegatos con el fin de que alegue lo que a su interés jurídico corresponda, concluido lo anterior, la autoridad notificará la conclusión del procedimiento y dictará la resolución que corresponda; por lo que no se desprende que con el acto que reclama se ponga fin al procedimiento. Asimismo, el acto reclamado tampoco tiene la naturaleza de un acto de intraprocesal de imposible reparación, pues no puede decirse que existan, bajo un parámetro de razonabilidad, elementos que permitan advertir la actualización de violaciones a los derechos sustantivos del promovente, por lo que a juicio de este órgano jurisdiccional dicha determinación emitida en tal procedimiento no ha afectado aún la esfera jurídica de la parte quejosa. Siendo que, dicho acto que a juicio de este órgano jurisdiccional, representa en todo caso una violación procesal o adjetiva que no afecta algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución Federal o en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. En el entendido de que aun con la violación procesal reclamada existe la posibilidad de que la resolución final que se llegue a emitir resulte favorable a los intereses del quejoso, con lo que dicha violación quedará subsanada. En caso contrario, la parte quejosa podrá interponer el medio de defensa que proceda contra la resolución definitiva, en la cual podrá combatir las violaciones cometidas en la propia resolución y durante el procedimiento. Siendo que, dicho acto, a juicio de este órgano jurisdiccional, representa en todo caso una violación procesal o adjetiva que no afecta algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución Federal o en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. De tal forma que el acto reclamado acarrea violaciones procesales o adjetivas que hacen improcedente el juicio de amparo, toda vez que las mismas podrán combatirse junto con la resolución definitiva en caso de que esta sea desfavorable para la parte quejosa, la cual podrá ser impugnable bajo la vía respectiva, y en caso de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida. En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Domicilio y autorización electrónica. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda. Luego, con relación a su petición de autorizar al usuario "********************" para que se le realicen las notificaciones electrónicas, en términos del artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo; hágasele de su conocimiento que la suscrita otorga al citado usuario la autorización para los efectos que lo solicita, con fundamento en los artículos 18, 35, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En consecuencia, se ordena a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que proceda a realizar la autorización para tales efectos en dicho sistema. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, de conformidad con el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, dentro del término a que alude el artículo 24 de la ley de la materia. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Solicitud de boleta. Por otra parte, toda vez que no obra la boleta de turno correspondiente en la presente demanda, gírese oficio al Jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, para que realice la compensación respectiva, así como para que genere la boleta correspondiente; en el entendido de que se asignó un número de demanda. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente y líbrese el oficio correspondiente.
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