Juana Urzua Rivera
Expediente 953/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Vicente Franco Urzua
- Juana Urzua Rivera
Actuaciones
- Principal
"...Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvanse a la Primera Sala colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México los anexos que remitió como complemento a su informe con justificación..."
- Principal
"...Agréguese la razón del Actuario Federal de la adscripción, por medio de la cual señala la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso el auto de once de junio de dos mil dieciocho, por la razón que indica. Por tanto, notifíquese esa determinación por medio de la lista que se publica en los estrados de este órgano federal. Asimismo, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense las subsecuentes notificaciones a la parte quejosa, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale diverso domicilio para ello..." SÍNTESIS PROVEÍDO DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO: "..RADICACIÓN Y ANOTACIONES Visto el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite el juicio de amparo directo 399/2018, los autos originales del toca de apelación 141/2018 del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, el juicio ordinario civil 991/2016 del índice del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y un sobre cerrado que contiene diversos documentos; regístrese bajo el número de juicio de amparo 953/2018-VI-B, el cual fue promovido por...Acúsese recibo. Ahora bien, el Tribunal oficiante se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda, en virtud que el acto reclamado no se trata de una resolución que ponga fin al juicio, ya que no lo da por concluido; por lo tanto, este órgano federal se avoca al conocimiento de la demanda. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama: - La resolución de treinta de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca de apelación 141/2018, del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, por medio de la cual deja insubsistente la sentencia definitiva dictada por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México en el juicio ordinario civil 991/2016 y ordena reponer dicho procedimiento con el fin de reponer diversas probanzas documentales y fotográficas. DESECHAMIENTO Al respecto este juzgador estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo que en su orden, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En efecto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Así, en el caso concreto, la resolución de treinta de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca de apelación 141/2018, del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, por medio de la cual deja insubsistente la sentencia definitiva dictada por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México en el juicio ordinario civil 991/2016 y ordena reponer dicho procedimiento con el fin de reponer diversas probanzas documentales y fotográficas, únicamente implica violaciones a derechos adjetivos, los cuales no tienen una consecuencia de imposible reparación, en tanto que no transgreden derechos sustantivos del hombre, aunado a que sus pretensiones pueden quedar satisfechas una vez que, en su caso, obtenga resolución favorable, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En efecto, si el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas y por los cuales tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal; y, por otro lado, el acto reclamado sólo produce efectos formales o intraprocesales (pues tratándose de excepciones que tienen por objeto destruir la acción del actor, no se afectan derechos fundamentales sino situaciones de carácter formal o intraprocesal, ya que de obtener la parte quejosa, una sentencia favorable a sus intereses, el rechazo de la excepción aludida no dejaría huella en su esfera jurídica), es inconcuso que el acto tildado de inconstitucional no es un acto de imposible reparación. Con ello, queda de manifiesto que no se le está privando, a la parte quejosa, del derecho de defensa que en cada uno de estos procedimientos tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en ellos, porque en todo caso podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo, en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo. Apoya lo anterior, por analogía en su razonamiento, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, visible a página 39, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Aunado a lo anterior, la resolución que deja insubsistente la sentencia definitiva y ordena reponer el procedimiento que en esta vía se reclama, no ocasiona consecuencias que sean de imposible reparación, en tanto que únicamente se conminó al juzgador de primera instancia a que repusiera diversas pruebas documentales y fotográficas, por lo que dicha actuación se estima como una violación del procedimiento de origen, reclamable en amparo directo. Corrobora lo anterior el criterio jurisprudencial P./J. 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, a página 25, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación en relación con el 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS No obstante que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Tribunal Colegiado oficiante, de su demanda de amparo se advierte uno diverso en el que puede ser encontrado. Por lo tanto, se comisiona a alguno de los Actuarios de la adscripción con el fin de que le notifique la presente determinación y le corra traslado con copia autorizada de la misma. Asimismo, le haga saber que deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este juzgado (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días legalmente computados, se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado de distrito, aun para las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto al correo electrónico que señala para oír y recibir notificaciones, dígase que en caso de solicitar se le notifique por esa vía las determinaciones dictadas por este órgano federal, deberá gestionar su firma electrónica en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Ténganse como autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Finalmente, agréguese como simple antecedente el diverso oficio del Tribunal oficiante, por medio del cual remite las constancias relativas al emplazamiento del tercero interesado; ello es así, tomando en consideración la naturaleza de la determinación que en esta fecha se emite, por lo que se deberá estar a lo antes acordado..."
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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