Juana Torres Medina
Expediente 298/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/05/2018
Partes del expediente
- Juana Torres Medina
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que la notificación de la resolución de nueve de abril del año en curso (fojas 22 a la 24), se efectuó a la parte quejosa el diez siguiente (foja 27), surtió sus efectos al siguiente día hábil, sin que se haya interpuesto recurso alguno, dentro del término que prevé el numeral 86 de la legislación de la materia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa en su ordinal 2°, se declara que dicha determinación ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. De igual manera, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó en el presente juicio de garantías, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó. Finalmente, devuélvase a su lugar de origen el legajo de constancias que obra por separado remitido por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, por no ser necesarias en el presente juicio de garantías.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado Federal (fojas 91 a 92 y 130 a 132), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de quince de marzo de la presente anualidad (foja 113), se dio vista a la parte agraviada para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo y se le apercibió que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete (fojas 55 a 66), se determinó conceder a Mario César Arcadia Peralta, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de ***por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" y "INSC. PRESTAMO HIPOTECARIO", así como de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "16,919", emitido por el Notario Público Veintiocho, con sede en Xalisco, Nayarit (fojas 28 a 44), que se cubrió el trece de julio de dos mil diecisiete (foja 8). (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto...". Sentencia que causó ejecutoria el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 72 a 73). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficios y anexos recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el siete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 91 a 92) y catorce de marzo de la presente anualidad (fojas 130 a 132), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, impresión del comprobante de transferencia bancaria SPEI (foja 92) y copia del cheque con firma de recibido por el quejoso (foja 131), que contienen la suma de la cantidad erogada y su actualización respectivamente, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió al quejoso la cantidad total de $14,984.84 (catorce mil novecientos ochenta y cuatro pesos con ochenta y cuatro centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en trece de julio de dos mil diecisiete (foja 8), y que se efectúo la devolución mediante la expedición de una transferencia bancaria SPEI por la cantidad de $14,803.65 (catorce mil ochocientos tres pesos con sesenta y cinco centavos moneda nacional) y un cheque bueno por $181.19 (ciento ochenta y un pesos con diecinueve centavos moneda nacional), cuya sumatoria de éstos da como total la correspondiente cantidad actualizada al veintisiete de octubre del año anterior; pues la transferencia bancaria SPEI por el monto de la cantidad erogada se realizó en esa fecha, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio a octubre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio entre el índice para el mes de septiembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre fue de 127.912 y para el mes de junio fue de 126.408, ambos de dos mil diecisiete, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0118. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $14,808.65 (catorce mil ochocientos ocho pesos con sesenta y cinco centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de *** por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $174.74 (ciento setenta y cuatro pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $14,983.39 (catorce mil novecientos ochenta y tres pesos con treinta y nueve centavos moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $14,984.84 (catorce mil novecientos ochenta y cuatro con ochenta y cuatro centavos moneda nacional), es decir, reintegró un excedente de $1.45 (un peso con cuarenta y cinco centavos moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que se encuentra pendiente de resolver en cuanto al cumplimiento al fallo protector realizado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit y la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad; con el cual en proveído de veintisiete del mes anterior, se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que se hubiese realizado manifestación alguna en el plazo concedido dentro de los presentes autos, como se advierte de la certificación de cuenta; por lo que, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el sumario en que se actúa, el fallo en mención se encuentra cumplido. Así pues, mediante ejecutoria dictada dentro de los presentes autos, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente la parte del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, en el cual se hizo efectivo el apercibimiento de multa por el monto de cinco mil pesos, dentro del juicio laboral 15/2009 y en consecuencia, ordenara su cancelación; asimismo, la diversa responsable Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, debía cancelar el cobro de la mencionada multa y en caso de haberla hecho efectiva, reintegrar a la parte quejosa el monto total de la misma. En ese tenor, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el veinte de junio de la anualidad inmediata pasada, dictó un auto en la que dejó sin efectos la sanción económica impuesta y ordenó girar oficio al Secretario de Administración y Finanzas en comento, a efecto de procediera a dejar sin efectos la misma, como se aprecia de la prueba documental que obra glosada en el expediente en que se actúa (fojas 135 y 136). Por su parte, el referido Secretario, por conducto de su Director General Jurídico, informó que dejó sin efectos la multa materia de la concesión del amparo, para lo cual adjuntó la documental en que así lo acredita (foja 163). En consecuencia, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Por otra parte, con fundamento en lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Asimismo, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son destruibles, debido a que la medida cautelar se negó respecto del acto reclamado (fojas 22 a la 24 y 33 y 37); por ende, déjense por separado los mismos del juicio principal; por lo que una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción de los duplicados de los incidentes de suspensión; en tanto que los cuadernos originales, serán destruidos una vez que transcurran más de cinco años; previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el Titular y Director General de Ingresos, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, a través del cual, informa las gestiones realizadas a efecto de acatar la ejecutoria de amparo; al respecto, agréguese a sus autos para que obre como corresponda; en la inteligencia de que con lo anterior no se tiene por cumplido el fallo protector concedido a la parte quejosa, sino únicamente en vías de cumplimiento, en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo; por lo que este juzgado estará a la espera del cumplimiento total del aludido.
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