Juana Testa Contreras

Expediente 529/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
529/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Juana Testa Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de noviembre de dos mil veinte. Vista; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ****, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de octubre de dos mil veinte. Visto; el estado que guardan los autos, se advierte que aún no obran los acuses de recibo de los oficios 96, 97, 98, 99, 100 y 101, así como los diversos 3386/2020, 3387/2020, 3388/2020, 3389/2020, 3390/2020, 3391/2020 y 3392/2020, dirigidos, respectivamente, a las autoridades responsables Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Directores Generales Adjuntos de Atención a Autoridades "A", "B", "C", "D" y "E", todos residentes en la Ciudad de México, mediante los cuales se les envió, con los primeros, copia autorizada de la sentencia definitiva emitida por este órgano jurisdiccional el treinta de enero del año en curso, y con los segundos, el proveído de veinte de febrero de la presente anualidad, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la parte quejosa en contra de la citada sentencia definitiva. En consecuencia, requiéraseles, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este acuerdo, acusen recibo de dichas comunicaciones oficiales por vía telegráfica, por fax al teléfono 01-744-4- 88-51-72, o incluso al correo 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx. Apercibidas que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tengan, en términos de los numerales 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. Notifíquese.

  3. Principal

    se hace efectivo el apercibimiento con el cual fue conminado en el auto de referencia, por lo que, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea óbice para arribar a la anterior determinación, el imperativo contenido en el artículo 17 constitucional, los principios de certidumbre jurídica y buena fe, así como la trascendencia que puede tener para los intereses de la promovente el no subsanar dentro del término legal tales irregularidades, habida consideración que este Tribunal Federal previo a la aplicación del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, tal y como se desprende del auto de prevención de seis de ??????????????? octubre de dos mil veinte, hizo saber expresamente al quejoso, mediante el apercibimiento respectivo, las consecuencias legales que derivarían de su incumplimiento, en la especie, el tener por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad responsable. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 529/2020. Ahora bien, respecto a la solicitud de la promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II.- Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El normativo anterior impone a este Juzgado de Distrito la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren deficiencias, irregularidades u omisiones en el mismo. Así, del estudio integral de la demanda de amparo que se provee, se advierten irregularidades que requieren ser subsanadas, previo a su admisión. En ese sentido, resulta necesario atender a lo dispuesto por el artículo 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, que imponen la obligación a todo solicitante de la protección de la Justicia Federal de señalar en la demanda la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame y manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Dicho dispositivo es del tenor literal siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1° de esta ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Lo anterior es así, debido a que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Por otra parte, al narrar los antecedentes de los actos reclamados en lo que interesa dice: Y en los conceptos de violación, refiere: Lo inserto con antelación evidencia que por una parte la quejosa refiere que impugna la omisión de notificarle la sentencia dictada en el juicio natural; sin embargo, con posterioridad aduce que no se le ha notificado ningún acuerdo y que el Actuario pretende ejecutar el ordenamiento emitido por el Juez responsable; lo que genera confusión respecto a cuáles son los actos reclamados en esta instancia constitucional. Por otra parte, la impetrante vierte una serie de manifestaciones relacionadas con los actos reclamados pero son deficientes e imprecisos, toda vez que por una parte refiere que la sentencia dictada en la contienda de origen aún no causa ejecutoria, pero después -en el mismo párrafo- aduce que la sentencia ya quedó firme, lo que crea incertidumbre respecto a cuál es el estado procesal que guarda el expediente 230- 2/2002, cuál es la naturaleza del juicio natural, el inmueble objeto de litigio y que resolvió el Juez natural en la sentencia definitiva. Lo anterior amerita que desde este momento subsane tales irregularidades para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de analizar su demanda de amparo, en términos de lo que establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 114, en relación con el diverso numeral 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente a aquél al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las autoridades responsables, al tercero interesado, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y para tramitar el incidente de suspensión de los actos reclamados, cumpla con lo siguiente: PRIMERO.- ACLARE EN QUÉ CONSISTEN LOS ACTOS RECLAMADOS EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL, A CADA UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. SEGUNDO.- EN VÍA DE ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS, MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CUÁL ES EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDA EL EXPEDIENTE 230-2/2002, LA NATURALEZA DEL JUICIO NATURAL, EL INMUEBLE OBJETO DE LITIGIO Y QUE RESOLVIÓ EL JUEZ NATURAL EN LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL MISMO. Debe precisarse que la prevención que antecede, únicamente la podrá desahogar la quejosa, no así los autorizados dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse, conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Agosto de 2014, Tomo I, página 210) En consecuencia, se apercibe a la impetrante que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención señalada, en la vía, forma y términos establecidos, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 114 precitado, es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en la Avenida Ruiz Cortines, número 1 altos, colonia La Providencia, en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rigoberto Popoca Soto y María del Carmen Testa Díaz, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y sólo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Martha Luz Testa Díaz, por haberlo solicitado expresamente. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Se hace saber a las partes que, el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se establecen los postulados al tenor de los cuales se regirá la actividad jurisdiccional durante el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y se determinó expresamente que durante ese período, deberá procurarse que el desahogo de las diligencias, alegatos y audiencias se realicen utilizando las videoconferencias como regla general, sin menoscabo de los casos en los que, como suele ocurrir con las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Pues resulta claro que las partes pueden comparecer por escrito a las audiencias; lo anterior, siempre y cuando no existan pruebas que ameriten especial desahogo en el expediente en que se actúa, o se trate de alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; y se les requiere para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que les surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. Asimismo, se reitera a las partes que los escritos que se presenten de manera electrónica deberán contar con la evidencia criptográfica a que se refieren los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del nueve de junio del año en curso, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. En consecuencia, las promociones o escritos que no cuenten con la citada evidencia criptográfica, deberán ser exhibidos de manera física, y podrán ser recibidos en las instalaciones que ocupa el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero, en un horario comprendido de las nueve a las catorce horas en la oficialía de partes común. Notifíquese personalmente.

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