Juana Téllez Montaño

Expediente 476/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
476/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/07/2021

Partes del expediente

  • Juana Téllez Montaño

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, a ocho de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    *AVISO.- Se ordena notificar a la parte quejosa el proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: "En la Ciudad de México, a ocho de julio de dos mil veintiuno. QUEJOSA **********, quien es tercera extraña propiamente dicho. PERSONALIDAD La demanda la promueve por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Décimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México. Actuario adscrito al Juzgado Décimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese el expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, con el número 476/2021-II; así también dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de desalojo del inmueble ubicado en Callejón Allende manzana 13 lote 20 A, Barrio San Mateo, alcaldía Tláhuac C.P. 13040, Ciudad de México, deducido de su falta de emplazamiento, sin que se adviertan mayores datos. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, como se asentó en la certificación de cuenta, se advierte que el escrito inicial fue presentado de manera electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin que se aprecie evidencia criptográfica del código de seguridad de la firma electrónica vigente de la quejosa, conforme lo refiere el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como los artículos 2, fracción XVI, y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En tales condiciones, al carecer de firma electrónica la demanda promovida, se considera que en la especie SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al 6, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los dos últimos interpretados en sentido contrario. Preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". De conformidad con el precepto constitucional invocado, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, la Ley de Amparo establece en su artículo 3º, la posibilidad que las promociones se puedan presentar en la vía electrónica; sin embargo, salvo los casos previstos en el numeral 15 del mismo ordenamiento2, se deberá utilizar la firma electrónica, la cual produce los mismos efectos que la firma autógrafa. Al respecto, es de considerar lo que establecen los artículos 45, 46 y 47 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que disponen: "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Artículo 46. Una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo. Artículo 47. El número de folio electrónico vinculado al acuse de recibo podrá utilizarse para consultar en el Portal de Servicios en Línea, el órgano jurisdiccional al que fue turnado el escrito de demanda y el número de expediente asignado. No obstante, para consultar el Expediente electrónico será necesario que se haya formulado la solicitud respectiva y que ésta se haya acordado favorablemente, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del presente Acuerdo General." Del contenido de tales preceptos y su concordancia con los diversos preceptos constitucionales y legales invocados, se colige que cuando una demanda de amparo se presenta en la vía electrónica sin la correspondiente firma electrónica (FIREL) y no se reclama alguno de los actos previstos en el mencionado artículo 15, ésta deberá ser desechada, atento al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. En el presente caso, no se soslaya el principio de instancia agraviada, contenido en el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de la demanda de amparo no se puede apreciar la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desechar la demanda de amparo. En esas condiciones, y toda vez que del escrito de demanda se puede apreciar que quien promueve, no insertó la correspondiente firma electrónica, lo procedente es desechar la presente demanda, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además que, la falta de la firma electrónica de quien promueve, no puede equiparse a una irregularidad subsanable a través de la prevención, si no que se trata del incumplimiento del principio de parte agraviada, rector del juicio de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 8/2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Abril de 2019, página 79 del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda d amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. No obsta a lo anterior que la presente demanda haya sido ingresada vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pues ello no puede traducirse en que se haya expresado su voluntad, pues se trata de una reproducción digital y, además, porque la presentación de la demanda vía electrónica se atribuye al titular de la FIREL que se haya empleado, lo que no implica desatender el principio de acceso a la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la Jurisprudencia P./J. 32/2018, número registro 2018943, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Libro 62 Enero de 2019, página 5, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Por tanto, al no dar cumplimiento al requisito antes mencionado, el Juez de Distrito no está obligado a prevenir a la promovente, en virtud de que el Juez Federal no tiene facultades para auxiliarlo, al grado de indicarle como debe cumplir con los elementos básicos de la demanda de amparo. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 187-192, sexta parte, página 58, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. FALTA DE REQUISITOS ESENCIALES. El Juez de Distrito no está obligado a mandar prevenir al promovente que llene requisitos omitidos conforme a lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, cuando el escrito presentado es vacío en lo sustancial, porque no contenga los elementos esenciales de una demanda de amparo, en virtud de que el Juez de Distrito no tiene facultades para auxiliar al promovente al grado de indicarle la forma en la cual debe formular los elementos básicos de una demanda de amparo, pues carece de caso lo que procede es desechar de plano esa pretendida demanda, con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, 116 y 145 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con base en los razonamientos expuestos, preceptos legales y, además, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. En la inteligencia, que en caso de encontrar cerrado el domicilio de la parte quejosa, el Actuario de la adscripción deberá actuar de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que menciona, únicamente en términos de la última parte, del segundo párrafo, del artículo 12 invocado, toda vez que no proporciona registro de cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se le tiene señalando el correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, para recibir comunicaciones no oficiales, en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo solicita, se le tiene únicamente por autorizada la consulta vía electrónica por ese medio, toda vez que el nombre de usuario ********** se encuentra registrado en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico, atendiendo a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto a su señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a su solicitud de que se le autorice el acceso al expediente electrónico para notificaciones vía electrónica; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, manifieste si es su deseo que se le autorice el acceso al expediente electrónico para notificaciones vía electrónica, o en su caso, el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no desahogar dentro del término concedido para tal efecto, o no hacer manifestación alguna al respecto, no se le autorizará el acceso al expediente electrónico para notificaciones vía electrónica y se tendrá como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señaló. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis I.1o.P.35 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 2366, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, que dice: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS SOLICITA QUE SE LE PRACTIQUEN VÍA ELECTRÓNICA, PERO DEL ESCRITO DE DEMANDA O DEL APERSONAMIENTO A JUICIO, SE ADVIERTE QUE SU AUTORIZANTE (QUEJOSO O TERCERO INTERESADO) INDICÓ UN DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE PRECISE CUÁL ES LA VÍA QUE ELIGE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. Si el autorizado en términos amplios solicita que las notificaciones de los autos o resoluciones emitidos en el juicio de amparo se le practiquen vía electrónica, pero del escrito de demanda o del apersonamiento a juicio, se advierte que su autorizante (quejoso o tercero interesado) indicó un domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el Juez de Distrito debe requerir a éste para que -por sí o sus autorizados- precise cuál es la vía que elige para esos fines. Lo anterior, porque debe tomarse en consideración que los autorizados que el quejoso o, en su caso, el tercero interesado puedan designar en el trámite del controvertido constitucional, no pueden ser partes para efectos del juicio de amparo, pues esa calidad no se las reconoce el artículo 5o. de la Ley de Amparo, ya que únicamente tienen ese carácter: el quejoso, el tercero interesado, la autoridad responsable y el Ministerio Público de la Federación; sino que de conformidad con los diversos 12 y 24 de la propia ley, los autorizados sólo son representantes de aquéllos en la litis constitucional, con el propósito de que realicen actos procesales a favor de los intereses legales de la parte que los designó, tan es así, que por mandato legal, no pueden sustituir o delegar dicha autorización a un tercero. Por tanto, a los autorizados no se les puede desvincular o desligar de la parte procesal -principal- a la que representan, pues quien se beneficia o se perjudica de las decisiones adoptadas tanto de trámite como de fondo que se emitan en el juicio de amparo, es su autorizante (quejoso o tercero interesado). Es decir, cualquier acto procesal que los autorizados realicen durante la tramitación y resolución del juicio de amparo, no lo hacen "a nombre propio", sino como representantes de la persona (física o moral) quien los autoriza. En consecuencia, en atención al hecho de que según la notificación que se practique en el caso concreto, ésta surte efectos de manera distinta conforme al artículo 31 de la Ley de Amparo, no puede aceptarse que existan dos clases de notificación y, por ende, dos cómputos para una misma parte procesal, como por ejemplo, que por un lado la directa parte quejosa señale la forma "tradicional" para oír y recibir notificaciones mediante la referencia de un domicilio convencional para esos fines en su escrito de demanda y, por otro, sus autorizados (en ese mismo ocurso o en uno diverso) adopten como vía de notificación la electrónica, pues no se trata de dos partes procesales distintas entre sí, sino los segundos son únicamente representantes de la parte principal que conforma al juicio de amparo, o sea, la parte quejosa. De ahí la necesidad de que el Juez de Distrito requiera al autorizante para que precise cuál vía de notificación es la que elige para los efectos legales a que haya lugar." PETICIÓN A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 55 51 33 81 00, ext. 1904, con un horario de atención de las nueve a las trece horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita."

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