Juana Tanori Quijada
Expediente 304/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 304/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Juana Tanori Quijada
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexos enviados por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, al cual adjunta testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja laboral 14/2022, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Juana Tanori Quijada, contra el auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo respectivo, háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo de dicho recurso. Infórmese a las partes, que la superioridad resolvió el medio de impugnación de que se trata en los siguientes términos: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por JUANA TANORI QUIJADA, contra el acuerdo dictado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, en funciones de Juez de Distrito, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo indirecto 304/2021. En tal virtud, se ordena archivar definitivamente el presente asunto como concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de ese mismo año, se procede a determinar la clasificación documental de este expediente. En principio, no se considera de relevancia documental, porque no se cumple con ninguno de los supuestos que se mencionan en el capítulo quinto del acuerdo señalado. Ahora bien, en términos del artículo 21, inciso d), del citado acuerdo este expediente debe ser considerado destruible porque se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo. Por ello, una vez que transcurra el plazo de tres años a partir de esta fecha, en términos del numeral 24 del acuerdo en cita, procédase a su destrucción. De conformidad con el artículo 35 del acuerdo de mérito, los datos correspondientes a la valoración deberán ser anotados en la carátula del presente expediente. Finalmente, se requiere a la parte quejosa para que dentro de un plazo de noventa días hábiles, recoja las unidades de almacenamiento portátil USB exhibidos; apercibida que en caso de no hacerlo, los mismos serán destruidos.
- Principal
agréguese el oficio de cuenta que remite la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora; mediante el cual notifica el acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós, del que se obtiene que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por **** a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que no existen más partes a las que deba notificarse sobre el medio de impugnación, ríndase el informe sobre la materia de la queja en sentido afirmativo, dado que en el auto recurrido se desechó la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, se ordena remitir el escrito original de agravios y copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en turno.
- Principal
Recepción de la demanda. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese con el número 304/2021, en el libro de gobierno respectivo de este órgano jurisdiccional. 2. Análisis de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda relativa para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe señalar que si bien el legislador no previó la forma en que debe realizarse dicho análisis, el juez se encuentra obligado a estudiar la demanda en su integridad, puesto que el hecho de dividir la continencia de la causa contravendría los principios fundamentales del proceso y con ello la propia Ley de Amparo. De manera que ese estudio lleva al órgano jurisdiccional a determinar exactamente la intención del justiciable, armonizando todos y cada uno de los datos y elementos que la conforman, tales como su propio contenido, los escritos aclaratorios, o bien, los documentos que se adjuntaron a ésta, lo cual no implica una suplencia de la deficiencia argumentativa de los conceptos de violación, ni una alteración de los hechos o de los actos que se reclaman. Además, cabe destacar que, el hecho de que la invocada legislación establezca diversas causales que motivan la improcedencia de la acción constitucional no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente del recurso judicial efectivo, toda vez que dicha prerrogativa está condicionada o limitada a los plazos y términos fijados en las leyes; de modo que, en éstas pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para los tribunales se encuentren en condiciones de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Cierto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación aplicable a la materia tienen una existencia justificada, pues atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios reguladores, surge la inviabilidad para examinar el fondo del asunto, lo cual en modo alguno lesiona el derecho a la administración de justicia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, relativa al Caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, determinó en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran las formalidades a observarse para avalar el acceso a ellas; por razones de seguridad jurídica, para la correcta administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. También puntualizó, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre y en cualquier caso, los tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. A la luz de las anteriores consideraciones es dable concluir, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo constituyen, por regla general, parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y no configuran una denegación de justicia; antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciarse un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, es dable concluir que la parte quejosa reclama el oficio 279001050100/03010 de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo Prestaciones Económicas y Sociales, en suplencia por ausencia de la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Sonora, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se le negó otorgarle los montos correspondientes a la provisión del fondo de jubilación que integran el Régimen de Jubilaciones y Pensiones. En ese sentido, se estima que en el caso se actualiza la hipótesis de inejercibilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que el juicio biinstancial resulta improcedente contra actos dictados por particulares o entidades que no les revista el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo. Para demostrar lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de un órgano del Estado que no tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo. Bajo ese tenor, se desprende que, con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso, omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones, ello con independencia de si dicho acto es desplegado por una autoridad en sentido material, o bien, lo realiza un particular de forma equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, las características que distinguen a una autoridad para los efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que, con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo con lo anterior, para que el acto de un órgano sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación; es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado, los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. Así, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: i. Ser unilateral, porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce; esto es, su emisión sólo depende de la voluntad de la autoridad. ii. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente público, esto es, el acto se impone aun en contra de la voluntad del particular. iii. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras, si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. Así, las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo, caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En términos de estas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos fundamentales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de este juicio constitucional. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será susceptible de ser reclamado en el juicio constitucional, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas -norma general- o concretas con efectos particulares -acto en estricto sentido u omisión-, que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado, de tal forma que se evidencien las características descritas. En ese sentido, es necesario atender a la naturaleza de los actos que se impugnan para determinar si provienen o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Luego, si en el caso el quejoso reclama del Instituto señalado como responsable, la negativa de otorgarle los montos correspondientes a la provisión del fondo de jubilación que integran el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, es indiscutible que no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, de acuerdo con lo sostenido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social que impliquen una afectación en las prestaciones en dinero o en especie derivadas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y demás prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio, deben considerarse de carácter laboral, por haber sido establecidas a favor de un trabajador asegurado, en razón del derecho que corresponde a éste por el régimen obligatorio del seguro social. Consecuentemente, atendiendo a la naturaleza del acto impugnado y al artículo 295 de la Ley del Seguro Social, las controversias suscitadas entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que otorga el ordenamiento mencionado, deben tramitarse ante la autoridad jurisdiccional en materia de trabajo, mientras que las surgidas entre ese organismo y los patrones o demás sujetos obligados, se llevarán ante el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así, cuando la controversia se suscita entre un pensionado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto a cuestiones relacionadas prestaciones de provisiones de fondos de jubilación, debe considerarse que ese acto afecta una prestación social y, por ende, su conocimiento corresponde a los tribunales laborales. 3. Desechamiento de la demanda. En ese contexto, tomando en consideración las ideas precedentes, dado que el Instituto señalado como responsable -a través de las unidades indicadas en el líbelo constitucional- carece de los atributos necesarios para ser considerado como responsable, lo procedente es desechar de plano la demanda de que se trata, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. 4. Autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza a Federico Becerra Pedrote, Jesús Becerra Pedrote y Jalil Eduardo Dulac Camacho, en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por ser el promovente la parte trabajadora. En cambio, se autoriza a Jorge Gerardo de los Cobos Silva, en términos del artículo 24 del citado ordenamiento, por así solicitarlo expresamente. 5. Acceso al expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas. En atención a la solicitud planteada, de conformidad con los artículos 3 y 30 del citado cuerpo normativo, en relación con los numerales 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas a través del nombre de usuario "Fedor1". Consecuentemente, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), correspondiente a este órgano judicial, con el nombre de usuario que proporciona, para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" de la adscripción. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, así como las diligencias correspondientes, para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Para los efectos de la notificación del presente acuerdo, así como para las subsecuentes, se requiere al actuario judicial que para llevar a cabo la encomienda siga los protocolos de protección que ha implementado el Consejo de la Judicatura Federal, esto es, deberá usar el equipo personal de protección que le ha sido entregado, es decir, careta, guantes, cubrebocas y traje especial, ello para resguardar su salud física, así como la de los justiciables. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presente las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda la información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión e incorporación al expediente físico. 9. Medios electrónicos. Conforme a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos en el presente juicio de amparo.
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