Juana Susana Velázquez Jiménez
Expediente 689/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2018
Partes del expediente
- Juana Susana Velázquez Jiménez
- Efraín Alba Gómez
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL AUTO DE DESECHAMIENTO, DADO LO ANTERIOR SE ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO Y SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
Querétaro, Querétaro, siete de junio de dos mil dieciocho. Recepción de demanda Vista la demanda de amparo promovida por Armando Morales Reyna, en su carácter de apoderado legal de JUANA SUSANA VELÁZQUEZ JIMÉNEZ y EFRAÍN ALBA GÓMEZ, calidad que acredita con la copia de la escritura pública número 33,574 (treinta y tres mil quinientos setenta y cuatro), de dos de enero de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Notario Público Número Quince, de la demarcación Notarial de Querétaro; por lo que, téngase por reconocida la personalidad con que se ostenta en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo y artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, con fundamento en los artículos 107, 108, 110, 112, 114 y 115 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente bajo el número 689/2018-IX; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y sistema integral de seguimiento de expedientes. Da sustento a lo anterior, la Tesis Aislada III.4o.T.14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 2361, Tomo IV, Noviembre de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro, 2013100, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión." Se ordena formar el expediente físico para llevar su trámite; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte promovente a y EFRAÍN ALBA GÓMEZ. Se desecha demanda. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, acorde al contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI (abril de 2000), Novena Época, página 32, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo, debe examinarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. Por lo que, de conformidad con el artículo 113 de la ley de Amparo, se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. El artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; [.]" Para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones; además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse y sustanciarse el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En efecto, resulta jurídicamente inadmisible, y de ahí la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, que este medio de control de constitucionalidad proceda para cuestionar la validez de los actos que fueron dictados por un tribunal colegiado, a propósito de otro medio de control constitucional, pues admitirlo tendría consecuencias que atentarían en contra de la naturaleza, no sólo de este medio de control, sino también del diverso del que derivan. El juicio de amparo funda su naturaleza de medio de control constitucional en la propia Constitución, concretamente en los artículos 103 y 107 de la misma, la cual se continúa perfilando en la legislación ordinaria de amparo. Por tanto, en ejercicio de este medio de control, tanto los jueces de amparo, como los tribunales colegiados no actúan en un plano ordinario, sino en uno extraordinario de constitucionalidad, revisando que los actos de autoridad estén acordes con la Constitución Federal y sus decisiones son para establecer certeza jurídica. En ese contexto, abrirlas nuevamente a discusión constitucional, es decir, poner en tela de juicio su validez constitucional en una vía que funda su existencia en normas de la misma jerarquía y que persigue por igual la salvaguarda de la supremacía constitucional, trastornaría la solidez y eficacia de ese medio de control, por lo que haría nugatoria la autoridad que formal y materialmente tienen por propia disposición constitucional los tribunales colegiados, al diluirse la validez de sus determinaciones y someterlas a su vez a un nuevo análisis constitucional. Lo anterior, porque las decisiones de dichos órganos de control de constitucionalidad, son terminales y definitivos, ya que sus resoluciones no admiten recurso alguno -con excepción de las hipótesis establecidas en la propia ley como la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional. Por tanto, de la integridad de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo es la sentencia de siete de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el amparo en revisión civil 724/2017, derivado del amparo indirecto 1127/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Atribuido al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, es improcedente el juicio de amparo promovido, porque dicho órgano jurisdiccional, al tener como función principal el control constitucional mediante sus determinaciones, a fin de vigilar que no se violen los derechos fundamentales, ni las garantías para su protección, no se le puede imputar la infracción de éstos al ejercer tal función, de ahí que no puedan ser considerados como autoridades responsables en el juicio de amparo. En ese contexto, se advierte el acto reclamado en este juicio de amparo, deriva de un diverso juicio de amparo, situación por la que no puede ser analizado dicho acto, pues ello iría en contra del principio de seguridad jurídica que se precisó en párrafos precedentes; por tanto, es inconcuso que se actualiza plenamente la hipótesis legal prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo. Se aplica a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis I.9o.C.34 K, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE "EN CONTRA DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, CUANDO "ÉSTOS DECIDEN CUESTIONES DE LEGALIDAD EN "JURISDICCIÓN ORDINARIA. De los antecedentes legislativos que ha tenido la Constitución General de la República, a partir de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito (a diferencia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuito) fueron creados y facultados para desempeñar las diversas atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para terminar con el rezago de asuntos que ésta presentaba; de ahí que las resoluciones que dictaran en asuntos de su incumbencia, no podrían ser revisados por la Suprema Corte, en vía de amparo, porque precisamente se perseguía liberarla de facultades sobre aspectos de legalidad. Los mencionados Tribunales Colegiados se han instalado y funcionan en la actualidad como verdaderos órganos supremos del Poder Judicial de la Federación, sin que sus resoluciones sean sometidas a ningún estadío procesal ulterior, salvo los juicios de amparo directo, en donde diriman cuestiones de constitucionalidad de leyes o interpreten directamente algún precepto constitucional. Asimismo, se advierte que con motivo de las reformas que tuvo la Carta Magna, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación centrara su atención en aspectos meramente constitucionales, se trasladaron las atribuciones que tenía en materia de legalidad, como por ejemplo, la facultad de calificar las recusaciones, excusas o impedimentos contra Magistrados Unitarios de Circuito, como se advierte de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, y que originalmente estaba encomendada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este orden, si los Tribunales Colegiados de Circuito asumieron las atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que adquirieron el carácter de verdaderos tribunales terminales, para resolver, entre otros, las recusaciones de referencia; por tanto, las resoluciones que éstos emitan, en su calidad de tribunales de legalidad, son inatacables en la vía de amparo, dado que no existe alguna instancia superior para revisarlas; así, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción I, "de la Ley de Amparo" También se aplica, por su contenido e identidad jurídica sustancial, la tesis 1a. XIX/93, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el epígrafe y texto: "COMPETENCIA. NO ES POSIBLE TENER "COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO "DE AMPARO DE NATURALEZA INDIRECTO. A LOS "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Los Cuerpos Colegiados de referencia, son los encargados de tutelar las garantías individuales mediante el juicio de amparo. De ello deviene que cuando en una demanda de garantías indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. Ciertamente, dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su numeral 73, las llamadas causales de improcedencia, dentro de las cuales hay causas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción I, del citado numeral 73, previene que el juicio es improcedente: I. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, esta hipótesis válidamente debe considerarse aplicable también para el caso en que en una demanda de garantías fue señalada como autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, habida cuenta que por regla general, las resoluciones que los Cuerpos Colegiados en mención pronuncien, son también inobjetables. Este último argumento se robustece si también se analiza al efecto la fracción II, del numeral 73 del ordenamiento legal en cita, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente: II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En este sentido, debe decirse que la transcrita causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable". En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, sin que pudiera llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos 61, fracción VI, y 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Vista para omitir datos personales. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. Autoriza consulta electrónica Por otra parte, en relación a lo solicitado, en el sentido de que se autorice al usuario amoralesr1, para consultar y recibir notificaciones vía electrónica; por tanto, de conformidad con los artículos 93 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se otorga autorización a Armando Morales Reyna, para consultar de manera electrónica el presente expediente y recibir notificaciones, lo anterior, toda vez que acredita contar con el certificado digital que refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo General. Hágase del conocimiento lo asentado en el párrafo que antecede al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Autorizados y domicilio Por otra parte, atendiendo a lo asentado en la certificación de cuenta, se tiene como autorizado de la parte provente, a la persona que refiere en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene como domicilio procesal, el señalado en su escrito de demanda. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la Secretaria Claudia Gómez Peralta, que autoriza. Doy Fe. Revisó y cotejó: Lic. Juana Olvera Bautista. VAVC
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