Juana Susana Velazquez Jimenez

Expediente 252/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 1 actuación registrada, la última del 22 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
252/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
22/02/2017

Partes del expediente

  • Juana Susana Velazquez Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, a veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Armando Morales Reyna, en su carácter de apoderado de Juana Susana Velázquez Jiménez y Efraín Alba Gómez, representación que acredita en términos del instrumento notarial 33,574, del protocolo del Notario Público número 15, en esta ciudad; contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro y otra autoridad, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo; fórmese expediente y regístrese el juicio de amparo bajo el número 252/2017-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley en comento, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia VI.3º.C. J/50, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1160, del Tomo XVI, Octubre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ES CASO DE ESTRICTA EXCEPCIÓN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, el desechamiento de la demanda sólo procede cuando exista "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", de lo cual se infiere que si la improcedencia no es patente, clara o evidente ello basta para admitir la demanda; tal consideración que deriva de la interpretación del artículo 145 antes mencionado, es acorde con la intención establecida por el legislador en los artículos 103 y 107 constitucionales, de instituir el juicio de amparo como un remedio abierto a los particulares en contra de los actos de autoridad de manera genérica; asimismo, la conclusión de que el desechamiento de la demanda de amparo es caso de estricta excepción, responde a la idea de que los afectados por la admisión (autoridades responsables y tercero perjudicado) tienen amplia oportunidad de defensa dentro del juicio, así como para acreditar en la audiencia constitucional, o antes de ella, la existencia de cualquier causa de improcedencia, puesto que la admisión de la demanda no impide al Juez Federal pronunciarse al respecto con posterioridad". Proceder que tiene sustento constitucional en el artículo 17 de ese ordenamiento, que reconoce el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Lo anterior es así, puesto que de la lectura integral de la demanda de amparo, en primer término, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que conlleva el desechamiento de la demanda de amparo, misma que al tenor literal, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" De la interpretación teleológica de la disposición legal transcrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos que sean materia de otro juicio que se encuentre pendiente de resolución, en primera o segunda instancia, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, hipótesis legal que se actualiza en el caso a estudio. El numeral antes transcrito establece, que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve en contra de un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio. Ahora bien, resulta pertinente en primer término, dejar asentado que para un Juez de Distrito, constituyen sin lugar a duda, hechos notorios, los diversos juicios de amparo que ante él se tramitan; lo anterior, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, el cual señala: "Artículo 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el Tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes." Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 27/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 117, del tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial." Así como la jurisprudencia 12, sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, del tomo V, Enero de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En esa tesitura, y tomando en consideración que en el índice de este Juzgado de Distrito, se encuentra radicado el expediente número 242/2017-II, demanda de amparo promovida por Armando Morales Reyna, en su carácter de apoderado de Juana Susana Velázquez Jiménez y Efraín Alba Gómez contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro y otra autoridad, en la que señala como acto reclamado la resolución de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sumario hipotecario 453/2014, del citado Juez Tercero Civil; todo lo anterior, manifestado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad; demanda de amparo cuyo auto inicial se emitió el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, ordenándose prevenir al promovente en los términos ahí indicados, por existir ciertas omisiones, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Por tanto, se puede válidamente arribar a la conclusión de que en la demanda de amparo que nos ocupa, la parte ahora quejosa pretende combatir también del Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro y otra autoridad, la resolución de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sumario hipotecario 453/2014, del citado Juez Tercero Civil; todo lo anterior, que lo manifestó bajo protesta de decir verdad. Como se advierte, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, habida cuenta que cuando con anterioridad a la presentación de la demanda que pretende, la parte amparista promovió diverso juicio de amparo, en cual señaló el mismo acto reclamado por la que ahora aduce presentar la demanda que nos ocupa; de ahí que resulte improcedente la presente demanda de garantías, pues en el caso a estudio existe litispendencia, tomando en consideración que el acto que reclama es materia de un diverso juicio de amparo tramitado ante este juzgado federal, promovido por la propia parte quejosa, es decir, el expediente que quedó registrado con el número 242/2017-II. Según se desprende del texto de la disposición legal en consulta, la causa de improcedencia que se actualiza en la especie, es porque en el caso a estudio se estima que concurren las siguientes circunstancias:  Que el mismo quejoso ha interpuesto algún medio legal de defensa en contra del acto de autoridad que le dio origen al que aquí se reclama, y que dicho medio de defensa está tramitándose al momento en que se promovió el presente juicio de garantías; y  Que el medio de defensa legal intentado antes de acudir al presente amparo constituye una vía idónea de impugnación contra el acto de autoridad de que se trate, pues puede tener por efecto nulificar el acto que se reclame a través del juicio constitucional que nos ocupa. Por tanto, la razón de la improcedencia que se estima actualizada radica en evitar que existan dos resoluciones en relación con una misma controversia, que desde luego anula el riesgo de que aquellas sean contradictorias entre sí. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 142, del Volumen 205-216, Primera Parte, Séptimo Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Asimismo, encuentra sustento la presente determinación en la tesis XIX.2o.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 312, Tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Asimismo, resulta aplicable la tesis VII.P. 83 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en la página 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." En tales condiciones, se pone de relieve que respecto de los actos que la quejosa pretende combatir, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, y por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, en el caso, debe desecharse de plano la demanda de amparo de que se trata, por reclamarse actos notoriamente improcedentes. Atento a lo dispuesto por los artículos 1, 6, párrafo primero, 9, 110, 112 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional está obligado a garantizar el derecho de acceso a la información pública que se tiene en posesión, dentro del cual prevalece el principio de máxima publicidad, protegiendo los datos personales que obren en poder de este Juzgado, y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. Por otra parte, se tienen como autorizados de la parte quejosa a Salvador Morales Reyna, con todas las facultades de representación que indica el artículo 12 de la Ley de Amparo; sólo para oír y recibir notificaciones y documentos a Leticia Munguía Suarez, en virtud de así haberlo solicitado; asimismo se tiene como domicilio procesal, el señalado en su líbelo inicial de demanda. Como lo solicita el ocursante, se hace del conocimiento de la sección encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y a los actuarios de este juzgado, que las notificaciones personales habrán de hacerse vía electrónica, en términos del artículo 30 de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE POR LA VÍA ELECTRÓNICA.

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