Juana Soto Garcia
Expediente 833/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juana Soto Garcia
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada en la queja ********************/2022, de cuyo punto resolutivo se advierte: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja número 834/2022, interpuesto por ********************, en contra del auto dictado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto número ********************/2022. " En ese tenor, acúsese el recibo de estilo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el ocho de diciembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente Notifíquese.YNJR/asvv
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a través del cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por Juana Soto García, contra el auto de veinte de septiembre de este año, que desecho la demanda de amparo, el cual radicó con el número de queja 290/2022. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el escrito signado por la quejosa Juana Soto García; atento a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja contra el auto de veinte de septiembre del año en curso, por medio del cual se desechó su escrito de demanda que dio origen al presente asunto. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito mediante el cual se formula la queja de que se trata, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, al que se acompaña copia certificada de las actuaciones que se han practicado hasta el momento en este expediente; y ríndase informe, en el sentido de que es cierto el acto, ya que en el referido auto se desechó su escrito de demanda que dio origen al presente asunto, por las razones en él expuestos. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo firmada por Juana Soto García, trece copias y doce anexos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio 833/2022 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO: Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. El artículo 113 de la ley de la materia impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a desecharla de plano. En ese sentido, de la demanda de cuenta se advierte que la promovente señala como acto reclamado, la orden de desalojo del inmueble que dice ser de su propiedad, ubicado en avenida Californias número 1047, fraccionamiento Camino Real, del puerto de Veracruz, dictada en proveído de dieciocho de agosto del año en curso, dentro del juicio ordinario mercantil 3/2013 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y su ejecución. Una vez precisado lo anterior, como se adelantó, debe desecharse la demanda de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta a su naturaleza de orden público. Así, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, 5, fracción I, 6, párrafo primero de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." De los artículos antes trascritos se advierte, en lo conducente, que en el juicio de amparo la parte quejosa es aquélla quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. Nuestro Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Por su relación, se cita la tesis número 1a. CXXIII/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos cincuenta y nueve, libro XXII, Tomo 1, registro 2004008, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." Así, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Lo que se entiende, para efectos del amparo, en la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, o bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación, se itera, debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado. Ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo) o en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Aunado a lo anterior, en términos del artículo 107, fracción I, Constitucional, el acceso al juicio de amparo se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte quejosa. Es importante señalar que el hecho de que el auto inicial no constituya formalmente una resolución de fondo, no implica que no pueda contener una decisión atinente al momento procesal en que se ubica (sobre el curso que debe darse a la demanda); y, en ese tenor, el hecho de que la evidente e insuperable ausencia de un interés jurídico requiera de un estudio cuidadoso o minucioso, no implica que no pueda realizarse en ese auto inicial, sobre todo cuando se configura con facilidad o claridad la materia del asunto y completitud en los elementos que revelan la situación concreta. Así, se considera que tratándose del interés jurídico en casos específicos subsiste la posibilidad de que, de contar con los factores aptos y suficientes para determinar la potencial afectación a la esfera jurídica del amparista, el juez de distrito puede emitir una determinación que decida sobre su ausencia definitiva e insuperable, se insiste, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable en términos del artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Así se colige, de lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 331/2016, que en lo conducente dice: "En efecto, la práctica judicial impide soslayar que existen casos en los que el mero análisis de la demanda y de sus anexos permite advertir que el acto reclamado no perjudica la situación del particular, o bien, la afectación que le causa le otorga sólo un interés simple y no uno jurídico o legítimo, en virtud de que es claro que no existe daño a un derecho subjetivo del que sea titular el amparista o, en su defecto, una situación objetiva particular que le permita exigir del poder público que ajuste su actuación a derecho, pero no por su calidad de ciudadano, sino porque, cumpliéndose con la ley, conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto; supuesto en el cual resulta ocioso abrir una dilación procesal que, independientemente de los elementos que se alleguen al sumario, no podría superar esa ausencia o insuficiencia del perjuicio que el acto genera en la circunstancia del promovente. Esto es, con base en la apreciación de la situación a partir de la cual se aduzca el perjuicio que genera el acto de autoridad, el juzgador de amparo debe distinguir entre la existencia de la titularidad de un interés jurídico o legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria); sobre lo cual pueden configurarse diversos escenarios, a saber: Cuando del contenido de la demanda y de sus anexos, es decir, de lo relatado por el propio promovente y/o de los elementos que allegue, aprecie indefectiblemente que su situación frente al acto de autoridad conlleva un mero interés simple y, por ende, carezca de la titularidad de un interés jurídico o legítimo, podrá determinarse que existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable que no requiere la sustanciación del juicio, pues esta circunstancia constituye una cuestión de derecho que, por sus propios caracteres, no es desvirtuable con su tramitación, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar ese hecho". De lo anterior, derivó la jurisprudencia 57/2017, emitida por la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1078, tomo II, junio 2017, Décima Época, materia común, con número de registro digital 2014433, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". En el caso, de la lectura integral de la demanda se observa que la parte quejosa insta la acción constitucional en defensa de lo que considera un interés jurídico. Motivo por cual para la procedencia del juicio de amparo debe analizarse si el peticionario cuenta con ese interés. Cabe precisar que en el presente caso únicamente se realizará el estudio del interés jurídico, puesto que, por disposición constitucional, cuando se reclamen actos dictados en un juicio atribuidos a autoridades jurisdiccionales, como en el presente asunto, el quejoso debe acreditar contar con dicho interés, quedando vedada la aceptación del interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Así también, la Sala indicó que los elementos constitutivos destacados son concurrentes; por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Las anteriores consideraciones se contienen en la jurisprudencia 2a./J.51/2019, registro 2019456, que se consulta en la página 1598 del Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Precisado lo anterior, se insiste, la aquí quejosa insta el presente juicio de amparo como tercera extraña en estricto sentido, pues aduce que es totalmente ajena al juicio ordinario mercantil 3/2013 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el cual se ordenó el desalojo con auxilio de la fuerza pública, del inmueble que refiere tener en posesión. Al respecto, aduce que esa posesión derivó de que en el mes de enero del año mil novecientos noventa y siete, al ver abandonada la casa de interés social (que fue adjudicada en el controvertido natural), se introdujo en la misma y la habita desde ese entonces, sin que nadie le cuestionara por la ocupación del inmueble, lo que refiere hace como dueña, comportándose así desde aquella época, de manera pacífica, en forma pública, continua y de mala fe, pues tomó posesión del mismo sin permiso de quien pudiera ser su dueño, lo que de acuerdo a su dicho constituye la causa generadora de la posesión material que ejerce respecto de dicho bien raíz. Por tanto, si la quejosa se ostenta como tercera extraña en estricto sentido, indicando a su vez que tiene posesión del inmueble referido, es necesario que al menos exista una razonable posibilidad de defender un interés jurídico a través de la demostración de dicha circunstancia. En la especie, la impetrante adjunta a su demanda de amparo una constancia de residencia original, de fecha treinta y uno de agosto del año en curso, expedida por la C. Cira Alvarado Reyes, en su carácter de Jefe de Manzana, a su nombre, certificada por el Director de Gobernación del H. Ayuntamiento de Veracruz; copia certificada por Notario Público de su credencial para votar con fotografía; solicitud de actualización de expediente de identificación y modificación de datos, expedida por Afore Coppel; Solicitudes de retiros parciales por desempleo en la Administración de Fondos para el retiro Afore Coppel; recibo de pago de SERVICIOS AT&T COMUNICACIONES DIGITALES; nota de remisión para entrega a domicilio, expedida por WALMART TIENDA PLAYA NORTE; nota de remisión expedida por MUEBLERÍAS MEXICO SU PLAZA, S.A. DE C.V., todas las cuales se orientaron a corroborar el hecho de que detenta materialmente un bien inmueble, pero es evidente que, dados los hechos expuestos en la demanda, no existiría un interés jurídico que defender sino, en todo caso, un interés simple derivado de la mera detentación de un bien raíz. Esto es así, porque la afirmación realizada en la demanda respecto a que desde mil novecientos noventa y siete comenzó a poseer el bien materia del juicio de origen, porque lo vio, se introdujo en él, y lo poseyó desde entonces con el carácter de dueña, aun robustecido con los elementos de prueba que aportó, solo revelarían que la promovente cuenta con una expectativa de derecho respecto del inmueble en comento, esto es, con la expectativa de que reunidas las condiciones de posesión pública, pacífica y a título de dueña, aun de mala fe, le permitirían adquirir la propiedad del bien raíz por el simple transcurso del tiempo. Sin embargo, la mera detentación de un inmueble, sin contar con una causa generadora, no se traducen en la posibilidad de accionar un juicio constitucional en defensa de un derecho que formal ni legalmente han ingresado a su esfera jurídica, y la alegada posesión pública, pacífica, a título de dueña de un bien raíz, solo se traducen en elementos de una acción de naturaleza civil que aún no ha ejercido y que, atendiendo al sistema jurídico vigente en nuestro país, no se puede anticipar le resulte procedente como para considerar que tiene a su favor una causa generadora de la posesión. Lo anterior, considerando a manera ejemplificativa, la jurisprudencia 2/2022, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2024088, Undécima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRESCRIPCIÓN POSITIVA DE MALA FE Y SIN TÍTULO. PARA QUE OPERE, DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN. Hechos: En un juicio de amparo directo se reclamó una resolución dictada en apelación en la que se consideró que operó la figura de la prescripción positiva sobre un bien inmueble, en beneficio de diversa persona. El Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo a la parte quejosa principal al considerar que en el caso no se había acreditado la causa generadora de la posesión en concepto de propietario. Inconforme con el fallo anterior, el tercero interesado y quejoso adherente interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma la decisión del Tribunal Colegiado, al estimar que el requisito de acreditar fehacientemente la causa generadora de la posesión, en un juicio de prescripción positiva obtenida de mala fe y sin título, no resulta desproporcional al grado de impedir el ejercicio del derecho a la propiedad, sino que constituye una adecuada garantía procesal de seguridad jurídica. Justificación: Para poder actualizar la prescripción positiva es necesario demostrar la causa generadora de la posesión, sin importar si se trata de buena o mala fe, a fin de establecer si se encuentra ante una posesión originaria o derivada. Esto, se erige como un requisito procesal esencial de la acción, que brinda certeza a los titulares originales del bien sobre su derecho de propiedad, sin que esto implique en forma alguna que el accionante de la usucapión se vea impedido para instar la función jurisdiccional en aras de reivindicar el derecho que pretende. Por lo que es menester cumplir con los requisitos que exige la ley, mismos que fueron establecidos por el legislador en uso de su libertad configurativa para crear certeza en la propiedad y en la posesión, materializando así la protección que, a través del debido proceso, otorga la Constitución General. De ahí que, de ninguna manera la posesión derivada puede ser apta para prescribir ya que se trata de una posesión ejercida sin ánimo de apropiación, es decir, enfocada exclusivamente en el uso y disfrute temporal de un bien, sin que pueda colegirse, sin previa demostración, que se tuvo desde un principio la posesión con ánimo de dueño. Por lo anterior, el requisito de acreditar fehacientemente la causa generadora de la posesión no resulta desproporcionado ni hace nugatorio el derecho al debido proceso en su vertiente de acceso a la justicia o los derechos a la posesión o a la propiedad, por el contrario, constituye una adecuada garantía procesal de seguridad jurídica en aras de la tutela de todos estos derechos". Así, si la parte quejosa fue enfática en destacar que desde mil novecientos noventa y siete, se introdujo de mala fe en un inmueble que vio y que desde entonces poseyó y se condujo como dueña ante los vecinos, prestadores de servicios y público en general; este juzgador considera que el contenido de la demanda y los anexos permite apreciar sin lugar a dudas que la quejosa tiene un interés simple derivado de la mera detentación de un bien raíz y, por ende, que carece de la titularidad de un interés jurídico, lo que permite tener por actualizada la anunciada causal de improcedencia de forma manifiesta e indudable a grado tal que no se requiere la sustanciación del juicio, pues esta circunstancia constituye una cuestión de derecho que, por sus propios caracteres, no es desvirtuable con su tramitación, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar el hecho de que solo cuenta con una simple posesión material o una detentación que no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 187733, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Así, como la parte quejosa no es titular de un derecho sobre el cual se provocara una afectación real con motivo del actuar de las autoridades responsables, no se actualiza el principio de procedencia del amparo relativo al agravio personal y directo, al no tener interés jurídico para acudir a este medio de control constitucional. En tales condiciones, al resultar evidente que el acto impugnado no ocasiona afectación alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, al no advertirse que cuente con un interés jurídico, se actualiza la hipótesis de improcedencia anunciada. Lo anterior, en virtud de que, si bien el juicio constitucional constituye un recurso efectivo en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en forma alguna conlleva a su procedencia en todos los casos, a fin de que se realice el estudio de fondo del asunto, toda vez que por razones de seguridad jurídica para la correcta y funcional administración de justicia y, para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados tienen el deber de establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole, resultando aplicable al respecto los siguientes criterios. Jurisprudencia número 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Registro 2005717, Décimo Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la Jurisprudencia número 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos veinticinco, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Registro 2005917, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Por consiguiente, al ser notorio, indudable y manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia analizada, dado que el acto reclamado no es susceptible de ser combatido en la vía constitucional por la parte promovente, por los motivos expuestos en esta determinación, conforme con lo establecido 61, fracciones XII y XXIII, 5, fracción I, 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales, por ser manifiesta e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado de la demanda de amparo. Se le tiene designando como autorizada con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la profesionista Elsa Linaldi Márquez, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciada en derecho a través del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la persona restante, por así haberlo solicitado expresamente a la parte quejosa. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando como medio de contacto el correo electrónico que indica en la demanda, el cual se utilizará en caso de ser necesario, para comunicaciones no procesales, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos Jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las demás partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la promovente.
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