Juana Silvia Sanguino Escalada y Otros.
Expediente 1086/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1086/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juana Silvia Sanguino Escalada y Otros.
- Juana Silvia Sanguino Escalada
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Juana Silvia Sanguino Encalada, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, exhibida con cinco copias y un anexo. Ahora bien, en atención al contenido del escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el acto reclamado es la omisión de la autoridad responsable de acordar su escrito de tres de julio de dos mil diecinueve, presentado por la parte quejosa el cuatro siguiente, en autos del juicio laboral 315/2011, en el que desiste del citado juicio y solicita se le expidan copias. En ese orden de ideas, se estima que en la especie, sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente cuando los actos reclamados sean de imposible reparación. Asimismo, se puede colegir, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, que por regla general no tiene ejecución de imposible reparación, pues no afectan de manera inmediata alguno de los derechos fundamentales consagrados por la Carta Magna, sino que sólo producen afectaciones adjetivas reparables en sentencia definitiva, la vía idónea para combatirlas es el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a) Constitucional; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c) Constitucional y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, entre otros casos, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señalan los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien el indirecto, si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y que por ende son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna; siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Al respecto la parte quejosa reclama un acto que aduce es violatorio de sus derechos protegidos en los artículos 8 y 17 Constitucionales, consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar su escrito de tres de julio de dos mil diecinueve, presentado por la parte quejosa el cuatro siguiente, en autos del juicio laboral 315/2011, en el que desiste del citado juicio y solicita se le expidan copias. En ese contexto, debe señalarse que contra dicho acto no procede el amparo indirecto, toda vez que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre la prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro de un procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. Por tanto, constituye un acto intraprocesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que no afecta de manera directa o inmediata alguno de los derechos humanos garantizados por la Carta Magna, sino que en todo caso se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal, que pudiera ser reparada si la sentencia que resuelva en definitiva el procedimiento del que emana, resultara favorable a la parte quejosa y de no ser así, la cuestión que ahora se plantea, constituiría una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo que, en su caso, se promoviera contra el fallo definitivo. Se apoya lo anterior, en la tesis jurisprudencial número 2ª./J.48/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo y texto y rubro, son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Asimismo, en relación con el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de epígrafe y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." También la jurisprudencia número 61, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el epígrafe siguiente: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de amparo no establece que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. La Ley de Amparo con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia constitución señala la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos, procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Lo anterior es así, pues del contenido de la demanda se advierte que el escrito de solicitud de la parte quejosa, fue presentado ante la Junta responsable el cuatro de julio de dos mil diecinueve, por lo que a la fecha de la presentación del escrito de demanda - siete de agosto del año en curso -, es evidente que no había transcurrido el término de cuarenta y cinco días naturales, para la procedencia del amparo, en el que se pudieran reclamar las dilaciones excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho criterio fue sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 33/2019, al resolver la contradicción de tesis que dio lugar a la misma, pues consideró que con el fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, pues para llegar a tal conclusión, analizó que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. De tal suerte, que, se reitera, para quien esto determina, en el caso no existe una abierta dilación al procedimiento que traiga consigo una paralización de éste, dado que si su escrito de solicitud que refiere el acto reclamado data del tres de julio del año en curso, recibido ante la Junta responsable el cuatro del mismo mes y año, entonces a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (siete de agosto de dos mil diecinueve) ni siquiera han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales a partir de que se presentó el escrito de solicitud antes referido para que se pueda considerar que existe una abierta dilación al procedimiento de parte de la autoridad, pues para ello se insiste, es necesario que transcurran más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo que legalmente tenía la autoridad para pronunciarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En esas condiciones, como el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata derecho humano alguno, sino que es de carácter procesal o adjetivo, ya que la afectación que ocasiona es susceptible de repararse al dictarse la resolución definitiva del juicio laboral del que deriva tal acto, además que en el caso no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, dado que la omisión que aduce la parte quejosa, es a partir del tres de julio de dos mil diecinueve, y la demanda de amparo que se analiza la presentó el siete de agosto del año en curso, esto es, apenas casi un mes después, lo que de ningún modo demuestra una paralización total y definitiva del juicio de origen; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario este último. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juana Silvia Sanguino Encalada, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario. Se tiene como domicilio de la promovente el señalado en su demanda de amparo y por autorizado en términos amplios a Juan Carlos Jiménez Hernández de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo y como autorizados en los términos restringidos que señala el segundo párrafo de la parte final del citado artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pamela del Socorro Herrera Aguilar y Eduardo de Jesús Jiménez Guerrero, tal y como expresamente lo solicita la parte quejosa. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
CITA ... Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Juana Silvia Sanguino Encalada, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, exhibida con cinco copias y un anexo. Ahora bien, en atención al contenido del escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el acto reclamado es la omisión de la autoridad responsable de acordar su escrito de tres de julio de dos mil diecinueve, presentado por la parte quejosa el cuatro siguiente, en autos del juicio laboral 315/2011, en el que desiste del citado juicio y solicita se le expidan copias. En ese orden de ideas, se estima que en la especie, sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente cuando los actos reclamados sean de imposible reparación. Asimismo, se puede colegir, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, que por regla general no tiene ejecución de imposible reparación, pues no afectan de manera inmediata alguno de los derechos fundamentales consagrados por la Carta Magna, sino que sólo producen afectaciones adjetivas reparables en sentencia definitiva, la vía idónea para combatirlas es el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a) Constitucional; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c) Constitucional y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, entre otros casos, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señalan los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien el indirecto, si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y que por ende son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna; siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Al respecto la parte quejosa reclama un acto que aduce es violatorio de sus derechos protegidos en los artículos 8 y 17 Constitucionales, consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar su escrito de tres de julio de dos mil diecinueve, presentado por la parte quejosa el cuatro siguiente, en autos del juicio laboral 315/2011, en el que desiste del citado juicio y solicita se le expidan copias. En ese contexto, debe señalarse que contra dicho acto no procede el amparo indirecto, toda vez que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre la prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro de un procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. Por tanto, constituye un acto intraprocesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que no afecta de manera directa o inmediata alguno de los derechos humanos garantizados por la Carta Magna, sino que en todo caso se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal, que pudiera ser reparada si la sentencia que resuelva en definitiva el procedimiento del que emana, resultara favorable a la parte quejosa y de no ser así, la cuestión que ahora se plantea, constituiría una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo que, en su caso, se promoviera contra el fallo definitivo. Se apoya lo anterior, en la tesis jurisprudencial número 2ª./J.48/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo y texto y rubro, son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Asimismo, en relación con el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de epígrafe y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." También la jurisprudencia número 61, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el epígrafe siguiente: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de amparo no establece que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. La Ley de Amparo con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia constitución señala la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos, procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Lo anterior es así, pues del contenido de la demanda se advierte que el escrito de solicitud de la parte quejosa, fue presentado ante la Junta responsable el cuatro de julio de dos mil diecinueve, por lo que a la fecha de la presentación del escrito de demanda - siete de agosto del año en curso -, es evidente que no había transcurrido el término de cuarenta y cinco días naturales, para la procedencia del amparo, en el que se pudieran reclamar las dilaciones excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho criterio fue sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 33/2019, al resolver la contradicción de tesis que dio lugar a la misma, pues consideró que con el fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, pues para llegar a tal conclusión, analizó que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. De tal suerte, que, se reitera, para quien esto determina, en el caso no existe una abierta dilación al procedimiento que traiga consigo una paralización de éste, dado que si su escrito de solicitud que refiere el acto reclamado data del tres de julio del año en curso, recibido ante la Junta responsable el cuatro del mismo mes y año, entonces a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (siete de agosto de dos mil diecinueve) ni siquiera han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales a partir de que se presentó el escrito de solicitud antes referido para que se pueda considerar que existe una abierta dilación al procedimiento de parte de la autoridad, pues para ello se insiste, es necesario que transcurran más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo que legalmente tenía la autoridad para pronunciarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En esas condiciones, como el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata derecho humano alguno, sino que es de carácter procesal o adjetivo, ya que la afectación que ocasiona es susceptible de repararse al dictarse la resolución definitiva del juicio laboral del que deriva tal acto, además que en el caso no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, dado que la omisión que aduce la parte quejosa, es a partir del tres de julio de dos mil diecinueve, y la demanda de amparo que se analiza la presentó el siete de agosto del año en curso, esto es, apenas casi un mes después, lo que de ningún modo demuestra una paralización total y definitiva del juicio de origen; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario este último. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juana Silvia Sanguino Encalada, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario. Se tiene como domicilio de la promovente el señalado en su demanda de amparo y por autorizado en términos amplios a Juan Carlos Jiménez Hernández de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo y como autorizados en los términos restringidos que señala el segundo párrafo de la parte final del citado artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pamela del Socorro Herrera Aguilar y Eduardo de Jesús Jiménez Guerrero, tal y como expresamente lo solicita la parte quejosa. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
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