Juana Saucedo Contreras

Expediente 802/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
802/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Juana Saucedo Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por el ********************en su carácter de representante de la autoridad responsable ********************mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio. Con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, dentro del término legal remítase el presente expediente y el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, capital; y las copias de los agravios, distribúyanse entre las demás partes. Una vez que el mismo se encuentre debidamente integrado, envíese al Tribunal de alzada, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Con motivo de dicho recurso, fórmese cuaderno de antecedentes de la revisión.

  2. Principal

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 802/2018-II, promovido por Juana Saucedo Contreras, contra el acto y autoridad precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juana Saucedo Contreras, por los motivos expresados en el considerando octavo y para los efectos precisados en la última consideración de esta sentencia.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 802/2018-II, promovido por Juana Saucedo Contreras, por sus propios derechos, contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Juana Saucedo Contreras, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente ya precisado, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación; se fijaron hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo el once de junio de dos mil dieciocho y en la misma fecha se dictó resolución, en cuyo punto resolutivo tercero se concedió a la quejosa el amparo y protección constitucional. TERCERO. Inconformes con la citada resolución, el licenciado José Alberto Zárate Juárez, autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como las autoridades responsables Gobernador del Estado de Zacatecas, por conducto del Coordinador General Jurídico y Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, ambos con sede en esta ciudad, interpusieron sendos recursos de revisión, de los cuales correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, radicados con el número de expediente 530/2018, resueltos mediante ejecutoria de dos de mayo de dos mil diecinueve, en la cual determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 802/2018 del índice de Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, para el efecto precisado en la parte final del considerando último de esta ejecutoria. TERCERO. Queda sin materia el recurso de revisión interpuesto por el licenciado José Alberto Zárate Juárez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa. Notifíquese;.". Por lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, mediante auto de nueve de mayo de la presente anualidad, se requirió al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, informara si dentro de sus archivos obraba recibo en que constara de manera fehaciente el pago realizado por la quejosa Juana Saucedo Contreras, del impuesto Adicional para la Infraestructura en fechas anteriores a enero de dos mil dieciocho, y en su caso, remitiera copia certificada de las constancias que lo acreditaran; o bien, manifestara el impedimento que tuviera para ello; requerimiento que fue atendido mediante oficio PF/1345/19 recibido el catorce de mayo de este año; asimismo en el citado proveído de nueve de mayo, se fijaron hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama la inconstitucionalidad de diversos artículos contenidos en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, cuya aplicación ocurre donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia citados, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama de la Legislatura y el Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Zacatecas, lo siguiente: La discusión, aprobación, sanción, expedición, promulgación y publicación del Decreto número 273, en la parte que reformó el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; en el ámbito de sus respectivas competencias legales, por lo que estima un primer acto de aplicación en su perjuicio. La discusión, aprobación, sanción, expedición, promulgación y publicación del Decreto número 109, que previó los numerales 78 a 90 de dicha ley, en el ámbito de sus respectivas competencias legales, por considerarlos integrantes de una unidad normativa en conjunto con el precepto precisado en el inciso anterior. En tanto que al Secretario de Finanzas del Gobierno de Zacatecas la parte quejosa le atribuye: La aplicación del supracitado artículo 99, que generó la recaudación del derecho de control vehicular para el ejercicio fiscal 2018, y como consecuencia de la aplicación de dicho artículo: La recaudación de las cantidades por conceptos de impuesto adicional para la infraestructura e Impuesto adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas, previsto en los numerales 78 a 90 de la ley impugnada. El refrendo de los citados decretos. Fijación que se realiza de la lectura integral de la demanda, armonizando además de los datos que emanen del escrito inicial y las pruebas ofrecidas, la información que se desprende de la totalidad del expediente del juicio, análisis que se realiza con un sentido de liberalidad no restrictivo y atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor, lo que permite concluir que la parte quejosa reclama el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, en correlación con los preceptos 78 a 90 de dicha ley, señalando dichos numerales categóricamente como integrantes de una unidad normativa, como se advierte de las manifestaciones de la parte quejosa, que obran en su ocurso inicial, en las que refirió lo siguiente: "(.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: a).- Del H. Congreso del Estado de Zacatecas, se reclaman la discusión, aprobación, sanción y expedición de los artículos contenidos en los decretos siguientes: 1). El decreto número 109, publicado en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2016, por el cual reforma, deroga y adiciona, diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que se contienen en sus artículos 78, 79, 80, 81, 82, relativos al Impuesto Adicional para la Infraestructura; 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90, relativos al Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); y Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios de dicha Ley; relativos a dichos impuestos; 2). El artículo 99 y Único Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, relativo al Derecho de control vehicular; contenido en el decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial el 20 de diciembre de 2017; y 3). El decreto número 272, publicado en el Periódico Oficial el 20 de diciembre de 2017, que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2018, de la que se reclaman sus artículos 1o (1.8.1, 1.8.2 y 4.4), 2o, 3o, Primero y Segundo Transitorios de la misma; relacionados con el Impuesto Adicional para la Infraestructura; y el Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, respectivamente. b).- Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, se reclama la promulgación y publicación de la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos para el Estado de Zacatecas, específicamente, en los numerales citados en los decretos aludidos; c).- Del C. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, se reclama el refrendo y la ejecución por sí o por conducto de sus subalternos de los decretos y numerales precisados anteriormente. (.) VII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Primero. En primer orden, debo precisar que los numerales y decretos que constituyen los actos reclamados, se impugnan en su conjunto, como unidad de un sistema normativo tributario que se considera inconstitucional; esto es, el sistema tributario del Estado de Zacatecas, establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Título Segundo, Capitulo Séptimo, relativo al Impuesto Adicional para la Infraestructura, y el Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, respectivamente, por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2018, vigente a partir del 1o de enero de 2017; así como del artículo 99, de la propia Ley, relativo al Derecho de Control Vehicular, de manera tal, que cuando se está en esta hipótesis, el examen de constitucionalidad de lo impugnado, debe hacerse vinculando toda norma que forme parte del sistema tributario de que se trata y no examinarse de manera aislada para poder llegar a una conclusión objetiva; lo que significa que de llegarse a la convicción de que si una sola o varias de las normas que integran dicho sistema tributario es inconstitucional, ello vicia a todo el sistema y cae, per se, por dicha razón aunque no se formulen conceptos de violación de manera destacada y aislada para cada disposición que integra el sistema tributario de que se habla, y por lo misma razón, al aplicarse al gobernado una de ellas, se entienden aplicadas todas las normas del mismo al constituir una unidad normativa que da marco jurídico al sistema tributario del impuesto mencionado. (.) Así las cosas, las normas que se impugnan en el presente juicio de garantías, tienen una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente, precisamente porque se refieren a un sistema tributario que forma una unidad como tal en lo que hace al Impuesto Adicional para la Infraestructura, el Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Derecho de Control Vehicular, respectivamente, en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. (.)" Fijación de la litis constitucional que se realiza en los términos ya precisados, en virtud de que los preceptos impugnados se encuentran estrechamente relacionados. Lo anterior en virtud de que la institución del sistema normativo tributario debe entenderse como un conjunto de normas establecidas para regular las relaciones jurídicas que en materia de contribuciones surgen entre los sujetos pasivos de la obligación y el ente Estatal como parte activa, otorgando certeza en cuanto a los deberes y derechos con que cuentan ambas partes. Asimismo, dentro de dicho sistema, a su vez puede generarse uno diverso tomando en consideración los elementos de cada una de las contribuciones, en razón de que un impuesto no siempre se encuentra previsto en una misma legislación o, en virtud de la mecánica y forma en que se cuantifican requieren acudir a diversas disposiciones, a fin de determinar la manera en que se llevará a cabo el cálculo y pago que los gobernados tienen obligación de aportar al Estado a manera de gasto público, conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para determinar en qué caso nos encontramos ante un sistema normativo tributario respecto a la regulación de una contribución, resulta indispensable analizar en cada caso concreto, el ámbito de imposición del mismo, así como el conjunto de reglas y la mecánica que legalmente resulte aplicable; esto es así, ya que dependerá del contenido de las disposiciones legales, la forma en que deberá calcularse la base, tasa, o incluso el importe a pagar por una determinada contribución. Sobre esa línea de pensamiento, debe concluirse que será con base en las disposiciones legales así como el ámbito de imposición de las contribuciones, en que se determinará si algún impuesto, atendiendo a la mecánica de su causación, cálculo, entero o por la variedad de disposiciones legales en que se encuentra previsto, al conjunto de disposiciones que lo regulan, puede ser considerado un sistema normativo tributario o no. Con base en lo expuesto, se pone en evidencia que pueden reclamarse como sistema normativo aquellas disposiciones que guarden íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo demuestre el acto concreto de aplicación de una de ellas, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como una unidad de leyes, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Sin embargo, este derecho a impugnar en el juicio de amparo un conjunto de disposiciones legales por virtud de un acto concreto de aplicación de alguna de ellas, reviste singulares matices porque es necesario que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, afecta a las demás en su sentido, alcance o aplicación, por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente, de ahí que la inconstitucionalidad de una norma fiscal no pueda trascender a una norma civil, administrativa o penal, a pesar de que la primera haga referencia a la segunda. En ese sentido, el método de impugnación sistemática de las leyes no puede integrarse ni abarcar disposiciones que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que es básico que guarden una correspondencia real entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir normas generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia las que no afectan aun su esfera de derechos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 100/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son del tenor, siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas. Para evidenciar la unidad normativa a que se ha hecho referencia, es necesario imponerse del contenido de los artículos reclamados, consistentes en los numerales 78 a 90 y 99 todos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, cuyo contenido es el siguiente: "Del Impuesto Adicional para la Infraestructura DEL OBJETO ARTÍCULO 78. El objeto de este impuesto lo constituyen los pagos que se deban efectuar por concepto del derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley. DEL SUJETO ARTÍCULO 79. Son sujetos de este impuesto, los contribuyentes que deban realizar los pagos señalados en el artículo anterior. DE LA BASE GRAVABLE ARTÍCULO 80. La base de este impuesto, la constituirá el monto total del pago que deban realizar los contribuyentes por el concepto a que se refiere el artículo 99 de esta Ley. DE LA TASA ARTÍCULO 81. El impuesto se determinará aplicando a la base gravable que establece el artículo anterior, la tasa del 30%. DEL PAGO ARTÍCULO 82. El pago de este impuesto, se realizará conjuntamente y en el momento en que deban efectuarse los pagos relativos al Derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley. Los sujetos de este impuesto efectuarán su pago en la oficina recaudadora correspondiente y en las Instituciones Bancarias o en los medios que la Secretaría tenga autorizados. SECCIÓN II Del Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas DEL OBJETO ARTÍCULO 83. Es objeto de este impuesto, las cantidades que cobre el Estado por las contribuciones previstas en esta Ley. DEL SUJETO ARTÍCULO 84. Son sujetos del impuesto, los contribuyentes afectos al pago de impuestos o derechos del Estado. DE LA BASE GRAVABLE ARTÍCULO 85. La base de este impuesto será el monto que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales. DE LA TASA ARTÍCULO 86. La tasa aplicable a la base de este impuesto será el 10%. DEL PAGO ARTÍCULO 87. El impuesto se calculará aplicando a la base determinada, la tasa establecida en el artículo anterior. ARTÍCULO 88. El pago deberá hacerse al momento de enterar los impuestos o derechos correspondientes. ARTÍCULO 89. Este impuesto será destinado a la Universidad Autónoma de Zacatecas. ARTÍCULO 90. La Secretaría trasladará las cantidades que correspondan a este impuesto a la Universidad Autónoma de Zacatecas, siempre que la misma se encuentre al corriente en el pago de las contribuciones que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones estatales. Si la Universidad Autónoma de Zacatecas, adeuda contribuciones estatales o por afectación a las participaciones del Estado, derivado de obligaciones convenidas por la propia Universidad Autónoma de Zacatecas, la Secretaría podrá compensar oficiosamente la totalidad de las mismas con las cantidades que por este impuesto le correspondan a la Universidad Autónoma de Zacatecas. La diferencia que resulte a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas será entregada por la Secretaría. (.) Artículo 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda. $2,350.00 CONCEPTO IMPORTE a) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) b) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) c) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) d) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) e) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) f) (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) I. (DEROGADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) II. (DEROGADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) III. (DEROGADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2017) Cuando no se cubra la contribución dentro del plazo señalado, deberán pagarse recargos y actualización por concepto de indemnización a la Hacienda Pública Estatal por falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado." Del contenido de las disposiciones transcritas se desprende que la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas regula: 1) el derecho de control vehicular, 2) el Impuesto para la Infraestructura y 3) para la universidad. En los numerales 78 a 90 del ordenamiento en comento, se establece que el impuesto adicional para la Infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas se causarán a las personas que realicen el pago establecido en el artículo 99 de esta Ley a la tasa del treinta y diez por ciento, respectivamente, los cuales se generarán en el momento en que se efectúe el pago objeto del gravamen. Por su parte, el numeral 99 establece que el derecho de control vehicular en el Estado de Zacatecas con vigencia al treinta y uno de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda, y fija como cuota única la cantidad de dos mil trescientos cincuenta pesos. Luego, si bien el numeral 99 de la última legislación en estudio determina los elementos del tributo del derecho de control vehicular, a su vez, el legislador dispuso en sus numerales 78 a 89 el pago de dos tributos adicionales (impuesto para la infraestructura y para la universidad) cuyo objeto imponible participa de los elementos del tributo del derecho de control vehicular (contribución primaria). Lo anterior en virtud que la base gravable de los impuestos adicionales corresponde al monto del pago que se realice por el mencionado derecho, específicamente, del elemento correspondiente a la tasa o tarifa (dos mil trescientos cincuenta pesos), y luego a ésta base se aplicará la tasa del 30% y 10%, respectivamente, para obtener el monto a pagar por los tributos adicionales. Efectivamente, dichas contribuciones contenidas en los referidos numerales 78 a 90 prevén que el objeto u hecho imponible de esos impuestos adicionales lo sea el tributo contenido en el artículo 99, en virtud de que el pago por el derecho necesariamente genera la imposición de los tributos adicionales. Afirmación que se corrobora si se toma en consideración que los elementos relativos a la época de pago de los impuestos adicionales corresponde al momento en que liquide el gravamen primario, esto es, cuando el quejoso erogue lo relativo al supracitado derecho inexorablemente le será cobrada las contribuciones adicionales dentro del mismo acto de aplicación, en virtud de que así se integran los elementos esenciales de los impuestos adicionales. Por lo que los numerales 78 a 90 que regulan los supracitados impuestos adicionales no son suficientes para regular los elementos de las contribuciones aludidas, en virtud de que en éstos no se contienen todos los elementos necesarios para su causación, sino que su objeto y base gravable surgen del diverso pago de derecho de control vehicular, de ahí que guardan relación entre sí; por tanto, nos encontramos en presencia de un sistema normativo tributario. Es así como se justifica la eficacia del planteamiento de la parte quejosa que permite la fijación de la litis constitucional bajo un contexto de impugnación de una norma general, básicamente por considerar que se trata de una unidad normativa, cuyo fin último consiste en privilegiar una recta administración de justicia que permita dictar una sentencia con la fijación clara y precisa de los actos reclamados, atendiendo a la intención de la parte promovente, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, se precisa que no es inadvertido por este juzgador que la parte quejosa en su escrito de demanda, además de los artículos ya precisados, haya invocado como preceptos legales impugnados, los numerales 1° (números 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 4.4) 2° y 3°, y primer y segundo transitorios, de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2018, pues lo cierto es que de un análisis al contenido de los citados artículos, se desprende que éstos preceptos no guardan relación directa con el derecho por servicio de control vehicular, impuesto adicional para la infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, ni el acto de aplicación de los artículos que prevén dichos tributos tildados de inconstitucionales, pues en ella se describe la naturaleza, causación, determinación, liquidación y recaudación de todos los ingresos fiscales del estado de Zacatecas en el correspondiente ejercicio, así como la cuantificación total de los ingresos que aportarán los contribuyentes, en relación con los tributos controvertidos, de ahí que, la delimitación de la litis en los términos precisados se considera adecuada. TERCERO. Inexistencia de los actos. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas consistente en la publicación del decreto número 273, en la parte que reformó el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; así como de los numerales 78 a 90 de dicha ley. Tampoco es cierto el acto reclamado al Secretario de Finanzas del Estado, consistente en el refrendo del Decreto 273. Lo anterior, toda vez que es un hecho notorio para quien resuelve que en el proceso legislativo que le dio origen al decreto que se impugna, las citadas autoridades no tuvieron participación alguna en cuanto a su publicación y refrendo, pues el Gobernador solo realizó la promulgación y la orden de publicación, siendo que fue el Director del Periódico Oficial del Estado el que efectuó la publicación del decreto controvertido y este último no fue señalado como autoridad responsable en el libelo de amparo; por su parte el citado Decreto no fue refrendado por el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, pues es un hecho notorio que corresponde al Secretario General de Gobierno del estado de Zacatecas. En virtud de lo anterior, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Gobernador y Legislatura, ambos del Estado de Zacatecas, reconocieron la existencia del acto reclamado que se les atribuyen, la cual se encuentra plenamente comprobada con los decretos que contienen los dispositivos legales tildados de inconstitucionales, en virtud de que el proceso legislativo que les dio origen es notorio y no está sujeto a prueba de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, además de que el derecho no es objeto de prueba. En mérito de lo expuesto, se cita la jurisprudencia 2ª./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Asimismo, se cita la tesis de jurisprudencia número V.2º.14K, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que a continuación se transcribe: "LEYES NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Además, la existencia de la recaudación de los tributos tildados de inconstitucionales que se le atribuye al Secretario de Finanzas del Gobierno de Zacatecas, se actualiza en razón del recibo fiscal con folio V 145761 (1 X), de ocho de febrero de dos mil dieciocho (foja 16), al tratarse de documentos públicos emanados de una autoridad en ejercicio de sus funciones de cuyo contenido se advierte el cobro de las contribuciones en la fecha ahí asentada. QUINTO. Oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. El ocurso de amparo fue promovido en tiempo, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa Juana Saucedo Contreras, adujo que tuvo conocimiento del acto reclamado el ocho de febrero de dos mil dieciocho. Por lo que de conformidad con el arábigo 18 de la ley en cita, el plazo para promover la demanda de amparo, inició el nueve de febrero de dos mil dieciocho y feneció el uno de marzo de dos mil dieciocho; siendo días inhábiles entre dichas fechas, el diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de febrero del año en cita, por disposición del numeral 19 de la Ley de Amparo. Así pues, si la demanda se presentó el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, resulta evidente que estuvo en tiempo. SEXTO. Acto de aplicación de la ley. Cabe precisar que la parte quejosa combate la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, específicamente en el artículo 99, con motivo de su primer acto de aplicación, así como los diversos numerales 78 a 90 por estimarlos integrantes de un sistema normativo, por lo que previo al estudio de inconstitucionalidad, es menester verificar si existió contra la parte impetrante el citado acto de aplicación. Tiene aplicación, al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Agosto de 2000, visible en la página 235, es del tenor literal siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Así, de la constancia que obra a foja 16, se advierte el recibo V 145761 (1 X), de ocho de febrero de dos mil dieciocho, que anexó la quejosa a su demanda de amparo, se advierte la siguiente información: Folio Concepto de Pago Cantidad Estímulo Aplicado CANTIDAD PAGADA V 145761 (1 X) Derecho de control Vehicular Impuesto adicional para la infraestructura Adicional UAZ $2,350.00 $705.00 $92.00 -$1,528.00 -$282.00 $0.00 $822.00 $423.00 $92.00 De lo analizado es dable arribar a la conclusión de que el comprobante de pago de ocho de febrero de dos mil dieciocho, sí constituye un acto de aplicación de los artículos 78 a 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, tildados de inconstitucionales. No es óbice a lo anterior que en lo relativo al pago por conceptos de derecho de control vehicular, impuesto adicional para la infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, se hayan cobrado a la quejosa cantidades menores a las expresamente fijadas en la ley impugnada, en razón a que del recibo reseñado se advierte que le fueron aplicados apoyos y estímulos por pronto pago, aprobados en el Decreto de Estímulos Fiscales y Facilidades Administrativas del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, lo que constituye un hecho notorio para quien resuelve al ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas; por ende, es dable tener por acreditado el acto de aplicación consistente en el cobro del referido derecho de control vehicular e impuestos reseñados por las cantidades precisadas en la columna denominada "CANTIDAD PAGADA". SÉPTIMO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procederá en primer lugar a analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. La autoridad responsable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Zacatecas, alega que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". En relación con lo anterior, es necesario precisar el contenido del numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los numerales transcritos es preciso establecer que un gobernado se encuentra legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal cuando le asista un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad, o bien cuando resienta un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Ahora, en lo particular, una persona posee interés jurídico para reclamar una ley cuando se le aplica la normativa impugnada, aunque en el acto de aplicación no se invoquen expresamente los preceptos relativos que actualizan el supuesto normativo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 30/96, emitida por el Tribunal Pleno de Nuestro Alto Tribunal, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Junio de 1996, visible a foja 58, registro 200064, con rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS." Bajo esa premisa, se precisa que a foja 16 de autos, obra el recibo fiscal con folio V 145761 (1 X), de ocho de febrero de dos mil dieciocho, expedido a nombre de la quejosa y aportado por ésta como prueba; documental que cuentan con valor convictivo pleno al tratarse de documento público emanado de una autoridad en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, de los que se advierte el cobro de las contribuciones relativas al derecho por servicio de control vehicular, impuesto para la infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. De ahí que dicha documental resulte apta para acreditar el acto de aplicación a la quejosa de los artículos 78 a 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, tildados de inconstitucionales; por tanto, dicha parte posee interés jurídico en el presente juicio de amparo para reclamar la normativa impugnada, de modo que resulta infundada la causal de improcedencia analizada. Por otra parte, las autoridades responsables Gobernador Constitucional, Legislatura y Secretario de Finanzas, todos del Estado de Zacatecas, señalan que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV y 17 de la Ley de Amparo en relación a la impugnación del impuesto adicional para la infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas, contenidos en los numerales 78 a 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, porque la quejosa consintió los actos que reclama en relación a dicho impuesto adicional, en atención a que en el recibo fiscal con folio V 145761 (1 X), de ocho de febrero de dos mil dieciocho, que exhibió la quejosa como anexo a su demanda de amparo, se advierte en lo conducente, que sólo se le cobró el derecho de control vehicular del año dos mil dieciocho y no se hizo referencia a que existiera algún adeudo respecto de años anteriores en torno a dicho derecho. Añaden que toda vez que el derecho de control vehicular se estableció desde el año dos mil diecisiete, debe concluirse que la quejosa de manera previa a la interposición del presente juicio de amparo enteró el derecho de control vehicular del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, lo cual generó los impuestos adicional para la infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas, de ahí que la contribución que impugna en esta instancia constitucional, mediante el recibo en comento, no es el primer acto de aplicación de los preceptos legales que controvierte, por ende, su impugnación deviene como un acto consentido. Ahora, se debe tener presente que los artículos 61, fracción XIV y 17 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Como se ve, el precepto legal citado en primer orden establece la improcedencia del juicio de amparo por no haberse promovido dentro de los términos a que alude el artículo trascrito en segundo lugar, que prevé que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, el cual se contará a partir del día en que se materializó el acto de aplicación. Al respecto resulta aplicable la tesis I.1º.A.21K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. (El énfasis no es de origen). Conforme a esos preceptos, se colige que la demanda de amparo que se promueve para combatir una ley heteroaplicativa, es improcedente por actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos cuando no se interpone el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el numeral 17 de la Ley de Amparo, contado a partir del primer acto concreto de aplicación. En el caso concreto, la parte quejosa impugnó las normas jurídicas relativas al derecho de control vehicular, impuesto adicional para la infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, con motivo de lo que estimó como el primer acto de aplicación en su perjuicio. Sin embargo, al promover el presente juicio pasó por alto que con anterioridad a acudir a esta vía constitucional se autoaplicó las normas que regulan la contribución adicional, de manera, que las individualizó en perjuicio de su esfera de derechos. Efectivamente, de las constancias que ofertó la autoridad responsable exactora, se concluye que la parte inconforme de amparo es contribuyente del derecho de control vehicular desde el ejercicio fiscal dos mil diecisiete (2017) y desde esa anualidad enteró la contribución adicional controvertida. Lo anterior, se demuestra con el medio de prueba consistente en la factura digital X-448353, a la cual se le concede valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al cual se atiende a la fiabilidad del método en que fue generado y al contenido de la información relacionada con la persona obligada y que acredita que la quejosa enteró la contribución adicional controvertida previamente, el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (foja 163). Además, se toma en consideración que en dicho comprobante digital se advierten características que tornan a éste en un medio eficaz de convicción, como la cadena de caracteres denominados sello digital y cadena original de certificación digital, ambos validados por el Sistema de Administración Tributaria, así como la mención de que se trata de una factura, folio: X-448353; los datos relativos al folio fiscal, no. de serie del certificado del SAT, no. de serie del certificado del emisor; fecha y hora de emisión del CFDI; fecha y hora de certificación; lugar de emisión de CFD; cliente, RFC; razón social; dirección; uso del CFDI; método de pago; forma de pago; moneda; tipo de cambio y condiciones de pago. Aunado a ello, en la descripción se advierte, entre otros, el pago de los siguientes conceptos: "impuesto adicional para la infraestructura", "impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas" y "control vehicular", por un importe total de $5,521.00 (cinco mil quinientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional); de ahí que es suficiente para acreditar la aplicación de los numerales que prevén el impuesto adicional desde la data citada (veintiséis de mayo de dos mil diecisiete). Sirve de sustento, por las razones que informa, la jurisprudencia de 2a./J. 24/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ. De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella." También dicho documento alcanza plena fuerza probatoria al ser reconocida por el sujeto a quien va dirigida, en forma tácita, pues la referida constancia obra dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa y en ningún momento fue objetada de falsa por la parte quejosa, máxime que se relacionó de nueva cuenta en la audiencia constitucional, sin que las partes hubieran manifestado algo al respecto. Documento que debe ser adminiculado con los datos relativos al ticket X 8735513 de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (foja 164 a 165), que anexó a su informe justificado el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, y que contiene el nombre del contribuyente (parte quejosa), y el pago de, entre otros conceptos, Control vehicular, Impuesto Adicional para la Infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, por la cantidad total de 5,521.00 (cinco mil quinientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional); prueba que tiene valor en los mismos términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al constituir una constancia obtenida de una base de datos que tiene en su poder la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, denominada como "Sistema Integral de Información Financiera". Por tanto, las pruebas analizadas son aptas y suficientes para acreditar que el primer acto de aplicación de las normas que prevén la contribución adicional de que se trata en perjuicio de la parte quejosa, tuvieron lugar desde el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, puesto que el veintiséis de mayo de ese año fue cuando la parte impetrante enteró tal contribución adicional y le fueron aplicadas las disposiciones legales controvertidas, irrumpiendo en su individualidad al grado de afectar su esfera de derechos. Luego, si la demanda de amparo que dio origen al presente juicio fue presentada el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito en Zacatecas, tal como se advierte en la boleta de turno relativa (foja 1), no cabe duda que había transcurrido en exceso el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para interponer el juicio de amparo, respecto del primer acto de aplicación de las normas controvertidas que ocurrió el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Por tanto, queda demostrado que la parte inconforme, en principio, tácitamente consintió las normas jurídicas relativas a la contribución adicional, al acudir a esta vía fuera del plazo previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, contado desde el primer acto de aplicación de las propias disposiciones legales. No pasa inadvertido para quien ahora resuelve que la parte quejosa reclama además el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, reformado mediante Decreto 273 con inicio de vigencia el uno de enero de dos mil dieciocho, por lo que estima un primer acto de aplicación y por cuanto hace a los preceptos 78 a 90 de la ley en cita, son reclamados por constituir una unidad normativa con el referido precepto 99. Sin embargo, esa circunstancia no le otorga a la parte inconforme nuevamente la oportunidad de controvertir las normas relativas a la contribución adicional de que se trata, en razón de que no hay una modificación en los elementos de la contribución adicional que lo conforman en su integridad para efectos de su imposición y entero. En efecto, la posibilidad de impugnar las disposiciones que regulan el mecanismo de tributación de las contribuciones accesorias e incluso de cualquier norma vinculada estrecha y directamente con aquéllas, sin duda tiene como presupuesto de procedencia que dichos numerales hayan sufrido alguna modificación o alteración en su contenido, aplicación y alcance por virtud del nuevo acto legislativo, en este caso, que el Decreto 273 que modificó el numeral 99 que establece el derecho de control vehicular, hubiera modificado alguno de los elementos que constituye el impuesto adicional. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que si bien la reforma a uno o más preceptos legales permite impugnar la constitucionalidad de éstos y la de los demás que directamente resulten afectados; sin embargo, también lo es que la posibilidad de hacer esa impugnación no es irrestricta, ya que es necesario que con el propio acto legislativo se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación de esas otras disposiciones legales, de tal forma que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, pues de lo contrario existen limitaciones concretas acordes a los plazos previstos en la Ley de Amparo para controvertir una norma. Al respecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia treinta y seis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS. La razón por la que se admite la procedencia del juicio de garantías en contra de una norma general que es reformada, es que de acuerdo con el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un acto nuevo (principio de autoridad formal), por lo que, en principio, sólo respecto de ella se actualiza la procedencia del amparo y no en contra de los demás preceptos de una ley, los que deben estimarse ya consentidos por el gobernado si no los reclamó dentro de los plazos previstos por la Ley de Amparo. Por consiguiente, un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el texto legal referido y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una misma ley guardan una relación ordinaria y común con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. De esta guisa, resulta que no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinada ley, para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el reformado en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma legislativa, es la existencia del cambio formal, que desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma." De acuerdo con la tesis de jurisprudencia trascrita, no basta que surja la reforma o la adición de un numeral de cierta ley para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de dicho artículo, todos los demás de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el reformado, en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, porque lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma, es la existencia del cambio formal que, desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo. Por tanto, si bien la reforma de una ley permite impugnar las disposiciones directamente modificadas y las demás con las que estén relacionadas, esa posibilidad de impugnación no es posible cuando las normas atacadas no fueron alteradas en su contenido y aplicación con el nuevo acto legislativo, dado que éste otorga la facultad de controvertir las normas que fueron modificadas a través de él y las que guardan relación con éstas que hayan sido afectadas por virtud de la reforma, sin generar la oportunidad de combatir aquellos dispositivos que simplemente por pertenecer a una ley, guardan una relación ordinaria y común con el que fue materia de modificación y cuyas hipótesis legales de observancia o aplicación no cambian por parte del receptor de la ley. En el caso concreto, la parte quejosa acudió a demandar la protección constitucional en torno al derecho de control vehicular, así como la contribución adicional para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, por la circunstancia de la creación del decreto 273, al considerarlos una unidad normativa. Sin embargo, deben tenerse en cuenta que los distintos aspectos jurídicos contenidos en las normas inmersas en el Decreto 109 que previó los elementos del impuesto adicional de infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, no se vieron modificados con el diverso Decreto 273, que es con el cual la parte impetrante motiva la interposición de la demanda de amparo en análisis, para la impugnación de las disposiciones de que se trata, dado que no se advierte una alteración en el texto de los numerales 78 a 90 en cuanto a su contenido y alcance. Incluso, esta falta de alteración y modificación del impuesto para la infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas en su texto, contenido y alcance jurídico, queda más evidente si se toma en cuenta que desde su origen, mediante Decreto 109 publicado en el periódico oficial estatal el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, no ha sufrido una modificación o alteración en torno a su contenido y alcance, ni alrededor de sus elementos contributivos como son sujeto, objeto, base, tasa, época y lugar de pago. En esa guisa, los impuestos para la infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas fijados en el aludido decreto 109, por su contenido fiscal, constituyen una contribución que tiene como base el monto del pago que se realice por el pago del derecho de control vehicular que se obtiene para atención al gasto público correspondiente, cuyo origen se dio en el decreto 109, publicado en el periódico oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, y desde aquella data no ha existido modificación alguna en su texto. En ese orden de ideas, el Decreto 273 que establece el derecho de control vehicular de ninguna manera repercutió en los diferentes aspectos legales-tributarios que caracterizan a los impuestos para la infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas, pues permanecen incólumes desde su origen ante la existencia de tal legislación, y por ende, tal acto legislativo no hizo renacer el derecho de la parte quejosa de controvertir, en este vía, las normas inmersas en el decreto 109, la que se reitera fue consentida por no reclamarla dentro del plazo legal previsto por la Ley de Amparo. Sin embargo, dicha circunstancia no conduce a sobreseer en el juicio de amparo por considerar consentidas las normas generales impugnadas, como se pasa a evidenciar. En efecto, toda vez que en el caso concreto se advierte que a la parte quejosa le fue aplicado un segundo o ulterior acto de aplicación, en relación con la normativa que fue consentida en los términos expuestos supra líneas, aunado a que constituye un hecho notorio, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la acción de inconstitucionalidad 12/2018, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró la invalidez del Decreto 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cual contiene el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que a su vez constituye la base gravable sobre la que se aplica la tasa relativa a los impuestos adicionales generados en el dos mil dieciocho, este juzgado se pronunciará en el considerando siguiente sobre la constitucionalidad del segundo o ulterior acto de aplicación advertido respecto del impuesto adicional controvertido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del Vigésimo Primer Circuito, registro: 2016219, de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES O REGLAMENTOS. EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO RESPECTO DEL PRECEPTO IMPUGNADO, NO IMPIDE ANALIZAR SU ACTO DE APLICACIÓN SI SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. La vinculación en el estudio de una ley o reglamento en relación con su acto de aplicación se actualiza cuando la inconstitucionalidad de éste se hace derivar de la propia norma controvertida. Sin embargo, si en la demanda de amparo se tilda de inconstitucional un ordenamiento de observancia general, pero al mismo tiempo su acto de aplicación se combate por vicios propios, salvo que se conceda la protección de la Justicia de la Unión respecto de la norma jurídica, habrá obligación de examinar y pronunciarse en torno a la legalidad planteada de dicho acto, ya que el análisis respectivo es autónomo por no guardar vinculación alguna con el estudio efectuado en relación con el ordenamiento legal impugnado. Por ende, si se decreta el sobreseimiento en el juicio por lo que se refiere a la ley o reglamento impugnado, esta determinación no impide al órgano de control constitucional abordar los conceptos de violación que fueron propuestos con el objeto de demostrar los vicios propios del acto de aplicación de la norma controvertida, acorde con la obligación que deriva de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar a los diversos 74 y 75 de la vigente. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. No advirtiéndose a petición de parte ni aun de oficio, la actualización de alguna causal de improcedencia diversa a las ya estudiadas en el considerando previo, se procede a abordar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Los motivos de disenso aducidos por Juana Saucedo Contreras, son los visibles en el capítulo correspondiente del escrito inicial de demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos ni reseñarlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, sin que ello implique que se deje en Estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto, pues no se les priva del derecho de recurrir esta resolución ni de alegar lo que consideren para demostrar su eventual ilegalidad, máxime que en el caso concreto se observarán los principios de congruencia y exhaustividad que rigen a las sentencias. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro y contenido a continuación se transcriben: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRASCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias puesta tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal trascripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Precisado lo anterior y con el fin de establecer un orden en la exposición de argumentos relativos a los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, en primer término se analizará la inconstitucionalidad del artículo 99 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, reformado mediante Decreto 273, que contempla el derecho de control vehicular. En relación con dicho precepto legal, este juzgador declara fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia, conforme lo prevé el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior con base en la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 12/2018, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró la invalidez del Decreto 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado, que contiene el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, cuyas razones contenidas en los considerandos que fundan sus resolutivos, tienen el carácter de jurisprudencia, motivo por el cual, se actualiza el supuesto contenido en el aludido artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé, entre otros supuestos, la suplencia de la queja deficiente cuando el acto reclamado se funde en normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sustenta lo expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 2/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES CONTENIDAS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Según lo establecido en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 43 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, relativo a las sentencias emitidas en resolución de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, tienen el carácter de jurisprudencia, por lo que son obligatorias para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales. Los Tribunales Colegiados serán, por tanto, competentes para conocer de los asuntos en los que ya se haya establecido criterio obligatorio con el carácter de jurisprudencia en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, como se encuentra establecido en el inciso D), fracción I, del punto quinto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno." En tal virtud, debe destacarse que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, mismo que contempla el derecho de control vehicular, contenido en el Decreto 273 publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete; sobre la inconstitucionalidad de este artículo, se destaca que en la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, emitida en la acción de inconstitucionalidad 12/2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la invalidez del citado decreto, a través del cual se promulgaron y publicaron las reformas y adiciones de diversas disposiciones, entre las que destaca el aludido artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, como se desprende del resolutivo segundo de dicho fallo constitucional, que a continuación se transcribe: "SEGUNDO. Se declara la invalidez del Decreto 272 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se promulgó y publicó la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, del Decreto 274 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se promulgó y publicó el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, y del Decreto 273 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se promulgaron y publicaron las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas, y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, en términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." Lo anterior, al considerar en esencia que se incumplió con las disposiciones legales que rigen al procedimiento legislativo del Estado de Zacatecas, en tanto que los diputados promoventes de la acción de inconstitucionalidad, no fueron convocados conforme lo prevé el artículo 89 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, pues aun cuando la Presidenta de la Mesa Directiva tiene la facultad para cambiar de día y hora las sesiones, fue omisa en justificar que el cambio se verificó por sobrevenir alguna causa de fuerza mayor, como lo dispone dicho precepto reglamentario. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el mismo precepto establece que la notificación del cambio de día y hora de la sesión, debe realizarse de manera oportuna a los diputados, lo que no ocurrió en el caso, porque el aviso correspondiente se les notificó entre treinta y veinte minutos antes de la reanudación de la sesión, lo cual no podía considerarse oportuno, tomando en consideración la importancia que guarda una debida preparación para asistir al debate legislativo para la aprobación de la normativa que conformaba el "Paquete Económico 2018"; aunado a ello, se destacó que existió un cambio de Presidente de la Mesa Directiva sin justificación alguna, lo que implicó otra irregularidad cometida en el procedimiento legislativo. Por lo anterior, se determinó que fue ilegal la convocatoria a la reanudación de la sesión, por lo cual, a los promoventes de la acción de inconstitucionalidad no se les permitió una participación real y efectiva en la discusión y aprobación de las normas que impugnaron, máxime que algunos de ellos estaban inscritos para fungir como oradores, pero al no haber acudido a la reanudación de la sesión correspondiente no llevaron a cabo su intervención. En consecuencia, el Tribunal Pleno concluyó que el procedimiento legislativo incumplió con los parámetros expuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, así como los principios contenidos en los artículos 39, 40, 41, 115 y 116 constitucionales, en tanto que dicha ilegalidad implicó que su discusión y aprobación no se diera bajo un contexto de deliberación pública que permitiera a las minorías expresar en igualdad de condiciones sus puntos de vista al momento de la discusión y aprobación de las normas reclamadas, motivo por el cual declaró su invalidez, como se constata de las consideraciones que, en lo que interesa, a continuación se plasman: ".Ahora, debe recordarse que los promoventes de la acción de inconstitucionalidad, consideran que el procedimiento legislativo es inconstitucional y se encuentra viciado, porque no se les convocó a la reanudación de la sesión de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, celebrada el cinco de diciembre de ese año a las catorce horas con treinta y seis minutos, en tanto que la suspensión decretada en la reunión celebrada en esa misma fecha a las doce horas con cuarenta y siete minutos, se convocó a los diputados para reanudarla el siete de diciembre siguiente. Consideran que dicha circunstancia impidió la participación efectiva de todas las fuerzas políticas que representan al Congreso de Zacatecas, transgrediendo los valores democráticos contenidos en los artículos 39, 40, 41, 115 y 116 constitucionales, porque se mermó la posibilidad de que la minoría tuviera una participación real y efectiva y propusiera modificaciones a los dictámenes de las leyes impugnadas. Tales argumentos resultan fundados, pues como lo señalaron, la reanudación de la sesión de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, celebrada el cinco de diciembre de ese año a las catorce horas con treinta y seis minutos, incumplió con las disposiciones legales que rigen al procedimiento legislativo del Estado de Zacatecas. Esencialmente, el vicio que los accionantes atribuyen al procedimiento legislativo impugnado consiste en que no fueron convocados para la reanudación de la sesión del cinco de diciembre de dos mil diecisiete celebrada a las catorce horas con treinta y seis minutos y las posteriores. Por su parte, el Poder Legislativo estatal ofreció diversas constancias presentadas en copia certificada, en las que se advierte que la Presidenta de la Mesa Directiva comunicó por oficio que se reanudaría la sesión suspendida en esa fecha y en dicho horario a todos los diputados, entre los que se encuentran los promoventes, quienes lo acusaron de recibo con su sello correspondiente. El oficio aludido se dirigió de manera personal a cada diputado integrante del Pleno de la Legislatura local, tal como se observa de las constancias que obran en autos, para comunicar lo siguiente: (.) En ejercicio de mis facultades como Presidenta de la Mesa Directiva del mes de Diciembre del presente año, por este conducto me permito citar a Usted a sesión ordinaria, a desarrollarse en la Sala de Sesiones de este Poder Legislativo para el día de la fecha a las 14:30 horas para concluir la sesión del día 30 de noviembre, que fuera suspendida por desintegración del quórum legal, misma que se reanudó y, al desintegrarse nuevamente el quórum legal, se le cita a la hora señalada para terminar los trabajos de la misma. Le comunico lo anterior en vía de notificación para los efectos legales correspondientes, con base en lo establecido por el artículo 105, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Esperando contar con su puntual asistencia, le reitero mi distinguida y especial consideración. Cada oficio fue notificado a los diputados personalmente, por medio de una oficial notificadora, quienes en las actas de notificación asentaron la comunicación correspondiente, como a continuación se demuestra: (.) De dichas actas de notificación se observa que la diputada Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre fue notificada a las catorce horas (14:00), la diputada Iris Aguirre Borrego fue notificada a las catorce horas con dos minutos (14:02), el diputado José Luis Medina Lizalde fue notificado a las catorce horas con cinco minutos (14:05), la diputada Mónica Borrego Estrada fue notificada a las catorce horas con cinco minutos (14:05), el diputado Santiago Domínguez Luna fue notificado a las catorce horas con seis minutos (14:06), el diputado Omar Carrera Pérez, fue notificado a las catorce horas con siete minutos (14:07), el diputado Samuel Reveles Carrillo fue notificado a las catorce horas con ocho minutos (14:08), la diputada Ma. Guadalupe González Martínez fue notificada a las catorce horas con ocho minutos (14:08), la diputada María Isaura Cruz de Lira fue notificada a las catorce horas con nueve minutos (14:09), la diputada Ma. Guadalupe Adabache Reyes fue notificada a las catorce horas con diez minutos (14:10), la diputada María Elena Ortega Cortes fue notificada a las catorce horas con once minutos (14:11), todos el cinco de diciembre de dos mil diecisiete. De lo anterior se sigue que los diputados promoventes fueron notificados y citados vía oficio emitido por la Presidenta de la Mesa Directiva, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, entre las catorce horas y las catorce horas con once minutos del día cinco de diciembre de dos mil diecisiete. La ilegalidad de dicha convocatoria estriba en que, si bien fue comunicada por escrito y notificada a cada uno de los diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Zacatecas, en igualdad de condiciones, ésta no se realizó en los términos que se establecen para ese efecto en el artículo 89 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas que expresa lo siguiente: Artículo 89 Cuando el Presidente considere necesario, por sobrevenir causas de fuerza mayor, las sesiones podrán celebrarse en distinto día y hora en cuyo caso deberá informarlo en la sesión previa o mediante comunicación por escrito notificada oportunamente a los diputados. Es decir, de conformidad con la disposición reproducida, el Presidente de la Mesa Directiva cuenta con la facultad para cambiar de día y hora las sesiones, siempre y cuando sobrevenga una causa de fuerza mayor y se comunique por escrito de manera oportuna a los diputados integrantes de la Legislatura. En el caso concreto que nos ocupa, si bien la Presidenta de la Mesa Directiva comunicó por escrito a los diputados que se reanudaría la sesión el día cinco de diciembre de dos mil diecisiete a las catorce horas con treinta minutos, en lugar del diverso siete de diciembre de dos mil diecisiete a las diez horas, lo cierto es que el cambio de día y hora para la reanudación de la sesión de treinta de noviembre de dos mil diecisiete no se justificó por sobrevenir alguna causa de fuerza mayor que justificara dicho cambio. Además, el mismo precepto normativo establece que la notificación correspondiente debe realizarse de manera oportuna a los diputados; sin embargo, en el caso que nos ocupa se observa que el aviso correspondiente se les notificó entre el treinta y veinte minutos antes de la reanudación de la sesión, según los citatorios antes reproducidos, lo cual no se puede considerar como oportuno, tomando en consideración la importancia que guarda una debida preparación para asistir al debate legislativo para la aprobación de la normativa que conformaba el "Paquete Económico 2018." También, cabe destacar que existía un acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en el sentido de que sería la Presidenta de la Mesa Directiva del mes de noviembre quien concluiría la sesión iniciada y suspendida el treinta de noviembre; sin embargo, la reanudación de esta sesión se llevó a cabo -en un primer momento- bajo la presidencia de noviembre, pero después se reanudó en una fecha y hora distintas a la originalmente señalada, sin ninguna justificación y con quien era, entonces, Presidente de la mesa directiva, lo cual implica otra irregularidad cometida en el procedimiento legislativo. Cabe hacer mención que todo el procedimiento se desarrolló de una manera precipitada; la lectura, discusión y votación del paquete económico se llevó a cabo en diversas sesiones celebradas el mismo día y con sólo unos minutos de diferencia, lo cual -se reitera- vedó la posibilidad de intervenir en la discusión en igualdad de condiciones a ciertos diputados integrantes de la legislatura. Por lo anterior, es que este Tribunal Pleno considera que fue ilegal la convocatoria a la reanudación de la sesión de treinta de noviembre para el día cinco de diciembre a las catorce horas con treinta minutos y, por tanto, a los promoventes no se les permitió una participación real y efectiva en la discusión y aprobación de las normas que se impugnan, máxime que los diputados Omar Carrera Pérez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, José Luis Medina Lizalde y María Elena Ortega Cortés, se encontraban inscritos para fungir como oradores; sin embargo, al no haber acudido a la reanudación de la sesión correspondiente, no llevaron a cabo el desahogo de su intervención. Consecuentemente, debe concluirse que el procedimiento legislativo incumplió con los parámetros expuestos establecidos por esta Suprema Corte, pues al no haberse cumplido con los parámetros legales aplicables, no se respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, así como los principios contenidos en los artículos 39, 40, 41, 115 y 116 constitucionales, en tanto que dicha ilegalidad implicó que su discusión y aprobación no se dio bajo un contexto de deliberación pública que permitió a las minorías expresar en igualdad de condiciones sus puntos de vista al momento de la discusión y aprobación de las normas reclamadas. Por lo tanto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la invalidez del Decreto 272 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se promulgó y publicó la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, del Decreto 274 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se promulgó y publicó el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, así como del Decreto 273 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se promulgaron y publicaron las reformas y adiciones al Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas, y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, al haberse emitido en transgresión a los principios democráticos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEXTO. Efectos. De conformidad con los artículos 73 y 41, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, se declara la invalidez de Decreto 272 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se promulgó y publicó la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, del Decreto 274 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se promulgó y publicó el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, así como del Decreto 273 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se promulgaron y publicaron las reformas y adiciones al Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas, y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios. La presente resolución surtirá sus efectos a partir de su notificación al Congreso del Estado de Zacatecas." Dicha ejecutoria se publicó el veinte de marzo de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, en términos del artículo 44 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y con independencia de que aún no se haya publicado en el Semanario Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 43 de la ley en cita, las razones contenidas en los considerandos que fundan sus resolutivos, resultan obligatorias para este órgano jurisdiccional, pues fue aprobada por unanimidad de diez votos; además de que del artículo Séptimo del Acuerdo General número 19/2013 de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la difusión del Semanario Judicial de la Federación vía electrónica, a través de la página de internet de ese Alto Tribunal, se desprende, en lo que interesa, que las ejecutorias dictadas en acciones de inconstitucionalidad pueden invocarse aun cuando no se hayan difundido en el Semanario Judicial de la Federación. Por tanto, como el Decreto 273 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que contiene el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, impugnado en el presente juicio de amparo, fue declarado inválido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede surtir efecto jurídico alguno, pues el procedimiento legislativo que le dio origen se realizó en contravención a los principios democráticos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedirse la participación de la totalidad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Sin que lo anterior implique dar efectos retroactivos a la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad de que se trata, pues los efectos del juicio de amparo contra leyes no son derogatorios de la norma estimada inconstitucional, sino los de proteger a los quejosos contra los actos que se fundaron en la norma que se impugnó de inconstitucional, que constituyeron el primer acto de aplicación y aun contra los actos futuros que pudieran emitirse con apoyo en la norma que estuvo vigente desde que entró en vigor hasta la fecha en que se declaró su invalidez, empero, no contra los que se emitan con fundamento en dicha disposición vigente a partir de la fecha en que surtió efectos la resolución emitida en la acción de inconstitucionalidad, puesto que es evidente que a partir de entonces desapareció el vicio de inconstitucionalidad, lo que significa que no existe la posibilidad de que se extienda tal declaración de invalidez de carácter general con efectos retroactivos, en virtud de que de acuerdo con el artículo 78 de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes sólo se protege a los quejosos en el caso particular sobre el que verse la queja. Sirve de apoyo, en la idea que resulta aplicable, la tesis 1a. LI/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "JURISPRUDENCIA. AL TENER ESE CARÁCTER LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, SU APLICACIÓN NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P./J. 145/2000 que la aplicación de la jurisprudencia no viola la garantía de irretroactividad de la ley porque no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de la ley, sino que se trata de la interpretación que de ella hacen los tribunales federales, sin que constituya una norma jurídica nueva equiparable a la ley con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción. Asimismo, la Primera Sala de este Alto Tribunal determinó en la tesis 1a./J. 2/2004 que las consideraciones que sustentan los puntos resolutivos en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, tienen la misma naturaleza jurídica de la jurisprudencia y, en esa medida, es obligatorio acatar el contenido de dichas consideraciones. En esa tesitura, el hecho de que en los resolutivos de una acción de inconstitucionalidad se haya declarado la invalidez de la disposición impugnada, y que dicha declaratoria tenga efectos generales, no significa que las consideraciones que la sustentan se equiparen a una norma legal, en virtud de que si bien es jurídicamente factible resolver con base en las razones y fundamentos expresados al fallar la referida acción de inconstitucionalidad, ya que aquéllas se equiparan a la jurisprudencia, su aplicación no vulnera el principio de irretroactividad y, por ende, no existe impedimento jurídico alguno para resolver con base en el criterio y consideraciones expresados al fallar una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, aun cuando la disposición impugnada se haya aplicado con anterioridad a que éstas hayan sido resueltas." Se cita también la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO CONTRA LEYES. LA CITA DE LAS RAZONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA DE UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE LA NORMA CON EFECTOS GENERALES, NO IMPLICA EXTENDER HACIA EL PASADO DICHOS EFECTOS. El órgano jurisdiccional puede apoyarse válidamente en las razones contenidas en los considerandos que sustentan los resolutivos de la sentencia de una acción de inconstitucionalidad y citar la jurisprudencia, en los casos en que se publique conforme lo dispone el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aun cuando la declaración general de invalidez no puede tener efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo establece el segundo párrafo de la fracción III del artículo 105 constitucional y el diverso 45, segundo párrafo, de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto constitucional, los efectos del juicio de amparo contra leyes no son derogatorios de la norma estimada inconstitucional, sino de proteger al quejoso contra los actos que se fundaron en la norma que se impugnó de inconstitucional, que constituyeron el primer acto de aplicación, y aun contra los actos futuros que pudieran emitirse con apoyo en la norma que estuvo vigente desde que entró en vigor hasta la fecha en que se declaró su invalidez, empero, no contra los que se emitan con fundamento en dicha disposición vigente a partir de la fecha en que surtió efectos la resolución emitida en la acción de inconstitucionalidad, puesto que es evidente que a partir de entonces desapareció el vicio de inconstitucionalidad, lo que significa que no existe la posibilidad de que se extienda tal declaración de invalidez de carácter general con efectos retroactivos, en virtud de que de acuerdo con el artículo 76 de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes sólo se protege al quejoso en el caso particular sobre el que verse la queja." Bajo esta perspectiva, procede conceder la protección constitucional solicitada, respecto del artículo 99 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, reformado mediante Decreto 273. Ahora bien, la protección constitucional concedida, se hace extensiva al cobro del impuesto adicional para la infraestructura, así como el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, materializada en el recibo fiscal con folio V 145761 (1 X), de ocho de febrero de dos mil dieciocho. Lo anterior en razón que los impuestos adicionales erogados dependen directamente del cobro realizado por el derecho de control vehicular, previsto en el artículo 99 del referido cuerpo normativo, pues constituyen su objeto y base gravable como ya quedó explicado en párrafos precedentes, esto es, la base para el impuesto adicional para infraestructura y el de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es el derecho de control vehicular, pues en el primero de los impuestos adicionales, se aplica la tasa del 30% a quienes realicen el pago por el citado derecho (artículo 81 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas), mientras que en el segundo de los impuestos adicionales se aplica la tasa del 10% respecto del derecho de control vehicular (artículo 86 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas); por lo que si el dispositivo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas fue declarado inconstitucional por los motivos ya destacados, la concesión del amparo debe hacerse extensiva al cobro de los impuestos adicionales referidos. NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, con la protección constitucional concedida, se debe restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos, por lo que conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del citado numeral de la Ley de Amparo, se precisan con exactitud los efectos de la sentencia de amparo, que será: 1. Para que la autoridad que sea vinculada por razones de sus funciones al cumplimiento a esta sentencia, no aplique a la parte impetrante de amparo, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 99 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, reformado mediante Decreto 273. 2. Para que la autoridad responsable recaudadora Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, devuelva a la parte quejosa las cantidades cubiertas que haya realizado por concepto del derecho de control vehicular, así como el impuesto Adicional para la Infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, las cuales deberá hacer previa actualización. Orientan a lo anterior las tesis 2a./J. 13/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: que son del contenido siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 802/2018-II, promovido por Juana Saucedo Contreras, contra el acto y autoridad precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juana Saucedo Contreras, por los motivos expresados en el considerando octavo y para los efectos precisados en la última consideración de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, actuando ante la licenciada Adriana Salazar Orozco, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, al que anexa los autos del presente juicio de amparo y testimonio de la ejecutoria de dos de mayo de dos mil diecinueve, bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 802/2018 del índice de Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, para el efecto precisado en la parte final del considerando último de esta ejecutoria. TERCERO. Queda sin materia el recurso de revisión interpuesto por el licenciado José Alberto Zárate Juárez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa. Notifíquese." Acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y agréguense los antecedentes de la revisión; y, considerando que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al Juicio de Amparo en que se actúa, conservando únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno; lo anterior, en razón que ya no son necesarias en el presente juicio. Por lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, se repone el procedimiento en este juicio de amparo a partir de la audiencia constitucional de once de junio de dos mil dieciocho, celebrada dentro del presente juicio de amparo, quedando insubsistente la misma, incluida la sentencia. Asimismo, se requiere al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si dentro de sus archivos obra recibo en el que conste de manera fehaciente el pago realizado por la quejosa Juana Saucedo Contreras, del impuesto Adicional para la Infraestructura anteriores al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que lo acrediten; o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello. Una vez hecho lo anterior, previa celebración de la audiencia constitucional, emítase la sentencia que conforme a derecho proceda. Para dar oportunidad a lo anterior, se fijan las once horas del seis de junio de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Finalmente, para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber a las partes, que a partir del uno de mayo de dos mil diecinueve, el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, es el nuevo titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas.

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