Juana Sánchez Sánchez
Expediente 246/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juana Sánchez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Se declara que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria. Archívese el asunto como totalmente concluido.
- Principal
R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juana Sánchez Sánchez, respecto a la autoridad y acto precisado en el resultando primero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. notifiquese
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado; con su contenido, dese vista a las partes, por el plazo continuo y genérico de ocho días, acorde con el ordinal 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de celebrarse la audiencia de ley. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba la que adjunta a su informe justificado, el juez responsable, consistente en copias certificadas del expediente 1586/2021, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrarse la audiencia de ley. Dada el volumen de las constancias remitidas, guárdense por separado, en la inteligencia que conservarán su folio, rúbrica y entresello originales, como parte integrante de este sumario constitucional. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Juana Sánchez Sánchez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 246/2022-I. Causal de Improcedencia. Este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Ello es así, pues la parte quejosa, reclama como acto destacado la determinación de veintiuno de febrero del año en curso, dictada por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, que no acordó de conformidad su petición de tener por desahogada la prevención decretada en dicha instancia y tener por acreditada la dependencia económica y el concubinato con el extinto Sergio Ibarra Cruz, por haber sido extemporáneo en su presentación, pues así se advierte del contexto integral de su demanda. En efecto, el citado ordinal, en la parte relativa, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]" Se patentiza dicho obstáculo jurídico para admitir la demanda, porque la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la ley en la materia, establece como excepciones a la regla que prevalece respecto al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Es preciso señalar que en la fracción que contiene el motivo de improcedencia que se analiza, no se incluye la libertad personal pero sí la contempla la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal del país; quien además, ha sostenido el criterio de que cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones directas a la Constitución, el impetrante no estará obligado a agotar ese principio de definitividad. Lo anterior obedece a que no es posible obligar a los gobernados a agotar un recurso cuando no se le ha dado oportunidad de ser oído, en cuanto a la defensa de un derecho sustantivo que le corresponde, en el caso de los terceros extraños; y, de tratarse de actos prohibidos o privativos de libertad, por la importancia que éstos revisten en relación a los derechos humanos que se protegen, como son la vida, la integridad física y la libertad personal de los gobernados; es entonces que el juicio de amparo sí es procedente y no se obliga al gobernado a hacer uso de los medios ordinarios de defensa. Sin embargo, es conveniente destacar, que en el caso concreto no opera ninguna de la excepciones a que se refiere la precitada fracción XVIII, del numeral 61 de la aludida ley, puesto que el acto reclamado consistente en la determinación señalada como acto destacado, no implica para la accionante, alguna de las afectaciones de la autoridad responsable, enumeradas como casos de excepción a la regla de definitividad. Máxime que, del análisis de los conceptos de violación, no obstante que no es factible su estudio, se advierte que el quejoso, si bien alega violaciones directas a la constitución, concretamente las establecidas en los preceptos 14 y 16 de la ley suprema, también lo es, que el sólo hecho de alegarlo, no lo exime de la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, toda vez que el hecho que se haga referencia a preceptos constitucionales, no excluye al inconforme de la obligación de agotarlos, siempre que éstos procedan, ya que de ser así, bastaría señalar violaciones directas a la constitución, para eludir la obligación de agotar el principio de definitividad. Por lo que, en el presente caso se hace inconcuso que no se cumplió con la exigencia de procedibilidad del amparo de haber promovido todos los recursos o medios de defensa a su alcance para revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada antes de acudir en amparo ante este juzgado federal. En efecto, el impetrante, debió de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley, previamente a acudir al juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ahora bien, contra el acto reclamado descrito en líneas que anteceden, se debió agotar el recurso de revocación, previsto en los artículos 1.362, 1.363, 1.364 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, toda vez que a través de ese recurso y medio de defensa legal, el acto impugnado podía ser revocado, modificado o nulificado. En efecto, los citados dispositivos en la parte conducente establecen lo siguiente: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó". "Artículo 1.363. La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente". "Artículo 1.364. Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. La resolución de la revocación es irrecurrible". "Artículo 1.365. La resolución que decida la revocación no admite recurso". Por consiguiente, si conforme a dichos numerales es claro que previo a la promoción del juicio de amparo, se debió agotar el aludido recurso, en términos de los citados numerales, pues se insiste que a través de ese recurso y medio de defensa legal, el acto impugnado podía ser revocado, modificado o nulificado. Por tanto, como ha quedado asentado en líneas que anteceden, la parte quejosa, debe de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley, previamente a acudir al juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en la presente instancia constitucional, al no encontrase en los casos de excepción para a dicho principio. Por tanto, si la promovente no agotó este medio de defensa, la demanda de amparo resulta improcedente; toda vez que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley en la materia, y procede desechar en términos del numeral 113 del citado cuerpo de leyes. No es inadvertido, que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se considere que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 10, 12, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata, respecto del diverso acto que hace consistir en omisión de la responsable en emitir sentencia definitiva en las diligencias de procedimiento judicial no contencioso 1586/2021. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del doce de abril de dos mil veintidós, para su celebración. Incidente de suspensión. Sin ordenar la apertura del incidente de suspensión del acto reclamado, en razón de no haber sido solicitado, por la impetrante. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
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