Juana Sánchez Hernández

Expediente 98/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
98/2023
Año
2023
Actuaciones
26
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Juana Sánchez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 98/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. ********************, por derecho propio, presentó demanda de amparo, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el uno de febrero de dos mil veintitrés, contra los actos reclamados del Jefe del Departamento de Pensiones, Subdelegado de Prestaciones Económicas, y Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, los tres del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución General. SEGUNDO. Radicación de la demanda y aclaración. La demanda se turnó a este Juzgado Federal, el que en auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, la radicó con el número de juicio de amparo 98/2023, y previno a la quejosa; lo que cumplimentó en escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que reclamó actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión. TERCERO. Admisión de demanda. En proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, admitió la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Trámite del juicio de amparo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados tiene aplicación dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, cada uno en su esfera de competencia: La expedición, aprobación, promulgación y publicación del Decreto por el que se expide el artículo 51, fracción II, inciso a), y párrafo segundo, artículo 57 y artículo 15, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. En concordancia con la expedición, aprobación y promulgación del artículo 12, fracción I, inciso a), y párrafo segundo, del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de julio de dos mil nueve. Del Jefe del Departamento de Pensiones, Subdelegado de Prestaciones Económicas, y Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, los tres del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez: El oficio ********************, de seis de abril de dos mil veintiuno, en el que se aplican los preceptos legales reclamados. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados del Presidente de la República y de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, consistente en la expedición, aprobación y promulgación, cada uno en su esfera de competencia, de los artículos 51, fracción II, inciso a), y párrafo segundo, 57 y 15, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres; y del numeral 12, fracción I, inciso a), y párrafo segundo, del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de julio de dos mil nueve. Lo anterior se determina así, ya que con independencia de que rindan o no su informe justificado, la notoria existencia de ese tipo de actos no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del código citado. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de rubro y datos de localización: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." (Registro digital 191452, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Agosto de 2000, página 260). También es cierto el acto reclamado del Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, ante la presunción legal prevista en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, pues fue emplazado a este juicio de amparo el trece de febrero de dos mil veintitrés, sin que a la fecha haya rendido su informe justificado. De igual forma, es cierto el acto reclamado del Jefe del Departamento de Pensiones, y del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, porque aun cuando negaron su existencia, de las copias certificadas del expediente pensionario ******************** a nombre de ******************** exhibido por el Titular de la Unidad Jurídica ISSSTE en Oaxaca (fojas 237-279), se advierte que el seis de abril de dos mil veintiuno, el Jefe del Departamento de Pensiones de ese Instituto, emitió el oficio ********************, dirigido a ********************, mediante el cual le informa que su pensión se ajustará anualmente, porque de la revisión de sus expedientes pensionarios: el número ********************, y por viudez ******************** existe compatibilidad de pensión a partir del doce de julio de dos mil veinte, fecha en la que se emitió concesión de pensión por viudez, y al sumarse las cuotas diarias de ambas pensiones, rebasan el importe de diez unidades de Medida de Actualización, establecidas para el año dos mil veintiuno, e invoca los artículos 51, fracción I, inciso a) y párrafo segundo, artículo 57 y artículo 15, último párrafo, de la Ley del ISSSTE abrogada, en concordancia con el numeral 12, fracción I, inciso a) y segundo párrafo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo Decimo Transitorio de la referida Ley, publicado en el Diario Oficial el veintiuno de julio de dos mil nueve. Por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Causales de Improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Al respecto, el Presidente de la República, por conducto de la Directora General de Amparos contra actos administrativos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparo, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado sólo le origina un perjuicio económico y no jurídico. No le asiste la razón a la citada autoridad responsable, pues lo que lo que pretende la quejosa con motivo del presente juicio de amparo es continuar gozando del pago de su pensión por viudez, además de contar con el derecho de seguridad social de su pensión por jubilación, lo que implica el reconocimiento de ambos derechos a la seguridad social que forman parte de su esfera jurídica como ex trabajadora, además que como cónyuge supérstite, ya que dichas pensiones tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes, y tienen autonomía financiera a originarse de aportaciones de diferente naturaleza; de ahí que devenga infundada la causa de improcedencia propuesta. Al no actualizarse diversa la causa de improcedencia hecha valer por las partes, y tampoco se advierte de oficio alguna; procede continuar con el análisis de constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis de fondo del asunto. Se precisa que en atención a la técnica que rige el juicio de amparo, se procede en primer término al estudio de los conceptos de violación planteados en contra de los artículos 51, artículo 57 y artículo 15, último párrafo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que la quejosa combate; pues lo que se determine en relación con dichos ordenamientos se hará extensivo al acto de aplicación consistente en la emisión del oficio ********************, dirigido a ********************, en que se le aplicaron los artículos reclamados, en atención a que no impugnó ese oficio por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los preceptos citados. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. XCII/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la página 366, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Novena Época, registro digital 193715, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE CONTROVIERTEN CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉLLAS DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE ÉSTE, EN ARAS DE TUTELAR LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL." En ese sentido, la quejosa alega medularmente en sus conceptos de violación, que los preceptos reclamados, restringen injustificadamente su derecho a percibir íntegramente sus pensiones de jubilación y viudez, cuando la suma de las dos rebase los diez salarios mínimos, imponiendo una limitación injustificada a lo que por derecho le corresponde, ya que ambas pensiones tienen orígenes distintos y no pueden excluirse ni limitarse entre sí, por ello, se contraviene el derecho de seguridad social y el principio de la previsión social, contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución General. Los conceptos de violación formulados por la quejosa en su escrito de demanda, en esencia resultan fundados, suplidos en su deficiencia, en términos del numeral 79, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia número P./J. 105/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre 2007, Novena Época, registro digital 170583, de epígrafe y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONDICIONES PARA QUE OPERE RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO). La suplencia de la queja deficiente en el caso de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes no sólo se actualiza con respecto a la ley viciada (en amparo indirecto), sino también en cuanto a sus actos de aplicación reclamados (tanto en amparo indirecto como en directo). Esto es, para que opere en ambas vías, la suplencia de la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación, únicamente se requiere que el juicio de amparo sea procedente respecto a dicho acto, por lo tanto es viable: 1) sin que sea necesario reclamar la ley respectiva; 2) sin importar que, en caso de reclamarse la ley, ésta haya sido consentida, y en general, sin necesidad de que el amparo resulte procedente en relación con dicha norma legal; y, 3) sin importar que el quejoso haya expuesto planteamientos para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. De tal suerte que tanto en el amparo indirecto como en el directo, es posible el estudio de constitucionalidad de la ley aun cuando ésta haya sido consentida o incluso en caso de que no haya sido reclamada, pues ello sólo impediría el otorgamiento del amparo contra la ley misma, pero no contra los actos de su aplicación, más aún cuando éstos han sido impugnados en tiempo, y en consecuencia no han querido ser tolerados por el agraviado." En ese contexto, el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, establecía lo siguiente: "Artículo 51. Las pensiones a que se refiere este capítulo son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo con lo siguiente: I. La percepción de una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o por cesantía en edad avanzada, con: A) El disfrute de una pensión de viudez o concubinato derivada de los derechos del trabajador o pensionista; y B) El disfrute de una pensión por riesgo del trabajo; II. La percepción de una pensión de viudez o concubinato con: A) El disfrute de una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, por cesantía en edad avanzada o por invalidez, derivada por derechos propios como trabajador; B) El disfrute de una pensión por riesgo del trabajo ya sea por derechos propios o derivados de los derechos como cónyuge o concubinario del trabajador o pensionista; y C) El desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen de esta Ley; y III. La percepción de una pensión por orfandad, con el disfrute de otra pensión igual proveniente de los derechos derivados del otro progenitor. En el caso de las fracciones anteriores, la suma de las cuotas no podrá exceder de la cantidad fijada como cuota máxima, en los términos del artículo 57. Cuando algún pensionista desempeñe un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que impliquen la incorporación al régimen de la Ley, salvo los casos de excepción ya contemplados en este artículo, deberá dar aviso inmediato al Instituto, igual obligación tendrá cuando se le otorgue otra pensión. El incumplimiento de lo anterior dará causa fundada al Instituto para suspender la pensión. Fuera de los supuestos legales enunciados no se puede ser beneficiario de más de una pensión. Si el Instituto advierte la incompatibilidad de la pensión o pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensionista, éstas serán suspendidas de inmediato, pero se puede gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las sumas recibidas, lo que deberá hacerse en el plazo y con los intereses que le fije el Instituto, que no será mayor del 9% anual y en un término que nunca será inferior al tiempo durante el cual las estuvo recibiendo. Si no se hiciese el reintegro en la forma señalada, se perderá todo el derecho a la pensión." El numeral transcrito prevé los casos en que las pensiones son compatibles con el disfrute de otras. Asimismo, señala que la suma de las cuotas no podrá exceder de la cantidad fijada como cuota máxima, en los términos del artículo 57 de la misma Ley. Al respecto, se señala que conforme al artículo 57, párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 15, penúltimo párrafo, ambos de la legislación en consulta, la cuota diaria máxima es de diez veces el salario mínimo. Tales preceptos, señalan: "Artículo 57. La cuota mínima y máxima de las pensiones, con excepción de las concedidas por riesgo del trabajo, serán fijadas por la Junta Directiva del Instituto, pero la máxima no podrá exceder del 100% del sueldo regulador a que se refiere el artículo 64, aún en el caso de la aplicación de otras leyes. Asimismo, la cuota diaria máxima de pensión será fijada por la Junta Directiva del Instituto, pero ésta no podrá exceder de hasta la suma cotizable en los términos del artículo 15 de esta Ley. [.]". "Artículo 15. [.] Las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta Ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que otorga esta Ley. [.]". Ahora, al respecto, es necesario señalar la existencia de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que declaró inconstitucional el artículo 51 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Determinación del más Alto Tribunal que debe ser observada y aplicada al caso por este juzgado de Distrito, de manera obligatoria, al suplir la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se precisa que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veintidós de agosto de dos mil doce, aprobó la jurisprudencia 97/2012 (10a.), en la que, como se indicó, declaró la inconstitucionalidad del precepto 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual es del tenor siguiente: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). El citado precepto constitucional no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a sus familias ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida. De ahí que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase 10 veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la propia ley, transgrede los principios de seguridad y previsión social citados, al desatender las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge por la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora; 2. Cubren riesgos diferentes, dado que la pensión por viudez protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se origina con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas." En el citado criterio, se advierte que la Segunda Sala del máximo tribunal del País, estableció que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, al restringir el derecho a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase diez veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización conforme al artículo 15 de esa ley, transgrede los principios de seguridad y previsión social consagrados en el artículo 123, apartado B, fracción XII, inciso A), de la Constitución General, que en lo conducente establece: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: [.] B. Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de los Territorios Federales y sus trabajadores: [.] XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. [.]" Lo anterior, indicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque del referido precepto constitucional, se advierte lo siguiente: A. En él se instituyeron no sólo las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino también el principio de previsión social, que obliga establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a la familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos. B. Se previó a nivel constitucional la protección para dichos trabajadores y sus familiares en caso de invalidez, vejez y muerte. C. Se elevaron a rango constitucional las disposiciones orientadas a procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares, y se adoptaron bases mínimas de seguridad social con igual propósito. D. La seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, como garantía social constitucionalmente reconocida, también está dirigía a sus familiares; por ello, a éstos tampoco se les puede reducir o restringir la referida garantía. De donde concluyó, de un análisis al citado precepto constitucional y a diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -1º, fracción I; 3º, fracción VIII; 5º, fracción V; 16, párrafos primero y segundo, fracciones III y IV; 21, fracciones III y V; 42, fracción II, 48, 73, 74, 75 y 76-, que se transgreden los principios de seguridad y previsión social consagrados en la Ley Fundamental, al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de esa propia ley; al desatender las siguientes diferencias sustanciales: 1) Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge por la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día, con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora. 2) Cubren riesgos diferentes, dado que la pensión por viudez protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de muerte del trabajador o trabajadora y la pensión por jubilación protege la dignidad de este último en la etapa de retiro. 3) Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las percepciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido, y la pensión por jubilación se origina con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado durante su vida laboral, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas. La invocada declaratoria de inconstitucionalidad contenida en una jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deviene obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Por ello, dado que el acto reclamado se funda en una norma general cuya inconstitucionalidad ha sido declarada por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declara para efectos de este juicio de amparo su inconstitucionalidad. Por su parte, el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establece: En ese sentido, el artículo 12 citado, que es el sustento del oficio reclamado, establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 12.- Las pensiones son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo con lo siguiente: [.] En el caso de compatibilidad de las pensiones señaladas en las fracciones anteriores, la suma de las mismas no podrá exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo. [.]" Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el supra citado artículo 12 es inconstitucional, dado que contraviene el derecho a la seguridad social y el principio de previsión social, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al restringir el derecho a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y de jubilación cuando la suma de ambas rebase el monto equivalente a diez veces el salario mínimo, desatendiendo que dichas pensiones tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes, y tienen autonomía financiera a originarse de aportaciones de diferente naturaleza. Al efecto se cita la jurisprudencia aludida. "ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio constitucional de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida; de ahí que el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al restringir el derecho a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y de jubilación cuando la suma de ambas rebase el monto equivalente a diez veces el salario mínimo, viola el derecho a la seguridad social y el principio de la previsión social, al desatender las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge con la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador; 2. Cubren riesgos diferentes, toda vez que la pensión por viudez protege la seguridad y el bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas." (Registro digital: 2020634, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Laboral, Tesis: 2a./J. 128/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 259, Tipo: Jurisprudencia). De su contenido se destaca la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al ser violatorio del derecho a la seguridad social y el principio de la previsión social, pues con su contenido se soslaya que las pensiones de viudez y jubilación, tienen orígenes distintos, pues la primera surge con la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador; que se cubren riesgos diferentes, toda vez que la pensión por viudez protege la seguridad y el bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, tienen autonomía financiera, pues la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas. En el caso particular, la quejosa es beneficiaria de una pensión directa por jubilación, desde el uno de septiembre de dos mil cuatro, y con posterioridad derivado del fallecimiento de su esposo, el doce de julio de dos mil veinte, se le concedió la pensión por viudez. Como ser advirtió de la jurisprudencia antes invocada, la pensión por jubilación se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador; el riesgo a cubrir es la protección de la dignidad en la etapa de retiro del trabajar; y, tiene autonomía financiera, pues la pensión por jubilación se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado. A diferencia de la pensión por viudez que protege la seguridad y el bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador, se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido; por lo que tienen orígenes financieros distintos, que entre sí no se ponen en riesgo. En ese tenor, al ser inconstitucional el artículo 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también lo es el acto de aplicación, consistente en el oficio ********************, de seis de abril de dos mil veintiuno, en el que se aplican los preceptos legales reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y 78, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, a ********************, que solicita para el efecto de que la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Oaxaca, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: 1) Deje de aplicar, en el caso concreto y para el futuro, en perjuicio de la quejosa, el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete. 2) Deje de aplicar, en el caso concreto y para el futuro, en perjuicio de la quejosa, el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de julio de dos mil nueve. 3) Deje sin efecto el oficio ********************, de seis de abril de dos mil veintiuno, a nombre de la quejosa, y cualquier otro acto derivado de la aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales por el máximo tribunal del País. 4) Emita nueva determinación en la que resuelva que no existe compatibilidad de pensiones, y por ello no estará sujeta al tope pensionado establecido en el artículo 12, párrafo segundo del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio, por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y determine las cantidades íntegras que le correspondan con motivo de la pensión por viudez a que tiene derecho. 5) Ordene el pago en una sola exhibición a la parte quejosa de la totalidad de las cantidades que le corresponden, derivadas de su pensión por viudez, a partir del día siguiente del deceso de quien fuera su cónyuge, en los que se incluyan los descuentos subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria de amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y datos de localización siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA." (Registro digital 192846, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19). Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 221 y 2a./J. 71/2000, sustentadas por el Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y datos de localización siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN." (Registro digital 389674, Séptima Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, página 210). "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. (Registro digital 191311, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235). Se puntualiza que la concesión de amparo no alcanza a vincular a las autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo de los preceptos reclamado -discusión, votación, aprobación, promulgación, expedición y publicación, cada una en el ámbito de su competencia-, ni las obliga a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia no las priva de eficacia general. Apoya lo anterior, la tesis CXXXVII/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, Tomo IV, Noviembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 200006, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 a 77, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo de este fallo; para los efectos indicados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, remitidos por la representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual remite copias certificadas de las constancias que integran el expediente por transmisión de pensión de viudez número ********************, de la quejosa ********************; lo anterior, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en auto de ocho de septiembre pasado, se tuvo por recibida la promoción 13087 de idéntico contenido, en el correo institucional de este órgano jurisdiccional, y se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Se cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, remitidos por la representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento al requerimiento realizado a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación Oaxaca, en proveídos de veintiuno de junio, cuatro y veintiocho de julio, nueve y treinta y uno de agosto del año en curso, remite copias certificadas de las constancias que integran el expediente por transmisión de pensión de viudez número 0729705, de la quejosa ... Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que anexa la autoridad responsable, misma que se tiene por desahogada en este acto, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Por tanto, con su contenido dese vista a las partes, para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Se agrega escrito. Finalmente, visto el escrito de cuenta signado por la quejosa...z, mediante el cual solicita se hagan efectivos los apercibimientos decretados contra la autoridad responsable, ante la omisión de remitir las constancias requeridas con anterioridad; dígase a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, pues como se advierte en líneas que anteceden, la autoridad responsable ya remitió dichas constancias. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Se requieren constancias. Visto el estado de los autos, de los que se advierte las autoridades responsables Representante Legal y Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, no han dado cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de agosto del año en curso, en el sentido de remitir a este Juzgado, copia certificada del expediente por transmisión de pensión de viudez número 0729705, de la quejosa Juana Sánchez Hernández. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, nuevamente requiérase a las citadas autoridades, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, remitan las constancias citadas en el párrafo que antecede; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo que se solicita, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 259 del mismo ordenamiento. Diferimiento. Mientras tanto, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

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