Juana Ruiz Pérez

Expediente 1002/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1002/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • Juana Ruiz Pérez
  • Juana Ruiz Pérez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil veintitrés. Conforme a la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la parte promovente no se inconformó en contra del auto por el que se desechó la demanda dictado el veintidós de junio de dos mil veintitrés; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III y 20, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa se valora como DESTRUIBLE en el plazo de tres años. Asimismo, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en cita, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Cumplimiento de prevención Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito de Juana Ruiz Pérez y Enrique Arellano Portilla, por medio del cual dan cumplimiento a la prevención realizada en auto de seis de junio de dos mil veintitrés; esto es, manifiestan bajo protesta de decir verdad las fechas en que fueron notificados de las resoluciones reclamadas. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y en tal virtud se provee: Procedencia de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por Juana Ruiz Pérez y Enrique Arellano Portilla, en contra de los actos del Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla, del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridad, se provee: Análisis de desechamiento Ahora bien, el artículo 1131 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respeto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa Juana Ruiz Pérez y Enrique Arellano Portil, reclama: a) Del Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla, del Instituto Mexicano del Seguro Social, la resolución administrativa emitida el cinco de abril de dos mil veintitrés, dentro del recurso de inconformidad 594/2021. b) Del Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Teziutlán, Puebla, la resolución dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, contenida en el oficio 220505611000.4/0604/2023, en la que determinó que el presunto patrón Juana Ruiz Pérez y el presunto trabajador Enrique Arellano Portilla, no se ubicaron en el supuesto de aseguramiento al régimen obligatorio, señalado en el artículo12, fracción I, de la Ley del Seguro Social y demás disposiciones; así también, ordenó al Departamento de Afiliación y Vigencia de esa Subdelegación Teziutlán, diera de baja a Enrique Arellano Portilla en el régimen obligatorio del Seguro Social; e, indicó que el movimiento de baja surtiría efectos legales a partir del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en que fue anotado el aviso de inscripción o reingreso. Precisado lo anterior, debe indicarse que en el presente asunto, la suscrita considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) Tales preceptos establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano es parte; asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, se considera como "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de otras personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Ahora, en el caso que nos ocupa, debe destacarse que el Instituto Mexicano del Seguro Social, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios (conforme a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social) que cumple con la función de prestar el servicio público de seguridad social a través del otorgamiento de servicios de salud, pensiones y créditos. Además, tiene reconocido un doble carácter: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas por los poderes públicos del estado y sus servidores públicos, caso en el que actúa como autoridad en una relación de supra a subordinación; y 2. Como ente asegurador, en sustitución del patrón, caso en el cual, actúa en un plano de igualdad. Es este último supuesto el que interesa al caso concreto, pues las resoluciones reclamadas están íntimamente relacionadas con la actuación de las autoridades responsables en su carácter general de ente asegurador, en sustitución de las obligaciones del patrón (poderes públicos del estado); esto es, en un plano de coordinación en relación con el servidor público. Ahora, en relación con el tema de que se trata, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 341/2015, estableció que existen dos supuestos excepcionales de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de ente asegurador, los cuales son: 1. Cuando se busque obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados, aduciendo la inconstitucionalidad de la norma aplicada; como sucede, por ejemplo, en tratándose de la negativa de una pensión con base en un artículo de la Ley del Seguro Social cuya constitucionalidad se cuestiona. 2. Cuando se reclame al Instituto Mexicano del Seguro Social la violación al derecho de petición tutelado en el artículo 8° constitucional, para el único efecto de que de que el funcionario o empleado público emita una respuesta; en la inteligencia de que ésta no podrá ser materia de ampliación de la demanda de amparo, sino en el evento de controvertirse, debe hacerse en la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ninguno de los dos supuestos de excepción se cubre en este asunto, toda vez que la parte quejosa no se duele de la inconstitucionalidad de alguna norma general en la que se haya sustentado una negativa de otorgarle dar de alta de manera permanente a la trabajadora del hogar; ni tampoco se advierte que se haya alegado una violación al derecho de petición de forma autónoma, pues lo que se pretende impugnar por esta vía, son cuestiones atinentes a inscribir a Enrique Arellano Portilla en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social como sujeto de aseguramiento dentro del régimen obligatorio del Seguro Social. En ese contexto, como quedó evidenciado, no se está en ninguno de los supuestos excepcionales de procedencia del juicio de amparo señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en la finalidad de obtener la protección efectiva del derecho humano a la seguridad social, mediante la impugnación de la constitucionalidad de la norma legal aplicada por la responsable, ni se planteó la falta de contestación a alguna petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), que señala: "Época: Décima Época Registro: 2011948 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, junio de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 175/2013 (10a.) Página: 898 "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Por ello, se insiste, la relación jurídica que une al Instituto citado con sus asegurados y sus beneficiarios no es solo la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad, pues actúa en sustitución del patrón (poderes públicos) porque no está investido de imperio; esto es, en una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad. Al respecto, se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 134/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País4, de contenido: "Época: Novena Época Registro: 160995 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación septiembre de 2011, Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 134/2011 Página: 1511 SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Por lo anterior, se concluye que respecto al reclamo relacionado con las prestaciones de seguridad social otorgadas por la Ley del Seguro Social, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte porque, si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la citada legislación prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, pues tal afiliación del trabajador por parte de la voluntad de la parte empleadora, forma parte del reconocimiento de una adecuada cobertura de seguridad social, a través de su incorporación al régimen voluntario como parte del disfrute de una protección suficiente contra los riesgos e imprevisiones sociales, en términos del criterio que sostuvo el Máximo Tribunal del País al resolver el amparo directo del que derivó la tesis aislada 2a. XXX/2019 (10a.), registro 2019900, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, página 1544, Décima Época, Materias(s): Constitucional, de rubro y texto siguiente: "TRABAJO DEL HOGAR. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ES INCONSTITUCIONAL AL EXCLUIR A LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS DE SER SUJETOS DE ASEGURAMIENTO AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, DEBIDO A QUE VIOLA EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN IGUALDAD DE CONDICIONES. Conforme al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de toda persona a la seguridad social, para lo cual podrá implementar regímenes de seguridad social diferenciados que atiendan las circunstancias y necesidades de los distintos sectores de la población. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social podrán voluntariamente ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio los trabajadores domésticos, los cuales a su vez están regulados en la Ley Federal del Trabajo como parte de los trabajos especiales. Así, del análisis del citado contexto normativo, se concluye que la exclusión de los trabajadores del hogar, respecto al régimen obligatorio de seguridad social no encuentra justificación constitucional alguna, pues no atiende a una diferenciación objetiva y razonable. De esa forma, el hecho de que se trate de un trabajo especial no implica que deba privárseles de una adecuada cobertura de seguridad social, ya que mediante el régimen voluntario su afiliación queda sujeta a la voluntad de la parte empleadora lo que no garantiza el derecho a la igualdad en el disfrute de una protección suficiente contra los riesgos e imprevisiones sociales, generando como consecuencia un trato discriminatorio en su contra. Máxime si se toma en cuenta que la extensión de la seguridad social al trabajador del hogar es una meta digna y un componente necesario en las estrategias destinadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, las cuales se ven obstaculizadas o limitadas por el establecimiento de un régimen voluntario." En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 y 23 del referido Acuerdo General 12/2020. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el diverso 209 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Integración de expediente físico Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, obrará en el expediente físico únicamente la papeleta de turno, la demanda de amparo, el presente acuerdo, y las demás constancias presentadas físicamente, así como las notificaciones que se realicen de la misma forma. Notifíquese y personalmente Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Si... En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN ESTE JUICIO, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. D....

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, página 243, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Por escrito presentado el buzón judicial el trece de diciembre de dos mil veintidós, registrado en la misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y, remitido al día hábil siguiente a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, Juan Carlos Ánimas Serafín, por propio derecho, promovió juicio de amparo, en contra del Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla por el acto consistente en la resolución interlocutoria de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio de divorcio 56/2011, de su índice, por medio de la cual aprobó parcialmente la planilla de liquidación de alimentos presentada por la aquí tercera interesada Pamela Ibarra Velázquez. Seguidos los trámites de ley, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito celebró audiencia constitucional y dictó sentencia en la que concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "(.)- Deje insubsistente la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintidós y emita otra con libertad de jurisdicción, pero con base en lo aquí expuesto, atienda al aspecto efectivamente planteado por Juan Carlos Animas Serafín, relativo a la figura jurídica de prescripción y, en el caso de reiterar que el plazo de cinco años se interrumpió con las manifestaciones vertidas por el aquí quejoso, deberá justificar dicha decisión." En consecuencia, una vez transcurrido el término sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, y se requirió a la autoridad responsable, para que en el término de tres días informara a este juzgado sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir copia certificada de las constancias respectivas. Mediante el oficio 1654 recibido en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito el ocho de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable remitió copias certificadas de las constancias conducentes para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Tales documentales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente de la Ley de Amparo. Con las anteriores constancias, por auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a realizar el análisis relativo para determinar si se encuentra o no cumplido el fallo protector. De la lectura de las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable no cumplió con la ejecutoria de amparo. Lo anterior, pues del acuerdo emitido el diez de abril de dos mil veintitrés, si bien dejó insubsistente la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintidós; y, emitió una nueva, en la que abordó la excepción que le fue propuesta, lo cierto es que de tal determinación, se aprecia que realizó diversos argumentos relativos a que los alimentos son imprescriptibles y en enseguida, señaló lo siguiente: ".se concluye que es infundada la figura de prescripción planteada por el deudor alimentario, no obstante que haya transcurrido el plazo de cinco años que establece el artículo 430 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, para que la accionante solicitará (sic) la ejecución de la sentencia, pues es materia de alimentos contra la ejecución de una sentencia definitiva no se admite más excepción que la de pago, aunado a que los alimentos, son imprescriptibles e irrenunciables y por tanto pueden ser reclamados en cualquier momento en ejecución de sentencia, por el acreedor alimentario por sí o través de su representante legal" De lo anterior, se aprecia que el juez responsable no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues el fallo emitido en el presente juicio tenía como efecto tomar en consideración lo ahí vertido, que en el caso, lo que destaca dice: "de ahí que se estime necesario que el juez responsable analice la excepción efectivamente planteada, en el sentido de dilucidar si efectivamente el plazo multicitado ya había transcurrido o no. " Lo anterior, implicaba que el juez responsable precisara si en el caso el plazo de cinco años ya había transcurrido o no, [con independencia de los argumentos que sostuvieran su decisión dada la libertad de jurisdicción que tenía] y no limitarse a señalar que no obstante que ese plazo hubiera transcurrido no se actualizaba la prescripción porque los alimentos son imprescriptibles. Esto, porque no se advierte con precisión si se refiere a que aun en el supuesto de que ese plazo haya transcurrido no era procedente o bien, si en el caso en concreto sí transcurrió ese plazo, lo cual no se aprecia porque el juez no hace ninguna cómputo o asentó algún argumento para tener la certeza si se refería al caso en especial o a una hipótesis. Lo que no puede pasar inadvertido, pues ese fue precisamente el efecto del juicio de amparo. Ello, porque entonces sería considerar que la parte del fallo correspondiente a otorgarle libertad de jurisdicción al considerar que la figura de prescripción no procedió porque los alimentos son imperceptibles, subsume el efecto consistente en decretar si en el juicio de origen transcurrió o no el plazo de cinco años que prevé la legislación aplicable. Es decir, los argumentos que vertió en el sentido de que la figura de prescripción no procedió porque los alimentos son imperceptibles, no podrían analizarse en el presente juicio en materia de cumplimiento, porque fueron emitidos con base en la libertad de jurisdicción otorgada, de ahí que se haga necesario que la responsable acate el fallo primero, lo concerniente a si el plazo aludido transcurrió o no, porque en caso de que a la parte que no le resulte favorable, si así lo estimara conveniente combatiera los nuevos argumentos [relativos a que la figura de prescripción no procedió porque los alimentos son imperceptibles] a través de los medios respectivos, partiría de incertidumbre jurídica de no conocer si en el caso, había transcurrido o no el plazo de cinco años, lo cual como se indicó, fue precisamente parte del efecto de la presente sentencia. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, para que en el término de tres días cumpla con la ejecutoria de mérito, dado lo aquí precisado. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Dado lo expuesto, no se hace mayor pronunciamiento con relación a las manifestaciones de la parte quejosa al contestar la vista otorgada, pues hace valer precisamente que el fallo no se encuentra cumplido. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.

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