Juana Ruíz Chairez

Expediente 135/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
135/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/03/2019

Partes del expediente

  • Juana Ruíz Chairez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de auto de los que se advierte que el plazo otorgado a la parte quejosa a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano de control constitucional por auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, ha transcurrido en su totalidad, sin que así lo haya realizado. Por otro lado, intégrense las constancias del exhorto 46/2019, número de orden 63/2019, del índice de este Juzgado, que remite el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, enviado para notificar el proveído de catorce de febrero del año en curso a la quejosa Juana Ruiz Chairez; del cual se evidencia que no fue posible ubicar el domicilio de la citada promovente; por tanto, como se ordenó en proveído de seis de los cursantes, notifíquese a la citada parte, dicha determinación, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE ESTA FECHA, SE NOTIFICA A L APARTE QUEJOSA EL DIVERO DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE POR MEDIO DE LISTA: "AGREGA CONSTANCIAS. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, en el que en respuesta al requerimiento de seis de febrero de dos mil diecinueve, informa el estado procesal que guarda el expediente laboral 516/2018; atento a lo anterior, se deja sin efecto el apercibimiento decretado en dicha actuación. DESECHAMIENTO. Ahora, es oportuno señalar que la quejosa reclama de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y otras autoridades: La omisión de emitir el laudo relativo al expediente J29/516/2018. En ese orden, de las constancias remitidas por la responsable en la promoción que se acuerda, se evidencia que en el expediente laboral J29/516/2018, el seis de diciembre de dos mil dieciocho, se decretó el cierre de instrucción, en el cual se ordenó turnar los autos a proyecto de laudo. En concordancia con lo anterior, el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la contenida en el diverso numeral 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados a contrario sensu; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio biinstancial, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º. Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que por regla general es notoriamente improcedente el juicio de amparo promovido por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que -por regla general- la actual no afecta materialmente derechos sustantivos; excepción hecha de los asuntos en que el contenido de la demanda se advierta una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consiste en la dilación procesal en el expediente laboral J29/516/2018 del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, que en esencia se traduce en que, desde el veintiocho de noviembre del año próximo pasado, fecha en que se decretó el cierre de instrucción, se turnaron los autos de dicho expediente a proyecto de resolución, mismo que fue notificado el seis de diciembre siguiente y a la fecha no se ha emitido el laudo correspondiente; omisión que no constituye para la peticionaria, del amparo una afectación de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que con esa dilación procesal no afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la aquí quejosa, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener laudo favorable al momento de resolverse el juicio laboral relativo; lo anterior, considerando que la omisión reclamada, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa en el proceso de origen, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto, dado que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en el retraso en el juicio de origen; sin embargo, estos efectos no son de imposible reparación, en los términos precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, la omisión reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado. Además, se considera que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se advierte que exista una abierta dilación procesal o que el procedimiento se encuentre totalmente paralizado; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de abril de dos mil dieciséis. "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. (10a. Época; 2a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 2a./J. 48/2016 (10a.))" Máxime porque en los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que contienen los términos que deben respetar los tribunales obreros para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes." Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Artículo 891. Si la Junta estima que alguna de las partes obró con dolo o mala fe, podrá imponerle en el laudo una multa, en los términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 729 de esta Ley. Así, de un análisis de los preceptos antes citados se obtiene que una vez que se haya declarado cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, del cual se entregará una copia a cada uno de los integrantes de la junta, para que en los cinco días subsecuentes soliciten se practiquen las diligencias que juzguen convenientes, las que tendrán desahogo en los ocho días posteriores, transcurridos éstos el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. En suma, se concluye que el acto aquí reclamado - la dilación procesal en que a según el dicho de la quejosa y constancias que remite la autoridad oficiante, a través de la misiva que se acuerda, incurre la responsable al cerrar la instrucción el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, notificado el seis de diciembre siguiente y al día de la fecha no emitir el laudo correspondiente, en autos del expediente laboral J29/516/2018, de ninguna manera transgrede derechos sustantivos de la quejosa, porque no se advierte una abierta dilación, en tanto que desde que empezaron a transcurrir los treinta y tres días que establecen los preceptos citados, a la data en la que se promovió la demanda que nos ocupa (cinco de febrero del año en curso), sólo han pasado veintisiete días hábiles, lo que es insuficiente para sostener que la violación aducida por la promovente de la demanda, se ubique en el caso de excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto, no debe tomarse en consideración para dicho computo, el periodo vacacional de la responsable (el cual inició el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho y feneció el treinta y uno de dicho mes y año; y el uno de enero de dos mil diecinueve, fue inhábil). Por ende, atendiendo a la naturaleza del acto se evidencia que a esta data no existe un tiempo prudente en que se concluya que la responsable ha incumplido con lo establecido en el artículo 17 constitucional, en consecuencia, se pone de manifiesto que al día de la fecha no existe violación a las garantías reclamadas. De ahí que es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados a contrario sensu; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. ORDEN DE EXHORTO. Ahora, toda vez que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Av. Jorge Jiménez Cantú manzana C33-A Lote 2, colonia Centro Urbano, municipio de Cuatitlán Izcalli, Estado de México; es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo líbrese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el domicilio referido y notifique el presente proveído a la quejosa Juana Ruíz Chairez. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial del juzgado exhortado para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía."

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Intégrense las constancias del exhorto 35/2019, número de orden 44/2019, del índice de este Juzgado, que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, enviado para notificar el proveído de seis de febrero del año en curso a la quejosa Juana Ruiz Chairez; atento a lo anterior, se tiene por notificada del proveído referido a la impetrante de garantías; sin embargo, no se realiza mayor pronunciamiento al respecto, ello en virtud de que por acuerdo de catorce de los cursantes, se desechó la demanda de garantías, que dio origen al juicio en que se actúa, háganse las anotaciones respectivas.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de febrero de dos mil diecinueve. AGREGA CONSTANCIAS. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, en el que en respuesta al requerimiento de seis de febrero de dos mil diecinueve, informa el estado procesal que guarda el expediente laboral 516/2018; atento a lo anterior, se deja sin efecto el apercibimiento decretado en dicha actuación. DESECHAMIENTO. Ahora, es oportuno señalar que la quejosa reclama de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y otras autoridades: La omisión de emitir el laudo relativo al expediente J29/516/2018. En ese orden, de las constancias remitidas por la responsable en la promoción que se acuerda, se evidencia que en el expediente laboral J29/516/2018, el seis de diciembre de dos mil dieciocho, se decretó el cierre de instrucción, en el cual se ordenó turnar los autos a proyecto de laudo. En concordancia con lo anterior, el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la contenida en el diverso numeral 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados a contrario sensu; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio biinstancial, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º. Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que por regla general es notoriamente improcedente el juicio de amparo promovido por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que -por regla general- la actual no afecta materialmente derechos sustantivos; excepción hecha de los asuntos en que el contenido de la demanda se advierta una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consiste en la dilación procesal en el expediente laboral J29/516/2018 del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, que en esencia se traduce en que, desde el veintiocho de noviembre del año próximo pasado, fecha en que se decretó el cierre de instrucción, se turnaron los autos de dicho expediente a proyecto de resolución, mismo que fue notificado el seis de diciembre siguiente y a la fecha no se ha emitido el laudo correspondiente; omisión que no constituye para la peticionaria, del amparo una afectación de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que con esa dilación procesal no afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la aquí quejosa, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener laudo favorable al momento de resolverse el juicio laboral relativo; lo anterior, considerando que la omisión reclamada, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa en el proceso de origen, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto, dado que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en el retraso en el juicio de origen; sin embargo, estos efectos no son de imposible reparación, en los términos precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, la omisión reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado. Además, se considera que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se advierte que exista una abierta dilación procesal o que el procedimiento se encuentre totalmente paralizado; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de abril de dos mil dieciséis. "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. (10a. Época; 2a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 2a./J. 48/2016 (10a.))" Máxime porque en los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que contienen los términos que deben respetar los tribunales obreros para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes." Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Artículo 891. Si la Junta estima que alguna de las partes obró con dolo o mala fe, podrá imponerle en el laudo una multa, en los términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 729 de esta Ley. Así, de un análisis de los preceptos antes citados se obtiene que una vez que se haya declarado cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, del cual se entregará una copia a cada uno de los integrantes de la junta, para que en los cinco días subsecuentes soliciten se practiquen las diligencias que juzguen convenientes, las que tendrán desahogo en los ocho días posteriores, transcurridos éstos el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. En suma, se concluye que el acto aquí reclamado - la dilación procesal en que a según el dicho de la quejosa y constancias que remite la autoridad oficiante, a través de la misiva que se acuerda, incurre la responsable al cerrar la instrucción el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, notificado el seis de diciembre siguiente y al día de la fecha no emitir el laudo correspondiente, en autos del expediente laboral J29/516/2018, de ninguna manera transgrede derechos sustantivos de la quejosa, porque no se advierte una abierta dilación, en tanto que desde que empezaron a transcurrir los treinta y tres días que establecen los preceptos citados, a la data en la que se promovió la demanda que nos ocupa (cinco de febrero del año en curso), sólo han pasado veintisiete días hábiles, lo que es insuficiente para sostener que la violación aducida por la promovente de la demanda, se ubique en el caso de excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto, no debe tomarse en consideración para dicho computo, el periodo vacacional de la responsable (el cual inició el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho y feneció el treinta y uno de dicho mes y año; y el uno de enero de dos mil diecinueve, fue inhábil). Por ende, atendiendo a la naturaleza del acto se evidencia que a esta data no existe un tiempo prudente en que se concluya que la responsable ha incumplido con lo establecido en el artículo 17 constitucional, en consecuencia, se pone de manifiesto que al día de la fecha no existe violación a las garantías reclamadas. De ahí que es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados a contrario sensu; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. ORDEN DE EXHORTO. Ahora, toda vez que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Av. Jorge Jiménez Cantú manzana C33-A Lote 2, colonia Centro Urbano, municipio de Cuatitlán Izcalli, Estado de México; es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo líbrese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el domicilio referido y notifique el presente proveído a la quejosa Juana Ruíz Chairez. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial del juzgado exhortado para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía.

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