Juana Ruiz Calderon
Expediente 1/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juana Ruiz Calderon
- JUANA RUIZ CALDERON y Otros.
- Kevin Fernando Cervantes Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
SÍNTESIS
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la denuncia por incumplimiento a declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Devolución de documentos. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Visto el oficio de cuenta, que remite el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, radicado en Guanajuato capital, transcribe el proveído de trece de octubre del año en curso, el cual en lo que interesa, dice: «(.) el proveído de treinta de septiembre de este año, mediante el cual la presidenta de este Tribunal Colegiado desechó por extemporáneo el amparo en revisión administrativo interpuesto por ****, que quedó registrado como amparo en revisión administrativo ****, (.) transcurrieron los tres días que para su impugnación señala el artículo 104 de la Ley de Amparo, y en ese plazo no se inconformó en contra de esa resolución; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado.» De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes; asimismo, acúsese de recibo al Tribunal de Alzada, del oficio de cuenta, al que adjuntó dos tomos de prueba correspondientes al presente juicio de amparo. Se ordena archivo. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Destino del expediente principal.*** Valoración documental del expediente principal.*** Hágase constar la valoración en la carátula del expediente.*** Documentos a disposición de las partes.*** Devolución de autos.*** Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Registro de denuncia. Con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, y 210 de la Ley de Amparo, téngase por recibida la denuncia por incumplimiento a declaratoria general de inconstitucionalidad **** firmada por ****, quien de la lectura de la demanda se ostenta apoderado legal de ***, en contra de la siguiente autoridad: Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Substancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud, residente en la Ciudad de México. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1/2022-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Es necesario analizar la forma en que se presentó la denuncia, ya que, al ser un documento, debe contar los requisitos y formalidades que para su presentación prevé la Ley de Amparo. Previo a realizar el pronunciamiento respectivo se hacen algunas precisiones. Consideraciones previas. Las formalidades del procedimiento no constituyen formalismos sin sentido, sino que tienen como propósito que el juzgador encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del cada uno de los asuntos que le sean promovidos, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Bajo esta perspectiva, se debe analizar íntegramente el escrito de denuncia a fin de revisar si satisface los elementos necesarios para proceder a su análisis de fondo. Falta de firma electrónica. En el caso, esta juzgadora estima la improcedencia de la denuncia de que se trata, pues no cumple con las formalidades establecidas para su tramitación. Así se considera, pues el asunto que ocupa debe iniciarse a instancia de parte agraviada, ya sea por propio derecho o bien por conducto de diversa persona que actúe en su nombre, siempre que quede acreditada la voluntad del directo afectado para tal efecto, con base en las formalidades previstas en la Ley de Amparo. Así, la voluntad de cualquier persona que presenta su demanda u ocurso -como en el particular- ante un órgano jurisdiccional se realiza a través del estampado de la firma; acto de voluntad que supone desde luego la imposición autógrafa, del puño y con la letra del propio interesado; lo anterior, con la salvedad de que dicho signo gráfico debe corresponder al auténtico y no a una simple reproducción fotográfica, digitalización o facsímil de éste; ya que de ser así carecería de valor, en términos de los preceptos 3 de la Ley de Amparo y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Ahora, el escrito de denuncia en cuestión fue recibido en la vía electrónica, como se desprende del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin embargo, de la misma se advierte que el promovente ****, no firmó electrónicamente el escrito. Sobre este tópico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estipuló, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, que conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, conjuntamente con los Acuerdos Generales en cita, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica (FIREL)", entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los numerales 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Así, la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo a partir de la reforma de la Ley Reglamentaria de los ordinales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -según se externó en la exposición de motivos correspondiente-, (referido por analogía en el presente asunto), tuvo como objetivo fundamental favorecer el respeto y pleno ejercicio del derecho a una justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, así como en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte, simplificando con ello la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Todo ello, se dijo, en busca de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, modernizando la tramitación de los juicios de amparo a través de la Firma Electrónica, a fin de otorgar mayor certidumbre jurídica a los usuarios del sistema de impartición de justicia respecto del procedimiento en el que intervienen ante los órganos jurisdiccionales, permitiendo con ello un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. Sin embargo, de ello no puede colegirse que dicha reforma hubiera tenido como intención que los principios constitucionales rectores de los procedimientos tramitados conforme a la ley de amparo, como lo es particularmente, el principio de "instancia de parte agraviada" se modificara; pues el Constituyente permanente delega en el legislador la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen en los procedimientos jurisdiccionales, ello está condicionado a mantener intactos sus principios y fines y a no pugnar con el espíritu constitucional que los creó. Bajo esta lógica, los procedimientos como el que ocupa debe prevalecer el principio de parte agraviada aun tratándose de la presentación del ocurso de la denuncia mediante el empleo de las tecnologías de la información, por lo que no es jurídicamente factible que ante la ausencia de firma electrónica de un ocurso como el que aquí ocupa, el juzgador requiera para la satisfacción de un requisito fundamental para demostrar el consentimiento y voluntad de quien promueve, porque ante la ausencia de firma lo único indubitable, es que no existe voluntad del promovente de presentar la denuncia. Luego, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de las demandas por escrito, es decir, que se siga siempre a "instancia de parte agraviada" y, por esa razón debe estar firmada electrónicamente con la FIREL del promovente, pues se insiste, la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implica soslayar un principio como lo es el de "instancia de parte agraviada".***** De ahí que, si el promovente ****** no firmó la denuncia por incumplimiento a declaratoria general de inconstitucionalidad ***** electrónicamente, y no se está ante una excepción que justifique tal circunstancia, es inconcuso que la misma debe desecharse, ya que no se tiene certeza sobre la autoría de la demanda ni la voluntad del promovente. En ese orden de ideas, toda vez que la acción que se intenta constituye un derecho personalísimo que, por regla general, debe ejercerse directamente por las personas expresamente legitimadas para hacerlo, o bien por conducto de quien los represente siempre que quede demostrada su personalidad, es necesario que de la evidencia criptográfica generada con el motivo del envío de su promoción se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, corresponda a los promoventes, de lo contrario, deberá desechar la solicitud presentada. Desechamiento. Consecuentemente, se desecha la denuncia promovida al no encontrarse evidenciada la voluntad del solicitante.**** No escapa a la consideración de esta juzgadora que el desechamiento en que se funda el presente acuerdo podría ser estudiado en la sentencia respectiva; sin embargo, tratándose de casos como el que ocupa, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la acción intentada para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada.****Domicilio y autorizados.*** Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Ahora, conforme a lo previsto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza para acceder vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa y con fundamento en el diverso 26, fracción IV, para recibir notificaciones, quien tiene como nombre de usuario ***. Consulta del expediente físico previa cita que se genere en el sistema.
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