Juana Royaceli Padilla

Expediente 242/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
242/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Juana Royaceli Padilla

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho proveído ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 242/2023, POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a uno de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual, cumple con la prevención formulada en autos; en consecuencia, se provee: Desechamiento de la demanda Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, todos de la citada ley. En el presente caso, la parte quejosa, señala como acto reclamado el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, emitido en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente ***, en el que la Presidente Municipal de Jonacatepec de Leandro Valle, Morelos, en su carácter de autoridad demandada (aquí autoridad responsable), desechó los escritos de veintiocho de julio de dos mil diecisiete y ocho y doce de enero de dos mil dieciocho. Aduce la parte quejosa, que tal proceder irroga agravio en su esfera jurídica, tal y como menciona en el capítulo relativo a los conceptos de violación, al decir que es violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracciones IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: La primera regla consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del País, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y, La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de amparo. Esto es así, pues a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de amparo. En el caso a estudio, la parte quejosa reclama el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, emitido en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente ***, en el que la Presidente Municipal de Jonacatepec de Leandro Valle, Morelos, en su carácter de autoridad demandada (aquí autoridad responsable), desechó los escritos de veintiocho de julio de dos mil diecisiete y ocho y doce de enero de dos mil dieciocho. Por lo que es claro advertir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues lo reclamado se trata de un acto intermedio, el cual no puede ser combatido a través de esta instancia constitucional, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución correspondiente, momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En esa tesitura, lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto intermedio más no como una determinación que revista el carácter de la última resolución en la citada fase procesal, para que el escrito inicial de demanda resulte procedente, conforme lo establece el numeral 107, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, que expresamente dispone la procedencia del juicio de amparo ante el juzgado de distrito, "contra actos de tribunales judiciales." y ". entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente.", la que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, hipótesis en las que de ninguna manera, se ubica el acuerdo reclamado, por lo que es incuestionable que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del ordinal 61, en concordancia con el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, ya que no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. Dichas disposiciones son acordes con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, también se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón de que en contra del acto reclamado procede recurso de queja, por lo que la parte quejosa debía agotarlo en cumplimiento al principio de definitividad. Los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución, sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta a la parte quejosa de agotar los recursos ordinarios que procedan contra tal acto. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, son presupuestos distintos y autónomos que debe observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Por tanto, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados1 . En ese tenor, respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso que proceda. Por tanto, el principio de definitividad respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo conlleva la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. En el caso, el acto combatido en la presente vía constitucional, consiste en el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, emitido en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente ***, en el que la Presidente Municipal de Jonacatepec de Leandro Valle, Morelos, en su carácter de autoridad demandada (aquí autoridad responsable), desechó los escritos de veintiocho de julio de dos mil diecisiete y ocho y doce de enero de dos mil dieciocho. Dicho acto, no tiene el carácter de definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que en contra de éste procede el recurso de queja previsto en la fracción II, del artículo 127 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que a continuación se transcriben: "II.- En contra de los actos de las autoridades demandadas por exceso o defecto en la complementación de las sentencias del Tribunal; y". Dicho numeral establece que el recurso de queja procede en contra de los actos de las autoridades demandadas por exceso o defecto en la complementación de las sentencias del Tribunal. En el caso, el auto reclamado se encuentra dentro del supuesto previsto en el artículo antes señalado, al poder ser modificado el auto reclamado. Por tanto, es evidente que en contra del acto reclamado procedía el recurso de queja, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa (queja), mediante el cual pudo ser revocado o nulificado el acto de autoridad en comento. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la citada ley y 61, fracción XVIII, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, y toda vez que ya transcurrió el término a las partes en proveído de diecisiete de febrero del actual; en consecuencia, se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental correspondiente al incidente innominado para establecer el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano