Juana Robledo Montoya
Expediente 332/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 1 actuación registrada, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 25/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Juana Robledo Montoya
Actuaciones
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda firmado electrónicamente por el licenciado *****, en el que aparece como quejosa diversa persona, mismo que se recibió a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el apartado denominado como "Demandas electrónicas", contra actos del Jueces de Control del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y otras autoridades, por violación a los derechos humanos consagrados en los preceptos constitucionales 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 332/2021-V. En su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el expediente como asunto concluido. En principio, el suscrito estima que de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda de amparo, al actualizarse manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en vinculación con el 6, de la Ley de Amparo; preceptos que en lo conducente establecen lo siguiente: "Articulo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite". "Artículo 61. El juicio de amparo es procedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es firmada electrónicamente por ****, sin embargo, aparece como quejosa *****, sin que del contenido de la demanda que se recibe se advierta que la directamente quejosa se encuentre en alguno de los supuestos de los numerales 15 de la ley de amparo y 22 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; por lo tanto, al no colmar los lineamientos de la firma electrónica avanzada, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, deviniendo improcedente el escrito inicial de demanda de amparo; lo anterior es así, en razón de que la firma es una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover el juicio constitucional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Resulta aplicable, la tesis de la Décima Época, Registro: 2019715, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 8/2019 (10a.), Página: 79, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, promovida por Juan Carlos Cabrera Betancourt. Asimismo resulta pertinente señalar nuevamente, que en la demanda de amparo que se atiende, no versa respecto de actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para considerar que le sería aplicable el último párrafo del diverso numeral 109, excluyéndolo de presentarla con la firma electrónica del quejoso, que al efecto se requiere del mismo. Asimismo, tampoco se desprende el hecho de que Juan Carlos Cabrera Betancourt, al suscribir la demanda de manera electrónica, lo realice en los términos que prever el numeral 6 de la Ley de Amparo, esto es que se ostente, en su carácter de representante legal o apoderado del quejoso, o que tenga el carácter de defensor particular, toda vez que únicamente se le autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, para consultar el expediente y en su caso presente promociones que impulsen su procedimiento De igual forma, no es óbice a lo ya determinado el hecho de que se advierta la impresión de una firma en facsímil, en la demanda, bajo el nombre impreso del quejoso, toda vez que al haber sido presentada por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, debió de haberse signado de manera electrónica, a fin de constatar la veracidad en la voluntad del suscriptor, lo que no se sustituye porque diversa persona a quien sea el agraviado la suscriba de manera electrónica; lo anterior, fuera de los casos que señala la ley y que ya fue mencionado. Se faculta al Actuario adscrito a este juzgado, para que esté en posibilidad de practicar las notificaciones que se le ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles en términos del último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 fracción I de la Ley de Amparo, téngase al promovente señalando para oír y recibir notificaciones el domicilio que se menciona en la demanda; asimismo, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que al consultarse la dirección de internet http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se constató que la cédula número *****, efectivamente se encuentra a nombre de *****; por tanto, téngase al profesionista en mención, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. De igual forma, como lo solicita el promovente, con fundamento en el numeral 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2013 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), se autoriza tener acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo mediante el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el usuario "betancourt.jc"; por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que proceda a dar de alta al referido usuario, con efectos de autorización, en el sistema mencionado. Además proporciona sus datos de correo electrónico, del que se toma nota. De igual manera, con fundamento en lo establecido por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede al promovente la expedición de copias de este proveído, así como de las subsecuentes actuaciones que se generen dentro del presente sumario, mismas que se expedirán conforme a las labores del juzgado lo permitan, previa razón de recibo que se deje como constancia en autos; además, con apoyo en los numerales señalados, en concordancia con lo asentado en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la cual se da a conocer la determinación del citado cuerpo colegiado, el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de autos, en la inteligencia que cada vez que requiera utilizarlo, deberá hacerlo en presencia del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, quien deberá levantar acta en la cual se asiente dicha circunstancia. Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional, tiene la obligación de velar por el principio de máxima publicidad, acorde a lo dispuesto por el artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, cuando sea realizada una petición de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en este expediente, serán proporcionadas, previa clasificación de la información reservada y confidencial. En la inteligencia que, en lo referente a los datos confidenciales, acorde a lo previsto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sólo podrán tener acceso los titulares de esa información, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; salvo que las partes en este procedimiento judicial expresen su consentimiento para la divulgación; por ello, desde este momento se les apercibe que en caso de no hacer manifestación al respecto, acorde a lo dispuesto por el punto cuadragésimo octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se entenderá que no es su deseo se haga pública la información confidencial. En el entendido que acorde a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cuadragésimo, de los referidos lineamientos, no será suficiente para considerar la información como confidencial, que con ese carácter sea entregada por las partes, ni se requerirá su consentimiento para hacer esa información pública, cuando: a) se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; b) tenga el carácter de pública; c) exista orden judicial; d) por razones de seguridad nacional y de salubridad general o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; o, e) cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Finalmente, acorde a lo previsto en los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se exhorta a las partes, a fin de que gestionen lo conducente para continuar el trámite del presente asunto, en la modalidad de "juicio en línea", por lo que de optar por tal tramitación, deberán proporcionar nombre de usuario y manifestar expresamente que solicitan que las notificaciones personales se hagan de forma electrónica; en la inteligencia de que tal petición, en su caso, deberá realizarse en cada cuaderno. Además de lo anterior, se requiere a las partes para que proporcionen sus "datos de contacto", como lo es, correo electrónico y un número de teléfono móvil; lo anterior, con la finalidad de integrar con celeridad el presente asunto, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la carta magna. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, licenciado Zenaido Orozco Contreras, ante el Secretario que da fe, licenciado Edgardo López Garza. Doy fe. nallely
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