Juana Rivera Cadena

Expediente 131/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
131/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Juana Rivera Cadena

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, por medio del cual, se desechó la demanda; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. Oposición de datos personales. Hágase notar que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo de destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y destrucción en el plazo de tres años contados a partir de esta fecha, puesto que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. Devolución de documentos. se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió adjuntos a su escrito de demanda, en la inteligencia que de no comparecer a recogerlos en el plazo de 90 días, los mismos, serán destruidos junto con el expediente principal dentro de plazo previsto para dicha destrucción en este auto.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    AVISO PRINCIPAL. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO LA CUAL DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juana Rivera Cadena, contra actos de la Directora General de Fiscalización de la Secretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refieren. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 131/2020-V-A De conformidad con los artículos 15 y 16 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Del contenido de la demanda, se desprende que la promovente señala como acto reclamado destacado: El citatorio de diecisiete de febrero de este año, que refiere contiene notorias faltas de formalidad. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Entonces, del análisis del acto reclamado y sus antecedentes, obtenemos que la demanda de amparo que nos ocupa deviene notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se demostrará enseguida. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." El precepto citado establece el principio de definitividad, propio de la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, por virtud del cual éste resulta improcedente cuando, previamente a su promoción, la quejosa no haya agotado los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa, a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos que estime violatorios de garantías individuales. Así, el particular que resienta una afectación en su esfera jurídica está obligado, antes de acudir al juicio de amparo, a agotar los medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto que le cause tal afectación, siempre y cuando se reúnan los requisitos que establece el artículo 61, fracción XX, referido. Ahora, es importante esclarecer cuáles son las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Si partimos de la base que las autoridades en México ejercen funciones en el poder legislativo, ejecutivo o judicial, sea federal, local, en el ayuntamiento, en los municipios o en los organismos constitucionales autónomos, las autoridades administrativas deberán estar adscritas dentro de alguna de las distintas esferas o entidades de la estructura general del poder público. En ese sentido, del precepto citado se advierte que no es dable tomar en consideración a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que el poder judicial federal y local están excluidos, así como los tribunales agrarios, militares, de lo contencioso, tribunales laborales en los que se encuentran comprendidas las juntas de conciliación y arbitraje. Además, se debe descartar a las autoridades que pertenecen al poder legislativo, sin que se considere desestimar a las autoridades administrativas que expidan normas generales en virtud de esa función, pues no hay que olvidar que también realizan otras actividades de acuerdo a su competencia que no implican la creación de una ley. Lo anterior se traduce en que al no encontrarse las autoridades administrativas contenidas en el poder judicial ni en el poder legislativo, deben incluirse en el poder ejecutivo y es a éstas a las que se impone la obligación de agotar los recursos ordinarios que prevé el artículo 61 fracción XX citado. En suma, los requisitos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, consisten en los siguientes: El acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal; Por virtud de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado. Para la procedencia de la suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo; El acto reclamado no carezca de fundamentación. Mediante la concurrencia de tales elementos previstos en el precepto en estudio se configura la causa de improcedencia aludida, el que sólo contempla como casos de excepción que el acto reclamado carezca de fundamentación, o bien, que conforme a las leyes que rijan el acto reclamado se suspenda su ejecución a través de la interposición del recurso o medio de defensa en comento, pero exigiendo mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para la suspensión, independientemente de que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza sea o no susceptible de ser suspendido. En tales condiciones, es evidente que el gobernado estará exento de observar el principio de definitividad, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, o bien, cuando conforme a las leyes que lo rijan, para suspender su ejecución a través de la interposición del recurso o medio de defensa procedente, se exijan mayores requisitos que los que impone la Ley de Amparo para la suspensión, independientemente de que sea o no susceptible de ser suspendido, lo que en la especie no acontece, atendiendo a lo siguiente: Una vez expuesto lo anterior es necesario precisar que las autoridades administrativas emiten dos tipos de actos. Por una parte están los actos autónomos que son ajenos a la excitativa procesal de los particulares. El segundo tipo de actos lo componen aquéllos en que desempeñan una función materialmente jurisdiccional, esto es, dirimen controversias sin ser tribunales, que coloquialmente se les denomina "procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio". Ahora bien, para que se considere que el particular se encuentra obligado a cumplir con el principio de definitividad, el medio ordinario de impugnación debe estar contenido en una ley, en sentido formal y material. La ley debe regular por algún título ese acto de manera específica, colmando todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado, es decir, que a través de éste se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama. En el particular, el acto reclamado en esta instancia es impugnable a través del procedimiento contencioso administrativo, conforme al artículo procedimiento contencioso administrativo en términos del artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, ante la Sala correspondiente. Siendo de esta manera, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que esa codificación no preveía mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), consultable a página 933, Libro XXI, junio de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, dispone lo siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." Máxime que el propio Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión, por las siguientes razones: Los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, establecen que la suspensión se decretará cuando ocurra lo siguiente: La solicite el agraviado (fracción I); Con su concesión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción II); Se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; cuando se aduzca un interés legítimo (artículo 131); y, Del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, conlleve a concluir que se deba conceder la suspensión solicitada (artículo 138). Al respecto, los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, disponen: "Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." "Artículo 256. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada." "Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor." "Artículo 258. En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor." "Artículo 259. El acuerdo del magistrado de sala regional que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde el momento en que se dicte, aun cuando en contra de éste se interponga el recurso de revisión. El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la sección de la sala superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata." "Artículo 260. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La sala dará vista a las demás partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda" Como se advierte, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establece mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues en ambas leyes, ante la solicitud de la medida cautelar, se establecen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de Amparo, prevé que uando la concesión de la suspensión de los actos, pueda ocasionar un daño o perjuicio se deberá otorgar garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, lo cual es previsto de la misma forma en el párrafo primero del artículo 257 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Cabe mencionar, que en ambas leyes se establece la figura de la contragarantía, en el caso de la Ley de Amparo, se encuentra regulada en el artículo 125 al 158, en tanto que en la Ley procesal, se regula en igualdad de circunstancias, en el párrafo segundo del citado artículo 257. Las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto, permiten concluir que no se exigen mayores requisitos que en el juicio de amparo, para conceder la suspensión del acto combatido. Tampoco, se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior se transcribe la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en la página 156 del Tomo XII, julio de 2000, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 191539, que señala: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Por tales razones, el acto reclamado en este juicio de amparo puede previamente impugnarse ante la Sala correspondiente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en términos del artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En esta tesitura la quejosa también pudo promover previo a este juicio de amparo el juicio contencioso administrativo, en los términos apuntados, para poder impugnar el acto reclamado y lograr la suspensión de éste. Por ello, si la parte quejosa no interpuso el aludido medio de defensa legal, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es obvio que en el caso, no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto aún en el supuesto, de que pudieran considerarse los actos reclamados de imposible reparación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 729, que refiere: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Sin que al respecto, obste el hecho de que la parte demanda en el escrito que ahora se provee, alegue que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que de las constancias que adjunta a su libelo, es posible advertir que en el citatorio que pretende tildar de inconstitucional, se citan normas y diversos razonamientos, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción que prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; máxime, que tal excepción al principio de definitividad no debe entenderse aplicable de manera irrestricta, en todos los casos en que el acto reclamado se encuentre falto de fundamentación, sino única y exclusivamente en aquellos supuestos que, por sus especiales y particulares características, el juzgador tenga la convicción de que, realmente, la falta de fundamento del acto combatido impidió al quejoso desplegar adecuadamente su defensa. Siendo aplicable al respecto, la tesis que expone: Registro digital: 177323 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: VII.2o.C.6 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1443 Tipo: Aislada DEFINITIVIDAD EN AMPARO INDIRECTO. DEBE AGOTARSE EL RECURSO ORDINARIO ANTE UN ACTO CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN, SI SE DICTÓ DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL QUE SE DIO INTERVENCIÓN AL QUEJOSO. Si bien contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que carecen de fundamentación, previo a la promoción del juicio de garantías no existe obligación para el quejoso de agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal pertinente por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XV, último párrafo, de la Ley de Amparo; lo cierto es que tal excepción al principio de definitividad no debe entenderse aplicable, de manera irrestricta, en todos los casos en que el acto reclamado se encuentre falto de fundamentación, sino única y exclusivamente en aquellos supuestos que, por sus especiales y particulares características, el juzgador tenga la convicción de que, realmente, la falta de fundamento del acto combatido impidió al quejoso desplegar adecuadamente su defensa. Se expone tal aserto en atención a que la previsión de que se trata tiende a facilitar la procedencia del amparo, sin necesidad de agotar recursos ordinarios, ante una eventual violación a la garantía de seguridad jurídica del particular generada por la incertidumbre que le pudiera acarrear el desconocer el fundamento en que se apoya la actuación de la autoridad; por virtud de dicha prerrogativa suprema, todo gobernado que se vea afectado por un acto gubernativo, debe conocer, puntualmente, el sustento jurídico en que aquél encuentra soporte, certidumbre que, en su caso, lo colocará en aptitud de desarrollar lo más adecuadamente posible su defensa. Sobre esa base, se justifica que ante un acto aislado de la autoridad administrativa que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, carente de fundamentación, el quejoso no se encuentre obligado a agotar el recurso o medio de defensa ordinario procedente porque no sabrá, a ciencia cierta, qué ley es aplicable y, en esa medida, qué medio de defensa intentar; hipótesis que no se actualiza en un caso en que el acto reclamado proviene de un procedimiento administrativo donde se ha dado intervención al particular, desde su instauración misma, de tal modo que éste no se encuentra en el estado de desconocimiento o ignorancia sobre el ordenamiento conforme al cual el ente de gobierno desarrolla su actividad puesto que se presupone la observancia de las reglas del procedimiento administrativo, en mérito a lo cual, las determinaciones que la autoridad llegara a tomar en el transcurso de ese procedimiento, aun cuando carecieran de fundamento, no pueden considerarse, ilimitadamente, como aquellas que por sí solas hacen procedente el amparo, pues en esa hipótesis debe entenderse que el quejoso estuvo en aptitud de interponer el medio recursivo pertinente a sabiendas de la ley conforme a la cual se le instauró el procedimiento. De ahí que cada caso en particular debe analizarse bajo la referida óptica a fin de determinar si se actualiza o no la excepción al principio de definitividad comentado; no considerarlo así, es abrir de modo ilimitado la procedencia del amparo ante supuestos que, por sus propias características, contradicen el espíritu protector que inspiró la referida institución. Bajo esas condiciones, la parte quejosa se encontraba obligada a cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, tratándose de actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por el cual sean susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados. Ello, porque el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1° y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios. Máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Por ello, en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a interponer y agotar los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad. Como sustento se cita la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO. A partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna."1 En las relatadas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo respecto del acto reclamado por esta vía, resulta notoriamente improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA la demanda de amparo. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Toda vez la quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquense sus notificaciones por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional- Ahora bien, dado el sentido del presente auto, por única ocasión, en términos del numeral 26, fracción I, inciso j) de la ley invocada, comisiones al actuario judicial adscrito para que se constituya en el domicilio particular de la solicitante de la protección constitucional y le notifique de forma personal el contenido del presente auto. Se tienen como sus autorizados de la solicitante de la protección constitucional en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael Ochoa Ruíz quien está inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que cita por carecer de dicho registro. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento constitucional, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En ese orden, atendiendo al contenido del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en cuanto a que debe buscarse que los juicios en línea puedan seguirse de manera remota de forma que no sea necesaria la presencia física del personal para la práctica de actuaciones; se exhorta a las partes promovente para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, soliciten la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la práctica de notificaciones consulta de expediente electrónico y presentación de promociones y escritos. Asimismo, se insta las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y números telefónicos, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; Lo anterior, en el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes, que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

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