Juana Reyes Gonzalez
Expediente 1114/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1114/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/11/2017
Partes del expediente
- Juana Reyes Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
III Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 171/2017, promovida por ******************** contra el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE JUAN REYES NÚÑEZ, en contra del auto de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto 1114/2017-III, por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe trámite pendiente de realizar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Órgano Jurisdiccional. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI, del Acuerdo citado. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto 1/2009; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
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III) Toluca, Estado de México; trece de septiembre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio remitido por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de once de septiembre del año en curso, donde informa la admisión del recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa contra el proveído de veinticuatro de agosto del presente año, medio de impugnación registrado con el número 171/2017. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Constitucional oficiante. Notifíquese
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III) Toluca, Estado de México; cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito de cuenta, a través del cual Renato Marín Bautista, autorizado de la parte quejosa, interpone recurso de queja contra la determinación de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación sobre la materia de la queja, remítanse el original del escrito de cuenta y una copia simple del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. Además, remítase copia certificada del presente juicio de amparo para justificar la emisión del acto. Notifíquese.
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Toluca, Estado de México; veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Desahogo de prevención. Visto el escrito signado por Juana Reyes González, en su carácter de albacea de la Sucesión de Juan Reyes Núñez, a través del cual en cumplimiento al proveído de trece de julio de dos mil diecisiete, exhibe un juego de copias del documento con el que acredita su personalidad de albacea de la Sucesión que representa. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el escrito de cuenta; téngase por cumplido el citado requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Desechamiento. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, se precisa que del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama esencialmente: El acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio sucesorio testamentario a bienes de Juan Reyes Núñez, registrado con el número 822/2015 del incide del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco; mediante el cual no acuerda favorable su solicitud de dar vista al Ministerio Público, por hechos posiblemente constitutivos de delito. Por tanto, después de analizar el citado acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto transcrito se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún recurso o medio de defensa legal; c) Por medio de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. La impetrante de amparo reclama el acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio sucesorio testamentario a bienes de Juan Reyes Núñez, registrado con el número 822/2015 del incide del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco; mediante el cual no acuerda favorable su solicitud de dar vista al Ministerio Público, por hechos posiblemente constitutivos de delito. Los numerales 1.361, 1.362, 1.363 y 1.364 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en su orden, establecen: "Artículo 1.361. Los recursos no son renunciables." "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Artículo 1.363. La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente." "Artículo 1.364. Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día." La interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite considerar, como regla general que el recurso de revocación procede por exclusión respecto de los autos y decretos que no sean apelables, tal como lo establece la tesis emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 573 del volumen 217-228 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "REVOCACIÓN, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio." En esas condiciones, la quejosa estaba obligada a inconformarse contra la determinación que reclama en esta vía mediante la interposición del recurso de revocación. De tal suerte que al acudir en forma directa al juicio de garantías, sin agotar aquel medio de impugnación por el cual se podría modificar, revocar o confirmar el acto reclamado, debe estimarse que incumplió con el principio de definitividad rector del juicio constitucional. En efecto, en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia estatuida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por concurrir las circunstancias siguientes: a) El auto reclamado es una determinación proveniente de autoridad judicial, a saber, el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México. b) El acto reclamado es susceptible de impugnación por medio del recurso de revocación. c) Por medio de ese recurso, el acto reclamado era susceptible de confirmación, modificación o revocación. Luego, si el acto reclamado en el presente sumario era susceptible de reparación mediante el recurso de revocación y éste no se agotó, debe estimarse que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación del gobernado o quejoso de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que considera le causan perjuicio. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página novecientos dos del Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 277/2011, visible en la página 729, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Juana Reyes González, en su carácter de albacea de la Sucesión de Juan Reyes Núñez, contra actos del Juez Segundo de lo Civil con residencia en Atlacomulco, Estado de México, de conformidad con los artículos 61, fracción XVIII, 112, y 113 todos de la Ley de Amparo vigente. Finalmente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de trece de julio de dos mil diecisiete y se ordena practicar las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.
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