Juana Portugal Oceguera
Expediente 340/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juana Portugal Oceguera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En diecisiete de marzo de dos mil veintidós, Angélica Bobadilla Larios, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del dos mil veintiuno. Doy Fe. Que en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto pronunciado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Además, que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del dos al ocho de julio de dos mil veintiuno. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado de autos. Conste. La Secretaria. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del dos mil veintiuno. Por Otra Parte, visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
EN ESTA PROPIA FECHA, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, ELLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN NO CUMPLIDA. Vista la certificación que antecede, se desprende que han transcurrido los dos últimos días, de los cinco que le fueron concedidos a la promovente para dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintiocho de abril del año en curso, en razón a que en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se determinó no tener por cumplida la prevención y ante ello, se suspendió el plazo concedido a la quejosa, hasta en tanto, le fuera notificado el citado acuerdo, sin que haya cumplido lo solicitado; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veintiocho de abril del año en curso y únicamente se proveerá respecto de los actos y autoridades que no son materia de prevención. En tales condiciones, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Juana Portugal Oceguera, por propio derecho, señala como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1). Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas. 2). Director General de Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: - Abstención de las autoridades responsables de realizar dentro de la carpeta de investigación C.U.I 671/2019 la práctica, elaboración y remisión de la pericial en materia de topografía, solicitada el siete de octubre de dos mil diecinueve. Ahora, la parte quejosa en su capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, relató: A). En fecha siete de octubre de dos mil diecinueve, presentó denuncia ante la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas por el delito de DESPOJO DE BIEN INMUEBLE en contra de RICARDO LUNA RIVERA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE. B). En misma fecha se giró oficio 671/2019, signado por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas y dirigido al Director de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, quien lo recibió el quince de octubre de dos mil diecinueve. C). Que se han realizado diversos requerimientos a la dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, sin que a la fecha se haya cumplido con practicar la pericial en materia de topografía. En atención al acto reclamado y a los antecedentes señalados en la demanda inicial, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto relación al numeral 1 ambos de la ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del contenido integral de la demanda se desprende que la peticionaria de amparo reclama en esencia la omisión de dar contestación a la solicitud realizada por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, dentro de la carpeta de investigación 671/2019, para que emita el dictamen pericial en materia de topografía. Ahora, en términos del artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, para determinar la presencia de una autoridad en el juicio de garantías, hay que atender al hecho de que ésta pueda ordenar, ejecutar o intentar ejecutar el acto combatido, precisamente por haber recibido una petición por parte del gobernado y colocarse en una relación de supra a subordinación, lo que en la especie no acontece, como se detallará a continuación: La parte quejosa refiere que, en la carpeta de investigación 671/2019, la Agente del Ministerio adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, solicitó recordatorio al director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, emitiera el dictamen pericial solicitado. Sin que pase desapercibido que la omisión reclamada, también se la atribuye al Fiscal General de Justicia del estado de Zacatecas, sin embargo, la parte quejosa, fue clara en señalar que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, únicamente giró oficio al Director de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; de ahí, que la actuación del Fiscal General de Justicia, no quedó debidamente clara, por tanto, se analizará ese acto en conjunto, con el que atribuye al citado director de Servicios Periciales. Circunstancia que coloca a dichas autoridades en un plano de coordinación, sin que pueda afirmarse, válidamente, que la parte quejosa se encuentre en un plano de supra a subordinación respecto del director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas por no haberle efectuado solicitud alguna y que, en caso de no dar respuesta, en términos del artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, pueda estimarse trasgresión de garantías constitucionales en perjuicio de la parte quejosa. Sin que pase desapercibido que la Agente del Ministerio adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, de la Fiscalía General de Justicia del Estado no fue señalada como autoridad responsable. De acuerdo con la estructura constitucional orgánica, el ejercicio de las funciones de autoridad está supeditado a la regulación de su propio desempeño emanado de la Constitución y de las normas derivadas de ella. Así, las autoridades como tales están constreñidas a cumplir con sus obligaciones surgidas de la Ley, sean éstas de carácter positivo o negativo. En tal virtud, la autoridad debe acatar la obligación de hacer lo que la ley le ordena, o de abstenerse de realizar lo que la ley prohíbe. El incumplimiento a esas obligaciones (traducido en actos positivos o negativos), que pueda repercutir en la esfera jurídica de los particulares, da lugar al surgimiento de un derecho público subjetivo a favor de éstos, que permite acudir al juicio de amparo; de manera que, de no existir un supuesto de obligación para determinadas autoridades, no puede hablarse entonces de un incumplimiento o de una trasgresión formal o material respecto de precepto legal o disposición constitucional alguna y, por tanto, en esos casos, el actuar por parte de la autoridad, queda al margen de su actividad jurídicamente regulada y sujeta a control, lo que se traduce en que, en tales supuestos, la conducta o comportamiento del ente público no constituya un acto de autoridad para efectos del amparo. Por lo que es de concluirse que la obligación del director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, en dar contestación al requerimiento formulado por la Agente del Ministerio adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de emitir el dictamen pericial en materia de topografía solicitado, esto con el fin de integrar la carpeta de investigación 671/2019, no tiene el carácter de vinculante con relación al reclamo formulado por la parte quejosa, al no existir una obligación legal de su acatamiento forzoso, precisamente el actuar de la autoridad requerida en plano de coordinación o coadyuvancia con el citado órgano investigador, quien es precisamente el rectora de la carpeta de investigación y quien se le podría atribuir en su caso una actitud contraria al principio de acceso a la justicia. Por tanto, es evidente que el comportamiento indiferente o de negativa respecto a la emisión del dictamen pericial por parte del director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, no representa el incumplimiento a un deber por parte de éste, como acto de autoridad para los efectos del amparo. La anterior determinación encuentra sustento, por analogía, en la tesis II.2o.P.70 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyo rubro se cita a continuación: "AMPARO, JUICIO DE. NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA QUE SUPLA CAPRICHOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS JURÍDICO-PROCESALES QUE PREVÉ EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, NI SER SUSTITUIDO POR OTRAS INSTANCIAS SUPRANACIONALES, NO VINCULANTES EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL. La finalidad del juicio de amparo, como un mecanismo de control de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en esa Ley Suprema del país, pero de ninguna manera puede constituir un mecanismo de defensa que sea utilizado de modo tan amplio que con él se pretende suplir el ejercicio, en su caso, de los diversos medios jurídico-procesales existentes en el marco jurídico nacional, tendentes a dirimir cuestiones como las de responsabilidad o de reclamación de indemnizaciones, por ejemplo. El juicio de amparo mexicano es una institución ampliamente reconocida, incluso en el extranjero, destacada como medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad que afecten o atenten contra los derechos fundamentales de los gobernados y así se ha caracterizado desde el siglo XIX; por tanto, la ulterior tendencia al reconocimiento por parte de la comunidad internacional respecto del carácter positivo de la voluntad de generalizar ese reconocimiento, creando incluso organismos facultados para emitir recomendaciones a los Estados suscriptores de los tratados correspondientes, no implica de ningún modo que dichas instancias se sustituyan en la tutela de los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en el contexto del propio derecho constitucional de la nación, y en el procedimiento que, en su caso, debe ejercerse de acuerdo con el medio de control de constitucionalidad que en la propia Constitución se prevé, el juicio de amparo. Por lo que es menester para lograr su procedencia el que se cumpla previamente con todos y cada uno de los presupuestos establecidos en la propia ley de la materia de donde emane el acto reclamado, así como los de la Ley de Amparo, puesto que no puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza misma del juicio de garantías". Máxime que en términos de la codificación procesal aplicable, en el caso de estimar actualizada la actitud omisa en la integración de una carpeta de investigación, la quejosa cuenta con un medio de defensa para tales efectos. Ello con base en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 XXIII en relación con el artículo 1 de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Juana Portugal Oceguera, por propio derecho. Notifíquese personalmente. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN NO CUMPLIDA. Vista la certificación que antecede, se desprende que han transcurrido los dos últimos días, de los cinco que le fueron concedidos a la promovente para dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintiocho de abril del año en curso, en razón a que en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se determinó no tener por cumplida la prevención y ante ello, se suspendió el plazo concedido a la quejosa, hasta en tanto, le fuera notificado el citado acuerdo, sin que haya cumplido lo solicitado; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veintiocho de abril del año en curso y únicamente se proveerá respecto de los actos y autoridades que no son materia de prevención. En tales condiciones, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Juana Portugal Oceguera, por propio derecho, señala como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1). Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas. 2). Director General de Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: - Abstención de las autoridades responsables de realizar dentro de la carpeta de investigación C.U.I 671/2019 la práctica, elaboración y remisión de la pericial en materia de topografía, solicitada el siete de octubre de dos mil diecinueve. Ahora, la parte quejosa en su capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, relató: A). En fecha siete de octubre de dos mil diecinueve, presentó denuncia ante la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas por el delito de DESPOJO DE BIEN INMUEBLE en contra de RICARDO LUNA RIVERA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE. B). En misma fecha se giró oficio 671/2019, signado por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas y dirigido al Director de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, quien lo recibió el quince de octubre de dos mil diecinueve. C). Que se han realizado diversos requerimientos a la dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, sin que a la fecha se haya cumplido con practicar la pericial en materia de topografía. En atención al acto reclamado y a los antecedentes señalados en la demanda inicial, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto relación al numeral 1 ambos de la ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del contenido integral de la demanda se desprende que la peticionaria de amparo reclama en esencia la omisión de dar contestación a la solicitud realizada por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, dentro de la carpeta de investigación 671/2019, para que emita el dictamen pericial en materia de topografía. Ahora, en términos del artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, para determinar la presencia de una autoridad en el juicio de garantías, hay que atender al hecho de que ésta pueda ordenar, ejecutar o intentar ejecutar el acto combatido, precisamente por haber recibido una petición por parte del gobernado y colocarse en una relación de supra a subordinación, lo que en la especie no acontece, como se detallará a continuación: La parte quejosa refiere que, en la carpeta de investigación 671/2019, la Agente del Ministerio adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, solicitó recordatorio al director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, emitiera el dictamen pericial solicitado. Sin que pase desapercibido que la omisión reclamada, también se la atribuye al Fiscal General de Justicia del estado de Zacatecas, sin embargo, la parte quejosa, fue clara en señalar que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, únicamente giró oficio al Director de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; de ahí, que la actuación del Fiscal General de Justicia, no quedó debidamente clara, por tanto, se analizará ese acto en conjunto, con el que atribuye al citado director de Servicios Periciales. Circunstancia que coloca a dichas autoridades en un plano de coordinación, sin que pueda afirmarse, válidamente, que la parte quejosa se encuentre en un plano de supra a subordinación respecto del director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas por no haberle efectuado solicitud alguna y que, en caso de no dar respuesta, en términos del artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, pueda estimarse trasgresión de garantías constitucionales en perjuicio de la parte quejosa. Sin que pase desapercibido que la Agente del Ministerio adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, de la Fiscalía General de Justicia del Estado no fue señalada como autoridad responsable. De acuerdo con la estructura constitucional orgánica, el ejercicio de las funciones de autoridad está supeditado a la regulación de su propio desempeño emanado de la Constitución y de las normas derivadas de ella. Así, las autoridades como tales están constreñidas a cumplir con sus obligaciones surgidas de la Ley, sean éstas de carácter positivo o negativo. En tal virtud, la autoridad debe acatar la obligación de hacer lo que la ley le ordena, o de abstenerse de realizar lo que la ley prohíbe. El incumplimiento a esas obligaciones (traducido en actos positivos o negativos), que pueda repercutir en la esfera jurídica de los particulares, da lugar al surgimiento de un derecho público subjetivo a favor de éstos, que permite acudir al juicio de amparo; de manera que, de no existir un supuesto de obligación para determinadas autoridades, no puede hablarse entonces de un incumplimiento o de una trasgresión formal o material respecto de precepto legal o disposición constitucional alguna y, por tanto, en esos casos, el actuar por parte de la autoridad, queda al margen de su actividad jurídicamente regulada y sujeta a control, lo que se traduce en que, en tales supuestos, la conducta o comportamiento del ente público no constituya un acto de autoridad para efectos del amparo. Por lo que es de concluirse que la obligación del director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, en dar contestación al requerimiento formulado por la Agente del Ministerio adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Juchipila, Zacatecas, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de emitir el dictamen pericial en materia de topografía solicitado, esto con el fin de integrar la carpeta de investigación 671/2019, no tiene el carácter de vinculante con relación al reclamo formulado por la parte quejosa, al no existir una obligación legal de su acatamiento forzoso, precisamente el actuar de la autoridad requerida en plano de coordinación o coadyuvancia con el citado órgano investigador, quien es precisamente el rectora de la carpeta de investigación y quien se le podría atribuir en su caso una actitud contraria al principio de acceso a la justicia. Por tanto, es evidente que el comportamiento indiferente o de negativa respecto a la emisión del dictamen pericial por parte del director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, no representa el incumplimiento a un deber por parte de éste, como acto de autoridad para los efectos del amparo. La anterior determinación encuentra sustento, por analogía, en la tesis II.2o.P.70 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyo rubro se cita a continuación: "AMPARO, JUICIO DE. NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA QUE SUPLA CAPRICHOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS JURÍDICO-PROCESALES QUE PREVÉ EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, NI SER SUSTITUIDO POR OTRAS INSTANCIAS SUPRANACIONALES, NO VINCULANTES EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL. La finalidad del juicio de amparo, como un mecanismo de control de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en esa Ley Suprema del país, pero de ninguna manera puede constituir un mecanismo de defensa que sea utilizado de modo tan amplio que con él se pretende suplir el ejercicio, en su caso, de los diversos medios jurídico-procesales existentes en el marco jurídico nacional, tendentes a dirimir cuestiones como las de responsabilidad o de reclamación de indemnizaciones, por ejemplo. El juicio de amparo mexicano es una institución ampliamente reconocida, incluso en el extranjero, destacada como medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad que afecten o atenten contra los derechos fundamentales de los gobernados y así se ha caracterizado desde el siglo XIX; por tanto, la ulterior tendencia al reconocimiento por parte de la comunidad internacional respecto del carácter positivo de la voluntad de generalizar ese reconocimiento, creando incluso organismos facultados para emitir recomendaciones a los Estados suscriptores de los tratados correspondientes, no implica de ningún modo que dichas instancias se sustituyan en la tutela de los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en el contexto del propio derecho constitucional de la nación, y en el procedimiento que, en su caso, debe ejercerse de acuerdo con el medio de control de constitucionalidad que en la propia Constitución se prevé, el juicio de amparo. Por lo que es menester para lograr su procedencia el que se cumpla previamente con todos y cada uno de los presupuestos establecidos en la propia ley de la materia de donde emane el acto reclamado, así como los de la Ley de Amparo, puesto que no puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza misma del juicio de garantías". Máxime que en términos de la codificación procesal aplicable, en el caso de estimar actualizada la actitud omisa en la integración de una carpeta de investigación, la quejosa cuenta con un medio de defensa para tales efectos. Ello con base en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 XXIII en relación con el artículo 1 de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Juana Portugal Oceguera, por propio derecho. Notifíquese personalmente. ...
- Principal
EN ESTA PROPIA FECHA, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, ELLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: Que a la fecha han transcurrido cuatro de los cinco días que le fueron concedidos a la promovente para dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintiocho de abril del año en curso, en razón a que el escrito por el cual pretende dar cumplimiento fue presentado en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el trece de mayo de la presente anualidad, es decir, el cuarto día de los cinco otorgados, con lo cual se interrumpió dicho plazo; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 8354. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. ESCRITO POR EL QUE SE INTENTA DAR CUMPLIMIENTO A PREVENCIÓN. Se ordena agregar a los autos del presente juicio 340/2021, la promoción de cuenta y con la misma se procede a analizar si la parte quejosa cumplió con las prevenciones realizadas en auto de veintiocho de abril del año en curso. En tales condiciones se acuerda: En principio, es de precisarse que mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso, se requirió a la promovente del amparo a fin de que manifestara lo siguiente: "1. Precise que acto le atribuye al agente del ministerio público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del distrito judicial de Juchipila, 20/01/22 15:38:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.af.eb JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZZacatecas, pues no se advierte que le señala un acto en específico, dado que la omisión de darle seguimiento a la práctica, elaboración y remisión de la pericial en materia de topografía, se la atribuye a una autoridad diversa. 2. Exhiba dos copias de su demanda de derechos, ya que únicamente acompañó tres y deben ser cinco; a saber, una para cada una de las autoridades señaladas como responsables, que en este caso son tres, una más, para emplazar a la parte tercero interesada y la última para darle la intervención de su competencia a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el juicio de amparo en términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo". Ahora, del análisis exhaustivo de la promoción de cuenta, se puede apreciar que la parte quejosa, únicamente dio cumplimiento al siguiente aspecto: Exhibió dos copias de su escrito de demanda de amparo. En otro aspecto, no resulta procedente tener por cumplida la diversa prevención realizada, toda vez que respecto del punto 1), no precisó cuál es el acto que le atribuye al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del distrito judicial de Juchipila, Zacatecas, pues no se advierte que le señala un acto en específico, dado que la omisión de darle seguimiento a la práctica, elaboración y remisión de la pericial en materia de topografía, se la atribuye a una autoridad diversa. Ahora, toda vez que el escrito aclaratorio de cuenta fue presentado el cuarto día de los cinco otorgados para dar cumplimiento a la prevención realizada, con lo cual se interrumpe dicho cómputo, luego, dicho plazo otorgado continuará transcurriendo hasta en tanto surta efectos la notificación personal que se practique a la parte quejosa respecto del presente auto. Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia que se precisa enseguida: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL 20/01/22 15:38:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.af.eb JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZAmparo indirecto 340/2021 ??????????????? AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo."1 1 Jurisprudencia 1ª/J. 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo 2012, Tomo 1. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Juana María Santos Hernández807/2023
- Juana María Santos Hernández647/2019
- Juana Medina Collazo165/2017
- Juana Morales Chávez2/2023
- Juana Morales Chávez889/2023
- Juana Pizaña Roman797/2023
- Juana Ríos Pérez691/2021
- Juana Ríos Pérez1055/2017
- Juana Rivera Maldonado2887/2014
- Juana Rodríguez Carranza307/2019
- Juana Sánchez García3467/2014
- Juana Silvia Basurto Frausto675/2017