Juana Picazo Ambriz
Expediente 154/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Todas las Partes
- Juana Picazo Ambriz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que, dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso alguno en contra del auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo General de mérito, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido del Licenciado Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juana Picazo Ambriz u Ortiz, quien solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y otras autoridades. REGISTRO DE DEMANDA. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. De la lectura integral de la demanda se advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado y su ejecución, en virtud de que sobre dicho acto, no se cumplió con el principio de definitividad; precepto que a la letra establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, opera la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". Del contenido del precepto anterior, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerando sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. Asimismo, el amparo es improcedente contra actos de autoridades judiciales en contra de los cuales procede un recurso. Ahora bien, atendiendo al acto que reclama la parte quejosa, no debe perderse de vista lo establecido en los artículos 1, 4, 15, fracción VIII, 25, fracciones I y X, 49, 50, 51, 52, 57, párrafo primero, 116, fracción I, 117, fracción III, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129, establecen el procedimiento a seguir sobre la figura de los traslados voluntarios e involuntarios ante el juez de control o ejecución, según corresponda. Así, se tiene que tratándose de traslados involuntarios, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé el siguiente procedimiento a seguir: 1) Tratándose de traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o ejecución, en su caso dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, pudiendo solicitar la autoridad penitenciaria el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio, y en el caso de personas sujetas a prisión preventiva el traslado podrá realizarse a petición del ministerio público ante el juez de control. 2) La autoridad penitenciaria como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber realizado el traslado en los casos siguientes: i) en caso de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; ii) en caso de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, iii) en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, siendo que en todos los supuestos de excepción de traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación, para calificar la legalidad de la notificación de traslado y contra la resolución judicial, se podrá interponer el recurso de apelación; en caso de que dentro del plazo establecido la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. 3) Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser concedidas por el juez de ejecución del centro penitenciario de origen o por el juez de ejecución del centro penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. 4) Los jueces de ejecución conocerán, entre otras cosas, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. 5) Los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán la acción judicial ante el juez de control o ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cosas, las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado o de su ejecución, dentro de los diez días siguientes a la misma, cuando la persona privada de la libertad no haya sido notificada previamente. 6) Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral, que se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad; la persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales, mientras que la autoridad penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del centro o de la persona que ésta designe, quien podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuencia de un derecho fundamental. 7) En los procedimientos ante el juez de ejecución podrán intervenir como partes procesales de acuerdo a la naturaleza de la controversia: i) la persona privada de la libertad; ii) el defensor público o privado, iii) el ministerio público; iv) la autoridad penitenciaria, el director del centro o quien lo represente; v) el promovente de la acción o recurso; y, vi) la víctima o su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. 8) La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, pruebas en caso de contar con ellas, solicitud de la suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, a petición de parte o de oficio el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. 9) Una vez recibida la solicitud se registrará la causa y se turnará al juez competente, el juez de ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para admitir, prevenir o desechar; en caso de prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud y en caso de no hacerlo se desechara de plano; admitida la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata, sin que pueda exceder el término de veinticuatro horas, en caso de que no se notifique se entenderá que fue admitida la solicitud, pudiéndose acumular en el auto admisorio las solicitudes que tengan un mismo objeto total o parcial y el auto que admite o niegue la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. 10) De ser admitida la solicitud o subsanada la prevención el juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de pruebas que estimen pertinentes, además se requerirá a la autoridad penitenciara, para que dentro del mismo término, rinda el informe que corresponde. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que de no atenderse de inmediato quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional y el juez de ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de la misma a las partes, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, que se realizará al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos deberán indicar el domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. 11) Previo a cualquier audiencia el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, esta será presidida por el juez de ejecución y se realizará en términos de ley. 12) La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: i) el juez de ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora señalados, declarará abierta la audiencia y dará una explicación breve del motivo de la misma; ii) el juez de ejecución verificará que las partes conozcan sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario se les hará saber; iii) el juez de ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; iv) las partes discutirán sobre la admisión de los medios de pruebas o apelar su admisión; v) el juez de ejecución admitirá los medios de prueba y procederá a su desahogo; vi) las partes formularán alegatos finales; vii) el juez declarará cerrado el debate; y, viii) emitirá su resolución y la explicará a las partes. 13) El juez de ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, en la cual se deberá pronunciar, incluso de oficio, sobre cualquier derecho fundamental violado. 14) Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. 15) La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme, transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la autoridad penitenciaria, el juez de ejecución de oficio, o bien, a petición de parte requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma; cuando la autoridad penitenciara manifieste haber cumplido, el juez notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga al respecto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución el juez de ejecución notificará a la autoridad penitenciaria tal inconformidad en el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre su cumplimiento o no, cuando la autoridad informe que la resolución fue cumplida parcialmente, o que es de imposible cumplimiento, el juez si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la autoridad penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento, de no hacerlo se aplicaran las medidas de apremio que correspondan. Cuando la autoridad penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el juez de ejecución escuchando a las partes fijara un plazo razonable para el cumplimiento. En el caso de que la autoridad penitenciaria no cumpliera dentro del plazo establecido, el juez requerirá su cumplimiento a sus superiores jerárquicos aplicando las medidas de apremio conducentes. Por tanto, es inconcuso que los traslados involuntarios pueden combatirse ante el juez de control o ejecución, según corresponda, quien está facultado para pronunciarse sobre la suspensión de oficio del acto hasta en tanto resuelve en definitiva y las resoluciones judiciales, a su vez, pueden combatirse a través del recurso de apelación. Las anteriores consideraciones jurídicas, aplicadas al caso, sirven como base para establecer que se actualiza la causal de que se trata, porque la quejosa, previo acudir a la vía indirecta con su demanda de amparo, debió acudir ante el juez de ejecución, y agotar el mecanismo de control (medio de defensa) que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el acto materia de la presente instancia constitucional, situación que el promovente del amparo omitió realizar. Máxime que de manera optativa, antes de acudir a esta vía constitucional, la orden de traslado aludida se puede combatir mediante recurso de apelación ante el juez de control o de ejecución para que pueda ser sustanciado por el tribunal de alzada. Por tanto, con el procedimiento que se ha hecho referencia, se encuentran colmados los requisitos que prevé el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, para que se actualice la causal que se invoca. Sin que se soslaye que existe el pronunciamiento sostenido en la ejecutoria emitida el siete de septiembre de dos mil dieciséis, en la contradicción de tesis 154/2016, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que surgió, por cierto, la tesis jurisprudencial 1a./J. 58/2016 (10a.), del epígrafe: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA"; pero tal criterio, en el caso no es aplicable. Esto es así, porque el posicionamiento en cita sostenido por el Supremo Tribunal del País, surgió con motivo de los actos arbitrarios que se suscitaban fuera de todo procedimiento debido a que carecían de la vigilancia o revisión de un juez y, por ende, atentaban contra la libertad en contravención al artículo 22 constitucional; y en ese momento aún no entraba en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, que tutela el sistema penitenciario, en el cual se encuentran comprendidos, en lo que interesa, las cuestiones de internamiento de las personas privadas de la libertad (sean inculpados o sentenciados), específicamente, los traslados voluntarios o involuntarios. Tampoco pasa desapercibido por este juzgador lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 1a./J. 83/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA", en el cual se determinó que cuando en un juicio de amparo se reclama como acto destacado una orden de traslado, debe admitirse al encontrarse acreditada tal situación con el dicho del promovente del amparo. Sin embargo, dicho criterio no es aplicable al presente asunto, tomando en consideración que fue emitido con base en los elementos jurídicos existentes en esa temporalidad (diciembre de dos mil quince); pues se reitera que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se prevé la existencia del sistema penitenciario con mecanismos de control que se ejercerán a través de peticiones administrativas, por los cuales las personas privadas de su libertad, pueden hacer reclamo sin mayores formalismos ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, y que constituye un verdadero procedimiento, tal y como se expuso en líneas precedentes. En esta virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Por tanto, es dable concluir que antes de acudir al juicio de amparo, debe agotar dicho mecanismo de control (medio de defensa), lo cual se encuentra en armonía con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, así como lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia en su tesis 1a.LXXV/2011, del epígrafe: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU APLICACIÓN SOBRE ACTOS PROCESALES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", que establece en esencia, que se debe tener presente que la entrada en vigencia de las normas procesales cabe señalar que son de aplicación inmediata a todas las contiendas que se inician o que están pendientes al tiempo en que entren en vigor. Pero esto no implica retroactividad, porque la aplicación de las leyes procesales mira a un hecho existente en la actualidad, esto es a la litis, no a un hecho pasado, cual es el negocio jurídico, y menos a la acción que se ejercita. De ahí que debe de aplicarse la norma procesal de manera inmediata; siendo dicho ordenamiento de orden público y de observancia general para la Federación y las entidades federativas, respecto de los internos en los centros de reclusión, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales del fuero federal y local. Con fundamento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la ejecución del traslado involuntario, porque al no agotar el medio ordinario de defensa respectivo, se surte la hipótesis legal de improcedencia prevista en el diverso 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo. Sin que sea dable tener como acto reclamado destacado la incomunicación que refiere en algún momento fue objeto, ya que ésta no figura en el apartado relativo al señalamiento del acto reclamado, es decir, no se advierte el deseo de la quejosa de reclamarlo en esta instancia constitucional; aunado al hecho de que la demanda en estudio fue signada por propio derecho por parte de Juana Picazo Ambriz u Ortiz, lo cual permite estimar que en la actualidad no se encuentra incomunicada, tan es así, que incluso ha designado a un órgano técnico de defensa, así como domicilio procesal. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. En términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la propia normatividad a los licenciados que propone. Respecto de los medios de comunicación que proporciona (número telefónico y correo electrónico) se tienen por autorizados únicamente como medio de contacto, más no de notificación en razón de que la ley de la materia no lo prevé. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juana Picazo Ambriz u Ortiz, quien solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y otras autoridades. REGISTRO DE DEMANDA. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. De la lectura integral de la demanda se advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado y su ejecución, en virtud de que sobre dicho acto, no se cumplió con el principio de definitividad; precepto que a la letra establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, opera la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". Del contenido del precepto anterior, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerando sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. Asimismo, el amparo es improcedente contra actos de autoridades judiciales en contra de los cuales procede un recurso. Ahora bien, atendiendo al acto que reclama la parte quejosa, no debe perderse de vista lo establecido en los artículos 1, 4, 15, fracción VIII, 25, fracciones I y X, 49, 50, 51, 52, 57, párrafo primero, 116, fracción I, 117, fracción III, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129, establecen el procedimiento a seguir sobre la figura de los traslados voluntarios e involuntarios ante el juez de control o ejecución, según corresponda. Así, se tiene que tratándose de traslados involuntarios, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé el siguiente procedimiento a seguir: 1) Tratándose de traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o ejecución, en su caso dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, pudiendo solicitar la autoridad penitenciaria el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio, y en el caso de personas sujetas a prisión preventiva el traslado podrá realizarse a petición del ministerio público ante el juez de control. 2) La autoridad penitenciaria como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber realizado el traslado en los casos siguientes: i) en caso de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; ii) en caso de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, iii) en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, siendo que en todos los supuestos de excepción de traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación, para calificar la legalidad de la notificación de traslado y contra la resolución judicial, se podrá interponer el recurso de apelación; en caso de que dentro del plazo establecido la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. 3) Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser concedidas por el juez de ejecución del centro penitenciario de origen o por el juez de ejecución del centro penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. 4) Los jueces de ejecución conocerán, entre otras cosas, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. 5) Los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán la acción judicial ante el juez de control o ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cosas, las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado o de su ejecución, dentro de los diez días siguientes a la misma, cuando la persona privada de la libertad no haya sido notificada previamente. 6) Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral, que se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad; la persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales, mientras que la autoridad penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del centro o de la persona que ésta designe, quien podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuencia de un derecho fundamental. 7) En los procedimientos ante el juez de ejecución podrán intervenir como partes procesales de acuerdo a la naturaleza de la controversia: i) la persona privada de la libertad; ii) el defensor público o privado, iii) el ministerio público; iv) la autoridad penitenciaria, el director del centro o quien lo represente; v) el promovente de la acción o recurso; y, vi) la víctima o su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. 8) La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, pruebas en caso de contar con ellas, solicitud de la suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, a petición de parte o de oficio el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. 9) Una vez recibida la solicitud se registrará la causa y se turnará al juez competente, el juez de ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para admitir, prevenir o desechar; en caso de prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud y en caso de no hacerlo se desechara de plano; admitida la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata, sin que pueda exceder el término de veinticuatro horas, en caso de que no se notifique se entenderá que fue admitida la solicitud, pudiéndose acumular en el auto admisorio las solicitudes que tengan un mismo objeto total o parcial y el auto que admite o niegue la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. 10) De ser admitida la solicitud o subsanada la prevención el juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de pruebas que estimen pertinentes, además se requerirá a la autoridad penitenciara, para que dentro del mismo término, rinda el informe que corresponde. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que de no atenderse de inmediato quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional y el juez de ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de la misma a las partes, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, que se realizará al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos deberán indicar el domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. 11) Previo a cualquier audiencia el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, esta será presidida por el juez de ejecución y se realizará en términos de ley. 12) La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: i) el juez de ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora señalados, declarará abierta la audiencia y dará una explicación breve del motivo de la misma; ii) el juez de ejecución verificará que las partes conozcan sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario se les hará saber; iii) el juez de ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; iv) las partes discutirán sobre la admisión de los medios de pruebas o apelar su admisión; v) el juez de ejecución admitirá los medios de prueba y procederá a su desahogo; vi) las partes formularán alegatos finales; vii) el juez declarará cerrado el debate; y, viii) emitirá su resolución y la explicará a las partes. 13) El juez de ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, en la cual se deberá pronunciar, incluso de oficio, sobre cualquier derecho fundamental violado. 14) Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. 15) La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme, transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la autoridad penitenciaria, el juez de ejecución de oficio, o bien, a petición de parte requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma; cuando la autoridad penitenciara manifieste haber cumplido, el juez notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga al respecto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución el juez de ejecución notificará a la autoridad penitenciaria tal inconformidad en el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre su cumplimiento o no, cuando la autoridad informe que la resolución fue cumplida parcialmente, o que es de imposible cumplimiento, el juez si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la autoridad penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento, de no hacerlo se aplicaran las medidas de apremio que correspondan. Cuando la autoridad penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el juez de ejecución escuchando a las partes fijara un plazo razonable para el cumplimiento. En el caso de que la autoridad penitenciaria no cumpliera dentro del plazo establecido, el juez requerirá su cumplimiento a sus superiores jerárquicos aplicando las medidas de apremio conducentes. Por tanto, es inconcuso que los traslados involuntarios pueden combatirse ante el juez de control o ejecución, según corresponda, quien está facultado para pronunciarse sobre la suspensión de oficio del acto hasta en tanto resuelve en definitiva y las resoluciones judiciales, a su vez, pueden combatirse a través del recurso de apelación. Las anteriores consideraciones jurídicas, aplicadas al caso, sirven como base para establecer que se actualiza la causal de que se trata, porque la quejosa, previo acudir a la vía indirecta con su demanda de amparo, debió acudir ante el juez de ejecución, y agotar el mecanismo de control (medio de defensa) que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el acto materia de la presente instancia constitucional, situación que el promovente del amparo omitió realizar. Máxime que de manera optativa, antes de acudir a esta vía constitucional, la orden de traslado aludida se puede combatir mediante recurso de apelación ante el juez de control o de ejecución para que pueda ser sustanciado por el tribunal de alzada. Por tanto, con el procedimiento que se ha hecho referencia, se encuentran colmados los requisitos que prevé el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, para que se actualice la causal que se invoca. Sin que se soslaye que existe el pronunciamiento sostenido en la ejecutoria emitida el siete de septiembre de dos mil dieciséis, en la contradicción de tesis 154/2016, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que surgió, por cierto, la tesis jurisprudencial 1a./J. 58/2016 (10a.), del epígrafe: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA"; pero tal criterio, en el caso no es aplicable. Esto es así, porque el posicionamiento en cita sostenido por el Supremo Tribunal del País, surgió con motivo de los actos arbitrarios que se suscitaban fuera de todo procedimiento debido a que carecían de la vigilancia o revisión de un juez y, por ende, atentaban contra la libertad en contravención al artículo 22 constitucional; y en ese momento aún no entraba en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, que tutela el sistema penitenciario, en el cual se encuentran comprendidos, en lo que interesa, las cuestiones de internamiento de las personas privadas de la libertad (sean inculpados o sentenciados), específicamente, los traslados voluntarios o involuntarios. Tampoco pasa desapercibido por este juzgador lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 1a./J. 83/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA", en el cual se determinó que cuando en un juicio de amparo se reclama como acto destacado una orden de traslado, debe admitirse al encontrarse acreditada tal situación con el dicho del promovente del amparo. Sin embargo, dicho criterio no es aplicable al presente asunto, tomando en consideración que fue emitido con base en los elementos jurídicos existentes en esa temporalidad (diciembre de dos mil quince); pues se reitera que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se prevé la existencia del sistema penitenciario con mecanismos de control que se ejercerán a través de peticiones administrativas, por los cuales las personas privadas de su libertad, pueden hacer reclamo sin mayores formalismos ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, y que constituye un verdadero procedimiento, tal y como se expuso en líneas precedentes. En esta virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Por tanto, es dable concluir que antes de acudir al juicio de amparo, debe agotar dicho mecanismo de control (medio de defensa), lo cual se encuentra en armonía con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, así como lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia en su tesis 1a.LXXV/2011, del epígrafe: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU APLICACIÓN SOBRE ACTOS PROCESALES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", que establece en esencia, que se debe tener presente que la entrada en vigencia de las normas procesales cabe señalar que son de aplicación inmediata a todas las contiendas que se inician o que están pendientes al tiempo en que entren en vigor. Pero esto no implica retroactividad, porque la aplicación de las leyes procesales mira a un hecho existente en la actualidad, esto es a la litis, no a un hecho pasado, cual es el negocio jurídico, y menos a la acción que se ejercita. De ahí que debe de aplicarse la norma procesal de manera inmediata; siendo dicho ordenamiento de orden público y de observancia general para la Federación y las entidades federativas, respecto de los internos en los centros de reclusión, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales del fuero federal y local. Con fundamento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la ejecución del traslado involuntario, porque al no agotar el medio ordinario de defensa respectivo, se surte la hipótesis legal de improcedencia prevista en el diverso 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo. Sin que sea dable tener como acto reclamado destacado la incomunicación que refiere en algún momento fue objeto, ya que ésta no figura en el apartado relativo al señalamiento del acto reclamado, es decir, no se advierte el deseo de la quejosa de reclamarlo en esta instancia constitucional; aunado al hecho de que la demanda en estudio fue signada por propio derecho por parte de Juana Picazo Ambriz u Ortiz, lo cual permite estimar que en la actualidad no se encuentra incomunicada, tan es así, que incluso ha designado a un órgano técnico de defensa, así como domicilio procesal. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. En términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la propia normatividad a los licenciados que propone. Respecto de los medios de comunicación que proporciona (número telefónico y correo electrónico) se tienen por autorizados únicamente como medio de contacto, más no de notificación en razón de que la ley de la materia no lo prevé. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente
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