Juana Pérez Cañaveral

Expediente 1433/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1433/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
01/02/2018

Partes del expediente

  • Juana Pérez Cañaveral

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.

  2. Principal

    AGREGUESE EL OFICIO DE LA AUTORIDAD E CUENTA, POR MEDIO DEL CUAL ACUSA RECIBO E INFORMA QUE SE RESERVA PROVEER CON RELACIÓN A LA ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA DECLINADA POR ESTE JUZGHADO, DE LO QUE SE TOMA NOTA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR

  3. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO RECURRIO DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL EL PROVEÍDO EN EL QUE SE DESECHO PARCIALMENTE LA DEMANDA, SE DECLARA QUE ÉSTE HA CAUSADO ESTRADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES PROVCEDENTES., SE ORDENA REMITIR EL PREENTE ASUNTO AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVILES EL VIGÉSIMO CIRCUITO.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta por medio del cual la parte quejosa desahoga la prevención formulada en autos (fojas 10 y 11), por lo que se provee, ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente del amparo se duele esencialmente de 1) el auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio especial de arrendamiento inmobiliario 381/2017, mediante el cual se tiene por no interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva en dicho juicio; 2) el auto de trece de noviembre del año en curso, dictado en el juicio mencionado en el que se declara que causó ejecutoria la citada sentencia definitiva; 3) la sentencia definitiva de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete; 4) la orden de lanzamiento de la cosa arrendada y su ejecución, dictadas en dicho juicio de origen; así como 5) la notificación de la sentencia definitiva de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete realizada en el juicio natural. En tal virtud, a criterio de este juzgado que respecto de los actos consistentes en el auto de trece de noviembre del año en curso, dictado en el especial de arrendamiento inmobiliario 381/2017 en el que se declara que causó ejecutoria la sentencia definitiva; así como la notificación de la sentencia definitiva de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete realizada en el juicio mencionado del índice de la autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) ...XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". El dispositivo legal transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo biinstancial contra las resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las que la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En el caso particular, con relación al acto reclamado consistente en el auto de trece de noviembre del año en curso, dictado en el especial de arrendamiento inmobiliario 381/2017 en el que se declara que causó ejecutoria la sentencia definitiva, previo a ejercer la acción constitucional de amparo en su contra, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación previsto por los artículos 663, 666, 671 y 675 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas; preceptos que establecen: "ART. 663. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior." "ART. 666.- La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronuncio la resolución en la forma y términos previstos en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva." "ART. 671. De los autos y sentencias interlocutorias que deriven una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. En este caso, el juez deberá resolver si admite la apelación en ambos efectos, debiendo fijar el monto de la garantía que exhibirá el apelante, en un término de seis días a fin de que surta efectos la suspensión. Dicha garantía atenderá a la cuantía del asunto y no podrá ser inferior al equivalente de sesenta días del salario mínimo general vigente en el estado. De no exhibirse la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo. En caso de que la garantía señalada sea excesiva o que se niegue la admisión del recurso en ambos efectos, se puede ocurrir en queja, mismas que deberá presentarse ante el mismo juez, en un término que tres días, debiendo acompañar garantía por el equivalente de sesenta días de salario mínimo general vigente en el estado, para efectos de suspender la ejecución. De no exhibirse esta garantía, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. El juez en cualquier caso remitirá al superior la queja planteada junto con su informe justificado, dentro del término de tres días, para que sea resuelta por el superior jerárquico en un término de cinco días. Declarada fundada la queja, el superior ordenara que la apelación se admita en ambos efectos y señalara la garantía que exhibirá el recurrente ante el inferior dentro del término de seis días. Si se declara infundada la queja se hará efectiva la garantía exhibida. Las resoluciones que resuelvan las quejas no admiten más recurso que el de responsabilidad. También la parte contraria podrá ocurrir en queja, sin necesidad de exhibir garantía alguna, cuando la apelación se admita en ambos efectos y considere insuficiente la fijada por el juez al apelante. Las quejas interpuestas, se deben remitir por el juez junto con su informe justificado al superior en el término de tres días, y este resolverá en el plazo máximo de cinco días. Si el tribunal confirmase la resolución apelada, condenara al recurrente al pago de las indemnizaciones, fijando el importe de los daños y perjuicios que se hayan causado, además el pago de costas." "ART. 675. Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I. De las sentencias definitivas; II. De los autos definitivos que paralizan o ponen termino al juicio haciendo imposible su continuación; III. De las sentencias interlocutorias que paralizan o ponen termino al juicio haciendo imposible su continuación." De los citados preceptos se advierte que el recurso de apelación se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de determinadas actuaciones, es decir, su procedencia es de naturaleza casuística, cuya finalidad estriba en que un tribunal de segunda instancia, también denominado "alzada", confirme, modifique o revoque las resoluciones del inferior. Entre tales determinaciones que admiten la procedencia del recurso de apelación, se encuentra la sentencia definitiva, sentencias interlocutorias, autos que expresamente dispone el Código y aquellos que causen un daño irreparable o de difícil reparación, siempre y cuando el fallo definitivo sea apelable. Es en la categoría de autos cuya ejecución puede causar daño irreparable o de difícil reparación en donde encuadra la determinación por la cual se decreta que la sentencia definitiva ha causado ejecutoria; ello, pues dicha determinación tiene por efecto declarar que un fallo ha quedado firme, y como tal, puede ser ejecutado por la parte vencedora. Luego, dicha determinación es impugnable a través del recurso de apelación establecido en la legislación adjetiva civil de la entidad, mismo que debió ser agotado por el quejoso en forma previa al ejercicio de la acción constitucional de amparo, habida cuenta que le asiste el carácter de parte procesal en el juicio natural, y como tal, se encuentra en aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance en contra de las actuaciones que afecten sus intereses. Sin que pase desapercibido lo establecido en el artículo 507 del código procesal aplicable, que establece que en las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad; salvo aquellas que nieguen o impidan su ejecución, que en su caso se admitirá la apelación en el efecto devolutivo; pues dicho auto dada su naturaleza no puede considerarse como los que ejecutan la sentencia definitiva, pues únicamente declara que ésta ha quedado firme, siendo obligación de la parte interesada impulsar el procedimiento para lograr su cumplimiento. Por tanto, en observancia al principio de definitividad, el peticionario de amparo tenía la obligación de agotar el recurso de apelación en contra de la actuación combatida en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció; sin que en el caso se surta alguna excepción al enunciado principio. Por otra parte, igual suerte corre el diverso acto consistente en la notificación de la sentencia definitiva de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete realizada en el juicio natural, pues contra éste la parte quejosa debió promover el incidente de nulidad de notificaciones previsto por los artículos 74, 75, 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas . En las relatadas consideraciones, al quedar demostrado que el acto reclamado carece de definitividad y que no se actualiza ninguna excepción al principio correspondiente, es inconcuso que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ahora, respecto de los actos consistentes en la orden de lanzamiento de la cosa arrendada dictada en dicho juicio de origen y su ejecución, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (. . .) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción en análisis, tratándose de actos de ejecución de sentencia solamente podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución, lo cual implica que cualquier violación intermedia cometida en el procedimiento de ejecución, necesariamente podrá invocarse cuando se reclame la última resolución antes referida. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 32/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Hechas las anteriores precisiones, resulta evidente que en el caso concreto se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En el caso específico, los actos reclamados consistentes en la orden de lanzamiento de la cosa arrendada dictada en dicho juicio de origen y su ejecución no constituyen la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; resultando evidente que no se trata de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de ejecución y no será sino hasta que se pronuncie tal resolución cuando proceda el amparo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda únicamente por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en 2) el auto de trece de noviembre del año en curso, dictado en el juicio especial de arrendamiento inmobiliario 381/2017en el que se declara que causó ejecutoria la sentencia definitiva; 4) la orden de lanzamiento de la cosa arrendada y su ejecución, dictadas en dicho juicio de origen; así como 5) la notificación de la sentencia definitiva de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete realizada en el juicio natural. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. Por otro lado, con relación a los actos reclamados consistentes en 1) el auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio especial de arrendamiento inmobiliario 381/2017, mediante el cual se tiene por no interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva en dicho juicio; y 3) la sentencia definitiva de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete; dichas determinaciones, una pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, máxime que deja firme la sentencia de fondo sin haber permitido su revisión en segunda instancia y otra decide el juicio en lo principal, lo cual es impugnable en amparo directo; entonces, conviene precisar que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tal como se encuentra previsto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 170 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (....)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito." De acuerdo con los preceptos transcritos, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer del juicio de amparo directo promovido contra resoluciones que pongan fin al juicio y sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales; luego, si el promovente señaló como actos reclamados el auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio especial de arrendamiento inmobiliario 381/2017, mediante el cual se tiene por no interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva en dicho juicio; y la sentencia definitiva de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, es inconcuso que dichos actos son materia de amparo directo pues la mencionada en primer término pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal y la segunda decide el juicio en lo principal, lo cual es impugnable en amparo directo. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, Tomo XX, Agosto de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." Dicho en otras palabras, se actualiza la competencia del presente asunto a favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil de este Circuito en turno, conforme a lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo; ante lo cual, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de este juicio de amparo con relación a dichos actos reclamados. Sin que el presente criterio prejuzgue acerca de la procedencia de algún medio ordinario de defensa, pues será en su caso, el tribunal colegiado al que toque conocer del asunto el que determine si se observó o no la definitividad a la cual está obligado el quejoso. En esas condiciones, sin resolver sobre su admisión, en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, una vez que cause estado el presente auto y previo antecedente que se forme del cuaderno principal en que se actúa, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil Vigésimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el original del escrito de demanda con sus respectivas copias, para que determine conforme con sus atribuciones lo que en derecho corresponda. Se autoriza al Secretario para que firme los oficios relativos al presente juicio.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 9,303 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano