Juana Pérez Cañaveral
Expediente 241/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/03/2017
Partes del expediente
- Juana Pérez Cañaveral
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del mismo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Subdirector de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Comitán (Delitos No Graves), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fiscalía de Distrito Fronterizo-Sierra, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas. Los que hizo consistir en: "A. DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA Y EJECUTORA: De la autoridad señalada como responsable ordenadora y ejecutoria reclamo la determinación de reserva de los actos de investigación e imposibilidad de informarme si existe o no Registro de Atención y o Carpeta de Investigación en mi contra; misma determinación que es de fecha 3 de marzo del 2017 y que me fue notificada con la misma fecha". ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 241/2017-VI. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, toda vez que el acto no fue emitido en un juicio sino en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Efectivamente, los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los artículos transcritos se advierte que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a que se refiere el último numeral en comento, han sido precisados como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Al respecto, es importante destacar lo que se entiende por derechos sustantivos y adjetivos. Los primeros son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República , a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Por su parte, los segundos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, para efectos del juicio de amparo, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios de jurisprudencia ha precisado que los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Ahora bien, es conveniente precisar que en la demanda de amparo, ****** adujo que aproximadamente a las diez horas del veintitrés de febrero del actual, se percató que una persona del sexo masculino se encontraba tomando fotografías a su domicilio ubicado en calle******* ; que preguntó a dicha persona porqué lo hacía, a lo que le respondió que tomaba dichas fotos, porque existía una querella en su contra, así como también le dijo que para que le informaran acerca de los hechos que investigaba acudiera a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, pues de lo contrario, sería desalojada del inmueble. Que por lo anterior, compareció ante el Subdirector de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Comitán (Delitos No Graves), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fiscalía de Distrito Fronterizo-Sierra, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, a quien solicitó por escrito que le informara si efectivamente existía o no una carpeta de investigación o registro de atención en su contra. Que por escrito de tres de marzo del actual, el Subdirector de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Comitán (Delitos No Graves), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fiscalía de Distrito Fronterizo-Sierra, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, le comunicó que estaba imposibilitado para informarle si existía o no registro de atención o carpeta de investigación en su contra, bajo el argumento de que es obligación de la representación social mantener en reserva los actos de investigación que obren en los registros de atención y carpetas de investigación. Comunicado este último, que constituye el acto reclamado en el presente asunto. De lo anterior expuesto se colige, que la indagatoria de origen se sigue bajo los parámetros del procedimiento penal de corte acusatorio y oral, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, cabe señalar que las etapas de ese sistema penal de conformidad con el numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales , son las siguientes: - Etapa de investigación, la cual comprende dos fases, a saber: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación; y, b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. - Etapa intermedia o de preparación de juicio oral, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. - Etapa de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. La descripción de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio vigente en el Estado de Chiapas, confirman que la integración de la carpeta de investigación, por lo general, no afecta algún derecho sustantivo del indiciado, porque constituye un acto preprocesal que tiene injerencia en la primera etapa del procedimiento (investigación desformalizada), en la que conlleva la práctica de diversas diligencias y pruebas que recaba el Ministerio Público, lo cual está sujeto a la apreciación que en caso de ejercerse acción penal realice la autoridad jurisdiccional, y es hasta la audiencia de formulación de la imputación (investigación formalizada), donde en todo caso, al indiciado se le hará del conocimiento formalmente ante el juez de control, sobre los hechos por los cuales el Ministerio Público formula imputación, por lo que el único acto que podría afectar ese tipo de prerrogativas en la etapa de investigación (desformalizada) es la imposición de medidas cautelares, pues, en su caso, inciden en la libertad personal del gobernado. En la inteligencia de que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de investigación, cuando aquél se encuentre detenido, o sea citado para comparecer como imputado y se pretenda recibir su entrevista, según lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales , con las excepciones contempladas por el numeral 220 del citado ordenamiento legal , que dispone que el representante social podrá solicitar excepcionalmente al Juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aún después de la vinculación a proceso, cuando sea necesario para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos. Por tanto, la sola negativa del Subdirector de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Comitán (Delitos No Graves), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fiscalía de Distrito Fronterizo-Sierra, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, de negarle información a la hoy demandante del amparo en el sentido de si en su contra se instruye o no un registro de atención o carpeta de investigación, no genera una ejecución que sea de imposible reparación en su esfera jurídica de derechos. En ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto la ley de la materia establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea instaurada, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía constitucional afecten materialmente derechos sustantivos y en el caso, el acto que se reclama a la autoridad responsable Subdirector de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Comitán (Delitos No Graves), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fiscalía de Distrito Fronterizo-Sierra, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, consiste en el oficio de tres de marzo de dos mil diecisiete, en el que se niega información a la hoy promovente del amparo en el sentido de si en su contra se instruye o no un registro de atención o carpeta de investigación, no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues no constituye una afectación directa a un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; pues no es de aquellos que contempla la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que éste de modo alguno tiene la característica propia de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 47/90 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por el a quo y por los propis recurrentes, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los actos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por ende, atendiendo a la estructura del juicio de amparo indirecto, se concluye que las lesiones de que se duele la solicitante de derechos fundamentales, en relación con el acto reclamado al Subdirector de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Comitán (Delitos No Graves), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fiscalía de Distrito Fronterizo-Sierra, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, se repite, no colma los presupuestos de procedibilidad para someterse a estudio en este juicio, por tratarse de cuestiones procesales. Aunado a que los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una carpeta de investigación para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad; aunado a que en el caso no se restringe la libertad, derechos o posesiones de los aquí inconformes, por lo que no puede interpretarse como una violación de derechos fundamentales en su perjuicio. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, inciso b) del numeral 107, a contrario sensu, de dicho ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Sin que sea inadvertido que en el escrito presentado por la promovente solicitó el número de la carpeta de investigación, y el nombre del fiscal respectivo a fin de poder defenderse de la "imputación" que se le realiza, empero, tal cuestión per se, tampoco torna procedente el juicio de amparo, en atención a que el promovente todavía no tiene el carácter de imputado al no haberse señalado fecha para la audiencia inicial ni solicitado orden de aprehensión en su contra, y en el caso planteado, tampoco tiene la calidad de interviniente en la indagatoria de que se trata, ya que no se ha emitido citatorio para ser entrevistado en la carpeta correspondiente, motivo por el cual, los actos reclamados no encuadran en alguna de las hipótesis de procedencia del juicio establecidas de forma expresa y limitativa en el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo. Además, tal acto, como ya se dijo, no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que es susceptible de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala en su escrito de demanda; como autorizado en términos amplios a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********** y en términos restringidos del citado numeral a las demás personas que señala, toda vez que no cuentan con sus respectivas cédulas en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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