Juana Paula Cerón Salinas

Expediente 258/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
258/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Juana Paula Cerón Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la resolución remitida por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja 775/2022, de su índice, en la que ese tribunal determinó: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. Asimismo, agréguese a los autos el oficio, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo 223/2021-VII, de este índice. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo de estilo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Comuníquese este proveído a las partes. Ahora bien, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por oficio vía interconexión al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por oficio vía ordinaria a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de marzo de dos mil veintitrés. V i s t a la demanda de amparo presentada por ****************************, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables Secretario de Educación del Gobierno del Estado de México (Gerardo Monroy Serrano). Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México (Javier Renato Estrada Medica). Coordinador de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México (José Luis Gómez Tamayo). Subdirectora Regional de Educación Básica Naucalpan, de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México (María de Lourdes Sánchez Luna). Coordinadora de la Unidad Jurídica de la Subdirección Regional de Educación Básica Naucalpan de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México (Arely Mejía Salinas). Supervisora Escolar de la Zona P099 de la Subdirección Regional de Educación Básica Naucalpan de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México (Elvira del Sagrado Corazón López Pérez). Acto reclamado El oficio ***************de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el cual se le informa el procedimiento administrativo instaurado en su contra, y se le hace saber el horario establecido que debe cubrir para laborar. Fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 258/2023-II. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Respecto de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en esencia, expuso las siguientes consideraciones: En la jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno, éste interpretó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desechaba la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionaran derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, precisa que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De ahí, puede afirmarse que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En síntesis, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos, como la vida o la libertad, siempre y cuando y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, ese acto además, produzca efectos de imposible reparación, es decir que la afectación sea actual, ya que cuando ésta depende del resultado del juicio, el amparo tampoco será procedente. El caso concreto no encuadra en el supuesto relatado con anterioridad, en virtud de que, la quejosa reclama lo siguiente: El oficio ******************** de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el cual se le informa el procedimiento administrativo instaurado en su contra, y se le hace saber el horario establecido que debe cubrir para laborar. En efecto, dicho oficio no constituye un acto de imposible reparación, porque los efectos que produce no afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros. Lo anterior, ya que de lo manifestado por la propia promovente en su demanda de amparo, se advierte que en el oficio ******************** de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, únicamente se le hace del conocimiento del procedimiento administrativo instaurado en su contra, y se le precisa el lugar y horario establecido para que cubra con su jornada laboral -la que además se precisa, fue fijado por cuestiones de su propia seguridad-. En consecuencia, se estima que ese oficio no contiene determinaciones de imposible reparación, ya que sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados, en su caso, al dictarse la resolución que se pronuncie en el procedimiento sancionador, si ésta es favorable a sus intereses y, en tal caso, la afectación de que se duele habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. Así, el citado oficio no implica la afectación a algún derecho sustantivo de la quejosa, por el contrario, únicamente representa la notificación para que acuda a una diligencia para determinar si amerita una sanción disciplinaria; esto es, en todo caso, será la determinación dictada derivada de esa audiencia, la que pudiera representar una afectación irreparable en su perjuicio, pues hasta el momento se desconoce la determinación que las autoridades responsables pudieran tomar al respecto. En ese sentido, se invoca, en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto". Incluso, en el supuesto de que estimara que los hechos o actos que dan sustento al inicio del procedimiento disciplinario son ilegales, lo cierto es que aquellos actos podrán ser controvertidos en el juicio de amparo que, en su caso, promueva contra la determinación que resuelva dicho procedimiento, y no en una etapa previa, en la que aún se desconoce su trascendencia en perjuicio de su esfera jurídica. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. SE EXHORTA A LAS PARTES A SEGUIR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA LÍNEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. MEDIOS DE CONTACTO Con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General, se tiene como medio alternativo de contacto la cuenta de correo electrónico, para entablar comunicaciones no procesales, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en la parte relativa de la demanda de amparo. Se hace de su conocimiento que en caso de que deba realizársele alguna notificación personal durante el trámite de este juicio y se encuentre alguna imposibilidad para realizarla en el citado domicilio, la notificación se realizará por lista que se fija en los estrados de este juzgado. Lo anterior, en términos el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Con apoyo en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente acuerdo, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se INSTRUYE a la oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.

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