Juana Patricia Balderas Rodriguez

Expediente 1263/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1263/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Juana Patricia Balderas Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Certificación Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares 28/2023 y 29/2023, emitidas el diecinueve y veinticinco de octubre de dos mil veintitrés por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se determinó a través de la primera, declarar como días inhábiles en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; por lo que se suspendieron los plazos y términos procesales en dicho periodo; asimismo, se declaró de manera retroactiva del dieciséis al dieciocho del mismo mes y año subsistiendo la validez de lo actuado a fin de salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del sistema de justicia federal; en la segunda, que los titulares en ejercicio de su facultad prevista en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, atendiendo a la situación particular, intereses y voluntad del personal de sus respectivas adscripciones, podrían declarar inhábiles días, por tanto en este Noveno Circuito, por decisión de los titulares de los Juzgados Segundo, Tercero, Cuarto y Octavo de Distrito, así como en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales y Juzgado de Distrito en Materia Mercantil, todos en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, se determinó declarar inhábil el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, subsistiendo de igual forma la validez de lo actuado. Estado procesal De igual forma, de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de diez de octubre del año en curso, por la que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No obran documentos originales Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Se informa Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase por recibido y agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Apoderado y Representante Legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", con dos anexos que acompaña. Contenido de informe justificado En atención a su contenido se advierte que la autoridad responsable manifiesta que es cierto el acto que se le atribuye; sin embargo, que mediante oficio HCDIMP/DG/2225/2023 de cuatro de los actuales, dio respuesta a la petición de la quejosa, presentada el doce de julio del año en cuso; misma que le fue notificada el seis de octubre siguiente. Consulta expediente electrónico De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "raularredondo", la consulta del expediente electrónico. Domicilio Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala. Estado de autos Ahora bien, de las constancias remitidas por el Apoderado y Representante Legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", que adjuntó como justificación a su informe de ley, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto reclamado, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en análisis se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", el acto que hizo consistir en: ".La omisión por parte de la autoridad responsable de proveer respecto de la solicitud de fecha 12 DE JULIO DE 2023." Ahora bien, de las constancias que remitió el Apoderado y Representante Legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", a su informe de ley, a las cuales se les reitera su valor probatorio pleno, se advierte que la omisión reclamada fue subsanada, pues la responsable con fecha cuatro de octubre de la presente anualidad, emitió el oficio HCDIMP/DG/2225/2023 mediante el cual dio respuesta a lo solicitado por la quejosa mediante su escrito presentado el doce de julio de la presente anualidad, lo cual le fue notificado el seis de octubre del mismo año, como se advierte de las constancias remitidas. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró que el cuatro de octubre de la presente anualidad, dio contestación al escrito que la parte quejosa, le dirigió el doce de julio del año actual, cuya omisión se reclama en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal situación constituye una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la autoridad responsable, y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no se hubiese requerido a la parte quejosa para que, de ser su deseo, ampliara la demandada constitucional, con motivo de la respuesta que dio la autoridad señalada como responsable a la petición de aquélla, en razón de que lo relacionado con la respuesta otorgada a la quejosa, implicaría someter a la litis constitucional un aspecto de relación de trabajo que debe ser dilucidado ante la jurisdicción ordinaria, además que en estos casos, el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", no tendría el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de derechos fundamentales, en tanto que su actuación se llevó a cabo como ente patronal, por lo que la acción de amparo es improcedente en contra de la negativa de otorgar la reubicación laboral de la quejosa. Se cita, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 898 del tomo II, junio de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo.." Así como la tesis VII.2o.T.63 L (10 a) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 2585 del tomo IV, agosto de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE LA SUBDELEGACIÓN VERACRUZ NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 182 Y 183, FRACCIÓN III, DE LA LEY QUE RIGE A ESE ORGANISMO, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, CON MOTIVO DE LA RESPUESTA DADA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE SEMANAS DE COTIZACIÓN RECONOCIDAS PARA EFECTOS DE LA OBTENCIÓN DE UNA PENSIÓN DE VEJEZ. De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 12/2012 (10a.),* emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.", se concluye que el jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación Veracruz del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es autoridad para efectos del amparo cuando se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 182 y 183, fracción III, de la ley que rige a ese organismo, vigente hasta el 30 de junio de 1997, con motivo de la respuesta dada a una solicitud de información sobre semanas de cotización reconocidas para efectos de la obtención de una pensión de vejez, porque en su emisión no actúa como autoridad, sino como parte integrante del ente asegurador, ya que únicamente resuelve sobre la solicitud de información que se solicita, al verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley; además, si bien es cierto que el acto concreto de aplicación no necesariamente debe provenir de una autoridad para efectos del amparo, también lo es que dicho acto debe materializarse en perjuicio del gobernado para que pueda considerarse como el primero de aplicación de la norma impugnada, esto es, debe acreditarse que sus consecuencias jurídicas le fueron aplicadas. En esa tesitura, si el acto señalado como el primero de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales -respuesta a una solicitud de información- más allá de que no es atribuible a una autoridad para los efectos del amparo, en realidad, no le produce ningún perjuicio a la quejosa, en la medida en que no se verificó unilateralmente, es decir, motu proprio, en tanto obedeció a una petición o solicitud planteada por el promovente, de lo que se obtiene que éste sólo acudió ante el ente asegurador a solicitar información y no así a plantear una formal petición de otorgamiento de pensión por vejez; luego, la respuesta que recayó a dicha solicitud de información no puede considerarse como el primer acto de aplicación en perjuicio del impetrante de las normas que tilda de inconstitucionales, ya que no es vinculante para ninguna de las partes, al no existir una solicitud formal de otorgamiento de pensión. La anterior conclusión no implica que se deje en estado de indefensión a la quejosa, puesto que, en su oportunidad, bien pueden presentarse dos escenarios para tildar de inconstitucionales las normas de que se trata, a saber: a) el primero se dará cuando el quejoso, previa solicitud formal de otorgamiento de pensión, ésta le sea negada directamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través del departamento correspondiente, desde luego, con base en los numerales tachados de inconstitucionales; ahí, podrá optar por promover juicio de amparo indirecto contra leyes dentro de los plazos legales ante el Juzgado de Distrito que corresponda conocer del asunto, con independencia de que dicho instituto no sea autoridad para efectos del amparo pues, como ya se dijo, el primer acto concreto de aplicación en perjuicio de la quejosa, no necesariamente debe provenir de una autoridad para efectos del juicio de amparo; b) el segundo escenario consiste en que opte por tramitar en la vía laboral el reclamo de la pensión de vejez de que se trata y que llegado el momento de emitir el laudo, éste resulte adverso a sus intereses, por ejemplo, ante la falta de los requisitos que para tal efecto prevén los referidos artículos 182 y 183, fracción III; entonces, de conformidad con los artículos 170, fracción I, párrafo cuarto y 175, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, podrá impugnar aquellos preceptos vía conceptos de violación en amparo directo, en aras de que el órgano colegiado emita pronunciamiento sobre el particular. En uno u otro caso, tendrá expedito su derecho para actuar en los términos que mejor le convengan, una vez que resienta, con la aplicación de los artículos tachados de inconstitucionales, una afectación real y concreta, y no sólo eventual." De ahí que no es procedente requerir a la parte quejosa para que, de ser su deseo, ampliara la demanda. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase por recibido y agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Apoderado y Representante Legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", con dos anexos que acompaña. Contenido de informe justificado En atención a su contenido se advierte que la autoridad responsable manifiesta que es cierto el acto que se le atribuye; sin embargo, que mediante oficio HCDIMP/DG/2225/2023 de cuatro de los actuales, dio respuesta a la petición de la quejosa, presentada el doce de julio del año en cuso; misma que le fue notificada el seis de octubre siguiente. Consulta expediente electrónico De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "raularredondo", la consulta del expediente electrónico. Domicilio Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala. Estado de autos Ahora bien, de las constancias remitidas por el Apoderado y Representante Legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", que adjuntó como justificación a su informe de ley, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto reclamado, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en análisis se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", el acto que hizo consistir en: ".La omisión por parte de la autoridad responsable de proveer respecto de la solicitud de fecha 12 DE JULIO DE 2023." Ahora bien, de las constancias que remitió el Apoderado y Representante Legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", a su informe de ley, a las cuales se les reitera su valor probatorio pleno, se advierte que la omisión reclamada fue subsanada, pues la responsable con fecha cuatro de octubre de la presente anualidad, emitió el oficio HCDIMP/DG/2225/2023 mediante el cual dio respuesta a lo solicitado por la quejosa mediante su escrito presentado el doce de julio de la presente anualidad, lo cual le fue notificado el seis de octubre del mismo año, como se advierte de las constancias remitidas. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró que el cuatro de octubre de la presente anualidad, dio contestación al escrito que la parte quejosa, le dirigió el doce de julio del año actual, cuya omisión se reclama en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal situación constituye una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la autoridad responsable, y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no se hubiese requerido a la parte quejosa para que, de ser su deseo, ampliara la demandada constitucional, con motivo de la respuesta que dio la autoridad señalada como responsable a la petición de aquélla, en razón de que lo relacionado con la respuesta otorgada a la quejosa, implicaría someter a la litis constitucional un aspecto de relación de trabajo que debe ser dilucidado ante la jurisdicción ordinaria, además que en estos casos, el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", no tendría el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de derechos fundamentales, en tanto que su actuación se llevó a cabo como ente patronal, por lo que la acción de amparo es improcedente en contra de la negativa de otorgar la reubicación laboral de la quejosa. Se cita, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 898 del tomo II, junio de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo.." Así como la tesis VII.2o.T.63 L (10 a) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 2585 del tomo IV, agosto de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE LA SUBDELEGACIÓN VERACRUZ NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 182 Y 183, FRACCIÓN III, DE LA LEY QUE RIGE A ESE ORGANISMO, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, CON MOTIVO DE LA RESPUESTA DADA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE SEMANAS DE COTIZACIÓN RECONOCIDAS PARA EFECTOS DE LA OBTENCIÓN DE UNA PENSIÓN DE VEJEZ. De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 12/2012 (10a.),* emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.", se concluye que el jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación Veracruz del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es autoridad para efectos del amparo cuando se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 182 y 183, fracción III, de la ley que rige a ese organismo, vigente hasta el 30 de junio de 1997, con motivo de la respuesta dada a una solicitud de información sobre semanas de cotización reconocidas para efectos de la obtención de una pensión de vejez, porque en su emisión no actúa como autoridad, sino como parte integrante del ente asegurador, ya que únicamente resuelve sobre la solicitud de información que se solicita, al verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley; además, si bien es cierto que el acto concreto de aplicación no necesariamente debe provenir de una autoridad para efectos del amparo, también lo es que dicho acto debe materializarse en perjuicio del gobernado para que pueda considerarse como el primero de aplicación de la norma impugnada, esto es, debe acreditarse que sus consecuencias jurídicas le fueron aplicadas. En esa tesitura, si el acto señalado como el primero de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales -respuesta a una solicitud de información- más allá de que no es atribuible a una autoridad para los efectos del amparo, en realidad, no le produce ningún perjuicio a la quejosa, en la medida en que no se verificó unilateralmente, es decir, motu proprio, en tanto obedeció a una petición o solicitud planteada por el promovente, de lo que se obtiene que éste sólo acudió ante el ente asegurador a solicitar información y no así a plantear una formal petición de otorgamiento de pensión por vejez; luego, la respuesta que recayó a dicha solicitud de información no puede considerarse como el primer acto de aplicación en perjuicio del impetrante de las normas que tilda de inconstitucionales, ya que no es vinculante para ninguna de las partes, al no existir una solicitud formal de otorgamiento de pensión. La anterior conclusión no implica que se deje en estado de indefensión a la quejosa, puesto que, en su oportunidad, bien pueden presentarse dos escenarios para tildar de inconstitucionales las normas de que se trata, a saber: a) el primero se dará cuando el quejoso, previa solicitud formal de otorgamiento de pensión, ésta le sea negada directamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través del departamento correspondiente, desde luego, con base en los numerales tachados de inconstitucionales; ahí, podrá optar por promover juicio de amparo indirecto contra leyes dentro de los plazos legales ante el Juzgado de Distrito que corresponda conocer del asunto, con independencia de que dicho instituto no sea autoridad para efectos del amparo pues, como ya se dijo, el primer acto concreto de aplicación en perjuicio de la quejosa, no necesariamente debe provenir de una autoridad para efectos del juicio de amparo; b) el segundo escenario consiste en que opte por tramitar en la vía laboral el reclamo de la pensión de vejez de que se trata y que llegado el momento de emitir el laudo, éste resulte adverso a sus intereses, por ejemplo, ante la falta de los requisitos que para tal efecto prevén los referidos artículos 182 y 183, fracción III; entonces, de conformidad con los artículos 170, fracción I, párrafo cuarto y 175, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, podrá impugnar aquellos preceptos vía conceptos de violación en amparo directo, en aras de que el órgano colegiado emita pronunciamiento sobre el particular. En uno u otro caso, tendrá expedito su derecho para actuar en los términos que mejor le convengan, una vez que resienta, con la aplicación de los artículos tachados de inconstitucionales, una afectación real y concreta, y no sólo eventual." De ahí que no es procedente requerir a la parte quejosa para que, de ser su deseo, ampliara la demanda. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción oficio Téngase recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la Jefa del Centro de Reparto Salvador Nava, del Servicio de Correos de México, con sede en esta ciudad, por medio del cual desahoga el requerimiento que le fue formulado mediante proveído de once de septiembre del año en curso; y, al efecto, informa los trámites de entrega de la pieza postal que le fue solicitada, para el cual estima un periodo, nuevamente, de quince días hábiles. De lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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