Juana Ofelia Marquez Salazar
Expediente 221/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juana Ofelia Marquez Salazar
Actuaciones
- Principal
...Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de diez de marzo pasado, se desechó la demanda de amparo; como esa determinación no fue recurrida a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamene por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, (...)
- Principal
...Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 221/2023. Estudio de improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si en el caso, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del contexto de la demanda, se obtiene que la quejosa Juana Ofelia Márquez Salazar, reclama del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, la omisión de dar contestación a su solicitud formulada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, mediante la cual, solicitó se le haga entrega de fondos que obran en la cuenta individual con RFC **** y CURP ****, por concepto de fondo de ahorro para el retiro y subcuenta de fondo de vivienda. Ante ello, se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. (.)". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Los preceptos transcritos revelan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo carácter de autoridad responsable aquella que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, teniendo también tal calidad los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, contra actos que no sean emitidos por autoridad o por particulares que no tengan esa calidad, es improcedente el juicio de amparo. Para mayor claridad, existen las siguientes jurisprudencias: (...) Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. El concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, la quejosa Juana Ofelia Márquez Salazar reprocha del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, la omisión de dar contestación a su solicitud formulada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, mediante la cual, solicitó se le haga entrega de fondos que obran en la cuenta individual con RFC MASJ5808098U5 y CURP MASJ580809MOCRLN06, por concepto de fondo de ahorro para el retiro y subcuenta de fondo de vivienda. Por tanto, deviene improcedente esta instancia constitucional, ya que el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, no actúa con el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de derechos humanos, sino como ente asegurador. Ello, pues contra la omisión de contestar la solicitud formulada el treinta y uno de enero del año en curso, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución General, resulta improcedente el juicio constitucional, al no estar en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación que existe entre la quejosa y el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad). De ahí que, se estime que el acto reclamado carece de autonomía y unilateralidad, por lo que, no le reviste el carácter de autoridad. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto. (...) En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha de plano, la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica la quejosa y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Otilio Bautista López, por tener registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, a las personas restantes. Ahora, en cuanto a la solicitud para consultar vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo; vista la certificación de cuenta, se autoriza al usuario Baulopdag, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, como lo solicitan, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar las determinaciones que lo ameriten de manera electrónica en el usuario antes referido. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno citado determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, se autoriza a la parte quejosa, así como a sus autorizados, el uso de dichos medios electrónicos en los términos descritos con antelación. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia Finalmente,(...)
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