Juana Ocampo Domínguez
Expediente 918/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Margarita Estrada Olmos
- Juana Ocampo Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto y por otra negar la protección constitucional a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a), del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de conservación, toda vez que por una parte sobreseyó el juicio y por otra se negó la protección constitucional a la parte quejosa, lo que significa que una vez que trascurra la temporalidad señalada este expediente deberá ser transferido al archivo de concentración que determine la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en observancia con lo dispuesto por los artículos 16, 17, 26, 27 y 28 del Acuerdo General de referencia. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por el incidente de suspensión, en el que se determinó conceder la medida cautelar de manera definitiva, con apoyo en el artículo 17, fracción III, se estima que éste es susceptible de conservación, por lo que una vez transcurra la temporalidad señalada en dicho numeral, deberá transferirse al archivo de concentración que determine la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Finalmente, no se hace ordena devolución de documento original alguno, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesado margarita estrada olmos por medio de lista el contenido del acuerdo de se: RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 918/2023, promovido por Juana Ocampo Domínguez, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, en relación a la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente laboral 01/928/18, por los Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO Ampara NI Protege a Juana Ocampo Domínguez, por propio derecho, contra el acto y autoridades expresadas en los considerandos segundo y tercero, así como por los motivos y fundamentos expuestos en la última parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa María del Rosario García Jiménez, hasta hoy trece de septiembre de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, Juana Ocampo Domínguez, por propio derecho y en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Con residencia en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. "La resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente laboral 01/928/18, en la cual se determina imponer una multa, de conformidad con el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo". SEGUNDO. El veintinueve de junio de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 918/2023; requirió a las autoridades responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: "La resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente laboral 01/928/18, en la cual se determina imponer una multa, de conformidad con el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, quien a su vez lo rinde en representación de citado Tribunal, con residencia en esta ciudad, aceptó expresamente la existencia del acto reclamado, por lo tanto, sus manifestaciones constituyen una confesión expresa con pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2° de esta última. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las copias certificadas de diversas actuaciones practicadas dentro del expediente número 01/928/18, relativo al juicio laboral de donde emana dicho acto, mismas que remitió como complemento a su informe justificado la citada autoridad responsable, a las que se les otorga valor probatorio en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2°de esta última, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones; aunado que adquieren el carácter de documental pública, de conformidad con los artículos 197 y 202 de la codificación federal invocada. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, deben analizarse las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o bien, que de oficio se advierta su actualización, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. Este Juzgado de Distrito de oficio estudia la siguiente causa de sobreseimiento. Juana Ocampo Domínguez, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, carece de interés jurídico para promover el amparo indirecto contra la resolución reclamada, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio. Este juzgador, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, considera que la citada quejosa en su carácter de funcionaria municipal carece de interés jurídico para reclamar la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente laboral 01/928/18, que determina hacer efectivo el apercibimiento decretado en proveído del dos de febrero del año en curso, consistente en la imposición de una medida de apremio equivalente a una multa por veinticinco unidades de medida de actualización; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del artículo anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª/J. 51/20192, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, marzo de 2019, Tomo II, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Precisado lo anterior, Juana Ocampo Domínguez, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, carece de interés jurídico en este juicio debido a que la multa económica impuesta en la resolución de veinticinco de mayo del dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado, se aplica a la persona física o funcionaria que en su actuar como autoridad incurrió en un desacato, y no al órgano de gobierno como tal. En consecuencia, si la medida de apremio impuesta, se dirige a la persona física que ostenta un cargo, no puede reconocérsele el carácter de quejosa a dicha persona en su calidad de autoridad porque de ese modo, no se acredita el interés jurídico requerido para acudir al juicio de amparo. No es óbice a lo anterior el contenido del artículo 7° de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de que una persona moral pública pueda solicitar la protección de la justicia federal por conducto de sus personas servidoras públicas o representantes; al respecto el precepto invocado dispone: "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes". Sin embargo, este supuesto sólo acontece cuando el acto o la ley que se reclama afecta directamente los intereses patrimoniales de esa entidad, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Pero ello no ocurre en el presente asunto, pues, en todo caso, de hacerse efectivo ese apercibimiento, la persona afectada sería quien ostenta la titularidad de esa oficina u órgano, pero no la persona moral oficial. Con base en lo anterior es que se estima que Juana Ocampo Domínguez, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, carece de interés jurídico para reclamar la resolución, que hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído del dos de febrero de dos mil veintitrés, consistente en la imposición de una medida de apremio equivalente a una multa por veinticinco unidades de medida de actualización. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ...V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El precepto anterior establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a las que se refiere ese mismo ordenamiento. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XII y 5°, todos ellos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de Juana Ocampo Domínguez, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. Por otra parte, la responsable refiere que se actualizan los extremos de improcedencia previstos en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues considera que no existe un agravio personal y directo en la esfera jurídica de la quejosa. La causa de improcedencia antes citada, resulta infundada, esto, sólo por lo que hace a la quejosa al promover por su propio derecho, aunado que la imposición de la multa se dirige a ella como persona física que ostenta el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, lo cual se aprecia del acuerdo relativo al requerimiento de pago de fecha doce de enero de dos mil veintitrés y de la resolución reclamada de veinticinco de mayo del año en curso, dictados dentro del juicio laboral 01/928/18, en los que, en la parte que interesa señalan: "...haciéndole del conocimiento que el pago de dicha multa debe ser sufragada con el peculio del funcionario y no con dinero del erario público...se ordena realizar todas las gestiones necesarias para la aplicación de la multa señalada con antelación, la cual deberá quedar a cargo del propio peculio del servidor público y no con erario del ayuntamiento demandado"; razón por la cual, sí cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo. También, la parte tercero interesada mediante escrito del veinticinco de julio del año en curso, refiere que se actualizan los extremos de improcedencia previstos en el artículo 61, fracciones XIII, XIV y XVIII, de la Ley de Amparo, al estimar que se está ante actos consentidos, debido a que la quejosa Juana Ocampo Domínguez, en su carácter de Presidenta Municipal, mediante diversas diligencias de requerimiento de pago llevadas a cabo en el domicilio de la parte demandada, ahora quejosa, en fechas cinco de julio, veintiséis de agosto de dos mil veintidós, doce de enero, doce de mayo y treinta de junio de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento de los apercibimientos decretados en autos del juicio laboral 01/928/18, en los cuales se le apercibió con multa, por negarse a cumplir el laudo; al respecto, contrario a los argumentos de la tercero interesada, no se actualiza la causa de improcedencia que hace valer, debido a que la resolución que causa un agravio personal y directo a la esfera jurídica de la quejosa en su calidad de servidora pública con cargo de Presidente Municipal de Temixco, Morelos, es precisamente la que constituye el acto reclamado de data veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, donde se hace efectivo el apercibimiento decretado el auto de dos de febrero del año en curso, y se impone aplicar la multa equivalente a veinticinco unidades de medida de actualización, la cual será sufragada a cargo del propio peculio de la servidora pública y no con erario del Ayuntamiento demandado, como al respecto quedó precisados en párrafos anteriores. Aunado que si tuvo conocimiento del acto reclamado el ocho de junio de dos mil veintitrés, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la presentación de la demanda de amparo a que alude el artículo 17 de la misma ley, comenzará a computarse a partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. Al respecto, como se dijo anteriormente, la resolución reclamada fue del conocimiento de la quejosa bajo protesta de decir verdad el ocho de junio del año en curso, por lo tanto, el término de quince días que dispone el numeral 17 de la Ley de Amparo, comenzó a correr el día siguiente, es decir, transcurrió del nueve al veintinueve de junio del año que transcurre, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio del año en curso, por ser inhábiles; y, la demanda de amparo se presentó en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera una presentación oportuna; de ahí que no se actualicen los extremos improcedencia invocados en este apartado. Al no advertirse la actualización de las causas de improcedencia que invocaron la autoridad responsable y la parte tercero interesada, en los términos antes precisados, ni este Juzgado Federal advierte que se actualice otra diversa, se procede el estudio de la cuestión planteada. QUINTO. El análisis del acto reclamado se hará al tenor de los conceptos de violación que la parte quejosa hace valer en su demanda y sin que se requiera la transcripción de ellos por no ser necesario para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, tal cuestión no la deja en estado de indefensión, al no privarla del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Ahora bien, para mayor claridad del sentido en que habrá de dictarse esta determinación, es necesario precisar lo siguiente: Con posterioridad al pronunciamiento del laudo dentro del juicio laboral de origen, que en el caso ocurrió el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, la parte demandada al ser omisa en dar cumplimiento voluntario al laudo, ni al auto de requerimiento de pago de diez de noviembre de dos mil veintidós, el cual se llevó a cabo en diligencia de requerimiento el doce de enero de dos mil veintitrés, sin que dicha parte procesal diera cumplimiento; en consecuencia, por proveído del dos de febrero de dos mil veintitrés, el Presidente ejecutor procede a dar vista a los Integrantes que conforman el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a efecto de hacerles llegar copia del referido auto de requerimiento, al haberse apercibido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, que en caso de incumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable, se procedería a la aplicación del artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como se refirió en el acuerdo de dos de febrero del año que transcurre; al respecto, se precisa en la parte que interesa, el requerimiento de pago de doce de enero de dos mil veintitrés, en donde se precisa el apercibimiento, el cual dice: "...por lo que se comisiona al ciudadano actuario adscrito a este Tribunal, para que asociado de la parte actora, se constituya en el domicilio de la demandada AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO MORELOS, y le requiera a través del Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado, C. JUANA OCAMPO DOMÍNGUEZ, el pago y las constancias que acrediten el alta al IMSS o ISSSTE e ICTSGEM. Y para el caso de existir negativa, se apercibe al Presidente Municipal que se aplicará la medida de apremio que dispone el artículo 731 Fracción I de la Ley Federal del Trabajo, a dicho funcionario, consistente en una multa de 25 unidades de medida de actualización, haciéndole del conocimiento que el pago de dicha multa debe ser sufragada con el peculio del funcionario y no con dinero del erario público...". En efecto la diligencia de requerimiento de pago se llevó a cabo el doce de mayo del año en curso, en cumplimiento al auto de dos de febrero de esta anualidad, de cuyo contenido se desprende que fue atendida por quien dijo llamarse bajo protesta de decir verdad Aguirre Ortega Socorro Andrea, con carácter de apoderada legal de la parte demandada, a quien además de requerirle de pago, se le hizo saber el apercibimiento decretado, presentando escrito donde hace saber las manifestaciones de imposibilidad para cumplir con lo requerido; en consecuencia, la parte actora ante la negativa de pago por parte del Ayuntamiento, solicitó se hagan efectivos los apercibimientos decretados en autos. En consecuencia, se dictó el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, por los Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro del juicio laboral 01/928/18, el cual constituye el acto reclamado, y en la parte que interesa donde se ordena hacer efectivo el apercibimiento consistente en la imposición de la multa que reclama la parte quejosa, dice lo siguiente: "...Que a la presente fecha la parte demandada H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, ha sido omisa en dar cumplimiento al requerimiento realizado por este Autoridad con fecha DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, y cuya diligencia se llevó a cabo el día DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el efecto de dar cumplimiento al LAUDO de fecha DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ...CONSIDERANDOS:... TERCERO: Sin que a la fecha se haya cubierto pago alguno, en tal sentido y en seguimiento al proceso de ejecución promovido por la parte actora, el Presidente Ejecutor de este Tribunal, con fecha DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, se dictó un auto de requerimiento de pago a cargo de la parte demandada por conducto del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de TEMIXCO, Morelos. CUARTO: El día DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTRITRÉS, el fedatario adscrito a este Tribunal, en debido cumplimiento al requerimiento dictado, en compañía de la parte actora, se constituyó en las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento de TEMIXCO, Morelos, requirió lo correspondiente, diligencia en la cual la parte demandada, no dio cumplimiento a lo solicitado; requerimiento antes referido que fue llevado con la persona quien se encontraba presente en referido domicilio de la demandada, esto en razón a que el PRESIDENTE MUNICIPAL del ayuntamiento no se encontró en la hora de la diligencia antes referida, por lo que con fundamento en el artículo 951 Fracción II de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria el actuario realizó lo correspondiente....RESUELVE: ÚNICO: en atención a los considerando primero, segundo, tercero y cuarto por unanimidad de votos, se declara procedente la aplicación de la sanción decretada mediante acuerdo de fecha DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, dictado en los autos del expediente al rubro citado, ante la contumacia en que ha incurrido el Presidente Municipal del Ayuntamiento de TEMIXCO, MORELOS C. JUANA OCAMPO DOMÍNGUEZ, esto es: Se decreta aplicar una multa de hasta veinticinco (25) unidades de medida de actualización, conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, al PRESIDENTE municipal del ayuntamiento de TEMIXCO, MORELOS, C. JUANA OCAMPO DOMÍNGUEZ; por lo anterior se ordena realizar todas las gestiones necesarias para la aplicación de la multa señalada con antelación, la cual deberá quedar a cargo del propio peculio del servidor público y no con erario del ayuntamiento demandado... SE ORDENA GIRAR ATENTO OFICIO A LA COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS PARA QUE HAGA EFECTIVA LA MULTA INDICADA, conforme al artículo 731 Fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos..." La anterior determinación, constituye el acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación alegados por la quejosa, por lo que se debe negar el amparo solicitado. En el primer concepto de violación, la quejosa estima que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, en razón de que la resolución reclamada le aplica una multa, sin que se le haya notificado previamente de forma legal algún requerimiento o apercibimiento, pues refiere que la notificación del apercibimiento no se realizó conforme al artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, dado que el actuario no dejó copia autorizada de la resolución que notificó y tampoco cumplió con requerir la presencia de la quejosa, además, señala que la cédula de notificación no cumplió con los requisitos que establece el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que el fedatario omitió establecer el nombre y domicilio de la persona que debía ser notificada, por lo que la notificación del apercibimiento es nula. Al respecto, como se adelantó, dicho motivo de disenso es infundado, puesto que la parte quejosa sí tuvo conocimiento del apercibimiento de dos de febrero de dos mil veintitrés, de donde deriva la imposición de la multa efectuada en su contra, por incumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen. Es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, obra la constancia de notificación del acuerdo de dos de febrero del año en curso, misma que, contrario a lo referido por la quejosa, sí colmó todos los requisitos que prevén los artículos 744 y 751 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, mismos que disponen: "Artículo 744.- Las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al local de la Junta o en el domicilio que hubiese designado y si no se hallare presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el Actuario; si la casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo. El actuario asentará razón en autos. Artículo 751.- La cédula de notificación deberá contener, por lo menos: I. Lugar, día y hora en que se practique la notificación; II. El número de expediente; III. El nombre de las partes; IV. El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; y V. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula." Así, en la constancia de notificación que obra en autos, se advierte que se asentaron los siguientes datos: [1] número de expediente -01/928/2018-; [2] nombres de las partes actora y demandada -Margarita Estrada Olmos en contra del Ayuntamiento de Temixco, Morelos-; [3] lugar, fecha y hora en que se practicó la notificación -Temixco, Morelos, siendo las once horas con cinco minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés-; [4] el domicilio en que se constituyó el fedatario -Avenida Emiliano Zapata número dieciséis, colonia centro de Temixco, Morelos-; [5] que dicha notificación iba dirigida al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos; [6] los datos con los cuales se cercioró de que se encontraba en el domicilio correcto; [7] el nombre y apellido de la persona con quien entendió la diligencia, así como los datos con los que se identificó -Aguirre Ortega Socorro Andrea, quien dijo ser apoderada legal de la demandada, mostró credencial para votar con el número que ahí se precisa AGORSC940627...; [8] datos de la resolución que notificó, esto es, el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, asentando que dejó copia simple debidamente autorizada y cotejada de los citados autos que en ese acto dejó en poder de la persona que lo atendió; y, [9] firma de la fedataria, así como de la persona con quien entendió la diligencia. Entonces, contrario a lo que aduce la quejosa, el fedatario sí le dejó copia autorizada del acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, el cual contiene el apercibimiento de la multa que le fue impuesta mediante resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, pues así lo hizo constar en la parte final de la constancia de notificación respectiva, cumpliendo así con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo. Además, de la constancia de notificación que se analiza, contrario a lo aseverado por la aquí impetrante, la fedataria del Tribunal responsable sí estableció el nombre y domicilio de la persona que debía ser notificada, pues indicó que se constituyó personal y legalmente en Avenida Emiliano Zapata número dieciséis, colonia centro de Temixco, Morelos, en busca de la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, cargo que ostenta la aquí quejosa. Asimismo, de la lectura del numeral 744 de la Ley Federal del Trabajo, antes transcrito no se advierte que el fedatario deba requerir la presencia de la parte demandada en las ulteriores notificaciones personales, pues las mismas se harán al interesado o persona autorizada para ello, en el domicilio que hubiese designado y si no se hallare presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el Actuario, lo que en el caso sucedió, dado que de la constancia de notificación se observa que el ejecutor se constituyó en el domicilio de la parte demandada y, al ser atendido por la apoderada legal -no por la aquí quejosa-, procedió a dejar copia autorizada del auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, asentándolo en la constancia de notificación respectiva, de ahí que los argumentos de la impetrante de amparo expuestos en su primer concepto de violación, resultan infundados. Por otro lado, la parte quejosa aduce en su segundo concepto de violación que estima ilegal la determinación dictada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje al imponer una multa en su perjuicio, con fundamento en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, ya que esa disposición normativa no es aplicable al caso concreto, pues ésta señala expresamente que será el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje quien podrá imponer una multa a las personas que no concurran a las audiencias que él mismo señale, o que no cumplan con sus resoluciones, por lo que aduce que si la ley faculta a una autoridad unipersonal -Presidente-, el Tribunal se extralimitó al actuar por medio de un órgano colegiado para pretender fundar su actuar en una legislación extraña al procedimiento de ejecución. Indica que la Ley Federal del Trabajo, se puede aplicar de manera supletoria, en algunos casos, siempre y cuando no estén previstos por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sin embargo, en el caso concreto no aplica esa figura de supletoriedad porque la norma burocrática estatal prevé en sus artículos 124 y 125 un procedimiento de ejecución que deberá ser seguido por el mismo para garantizar el cumplimiento de los laudos. Los anteriores argumentos, como ya se adelantó, son infundados. Es así, porque contrario a lo aducido por la quejosa en el caso sí opera la supletoriedad de la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo, por lo que hace al cumplimiento de los laudos. Supletoriedad que permite aseverar que en el caso sí existe un procedimiento de ejecución para hacer efectivo el laudo dictado en el expediente 01/928/18. A saber, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos dispone, que las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje son inapelables; además, que los municipios del Estado de Morelos están obligados con sus trabajadores, entre otras cosas, a aceptar los laudos que dicte el tribunal laboral burocrático estatal y, como consecuencia, cubrir la indemnización por separación injustificada y salarios caídos que no deben exceder de seis meses; y ante su incumplimiento, dicha legislación establece un procedimiento para la ejecución de los laudos. Relacionado con ello, el título undécimo, capítulo único de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece lo siguiente: "Artículo 123. Las resoluciones del Tribunal serán inapelables y se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente" "Artículo 124. Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I. Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y (.)" Por otra parte, el diverso artículo 11 del mismo ordenamiento legal dispone: "Artículo 11. Los casos no previstos en esta Ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad". También el artículo 45, del mismo ordenamiento legal, establece: "Artículo 45. Los Poderes del Estado y los Municipios, están obligados con sus trabajadores a: (.) IV. Pagarle la indemnización por separación injustificada, cubrir las correspondientes a los accidentes que sufran con motivo del trabajo o a consecuencia de él o por las enfermedades profesionales que contraiga en el trabajo o en el ejercicio de la profesión que desempeñan; . XIII. Aceptar los laudos que dicte la autoridad competente. En los casos de supresión de plazas o reestructuración de la dependencia, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue una indemnización por el importe de 90 días de salario, siempre y cuando no se utilicen sus servicios en la nueva estructura. .. XIV. De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada, cuando los trabajadores de base hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición, los salarios caídos que nunca podrán ser superiores a seis meses, prima vacacional, aguinaldos y demás prestaciones que establezca el laudo definitivo" En ese sentido, el precepto 11 transcrito, establece la supletoriedad de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, en su defecto, de la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. En relación con lo anterior, es factible afirmar que, además de lo establecido en la legislación burocrática local para la ejecución de los laudos, debe aplicarse de manera supletoria para esa fase lo previsto en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional y, en su defecto, el Título Quince de la Ley Federal del Trabajo, que regula el procedimiento de ejecución del laudo; sin que sea obstáculo para ello que la Ley del Servicio Civil no preceptúe un título o un capítulo denominado "procedimiento de ejecución del laudo", en tanto que sí se estipula la obligatoriedad de los mismos y las medidas coercitivas para el caso de incumplimiento. Corrobora lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, página 1065, que enseguida se transcribe: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." Lo expuesto pone de relieve que en el ámbito local, se prevé un procedimiento de ejecución de las determinaciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al contemplarse en los artículos 123 y 124 de la legislación burocrática local, la obligación de las autoridades de cumplir con sus resoluciones, con apercibimiento, incluso, de multa de hasta quince salarios mínimos; normatividad que además establece como supletoria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, en sus artículos 150 y 151 y, en su defecto, la Ley Federal del Trabajo -en su Título Quince-. Los artículos 150 y 151 de la legislación burocrática federal mencionada son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 150. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes". "ARTÍCULO 151. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior". Y, el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, vigente antes de la reforma laboral, expresa lo siguiente: "Artículo 731.- El Presidente de la Junta, los de las Juntas Especiales y los Auxiliares podrán emplear conjunta e indistintamente, cualquiera de los medios de apremio necesarios, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Los medios de apremio que pueden emplearse son: I. Multa, que no podrá exceder de 100 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el tiempo en que se cometió el desacato. Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o salario de un día. Para los efectos de este artículo, no se considerará trabajadores a los apoderados; II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y Arresto hasta por treinta y seis horas". Lo reseñado corrobora que, en esta entidad federativa, las autoridades que resulten vencidas en juicio burocrático están sujetas en ejecución del laudo al imperio y las medidas coercitivas que establezca el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos mencionados de la Ley del Servicio Civil del Estado y, de todas las medidas que para ello otorgan las diversas legislaciones de trabajo aplicables de manera supletoria. En ese tenor, de conformidad con los numerales citados, las autoridades condenadas mediante laudo emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, entre ellas, los Ayuntamientos, tienen la obligación legal de cumplir con las resoluciones emitidas por el aludido tribunal burocrático, con apercibimiento, incluso, de multa, el que no sólo puede imponer sanciones pecuniarias, sino también aplicar cualquier medida que razonablemente sea necesaria para lograr el debido cumplimiento del fallo; de tal modo que las autoridades demandadas puedan ser obligadas, a pesar de que no sea su voluntad, a cumplir con los laudos, en términos de lo dispuesto por los artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, o bien, los de aplicación supletoria a ésta, entre los que se encuentran los preceptos legales que establece la Ley Federal del Trabajo, de ahí lo infundado de sus argumentos. Además, constituyen un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º, el similar criterio que ha sostenido el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en el amparo en revisión 116/2021, en el que analizó la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo respecto de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con base en consideraciones iguales a las aquí sostenidas. Por otra parte, la quejosa señala que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no está facultado para hacer efectivo el medio de apremio -multa- que le fue impuesta, puesto de que de sus atribuciones previstas en el artículo 123 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como del precepto 11 del Reglamento Interior del Trabajo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje mencionado, no se observa que tenga esas facultades, y contrario a ello, quien tiene ese mando es el Presidente Ejecutor. Al respecto, debe decirse que de la ejecución de los laudos dictados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos es omisa en establecer su procedimiento, de manera que, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la citada legislación, debe aplicarse supletoriamente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por ser esta la primera en orden de supletoriedad conforme al numeral antes invocado; además de que dicha ley burocrática federal sí contempla la figura de ejecución de laudo, ausente en la ley de la materia. La referida Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, en su Título Octavo, "De los medios de Apremio y de la Ejecución de los Laudos", dispone: "TÍTULO OCTAVO De los medios de Apremio y de la Ejecución de los Laudos CAPÍTULO I Artículo 148.- El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de mil pesos. Artículo 149.- Las multas se harán efectivas por la Tesorería General de la Federación para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Tesorería informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. CAPITULO II Artículo 150.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 151.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." En relación con lo señalado en la última parte del artículo 151, el "capítulo anterior" a que hace referencia, es el relativo a los medios de apremio; la figura de los medios de apremio sí se encuentra regulada por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; tales disposiciones se encuentran contenidas en los artículos 123 y 124, los cuales establecen: "Artículo 123.- Las resoluciones del Tribunal serán inapelables y se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente." "Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I.- Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." De lo anterior, se desprende que las únicas sanciones comprendidas por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, consisten en: a) multa de hasta quince unidades de medida de actualización, y b) la destitución del infractor; asimismo, establece que dichas sanciones serán impuestas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, si bien conforme al Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, corresponde al Presidente ejecutar los laudos emitidos por el Pleno y convenios celebrados ante él, empleando los medios de apremio necesarios, debe entenderse que dicho funcionario debe dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución de los laudos, apercibiendo con los medios de apremio previstos por la ley, sin que ello implique que la determinación que resuelva sobre la procedencia de la sanción deba ser tomada por el Presidente Ejecutor. Máxime que, conforme al principio de subordinación jerárquica, los reglamentos no pueden modificar el contenido de una ley, es decir, tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades a las de la propia ley que va a reglamentar. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 58 del tomo I, del Apéndice de 2011, página 472, con registro rápido de localización 1001299, de rubro y texto siguientes: "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición" Por tanto, conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es claro que corresponde al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos la imposición de las sanciones por el incumplimiento de sus determinaciones. Así, ante lo infundado de los conceptos de violación en estudio, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 918/2023, promovido por Juana Ocampo Domínguez, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, en relación a la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente laboral 01/928/18, por los Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO Ampara NI Protege a Juana Ocampo Domínguez, por propio derecho, contra el acto y autoridades expresadas en los considerandos segundo y tercero, así como por los motivos y fundamentos expuestos en la última parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa María del Rosario García Jiménez, hasta hoy trece de septiembre de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha le está transcurriendo el plazo que establece el artículo 117, de la Ley de Amparo, otorgado mediante auto de trece de julio de dos mil veintitrés, por el cual se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, a la tercera interesada, toda vez que se le tuvo por apersonada al presente juicio el veintiséis de julio de dos mil veintitrés; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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