Juana Noemí García Pérez
Expediente 393/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juana Noemí García Pérez
- Juana Noemí García Pérez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veinte de agosto de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 21, en razón de que el veinte de agosto de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el siete de octubre de dos mil veintitrés, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el presente auto. Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes, 393/2020-V.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa de la resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, en los siguientes términos: -Sobreseimiento fuera de audiencia- Visto el estado de autos del que se advierte que mediante oficio recibido en este juzgado el veintiuno de julio del año en curso el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo, remitió copia certificada de constancias que obran en la carpeta de investigación., de las que se advierte que el diecisiete de julio del año en curso dejó a disposición del Juez de Control del Primer Partido Judicial en turno, a... Por lo anterior, se considera que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". Del análisis a la fracción referida, se advierte que para que se genere la hipótesis de cambio de situación jurídica deben concurrir, como requisitos: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo. Tales supuestos están justificados en autos. Los quejosos señalaron como actos reclamados la incomunicación, actos de tortura y negativa de concederles la libertad caucional. Ahora bien, para que se actualice la causal de improcedencia de la acción constitucional, consistente en un cambio de situación jurídica, las violaciones constitucionales cometidas como consecuencia de una detención deben depender de un estado jurídico posterior y distinto, virtud de la aparición de una situación novedosa. Luego, del análisis de las constancias que el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo, remitió en apoyo a su informe justificado, se obtiene que los quejosos. fueron detenidos el quince de julio de dos mil veinte, con motivo del cateo efectuado en el domicilio ubicado.. Asimismo se advierte que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Narcomenudeo la Fiscalía General del Estado, los puso a disposición del Juez de Control del Primer Partido Judicial en turno, el diecisiete de julio del presente año, como se advierte de los oficios., de esa fecha, en los que consta el sello del Centro de Reinserción Social para Mujeres Aguascalientes y del Centro de Reinserción Social para Varones Aguascalientes, respectivamente. Por ello, se actualiza un cambio de la situación jurídica de los quejosos, habida cuenta que las violaciones que pudiesen derivar de su detención y/o privación de la libertad, han quedado consumadas jurídicamente de forma irreparable, dejando de incidir en su esfera jurídica, virtud del cambio de situación jurídica derivado en la carpeta de investigación de origen, dado que fueron puestos a disposición del Juez de Control correspondiente. Por consiguiente, al surtirse el motivo de improcedencia anteriormente indicado, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio acorde con el diverso 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, ya que los motivos aducidos en primer término y la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiestas e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio contenido en la tesis 2ª.CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, que se lee: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice las causales de improcedencia indicadas y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Finalmente, en la situación en concreto resulta innecesario dar vista al agente del Ministerio Público de esta adscripción, en términos de la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 561, de rubro: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA". Lo anterior, cuenta habida que de las constancias que obran en el presente expediente, específicamente las razones asentadas por el actuario de esta adscripción el dieciséis de julio del presente año, se advierte que los directos quejosos se encontraron en óptimas condiciones físicas a simple vista, conscientes y en pleno uso de sus facultades mentales, al realizarle esa notificación, que las instalaciones en que fueron localizados son amplias, iluminadas y cálidas, aunado a que no presentaron evidencia física sobre tortura y, al ser cuestionados al respecto, manifestaron no haber sido objeto de violencia y/o tortura en su persona, ni física ni psicológicamente."
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