Juana Mojica Reyes

Expediente 585/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
585/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
05/07/2019

Partes del expediente

  • Juana Mojica Reyes
  • Juana Mojica Reyes y Otros.
  • Andrés Sergio Gallardo Agüero y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Dada imposibilidad de notificar personalmente a promovente, efectúese por lista fijada en los estrados, así como las subsecuentes: "Xalapa, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos de la *******; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 585/2019 que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. En principio, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado: La resolución interlocutoria de *******, dictada por la *******, relativa al recurso de reclamación, la cual confirmó el acuerdo de veintidós de febrero del mismo año. El dicho acuerdo se admitió a trámite la demanda, entre ellas, la consistente en petición de informes a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Respecto a dicho acto reclamado, este juzgado advierte que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Ello, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Por su parte, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Así, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza, de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". El primero de los artículos indicados, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Así, una interpretación en sentido contrario del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe destacar que esta última disposición establece que por actos de imposible reparación se entiende "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.", con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas; por lo que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio solamente opera cuando se afecten materialmente derechos sustantivos. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página mil quinientos treinta y nueve, libro seis, mayo de dos mil catorce, tomo III, con número de registro 2006338, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Bajo esa premisa, en el caso a estudio, se colige que el acto que por esta vía se pretende reclamar, en esencia lo es, la resolución interlocutoria dictada por la Sala responsable, relativa al del recurso de resolución interlocutoria de *******, dictada por la *******, relativa al recurso de reclamación, la cual confirmó el acuerdo de veintidós de febrero del mismo año. Asimismo, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizaron los quejosos en el apartado de antecedentes, se advierte que los promoventes son parte actora en el juicio contencioso administrativo número ******* del índice de la *******, así como que, por auto de *******, la ahora responsable, determinó desechar pruebas diversas, por lo que, los quejosos inconformes con lo anterior interpusieron recurso de reclamación, a lo que la citada Sala por resolución interlocutoria de *******, determinó lo que en este asunto se reclama. En ese sentido, se considera que en contra de la resolución interlocutoria reclamada, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que la resolución combatida es un acto que no afecta derechos sustantivos de las partes al producir únicamente efectos intraprocesales. Lo anterior es así, debido a que si bien, la autoridad responsable al momento de emitir la resolución que en esta vía se combate confirmó la diversa determinación, por la que, desechó las pruebas ofrecidas por los actores en el juicio de origen, ésta acción no trae como consecuencia directa y necesaria la obtención de una resolución desfavorable a sus intereses. Por lo que, como se sostuvo, se estima que el acto origen de este asunto es de naturaleza intraprocesal, el cual no actualiza ningún caso de excepción a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Máxime, que los efectos que la resolución reclamada produce, son susceptibles de repararse sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa si la sentencia definitiva le es favorable o, en caso contrario, tiene la posibilidad de impugnar dicho acto a través del amparo directo que promueva contra la referida sentencia o resolución que ponga fin al procedimiento, de conformidad con los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX de la Ley de Amparo. Por tanto, al no concurrir circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, que dependan para el dictado de la sentencia o para asegurar la continuación del trámite del juicio natural, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Al caso es aplicable por analogía, la jurisprudencia 3a20/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta y seis, tomo V, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de rubro siguiente: "PRUEBAS, SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO" De igual forma, sustenta lo anterior la tesis aislada XXI.1.57K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Marzo de 1994, Octava Época, Materia Común, página 432, con número de registro 213233, de rubro: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA". Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, página 343, con número de registro 217075, de rubro: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL" Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." DOMICILIO Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Asimismo, atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo;

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