Juana Micaela Hernandez Castro

Expediente 332/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
332/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/07/2019

Partes del expediente

  • Juana Micaela Hernandez Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con fecha veintiséis de abril del año en curso, aceptó la competencia planteada por lo que se avoca al conocimiento del asunto, mismo que radicó con el juicio de amparo directo número 294/2019 de su índice; en tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente expedientillo como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expedientillo es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese al presente expedientillo derivado del juicio de amparo número 332/2019-I, el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que hace del conocimiento de este juzgado, que dicho tribunal acepta la competencia planteada, dando origen al juicio de amparo directo 294/2019 del índice de ese tribunal, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado, con que se da cuenta; atento a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que en el mismo se contiene, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por JUANA MICAELA HERNANDEZ CASTRO, por derecho propio, en contra de los actos reclamados de los MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SALA CIVIL-FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA y de la DILIGENCIARIA ADSCRITA A LA SEGUNDA PONENCIA DE DICHA SALA. Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 332/2019-I. Ahora, del escrito de demanda de amparo, se advierte como antecedentes del ato reclamado los siguientes: La ahora quejosa, interpuso Interdicto de Obra Nueva ante el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, la cual fue radicada y admitida con el número de expediente 790/2016. Mediante proveído de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente 790/2016, el del Juez del conocimiento decretó la caducidad de la acción, intentada por la ahora quejoso, no obstante encontrase pendiente para emplazar al demandado Alejandro Ávila García, En contra de dicho proveído, la aquí quejosa promovió recurso de revocación, mismo que, mediante resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho, fue confirmado el auto combatido. Del mismo modo, la quejosa en contra de la determinación de doce de diciembre de dos mil dieciocho, interpuso recurso de queja, mismo que fue remitido al Tribunal Superior de Justicia del Estado para su substanciación. Finalmente, el citado recurso de queja, el cual fue radicado con el número de Toca Civil de Queja 92/2019, fue resuelto mediante resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el cual confirmó la resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho. Al respecto, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer y resolver el asunto, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, de la Ley de Amparo y, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales prescriben lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común." Ley de Amparo "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y (.)" De los segmentos normativos reproducidos, se aprecia que el juicio de amparo directo procede en los siguientes casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y, b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Por su parte, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, precisa que debe entenderse por sentencia definitiva cuando decida el juicio en lo principal, y por resolución que pone fin al juicio cuando sin decidirlo en lo principal lo de por concluido. Por otra parte, los numerales 107, fracción V, del Pacto Federal; 170 de la Ley de Amparo; y, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, refieren a un Tribunal Colegiado de Circuito como órgano jurisdiccional competente para conocer de amparos promovidos contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, siempre que en todos los casos sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Finalmente, el artículo 47 de la Ley de Amparo, prescribe que cuando ante un Juez de Distrito se presente una demanda de amparo en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en cuyo caso, este último órgano constitucional decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. Como se ve, el artículo 47 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito para que declare su incompetencia legal si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer del asunto. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que resulta legalmente incompetente para conocer del acto reclamado, toda vez que constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido; como lo es el haberse decretado la caducidad. Lo anterior es así, pues como se advierte de lo narrado en párrafos que anteceden, el acto reclamado, deriva de la confirmación de la resolución que ordenó decretar la caducidad de la acción, misma que da por concluido el juicio, dentro del expediente 790/2016, relativo al Interdicto de Obra Nueva, del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo. En ese contexto, se evidencia que esa resolución puso fin al juicio, puesto que sin decidirlo en lo principal, es decir, sin definir el fondo de la controversia planteada en la demanda de origen, lo da por concluido, por consecuencia, el amparo directo es la vía idónea a la que puede acudir por ser éste el medio eficaz en el que se podrá resolver en definitiva sobre la constitucionalidad de la resolución impugnada. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 3a./J. 30/90, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." Así como la jurisprudencia 3a./J. 23/92, sustentada por la Tercera Sala del Alto Tribunal de la Nación, que informa: "AMPARO DIRECTO, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS CIVILES QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DAN POR CONCLUIDO. AUNQUE EN ELLAS SE DEJEN A SALVO DERECHOS DEL ACTOR PARA EJERCITARLOS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, último párrafo, de la Ley de Amparo, procede el amparo directo en contra de las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. De lo anterior se sigue que la sentencia definitiva de segunda instancia en la que se confirma la de primer grado que declara improcedente la vía ejercitada, dejando a salvo los derechos del actor en el juicio natural, para que los haga valer en la vía que legalmente corresponda, goza de tal naturaleza y por lo mismo es a través del amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda en que puede reclamarse, pues aun cuando no resuelvan el fondo de la cuestión principal ejercitada en el juicio, la sola circunstancia de que den por concluido o pongan fin al juicio, es suficiente para que proceda el amparo directo, de acuerdo con la interpretación de las reformas realizadas a los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, vigentes el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho." De igual forma, por identidad de razón, la tesis 2a./J. 139/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". En las relatadas circunstancias, se declara que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, carece de competencia legal para resolver el juicio de amparo promovido contra la resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del Toca Civil de Queja 92/2019, por la que confirma la resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho, emitida dentro el expediente 790/2016, misma que confirmó la determinación de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en autos del juicio de origen, por la cual se decretó la caducidad de la acción intentada por la hoy quejosa. En esas condiciones, y en atención a que la competencia para conocer y resolver el presente asunto, se surte a favor de un Tribunal Colegiado, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170 de la Ley de Amparo; y, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo en lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para que resuelva si acepta o no la competencia planteada. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes, y una vez que sea notificada la presente resolución, remítase al tribunal colegiado mencionado en el párrafo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis aislada XXII.1o.22 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 195064, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." En otro aspecto, se tiene como autorizado para tales efectos a las personas que refiere en su escrito de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los Actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificaran inmediatamente en que sean pronunciadas. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. NOTIFÍQUESE.

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