Juana Mendoza García
Expediente 671/2022 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Juana Mendoza García
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Juicio de Amparo Directo
De la cuenta que antecede, en el que se desechó por improcedente; por tanto, el término de tres días ha transcurrido; en consecuencia, se declara que ha causado estado el citado proveído. En atención a lo anterior, devuélvase al Juzgado Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, la copia certificada del expediente 249/2010, al no ser necesaria su permanencia por más tiempo en este tribunal colegiado. Solicítese el acuse de recibo correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Se tiene a oficiante devolviendo diligenciado el despacho 16/2022, orden 31/2022, derivado del juicio de amparo directo citado al rubro, del que se advierte que el proveído de quince de junio de dos mil veintidós, se notificó personalmente a Juan Mendoza García, por conducto de su empleado Marcial Campero Martínez, el veintiocho de junio siguiente.
- Juicio de Amparo Directo
En aras de una justicia pronta y expedita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; se advierte que el juicio de amparo directo es improcedente, y debe desecharse por las siguientes consideraciones: Lo anterior es así, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Juana Mendoza García, por propio derecho, se advierte que el acto reclamado lo constituye la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente 249/2010, por el Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo. Así, cabe precisar que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V, inciso c) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 34, y 170, fracción I, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales para la tramitación del juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Es por ello, que el presente juicio de amparo debe desecharse por notoriamente improcedente. En la especie el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente 249/2010, por el Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo; por tanto, en contra de dicha resolución, procede el recurso de apelación, en términos del artículo 394, fracción I, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. Sin que se soslaye, que mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, Juana Mendoza García, por propio derecho, interpuso recurso de apelación; y en proveído de siete del mismo mes y año, el Juez de origen, tuvo por no interpuesto el recurso de mérito, toda vez que la promovente no expresó los agravios que le causa, en términos de lo dispuesto por el artículo 403 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. En ese orden de ideas, respecto de la sentencia dictada en el expediente 249/2010, señalada como acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, del tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". En efecto, la determinación que desecha un recurso de apelación, es una decisión que constituye una resolución que pone fin al juicio, para efectos del juicio de amparo directo, lo que asimila a los efectos de una sentencia dictada en el recurso de mérito; de ahí que la resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha el recurso idóneo, en el presente caso, el recurso de apelación, por lo que, el desechamiento de dicho recurso, hace que la resolución que se pretenda recurrir quede firme. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 179, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de la demanda de amparo promovida por Juana Mendoza García, por propio derecho, pues se advierte que el acto reclamado lo constituye la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente 249/2010, por el Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Daniel Eusebio Rodríguez González, María Guadalupe Ochoa Vega y María Belem Rodríguez González y en términos de la última parte del párrafo segundo del aludido numeral, a las demás personas que menciona, pues acorde a la certificación de cuenta no tienen inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con los artículos 22, fracción I, y 28, segundo párrafo, ambos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Toda vez que el domicilio de la quejosa, se encuentra fuera de la sede de este tribunal colegiado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese despacho al Juzgado Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano colegiado, comisione al actuario de su adscripción a fin de que se constituya en Circuito Luis Donaldo Colosio, Manzana 20, Carretera Estancia, Actopan, Hidalgo, y notifique personalmente a la quejosa Juana Mendoza García, el presente proveído; asimismo, la requiera para que en el mismo acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, señale domicilio en la sede de este tribunal colegiado; apercibiéndola que de no hacerlo en el plazo indicado las siguientes notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán por medio de lista; solicitando de la manera más atenta al titular del citado juzgado, realice las diligencias que considere necesarias para cumplir lo encomendado, y hecho lo anterior, se devuelvan las constancias que lo acrediten. Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley.
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