Juana Mejía Rangel
Expediente 734/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juana Mejía Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que remite la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cedula B-I-6 de esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas las manifestaciones que en vía de alegatos formula, las cuales podrán ser tomadas en cuenta al momento de resolver el presente juicio. Además, téngasele proponiendo como forma especial y expedita de contacto, el domicilio y correo electrónico que señala. Finalmente, solicítese a la oficiante para que, de no tener inconveniente legal alguno, informe si las constancias que adjuntó a su oficio son todas las que obran en su juicio de origen, o bien, remita la totalidad de las constancias físicas que tenga en su poder relativas a la carpeta de investigación ***********, instruida a ************, pues ello resulta indispensable para que el suscrito esté en aptitud de emitir el pronunciamiento legal que corresponda, o bien manifieste el impedimento legal que tuviere para ello; apercibida que de no hacerlo se le impondrá la medida de apremio apuntada en proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, esto es, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma Ley.
- Incidental
ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por a *************, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Federación Célula B-I-6, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente interlocutoria.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, se desprenden las razones por las que no es posible llevar a cabo la audiencia incidental señalada para esta fecha, toda vez que el Agente del Ministerio Público de la Federación Célula B-I-6 de Celaya, Guanajuato autoridad responsable, no ha rendido su informe previo; en tales condiciones, se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su desahogo.
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo, se da trámite al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 734/2023-VI, promovido por ************, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Célula B-I-6, con sede en esta ciudad. Con apoyo en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas; apercíbasele que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 258 de la ley reglamentaria en cita, en relación con el diverso 238 de la misma ley, conforme Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En términos del numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. A efecto de proveer lo referente a la suspensión provisional, primeramente, es menester señalar que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando el acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, dictado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Célula B-I-6, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación *************, en el cual se decretó el aseguramiento para realización de diligencias indispensables en términos de lo dispuesto en los artículos 229, 230 y 231, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser considerado como instrumento del delito el vehículo siguiente: *************. En ese orden, primeramente debe precisarse que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil once, vigente a partir del cuatro de octubre del mismo año), en lo que interesa dispone: Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." Del artículo transcrito, interpretado en relación con los diversos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se desprende que para conceder la suspensión de los actos reclamados deben cumplirse los siguientes requisitos: a. Que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada. b. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. c. Que se compruebe la apariencia del buen derecho; que no es otra cosa que el juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado; y, d. Que de colmarse la exigencia anterior, se sopese el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. En la especie, el suscrito juzgador federal estima que debe negarse la suspensión provisional solicitada, al no surtirse la exigencia indicada en el inciso d. Debe decirse que, para el otorgamiento de la medida cautelar, es menester que se verifique si se reúnen los requisitos previstos en los numerales 128 y 138 de la Ley de Amparo, es decir, que la solicite el agraviado, que con ella no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y que, sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. En cuanto al requisito que se refiere a tomar en consideración que con la concesión de la medida cautelar no se contravengan disposiciones de orden público o se afecte al interés de la sociedad, debe destacarse que los preceptos en cita hacen referencia al principio según el cual el interés colectivo está por encima del particular; de ahí que la disposición legal atiende al interés de la promovente del juicio de amparo para que no se ejecute el acto reclamado, pero si el interés aludido pugna con el de la sociedad o el Estado, debe relevarse el primero en beneficio del segundo. En este sentido, el interés social se traduce en cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad pueda obtener un provecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo múltiples y diversos aspectos, previniéndose un mal público, satisfaciéndose una necesidad colectiva o lográndose un bienestar común. Por su parte, el orden público debe entenderse como la situación y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen; es una noción en sí que bajo su imperio restringe la libertad individual; es la fórmula del bienestar general, y su función es asegurar el orden jurídico, pues se encuentra constituido por un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos y morales a los cuales la sociedad considera estrechamente vinculada a la existencia y conservación de la organización social establecida. Bajo dicha guisa, como se dijo, debe negarse la suspensión provisional ya que la finalidad que se persigue con el aseguramiento de bienes, entre otras, es impedir que desaparezca el objeto del delito para evitar que se dificulte la comprobación de los mismos, que es la base de todo procedimiento penal, respecto del cual la sociedad y el Estado están interesados en la averiguación de los delitos y en el castigo de los que de ellos resulten responsables. Por ello, es que es incuestionable que la medida solicitada resulta improcedente al no surtirse la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues, como se dijo, de llegar a desaparecer el bien mueble asegurado se dificultaría la comprobación del delito, que es la base de todo procedimiento penal, con lo que se causaría perjuicio al interés social, dado que la sociedad y el Estado están interesados en la averiguación de los delitos y en el castigo de los que de ellos resulten responsables. Cabe destacar que el suscrito no soslaya la jurisprudencia 30/2001 del Pleno del Alto Tribunal, de rubro: "SUSPENSIÓN. EN LOS CASOS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN MATERIA PENAL PROCEDE CONCEDERLA SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE EL INTERÉS SOCIAL NI EL ORDEN PÚBLICO, CONFORME AL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y ALGUNA OTRA LEY."; la cual no es aplicable en al caso concreto, en virtud que se refiere al aseguramiento únicamente de bienes inmuebles y en el presente asunto se gestiona la medida cautelar respecto de un bien mueble. Por último, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de la presente determinación a la parte quejosa, la que puede obtener y recoger en cualquier día y hora hábil, previa identificación y razón que de su entrega se deje en autos.
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