Juana Medina Núñez y Otros.
Expediente 324/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/01/2022
Partes del expediente
- Juana Medina Núñez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Juicio de Amparo Directo
Para los efectos legales correspondientes, agréguese la copia certificada del oficio sin número que remite el presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 8427, con el que este tribunal colegiado le remitió la copia autorizada de la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.
- Juicio de Amparo Directo
SOBRESEE.
- Juicio de Amparo Directo
Del estado que guarda este expediente se advierte que las quejosas ******* y otros, no hicieron manifestación alguna en relación a la vista que se les otorgó en acuerdo de diez de septiembre del presente año, dentro del plazo a que se refiere el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, considérese este asunto como egreso de la secretaría de acuerdos y como ingreso a la ponencia "B" a cargo del magistrado Arturo Castañeda Bonfil, a fin de que formule el correspondiente proyecto de resolución.
- Juicio de Amparo Directo
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el dictamen que emite el magistrado Arturo Castañeda Bonfil, titular de la ponencia "B" de este órgano jurisdiccional, en el que expuso lo siguiente: "Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el ocho de marzo de dos mil veintiuno, recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito el veinte de mayo del propio año y remitido el día siguiente, por razón de turno a este tribunal colegiado, ******, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, consistente en el laudo de nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio *******. Por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la presidencia de este tribunal admitió la demanda de amparo, la registró con el número 324/2021 y consideró conveniente que este negocio se resolviera simultáneamente con el diverso amparo directo laboral 323/2021. La agente del Ministerio Público Federal adscrita, notificada en términos de ley, no formuló alegato. Mediante auto de seis de julio de dos mil veintiuno, se turnó el expediente al magistrado Arturo Castañeda Bonfil para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. En la especie, el suscrito estima que es innecesaria la trascripción y análisis del laudo reclamado, así como de los conceptos de violación expuestos por los quejosos, en atención a que se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de derechos, según lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado; estudio que será abordado de oficio según lo establece el artículo 62 de la ley en cita. El referido numeral 61, fracción XXII, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(.)" "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" "(.)." El juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; sin embargo, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Con la causal de improcedencia transcrita, el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de derechos humanos. En ese contexto, cuando el acto reclamado tiene por objeto que un gobernado deba cumplir en favor de otro, determinadas prestaciones, lo que generalmente acontece en una sentencia judicial que dirime un conflicto entre particulares -como en este caso sucede con el laudo-, condenando a uno de éstos al cumplimiento de ciertas obligaciones, y las partes acuden ante la junta que conoció del litigio declarando que se ha cumplido a su entera satisfacción, se impone concluir que aun cuando el laudo reclamado subsista, el objeto o materia de este habrá dejado de existir Lo anterior, en virtud de que siendo el objeto o materia del acto reclamado la incorporación a la esfera jurídica de la parte actora ciertas prerrogativas, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Máxime, que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando tiene lugar en virtud del cumplimiento espontáneo, el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse. Explicado ello, debe decirse que en el caso concreto, el objeto o materia del laudo de nueve de febrero de dos mil veintiuno, cuya constitucionalidad controvirtieron los quejosos *****, en su carácter de parte actora en el juicio laboral, consistía materialmente en el pago de la indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad y otras prestaciones independientes de la acción principal de despido injustificado (vacaciones, prima vacacional, horas extras y aguinaldo), lo que se reflejó en el punto resolutivo tercero que dice: ( SE TRANSCRIBE ).- Ahora, con posterioridad a la promoción (ocho de marzo de dos mil veintiuno) del juicio de amparo contra el laudo de nueve de febrero de dos mil veintiuno, la demandada ****** y los trabajadores ****** comparecieron ante la junta del conocimiento a manifestar lo siguiente: (se transcribe).- La citada comparecencia fue enviada en copia certificada a este tribunal colegiado (foja 37 del presente toca), por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, de ahí que tenga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en atención a su artículo 2. Consecuentemente, en virtud de lo declarado por las partes ante la junta del conocimiento y lo acordado por esta en el sentido de ordenar el archivo del expediente laboral de origen como asunto total y definitivamente concluido; el suscrito estima que es dable sostener que el laudo cuya constitucionalidad se reclama, no puede surtir efecto legal o material alguno al haber dejado de existir su objeto o materia, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio de derechos fundamentales. Es aplicable, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De igual manera, por las razones jurídicas que la informan, se cita la jurisprudencia 2a./J. 19/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criterio que no se opone a la Ley de Amparo vigente, que dice: "AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO LA JUNTA RESPONSABLE INFORMA QUE TUVO POR CUMPLIDO EL LAUDO IMPUGNADO, AUN CUANDO QUIEN SE HAYA OSTENTADO COMO REPRESENTANTE DE LA PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN PARA CUMPLIR TAL RESOLUCIÓN NO HAYA ACREDITADO SU PERSONALIDAD. Cuando durante la sustanciación del juicio de amparo directo promovido por la parte demandada en el juicio laboral de origen, la Junta responsable informa al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento que tuvo a la demandada dando cumplimiento al laudo impugnado y a la actora conforme con él, y remite las constancias que así lo acreditan, la materia del referido laudo deja de existir y, en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo para lo anterior que la persona que se ostentó como representante de la parte demandada para cumplir con el referido laudo no haya acreditado su personalidad ante la Junta responsable, pues el tribunal de amparo no puede pronunciarse sobre la legalidad de actos que no fueron materia de impugnación a través del juicio de garantías y, por ende, las decisiones emitidas por la Junta responsable en ejecución del laudo reclamado deben estimarse válidas para los efectos legales conducentes, en tanto no exista resolución emitida por autoridad competente que decida lo contrario, máxime que el quejoso no queda en estado de indefensión ante el evento de que el tercero perjudicado pretendiera la ejecución de dicho laudo y se abriera a trámite el procedimiento respectivo, ya que los actos emitidos durante él son impugnables a través del recurso de revisión establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo." No es óbice para arribar a la anterior determinación, la circunstancia de que en la comparecencia transcrita de dos de agosto del año en curso, tanto los actores como la junta del conocimiento de manera equivocada expresaron que se tenía por cumplimentado el laudo de dieciocho de agosto de dos mil veinte, en lugar de referirse al acto reclamado de nueve de febrero de dos mil veintiuno; en primer término, porque se trata de un error evidente ya que el laudo de dieciocho de agosto de dos mil veinte, quedó insubsistente con la emisión del nuevo fallo materia del acto aquí reclamado, de manera que las partes no pudieron haber comparecido a dar por cumplido un laudo que a todas luces no es el vigente en el expediente laboral de origen. Pero además, aun cuando los actores y la junta de manera errónea en dicha comparecencia se refirieron al laudo anterior de agosto de dos mil veinte, en lugar de mencionar el acto reclamado de febrero de dos mil veintiuno, no debe soslayarse que lo trascendental de las citadas manifestaciones de los actores y el respectivo pronunciamiento emitido por la responsable, es que se acordó de conformidad dicha petición y, por ende, la autoridad del conocimiento ordenó el archivo del expediente de origen como asunto total y definitivamente concluido, esto es, para todas las partes del juicio; circunstancia esta que no puede ser controvertida por esta vía constitucional, sino únicamente por medio del amparo indirecto, previo agotamiento de los recursos respectivos de ser el caso, en tanto que el acuerdo de archivo del asunto como totalmente concluido, es un acto dictado después de concluido el juicio laboral de origen en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se estima que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por otra parte, cabe señalar que el artículo 64 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten." "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." Del contenido del precepto legal se colige que, cuando se advierta oficiosamente la existencia de alguna causa de sobreseimiento no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se debe dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. La disposición normativa transcrita no solo aplica a los juicios de amparo indirecto, sino que también debe ser observada en los juicios de amparo directo, como lo definió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 426/2013, de la que emanó el criterio jurisprudencial P./J. 51/2014 (10a.), que en su rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Bajo esta tesitura, con apoyo en el artículo 64 y el criterio jurisprudencial transcritos, al considerar el suscrito de manera oficiosa, que en la especie se actualiza una causal de improcedencia del juicio de amparo, se ordena dar vista a los quejosos para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; lo anterior, a fin de concederles la oportunidad de realizar las manifestaciones que estimen pertinentes para favorecer su situación jurídica respecto a la citada improcedencia." En virtud de las manifestaciones vertidas en el mismo, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a la quejosa por el término de tres días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, a fin de que expongan lo que a sus intereses convenga en relación con la causal de improcedencia que puede materializarse en el presente asunto; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna este tribunal resolverá lo que en derecho corresponda. En el caso, no ha lugar a efectuar la notificación personal del presente proveído a los quejosos, en atención a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que derivó de la Contradicción de tesis 325/2014, en la que estableció que es suficiente con la notificación por lista de la determinación que adopte el tribunal colegiado de Circuito, en el sentido de dar vista a los quejosos con la posible causa de improcedencia, atendiendo al principio de la justicia pronta establecido en el párrafo segundo del artículo 176 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo previsto en los artículos 26, fracción I y 184 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que en el referido artículo 26, fracción I, no se prevé como supuesto expreso de notificación personal, la determinación que adopta un tribunal colegiado de Circuito en cuanto a dar vista a los quejosos con una causa de improcedencia que pudiera advertirse de oficio, por lo que, si los quejosos pueden dar seguimiento pleno al trámite del asunto de sus intereses, resulta innecesario que les sea notificado personalmente lo determinado en la sesión en la que el tribunal colegiado, al discutir un asunto estime de oficio la posible actualización de alguna causa de improcedencia que no fue alegada por las partes, ni analizada por el órgano inferior, siendo suficiente, en el marco del sistema proteccionista ampliado a la luz del derecho de audiencia, llevar a cabo la referida notificación por lista en los estrados del órgano correspondiente, en cuya síntesis se precise la finalidad de dicha notificación. Por tanto, debe considerarse la importancia de que la vista a la que se refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo no provoque una dilación injustificada en el dictado de la sentencia respectiva, lo que podría acontecer con la notificación personal de la determinación que se ordene. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 5/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del tomo I, abril de 2015, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad". Por último, para efectos estadísticos considérese el presente asunto como egreso de la ponencia "B" y como ingreso a la secretaría de acuerdos, hasta en tanto no se returne el expediente en cuestión.
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