Juana Martínez Castro
Expediente 1591/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1591/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/12/2021
Partes del expediente
- Juez Primero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el estado. Matamoros, Tamaulipas.
- Juana Martínez Castro
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, donde se desechó de plano la demanda de derechos fundamentales promovida por Juana Martínez Castro; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito firmado por la quejosa San Juana Martínez Castro, mediante el cual, en alcance a su escrito de demanda, comunica el domicilio en que puede ser emplazado a juicio el tercero interesado y exhibe copia simple de la cédula de notificación relativa al acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 741/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda sin realizar mayor proveído sustancial al respecto, toda vez que en acuerdo de nueve de diciembre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de demanda de derechos fundamentales signado por Juana Martínez Castro, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el 1591/2021-II. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que conforme al artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: ".Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente, mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. .... Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación. Cabe destacar, que el acto reclamado en estudio no encuadra en ninguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en la Ley de Amparo, pues la quejosa Juana Martínez Castro es parte formal y no tercera extraña en el expediente número 741/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad; además, no se trata de una Ley o de un acto de privación de libertad que la exima de la obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir en solicitud de amparo, por lo que estaba obligada a cumplir con el principio de definitividad aludido. Por tanto, debido a que la promovente no agotó el recurso de revocación, debe considerarse que el principio de definitividad no quedó colmado, ya que, se insiste, se encontraba obligada a interponer los mecanismos de defensa que la ley confiere contra el auto que se reclama. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia que bajo el número 573 aparece publicada en la página quinientos quince, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, solo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. En tal virtud, por actualizarse la causal descrita en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Juana Martínez Castro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la misma legislación. En otro orden de ideas, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados en los términos que refiere, a los profesionistas que señala en su demanda. Finalmente, en atención a lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de diez de diciembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil nueve, se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
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