Juana Martha Villaseñor Magaña
Expediente 889/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juana Martha Villaseñor Magaña
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio firmado por la jueza Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Irapuato, Guanajuato, por el que informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 889/2023-II de este índice. ? Archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. ? Valoración de expediente. En términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es Destruible. ? Destino del expediente, es destruible en seis meses.*** Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 34 de dicho acuerdo general.****? Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Demanda. Con la demanda de amparo de cuenta **** quien se ostenta apoderado legal de *****, por propio derecho, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuyen al magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, residente en Silao de la Victoria. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 889/2023-II. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que, los actos reclamados se hacen consistir en: La dilación u omisión en dictar sentencia definitiva en el expediente ***. Se carece de competencia legal para conocer de la demanda constitucional. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este juzgado Quinto de Distrito en Guanajuato, con residencia en Celaya, carece de competencia legal por razón de territorio para resolver respecto al acto reclamado antes señalado, atento a las consideraciones siguientes: Consideraciones previas. Debe señalarse que la competencia de los jueces de distrito se encuentra establecida en los artículos 107, fracciones VII y XII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 37 de la Ley de Amparo. Interpretación que realizó la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de criterios 84/2021 en la que señaló que la citada norma constitucional establece la competencia por razón de territorio de las personas juzgadoras de Distrito, en tanto dispone que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, con el fin de facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que, ordinariamente, la ejecución del acto reclamado se produce en el domicilio del gobernado o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. Que esa regla general de competencia se ve materializada en el artículo 37 de la Ley de Amparo; que al respecto, en la contradicción de criterios 95/2020, se sostuvo que esa norma establece a su vez, tres criterios distintos de tracto sucesivo para determinar la competencia en amparo indirecto atendiendo a si el acto reclamado tiene ejecución unívoca, plural o carece de ejecución material. **** Precisado lo anterior, la misma Sala en la contradicción de criterios 72/2020 indicó que los actos reclamados de acuerdo con su naturaleza pueden ser positivos, negativos o declarativos. *** Caso concreto. Primeramente, es necesario precisar que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva, por lo que para determinar la competencia de una persona juzgadora de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo en que se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde estos deban realizarse, traten de realizarse, se estén realizando o se hubieran realizado, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial cuando haya actos de ejecución. Así, es el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten o se hayan ejecutado, lo que determina la competencia de los Jueces de Distrito. En el caso, la parte promovente reclamó la dilación u omisión en dictar sentencia definitiva en el expediente ***, el cual se encuentra radicado en la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, residente en Silao de la Victoria. De ahí que, el acto reclamado tiene lugar dentro de determinado procedimiento, en el que la autoridad responsable tiene el deber legal de llevar a cabo la prosecución del procedimiento dentro de los plazos legales aplicables; entonces, la dilación o paralización excesiva de éste, derivado de la falta de actuaciones necesarias para su consecución normal hasta el dictado de la determinación respectiva, sí tiene consecuencias naturales en la realidad. Es decir, la dilación o paralización del procedimiento no se traduce en una simple omisión, sino en la abstención de la autoridad de cumplir con el deber de llevar a cabo el procedimiento administrativo dentro de los plazos aplicables; y, como la dilación del proceso administrativo tiene lugar en la sede de la autoridad, pues es ésta quien debe de llevarlo a cabo, es ahí precisamente en donde se materializan sus efectos en perjuicio del accionante constitucional. Por ello, resulta incuestionable que es competente para conocer del juicio de amparo la persona juzgadora de Distrito en cuya jurisdicción se encuentra el tribunal en donde se lleva a cabo la omisión cuya ejecución se traduce en la paralización del procedimiento, pues en ese lugar tendrá ejecución la omisión reclamada; así, este juzgado estima carece de competencia legal en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Por ende, si como se señaló con anterioridad, lo que determina la competencia de las personas juzgadoras de Distrito es el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse o se ejecuten o se hayan ejecutado materialmente, es indudable que se realizarán en Silao, Guanajuato; por tal motivo, este juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Además, esta conclusión es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Entonces, si el acto reclamado tendrá ejecución material en Silao de la Victoria -jurisdicción de los Juzgados de Distrito residentes en Irapuato, Guanajuato- es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues dicho lugar se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Remisión de los autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 citado, procede declinar la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, en favor del juez de Distrito en el Estado, residente en Irapuato, en turno; por tanto, remítase el juicio de amparo 889/2023-II de este índice y para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de control, y solicítese el acuse de recibo correspondiente. No actualización de hipótesis para pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados.*** Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de que el órgano jurisdiccional actuante carece de competencia legal para conocer de este asunto.*** Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. *** Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, debido a que cuentan con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas. Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Ahora, conforme a lo previsto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza para acceder vía Internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa y con fundamento en el diverso 26, fracción IV, para recibir notificaciones, quien tiene como nombre de usuario ****.
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