Juana Martha Rangel Beltran

Expediente 802/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
802/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Juana Martha Rangel Beltran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual solicita se le informe la fecha en la que cause ejecutoria la sentencia emitida en autos; en atención a lo anterior, dígasele que este juzgador le informará inmediatamente en cuanto suceda dicha situación. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 802/2023-II, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Cuernavaca, Morelos; que considera violatorios del derecho humano a la seguridad jurídica, por falta de exhaustividad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el trece de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos; ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. "..Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." ACTO RECLAMADO. ".acuerdo de fecha 10 de abril de 2023 en el expediente natural ********************.". SEGUNDO. Turno. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, el cual por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintitrés, admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se emplazó a la parte tercero interesada, se dio la intervención que en derecho compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló intervención ministerial; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se considera necesario precisarlo, en términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810 y con el rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese tenor, de acuerdo al análisis integral de la demanda, se advierte que el acto y autoridad responsable son: De la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Cuernavaca, Morelos, el acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de nulidad ********************, por el que declaró cumplida la sentencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Cuernavaca, Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Septiembre de 2011, Tomo II, Página 830, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Certeza que se robustece con las copias certificadas del juicio de nulidad ********************, de las que se advierte que el diez de abril de dos mil veintitrés, se dictó el acuerdo que declaró cumplida la sentencia en el juicio de origen, documentales a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo antes citado, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Página 153, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". . CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, con registro 222780, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Al no advertirse causa de improcedencia que deba ser examinada a petición de parte o de oficio, se impone hacer el estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo en obvio de transcripciones innecesarias habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción es innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de2010, Página 830, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 191384, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 38, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Atento a la causa de pedir, la parte quejosa señala en su concepto de violación que se vulnera el artículo 17 Constitucional que consagra las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como el principio de exhaustividad, ya que la Sala responsable no analizó que la constancia de evolución salarial con base en la cual consideró se acreditaba el incremento de la pensión a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a favor de la quejosa se basó en la plaza que corresponde al indicado en el procedimiento administrativo (docente operativo). El concepto de violación que antecede es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En efecto, el Tribunal responsable afirmó tener por cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad ********************, al considerar que los cálculos correspondientes a los incrementos conforme a los trabajadores en activo, se realizaron basándose en la constancia de evolución salarial cuya impresión se insertó, sin embargo en aquélla inserción no se advierte de manera fehaciente cuál es el sueldo de los trabajadores en activo, así como sus incrementos ni tampoco obra constancia que demuestre los aumentos conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor ni que corresponda a la plaza como la que en activo desempeñó la actora aquí quejosa. Lo anterior a efecto de justificar si los montos de los incrementos a la pensión de la quejosa eran los correctos, así como el establecer una comparativa que evidenciara el porcentaje que le generaba mayor beneficio en relación con los incrementos de la su pensión. Máxime que, como lo expone la quejosa, de la imagen insertada por el Tribunal responsable no se advierte si el cálculo de la actualización de su pensión corresponde al del puesto que desempeñó, es decir, al de docente operativo, ello debido a que de la consulta a la imagen de referencia no se advierte dicho dato. Por tanto, si el Tribunal responsable no verificó tales circunstancias es claro que como lo expone la quejosa en su concepto de violación se vulnera el principio de exhaustividad, pues, a efecto de colmar la garantía de legalidad, el Tribunal responsable no puede partir únicamente del dicho de la autoridad demandada, sino que se encuentra obligada a realizar un ejercicio argumentativo y analítico del que se advierta que previamente corroboró que los datos proporcionados por aquélla son ciertos y fidedignos; sobre todo, porque en la sentencia de nulidad se estableció una disyuntiva en el sentido de que la demandada debe calcular los porcentajes de incremento atendiendo a aquellos que hayan tenido los sueldos de los trabajadores en activo o a los del Índice Nacional de Precios al Consumidor, según el que sea más benéfico para la trabajadora, es decir, el más alto. En ese sentido, la Sala responsable debe plasmar en su resolución el ejercicio comparativo que realizó respecto de las dos opciones, basado en fuentes objetivas e idóneas que deben identificarse, para poder decidir si la demandada acató los lineamientos que se le proporcionaron. Lo anterior, porque los parámetros sobre los que debe basarse la demandada no pueden derivar de lo que esta misma afirme, porque se refieren a datos públicos relativos a una generalidad, en este caso, trabajadores en activo que ocupen la misma plaza que la actora, e Índice Nacional de Precios al Consumidor; de ahí que, se insiste, la autoridad responsable debe realizar el ejercicio argumentativo y analítico, con la finalidad de establecer si su decisión fue acatada puntualmente. Sobre todo, porque en materia de incrementos pensionarios, no es al trabajador a quien le corresponde acreditar el monto de los mismos, sino al propio instituto, que es quien sostiene la veracidad y objetividad de sus cálculos y eso le genera una fatiga procesal que debe cumplir, de acuerdo con el principio de distribución probatoria; de ahí la necesidad de exigir la concurrencia de elementos de prueba fehacientes, de los que se pueda inferir con seguridad en qué medida debe incrementarse la pensión del trabajador retirado y este dato no puede obtenerse de una mera referencia electrónica, como pretendió hacerlo el instituto demandado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 93/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, página 945, Décima Época, que es del siguiente tenor: "PENSIÓN DEL ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS EN EL JUICIO DE NULIDAD. Acorde con el sistema de distribución de cargas probatorias que rige en el juicio de nulidad, conforme a los artículos 40 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si el actor expone un hecho positivo como apoyo de su pretensión jurídica debe probarlo, pero la autoridad tiene la carga de acreditar los hechos en que sustenta su resolución, cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De esta manera, si en el juicio de nulidad la parte actora sustenta su pretensión (nulidad de resolución expresa o negativa ficta), en el hecho de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no ha efectuado los incrementos a las pensiones al mismo tiempo y en la misma proporción que a los salarios de los trabajadores en activo, y el Instituto demandado afirma, en la resolución expresa que da respuesta a la solicitud o en la contestación a la demanda en el juicio de nulidad en que se impugna la negativa ficta, que ha realizado los incrementos correctamente y de acuerdo con el sistema vigente hasta el 4 de enero de 1993, es inconcuso que debe probar los hechos en que motiva el contenido de la resolución expresa o de la que motivó la negativa ficta, específicamente que ha calculado y pagado los incrementos a la pensión jubilatoria correctamente, con apoyo en el artículo 57 de la ley que rigió al citado Instituto hasta la fecha referida, justamente porque en el juicio de nulidad el pensionado actor ha negado que haya sido así, lo que representa una negativa lisa y llana; además, porque es obligación del Instituto realizar los incrementos a las pensiones, lo que debe justificar debidamente.". Por tanto, es el Tribunal responsable quien está obligado a velar por el cumplimiento de la sentencia de nulidad de origen, puesto que tal cuestión es de orden público, por lo que está obligado a realizar todo tipo de actos tendentes a cumplir y hacer cumplir la sentencia de nulidad así como para determinar o no el debido cumplimiento, lo anterior, de conformidad con el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que considera que el cumplimiento de las sentencias de nulidad es de orden público y que las Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolverán allegándose los elementos probatorios, sin perder de vista que se está en un procedimiento de ejecución de sentencia, cuyo interés es primordial y prioritario por lo que debe determinar lo que corresponda respecto del defectuoso cumplimiento a la sentencia de nulidad de origen pues, se reitera, la Sala responsable está obligada a examinar los elementos necesarios para determinar el debido cumplimiento al fallo de nulidad. Máxime que de conformidad con los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso efectivo a la justicia comprende el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Luego, al ser evidente que la responsable transgredió lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que no acató el principio de exhaustividad que toda resolución debe contener, se impone conceder el amparo solicitado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia I.1o.A. J/9 publicada en la página 774, tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." Por tanto, la omisión del análisis de la Sala responsable respecto al cumplimiento de la sentencia implica una violación al justificarse que aquella resolución vulnera los derechos de legalidad y seguridad jurídica, por infracción al principio de exhaustividad, lo que conlleva a conceder el amparo. En consecuencia, ante lo fundado del concepto de violación formulado por la parte quejosa, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ******************** SEXTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados SÉPTIMO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación se determinarán con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que las autoridades deben adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho humano que se consideró infringido en el considerando sexto. Así, se otorga el amparo a la quejosa para los efectos de que el Tribunal responsable, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: Deje insubsistente el acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés,, dictado en el juicio de nulidad ********************, por el que declaró cumplida la sentencia emitida en dicho expediente; y, Dicte una nueva determinación en la que exhaustivamente establezca si está o no cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad ********************, señalando por que la cuota diaria señalada por el Instituto demandado es la correcta y cómo es que llegó a tal conclusión y analizando si el desglose en relación con los aumentos de la pensión sobre la cuota diaria es o no correcta, prescindiendo de señalar, de forma genérica, que la autoridad demanda dio cumplimiento a la sentencia a cumplimentar, con base en el oficio que presentó. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE al ********************, en contra del acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo resolvió y firma Nelson Loranca Ventura, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Mónica Barrios Reyes, Secretaria con quien actúa, hasta el día de hoy veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, en que se terminó de engrosar esta sentencia, una vez que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 802/2023-II, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Cuernavaca, Morelos; que considera violatorios del derecho humano a la seguridad jurídica, por falta de exhaustividad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el trece de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos; ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. "..Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." ACTO RECLAMADO. ".acuerdo de fecha 10 de abril de 2023 en el expediente natural ********************.". SEGUNDO. Turno. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, el cual por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintitrés, admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se emplazó a la parte tercero interesada, se dio la intervención que en derecho compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló intervención ministerial; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se considera necesario precisarlo, en términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810 y con el rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese tenor, de acuerdo al análisis integral de la demanda, se advierte que el acto y autoridad responsable son: De la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Cuernavaca, Morelos, el acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de nulidad ********************, por el que declaró cumplida la sentencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Cuernavaca, Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Septiembre de 2011, Tomo II, Página 830, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Certeza que se robustece con las copias certificadas del juicio de nulidad ********************, de las que se advierte que el diez de abril de dos mil veintitrés, se dictó el acuerdo que declaró cumplida la sentencia en el juicio de origen, documentales a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo antes citado, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Página 153, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". . CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, con registro 222780, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Al no advertirse causa de improcedencia que deba ser examinada a petición de parte o de oficio, se impone hacer el estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo en obvio de transcripciones innecesarias habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción es innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de2010, Página 830, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 191384, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 38, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Atento a la causa de pedir, la parte quejosa señala en su concepto de violación que se vulnera el artículo 17 Constitucional que consagra las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como el principio de exhaustividad, ya que la Sala responsable no analizó que la constancia de evolución salarial con base en la cual consideró se acreditaba el incremento de la pensión a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a favor de la quejosa se basó en la plaza que corresponde al indicado en el procedimiento administrativo (docente operativo). El concepto de violación que antecede es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En efecto, el Tribunal responsable afirmó tener por cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad ********************, al considerar que los cálculos correspondientes a los incrementos conforme a los trabajadores en activo, se realizaron basándose en la constancia de evolución salarial cuya impresión se insertó, sin embargo en aquélla inserción no se advierte de manera fehaciente cuál es el sueldo de los trabajadores en activo, así como sus incrementos ni tampoco obra constancia que demuestre los aumentos conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor ni que corresponda a la plaza como la que en activo desempeñó la actora aquí quejosa. Lo anterior a efecto de justificar si los montos de los incrementos a la pensión de la quejosa eran los correctos, así como el establecer una comparativa que evidenciara el porcentaje que le generaba mayor beneficio en relación con los incrementos de la su pensión. Máxime que, como lo expone la quejosa, de la imagen insertada por el Tribunal responsable no se advierte si el cálculo de la actualización de su pensión corresponde al del puesto que desempeñó, es decir, al de docente operativo, ello debido a que de la consulta a la imagen de referencia no se advierte dicho dato. Por tanto, si el Tribunal responsable no verificó tales circunstancias es claro que como lo expone la quejosa en su concepto de violación se vulnera el principio de exhaustividad, pues, a efecto de colmar la garantía de legalidad, el Tribunal responsable no puede partir únicamente del dicho de la autoridad demandada, sino que se encuentra obligada a realizar un ejercicio argumentativo y analítico del que se advierta que previamente corroboró que los datos proporcionados por aquélla son ciertos y fidedignos; sobre todo, porque en la sentencia de nulidad se estableció una disyuntiva en el sentido de que la demandada debe calcular los porcentajes de incremento atendiendo a aquellos que hayan tenido los sueldos de los trabajadores en activo o a los del Índice Nacional de Precios al Consumidor, según el que sea más benéfico para la trabajadora, es decir, el más alto. En ese sentido, la Sala responsable debe plasmar en su resolución el ejercicio comparativo que realizó respecto de las dos opciones, basado en fuentes objetivas e idóneas que deben identificarse, para poder decidir si la demandada acató los lineamientos que se le proporcionaron. Lo anterior, porque los parámetros sobre los que debe basarse la demandada no pueden derivar de lo que esta misma afirme, porque se refieren a datos públicos relativos a una generalidad, en este caso, trabajadores en activo que ocupen la misma plaza que la actora, e Índice Nacional de Precios al Consumidor; de ahí que, se insiste, la autoridad responsable debe realizar el ejercicio argumentativo y analítico, con la finalidad de establecer si su decisión fue acatada puntualmente. Sobre todo, porque en materia de incrementos pensionarios, no es al trabajador a quien le corresponde acreditar el monto de los mismos, sino al propio instituto, que es quien sostiene la veracidad y objetividad de sus cálculos y eso le genera una fatiga procesal que debe cumplir, de acuerdo con el principio de distribución probatoria; de ahí la necesidad de exigir la concurrencia de elementos de prueba fehacientes, de los que se pueda inferir con seguridad en qué medida debe incrementarse la pensión del trabajador retirado y este dato no puede obtenerse de una mera referencia electrónica, como pretendió hacerlo el instituto demandado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 93/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, página 945, Décima Época, que es del siguiente tenor: "PENSIÓN DEL ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS EN EL JUICIO DE NULIDAD. Acorde con el sistema de distribución de cargas probatorias que rige en el juicio de nulidad, conforme a los artículos 40 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si el actor expone un hecho positivo como apoyo de su pretensión jurídica debe probarlo, pero la autoridad tiene la carga de acreditar los hechos en que sustenta su resolución, cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De esta manera, si en el juicio de nulidad la parte actora sustenta su pretensión (nulidad de resolución expresa o negativa ficta), en el hecho de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no ha efectuado los incrementos a las pensiones al mismo tiempo y en la misma proporción que a los salarios de los trabajadores en activo, y el Instituto demandado afirma, en la resolución expresa que da respuesta a la solicitud o en la contestación a la demanda en el juicio de nulidad en que se impugna la negativa ficta, que ha realizado los incrementos correctamente y de acuerdo con el sistema vigente hasta el 4 de enero de 1993, es inconcuso que debe probar los hechos en que motiva el contenido de la resolución expresa o de la que motivó la negativa ficta, específicamente que ha calculado y pagado los incrementos a la pensión jubilatoria correctamente, con apoyo en el artículo 57 de la ley que rigió al citado Instituto hasta la fecha referida, justamente porque en el juicio de nulidad el pensionado actor ha negado que haya sido así, lo que representa una negativa lisa y llana; además, porque es obligación del Instituto realizar los incrementos a las pensiones, lo que debe justificar debidamente.". Por tanto, es el Tribunal responsable quien está obligado a velar por el cumplimiento de la sentencia de nulidad de origen, puesto que tal cuestión es de orden público, por lo que está obligado a realizar todo tipo de actos tendentes a cumplir y hacer cumplir la sentencia de nulidad así como para determinar o no el debido cumplimiento, lo anterior, de conformidad con el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que considera que el cumplimiento de las sentencias de nulidad es de orden público y que las Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolverán allegándose los elementos probatorios, sin perder de vista que se está en un procedimiento de ejecución de sentencia, cuyo interés es primordial y prioritario por lo que debe determinar lo que corresponda respecto del defectuoso cumplimiento a la sentencia de nulidad de origen pues, se reitera, la Sala responsable está obligada a examinar los elementos necesarios para determinar el debido cumplimiento al fallo de nulidad. Máxime que de conformidad con los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso efectivo a la justicia comprende el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Luego, al ser evidente que la responsable transgredió lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que no acató el principio de exhaustividad que toda resolución debe contener, se impone conceder el amparo solicitado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia I.1o.A. J/9 publicada en la página 774, tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." Por tanto, la omisión del análisis de la Sala responsable respecto al cumplimiento de la sentencia implica una violación al justificarse que aquella resolución vulnera los derechos de legalidad y seguridad jurídica, por infracción al principio de exhaustividad, lo que conlleva a conceder el amparo. En consecuencia, ante lo fundado del concepto de violación formulado por la parte quejosa, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ******************** SEXTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados SÉPTIMO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación se determinarán con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que las autoridades deben adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho humano que se consideró infringido en el considerando sexto. Así, se otorga el amparo a la quejosa para los efectos de que el Tribunal responsable, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: Deje insubsistente el acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés,, dictado en el juicio de nulidad ********************, por el que declaró cumplida la sentencia emitida en dicho expediente; y, Dicte una nueva determinación en la que exhaustivamente establezca si está o no cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad ********************, señalando por que la cuota diaria señalada por el Instituto demandado es la correcta y cómo es que llegó a tal conclusión y analizando si el desglose en relación con los aumentos de la pensión sobre la cuota diaria es o no correcta, prescindiendo de señalar, de forma genérica, que la autoridad demanda dio cumplimiento a la sentencia a cumplimentar, con base en el oficio que presentó. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE al ********************, en contra del acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercera interesada.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que le reviste el carácter de tercero interesado a la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción II, se ordena girar el oficio correspondiente a efecto de emplazar a la autoridad tercero interesada. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que por acuerdo de diez de julio del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por conducto de su Magistrado Presidente, por lo que aún no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación a las partes con dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, fijándose las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. .

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