Juana María Parra Corpus
Expediente 699/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juana María Parra Corpus
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acuerdo vía remota Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Causa estado Vista la certificación que antecede y en atención a que el Secretario certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del once al veintiséis de noviembre del año en curso, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, sin que haya hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, carece de valor jurídico e histórico y relevancia documental que amerite su conservación; además, no existen documentos originales. En consecuencia, en la carátula del expediente anótese la circunstancia de que este expediente es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de archivo. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese.
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Pedimento Por otra parte, téngase recibido y agréguese a sus autos el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por el que formula alegatos y solicita acceso al expediente electrónico del juicio de amparo de cuenta, así como la práctica de notificaciones electrónicas derivadas del mismo. Alegatos Atento a su contenido y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen hechas las manifestaciones, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Usuario y correo electrónico Por otra parte, como lo solicita la promovente en su pedimento de cuenta, y toda vez que proporciona correo electrónico elaine.gaytan@pgr.gob.mx, así como nombre de usuario, a saber: "Elaine", y el cual se encuentra registrado en la página de internet que el Consejo de la Judicatura Federal que pone a disposición de los usuarios a efecto de autorización para la consulta vía internet del expediente electrónico que deriva del expediente físico en que se actúa; por tanto, hágase la autorización del citado profesionista, en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expediente, de este Juzgado, únicamente respecto al presente expediente a efecto de que pueda consultar vía internet el expediente electrónico, pueda consultar promociones, determinaciones y le sean efectuadas la notificaciones por este medio, agréguese copia autorizada de dicha constancia. Medio de contacto alterno De igual forma, téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, señalando como medio de contacto alterno, el correo electrónico elaine.gaytan@pgr.gob.mx, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, la determinación de veintinueve de octubre de dos mil veinte, que en síntesis dice: Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Informe justificado Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado; en el cual manifiesta que el acto reclamado por el que se duele el quejoso es falso, toda vez que con fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, en los autos del juicio laboral 1080/2017, se emitió acuerdo dentro del cual se señala nueva fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes en dicho controvertido, anexando al efecto copia certificada del citado proveído; sin que en el caso se haga necesario dar vista a las partes con su contenido, atendiendo a las consideraciones que más adelante se precisan. Como lo pide la responsable, se tiene como delegada de su parte en términos del artículo 9º de la Ley de la materia, a la persona que señala en su informe de cuenta. Conviene precisar que la quejosa en el escrito de demanda como acto reclamado señala: El acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, pronunciado en los autos del expediente laboral ****, que señala los días dieciocho y diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes en dicho controvertido. Ahora bien, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al informe justificado de cuenta, acompaña copia certificada del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, pronunciado en el juicio laboral 1080/2017, que promueve Juana María de Jesús Parra Corpus en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y otros, en el que señaló como nueva fecha los días diez y once de noviembre de dos mil veinte, para el desahogo de las pruebas confesionales y testimonial ofertadas por las partes en dicho controvertido. Documental que, al ser expedida y certificada por servidor público en ejercicio de sus funciones, merece eficacia demostrativa plena, conforme a los artículos 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así permitirlo su numeral 2º. Esta juzgadora estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo..... El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, de manera tal que los efectos de éste se destruyen total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Ahora bien, conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, en el caso se actualiza el segundo de los supuestos, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado se patentiza en razón de que la autoridad que lo emitió dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación con motivo de ese actuar, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, como lo prevé, la fracción II, del numeral invocado, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija..... En el caso, como ya se precisó, se actualiza el segundo de los supuestos porque el acto reclamado en este sumario consistente en el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, pronunciado por la Junta Especial Numero Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los autos del juicio laboral 1080/2017, en donde la quejosa tiene el carácter de actora, que señala los días dieciocho y diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, para el desahogo de las pruebas confesionales y testimonial ofertadas por las partes en el citado expediente, por las razones que enseguida se precisan. Del contenido de la documental que la autoridad responsable remitió como justificación de sus actos, consistente en copia certificada del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, pronunciado en el juicio laboral 1080/2017, y a la cual ya se le dio pleno valor probatorio, se aprecia que se señalaron las días diez y once de noviembre de dos mil veinte, para el desahogo de las pruebas confesionales y testimonial ofertadas por las partes en ese procedimiento. Lo que evidencia que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada respecto del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, pronunciado por la Junta Especial Numero Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los autos del juicio laboral 1080/2017, en donde la quejosa tiene el carácter de parte actora, que señala los días dieciocho y diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, para el desahogo de las ruebas confesionales y testimonial ofertadas por las partes en el citado juicio laboral. Lo anterior es así, pues a nada práctico conduciría examinar el acto reclamado en este sumario, cuando ya fue sustituido procesalmente por el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, pronunciado en el juicio laboral ***** en el que la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, señaló los diez y once de noviembre de dos mil veinte, para el desahogo de las pruebas confesionales y testimonial que ofrecieron las partes en dicho controvertido; proveído que es el que ahora rige en el expediente de origen. En ese sentido, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente expediente; en razón de que el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, es el que ahora rige en el expediente de origen; de ahí que ha dejado de surtir efectos el diverso auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el cual constituye el acto reclamado..... Sin que obste a lo anterior, el que la autoridad responsable no haya remitido a este juzgado la notificación personal a la quejosa, de la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veinte, toda vez que el acto aquí reclamado se rige por el numeral 17 de la Carta Magna, que consagra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, no así por el artículo 8° constitucional; aunado que, la quejosa, al ser parte procesal en el juicio de origen, se encuentra en aptitud de promover lo que a sus intereses convenga en relación con la determinación de que se trata. Por lo dicho en párrafos anteriores, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente...
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Informe justificado Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado; en el cual manifiesta que el acto reclamado por el que se duele el quejoso es falso, toda vez que con fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, en los autos del juicio laboral 1080/2017, se emitió acuerdo dentro del cual se señala nueva fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes en dicho controvertido, anexando al efecto copia certificada del citado proveído; sin que en el caso se haga necesario dar vista a las partes con su contenido, atendiendo a las consideraciones que más adelante se precisan. Como lo pide la responsable, se tiene como delegada de su parte en términos del artículo 9º de la Ley de la materia, a la persona que señala en su informe de cuenta. Conviene precisar que la quejosa en el escrito de demanda como acto reclamado señala: El acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, pronunciado en los autos del expediente laboral 1080/2017, que señala los días dieciocho y diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes en dicho controvertido. Ahora bien, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al informe justificado de cuenta, acompaña copia certificada del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, pronunciado en el juicio laboral 1080/2017, que promueve Juana María de Jesús Parra Corpus en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y otros, en el que señaló como nueva fecha los días diez y once de noviembre de dos mil veinte, para el desahogo de las pruebas confesionales y testimonial ofertadas por las partes en dicho controvertido. Documental que, al ser expedida y certificada por servidor público en ejercicio de sus funciones, merece eficacia demostrativa plena, conforme a los artículos 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así permitirlo su numeral 2º. Esta juzgadora estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo..... El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, de manera tal que los efectos de éste se destruyen total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Ahora bien, conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, en el caso se actualiza el segundo de los supuestos, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado se patentiza en razón de que la autoridad que lo emitió dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación con motivo de ese actuar, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, como lo prevé, la fracción II, del numeral invocado, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija..... En el caso, como ya se precisó, se actualiza el segundo de los supuestos porque el acto reclamado en este sumario consistente en el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, pronunciado por la Junta Especial Numero Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los autos del juicio laboral 1080/2017, en donde la quejosa tiene el carácter de actora, que señala los días dieciocho y diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, para el desahogo de las pruebas confesionales y testimonial ofertadas por las partes en el citado expediente, por las razones que enseguida se precisan. Del contenido de la documental que la autoridad responsable remitió como justificación de sus actos, consistente en copia certificada del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, pronunciado en el juicio laboral 1080/2017, y a la cual ya se le dio pleno valor probatorio, se aprecia que se señalaron las días diez y once de noviembre de dos mil veinte, para el desahogo de las pruebas confesionales y testimonial ofertadas por las partes en ese procedimiento. Lo que evidencia que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada respecto del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, pronunciado por la Junta Especial Numero Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los autos del juicio laboral 1080/2017, en donde la quejosa tiene el carácter de parte actora, que señala los días dieciocho y diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, para el desahogo de las ruebas confesionales y testimonial ofertadas por las partes en el citado juicio laboral. Lo anterior es así, pues a nada práctico conduciría examinar el acto reclamado en este sumario, cuando ya fue sustituido procesalmente por el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, pronunciado en el juicio laboral 1080/2017, en el que la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, señaló los diez y once de noviembre de dos mil veinte, para el desahogo de las pruebas confesionales y testimonial que ofrecieron las partes en dicho controvertido; proveído que es el que ahora rige en el expediente de origen. En ese sentido, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente expediente; en razón de que el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, es el que ahora rige en el expediente de origen; de ahí que ha dejado de surtir efectos el diverso auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el cual constituye el acto reclamado..... Sin que obste a lo anterior, el que la autoridad responsable no haya remitido a este juzgado la notificación personal a la quejosa, de la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veinte, toda vez que el acto aquí reclamado se rige por el numeral 17 de la Carta Magna, que consagra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, no así por el artículo 8° constitucional; aunado que, la quejosa, al ser parte procesal en el juicio de origen, se encuentra en aptitud de promover lo que a sus intereses convenga en relación con la determinación de que se trata. Por lo dicho en párrafos anteriores, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
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