Juana María López Tetepa
Expediente 1955/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1955/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/01/2022
Partes del expediente
- Juana María López Tetepa
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos que integran el juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que **** interpusiera el recurso de queja en contra del acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, sin que lo hubiese hecho. Atento a lo anterior, se declara que ha causado estado el auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, háganse las anotaciones y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues se desechó la demanda de amparo; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes.
- Principal
Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por la presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que en cumplimiento a la sentencia de amparo remite copia certificada del acuerdo dictado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral D-5/93/2013. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que, una vez que provea respecto al desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio laboral D-5/93/2013, realice la certificación correspondiente, y declare cerrado el periodo de instrucción, lo informe a la brevedad posible. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que subsiste el apercibimiento decretado en auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno.
- Principal
Con la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1955/2021-V; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS AL SECRETARIO DE ACUERDOS PAR ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA Con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción II y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por *****, respecto del acto que reclama del Secretario de Acuerdos Par adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, al actualizarse una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Para llegar a tal conclusión, se precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diversos criterios jurisprudenciales, ha puntualizado como características distintivas que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2ª.CCCIV/2001, visible en la página 39, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro y texto indican: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. En congruencia con lo anterior, autoridad para efectos del amparo, es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En ese orden de ideas, por lo que respecta a los actos que se imputan al Secretario de Acuerdos Par adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, carece de una característica primordial de la que participan los de autoridad, consistente en la potestad de imperio, pues en ellos no se plasma algún tipo de decisión, sino únicamente tiene el carácter de subalterno de la juez responsable y, por consiguiente, no realiza funciones que encuadren en la prevista en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción II y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza, por lo que hace a los actos que se imputan al Secretario de Acuerdos Par adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla. 3 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS AL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA En primer término debe precisarse que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que ******, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo siguiente: "...reclamo el RETARDO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA T EXPEDITA y en su NEGATIVA al NO QUERER DICTAR EL ACUERDO CORRESPONDIENTE DEL AUTO DE AMISIÓN DE LA DEMANDA y Emplazamiento que corresponde al relativo JUICIO DE NULIDAD, deducido del EXPEDIENTE 904/2021". Esto es, *****, se duele esencialmente de la omisión del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, de dictar el acuerdo de admisión o desechamiento -según sea el caso-, dentro del expediente 904/2021. Precisado lo anterior, el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Asimismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un juicio no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado pida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, dicha Sala concluyó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones arriba destacadas tienen sustento en la tesis 2a./J. 48/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de mayo de dos mil dieciséis, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. En la especie, *****, se duele esencialmente de la omisión del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, de dictar el acuerdo de admisión o desechamiento -según sea el caso-, dentro del expediente 904/2021; la cual, al ser sometida a las consideraciones expresadas, no constituye un acto de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos del promovente, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque tal omisión únicamente posterga la continuación del juicio natural, lo cual constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, sus consecuencias [atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia] no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, en tanto esa trasgresión no impida el curso del juicio ni el ejercicio de un derecho. Esto es así, pues a manera de analogía, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, criterio que se cita a continuación: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS En tales condiciones, si el promovente manifestó que el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla ha incurrido en la dilación procesal al no dictar el acuerdo de admisión o desechamiento -según sea el caso-, dentro del expediente 904/2021 y de las manifestaciones que realiza bajo protesta de decir verdad se advierte que presentó un escrito ante dicha autoridad el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. En tales condiciones, si la demanda de amparo se presentó el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, es inconcuso que no es procedente el juicio de amparo, dado que a la fecha no existe una abierta dilación por parte de la autoridad responsable en la omisión que se le reclama, lo que de ninguna manera hace nugatorio el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo ya que, en el caso, se trata de un simple retardo que no lo deja sin defensa, dado que no reviste de una afectación autónoma al juicio natural y con lo cual no existe una violación a los derechos sustantivos del promovente. De ahí que dicho acto no puede considerarse como de ejecución irreparable al no producir una afectación material a derechos sustantivos, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sino como una violación de carácter adjetivo que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues, como se mencionó, no se trata de una dilación autónoma al juicio de origen del que la quejosa es parte, sino que se presenta dentro de éste como parte de la prosecución del trámite; de ahí que se actualice la causal de improcedencia de referencia. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por actualizarse causas manifiestas e indudables de improcedencia. 4 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizada en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal a *****, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como autorizadas en los términos restringidos que prevé el citado numeral a *****+ que para ese efecto señala, por no encontrarse registradas sus cédulas profesionales. 5 NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL Y CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase a la parte promovente proporcionando la cuenta de correo electrónico que precisa en la demanda a fin de realizar comunicaciones no procesales. 6 EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA De conformidad con los artículos 22, fracción I, y 28 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa). Además de que dicha solicitud podrán presentarla en el portal de servicios en línea desde el módulo de promociones y recursos. 7 AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Adoptando medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y a fin de evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza a las partes la utilización de medios electrónicos para reproducir las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva respecto a documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. 8 DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en concordancia con los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 9 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 10 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. 11 PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO En observancia al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se ordena que el presente acuerdo se publique a través de la lista electrónica que se genera de manera automática vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual podrá ser consultado por a partes en la página
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