Juana María de Lourdes Gómez Martín
Expediente 1724/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1724/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juana María de Lourdes Gómez Martín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LA PERITO DE LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Visto el dictamen signado por ***, perito designado por la quejosa ***, en atención a su contenido se provee: Téngasele rindiendo la opinión pericial que le fue encomendada; en consecuencia, requiérasele para que, debidamente identificado con documento oficial, ante la presencia judicial ratifique el contenido de su dictamen. Lo expuesto encuentra su fundamento por analogía en lo establecido por la Jurisprudencia visible en la página 278, Tesis 328, Segunda Sala, tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia, S.C.J.N., del Apéndice de 1917-2000, que dice: "PERITOS QUE NO RATIFICAN SU DICTAMEN. El que el perito nombrado por el Juez de Distrito no comparezca a ratificar su dictamen no obstante que fue requerido para ello, constituye una irregularidad en la recepción de la prueba pericial ofrecida, que debe ser subsanada mediante la reposición del procedimiento respectivo para el efecto de que se recabe tal ratificación". Requerimiento. En consecuencia, requiérase a ***, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presenten en las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito, sito en calle Palmira número 905, Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, ala "B", 5° piso, de esta ciudad, con credencial oficial con fotografía y copia de la misma, a efecto de que ratifique el contenido de su dictamen. Apercibimiento. Apercíbase a la perito ***, que de no comparecer a ratificar su dictamen, se tendrá como única opinión pericial la que en su momento rindan los peritos que así lo realicen. Lo anterior, hágase del conocimiento de la quejosa ****, quien propuso a la aludida experta ***, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a *** y a la parte quejosa; y por medio de lista.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de ratificación. Vista la diligencia de cuenta, de la que se advierte que ********************, ratificó como suyas las firmas que obran tanto en los escritos registrados con los números de control interno 24586 y 24587, así como la firma que obra en el ocurso inicial de demanda, registrada con el número de control 23987; en tal virtud, téngasele dando cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veintidós de diciembre del año en curso, en consecuencia, desde luego se provee: Recepción de escrito. Visto el escrito de signado por ********************, recibido el veintiuno de diciembre del año en curso, registrado con el número de correspondencia interna 24586, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de quince de diciembre del año en curso. Desechamiento de la demanda. Previo a emitir determinación alguna respecto a la demanda de amparo, resulta pertinente establecer con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, en el caso, el análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en: - La resolución de diez de noviembre de dos mil veintidós, emitida por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca relativo al recurso de queja ********************, a través de la cual se declaró insubsistente la interlocutoria de primera instancia recurrida emitida el veintinueve de abril de dos mil veintidós, por el Juez Quinto de lo Familiar en esta ciudad, en el incidente de liquidación de sentencia promovido en el juicio ordinario civil por divorcio y accesorias ********************, y se ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que el juez de origen designe un nuevo perito tercero en discordia. Precisado lo anterior, la suscrita estima que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; en los procesos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Tal aspecto es tratado en la Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 27/99, correspondiente a la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Tesis P./J. 32/2001, página 31, que a continuación se transcribe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/2000-SS, precisó que la resolución interlocutoria dictada en un incidente de liquidación tramitado en un juicio laboral, porque no se determinó cantidad líquida en el laudo respectivo, por su naturaleza especial, es independiente del procedimiento de ejecución del laudo, ya que en ella es precisamente en la que se establece el importe de las prestaciones en las que hubo condena y constituye un requisito previo para hacer ejecutable aquél, de ahí que en estricto sentido, dicha resolución al ser un acto de un tribunal del trabajo emitido después de concluido el juicio, válidamente puede reclamarse a través del juicio de amparo indirecto, en los términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales (artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo de anterior vigencia), en la cual podrán reclamarse las violaciones procesales cometidas en dicho incidente. Dicha ejecutoria dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 67/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 215, que dispone: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. COMO LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, O EL ACUERDO QUE LO DESECHA, NO FORMAN PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ANTES DE INTENTAR EL AMPARO INDIRECTO. La interpretación armónica de los artículos 761 al 765, 843 y 946 de la Ley Federal del Trabajo, permite concluir que si al emitir el laudo correspondiente en un juicio laboral, la Junta omite cuantificar el importe de la condena por la que se deberá despachar ejecución, cualquiera de las partes puede promover el incidente de liquidación respectivo, debiéndose estimar que la resolución interlocutoria que le pone fin o el acuerdo que lo deseche de plano, no forman parte del procedimiento de ejecución del laudo, en primer lugar, porque es emitido por la Junta y no únicamente por su presidente y, en segundo lugar, porque en esa resolución sólo se establece el importe líquido de las prestaciones de la condena, lo cual constituye un requisito previo para hacer ejecutable el laudo; de ahí que dichas resoluciones no puedan reputarse como actos de ejecución impugnables a través del recurso de revisión establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que en esas condiciones, no cabe agotar este recurso antes de promover en su contra la demanda de amparo, que debe ser indirecto en términos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Ahora bien, como se señaló, del libelo constitucional se advierte que en la especie se reclama la resolución de diez de noviembre de dos mil veintidós, emitida por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca relativo al recurso de queja ********************, a través de la cual se declaró insubsistente la interlocutoria de primera instancia recurrida emitida el veintinueve de abril de dos mil veintidós, por el Juez Quinto de lo Familiar en esta ciudad, en el incidente de liquidación de sentencia promovido en el juicio ordinario civil por divorcio y accesorias ********************, y se ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que el juez de origen designe un nuevo perito tercero en discordia. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias de los actos reclamados, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida, no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse a la quejosa puede ser subsanada a través de un acto posterior si obtiene resolución favorable a sus intereses en el incidente referido (liquidación de sentencia), y en caso contrario, aún puede remediarse a través del juicio de amparo que se promueva en contra de aquélla, en la cual podrán hacerse valer las violaciones procesales que hayan trascendido a su resultado, pues es la resolución definitiva de dicha incidencia en contra de la cual procede el juicio constitucional biinstancial. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 6/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." Luego, si los efectos de la determinación reclamada son que el Juez responsable designe un nuevo perito tercero en discordia, deviene inconcuso que posterior a ello, se continuara con el trámite del incidente de liquidación de sentencia hasta la emisión de su resolución, lo cual únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como la Jurisprudencia número VI.2o.C. J/302, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2594, cuyos rubro y texto son: "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, se cometan violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental". En las relatadas condiciones, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de la Materia, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se informó mediante oficio CCJ/ST/6867/2022 de doce de diciembre de dos mil veintidós, de la Secretaría Técnica de Comisión Permanente, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de ratificación. Vista la diligencia de cuenta, de la que se advierte que ********************, ratificó como suyas las firmas que obran tanto en los escritos registrados con los números de control interno 24586 y 24587, así como la firma que obra en el ocurso inicial de demanda, registrada con el número de control 23987; en tal virtud, téngasele dando cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veintidós de diciembre del año en curso, en consecuencia, desde luego se provee: Recepción de escrito. Visto el escrito de signado por ********************, recibido el veintiuno de diciembre del año en curso, registrado con el número de correspondencia interna 24586, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de quince de diciembre del año en curso. Desechamiento de la demanda. Previo a emitir determinación alguna respecto a la demanda de amparo, resulta pertinente establecer con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, en el caso, el análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en: - La resolución de diez de noviembre de dos mil veintidós, emitida por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca relativo al recurso de queja ********************, a través de la cual se declaró insubsistente la interlocutoria de primera instancia recurrida emitida el veintinueve de abril de dos mil veintidós, por el Juez Quinto de lo Familiar en esta ciudad, en el incidente de liquidación de sentencia promovido en el juicio ordinario civil por divorcio y accesorias ********************, y se ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que el juez de origen designe un nuevo perito tercero en discordia. Precisado lo anterior, la suscrita estima que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; en los procesos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Tal aspecto es tratado en la Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 27/99, correspondiente a la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Tesis P./J. 32/2001, página 31, que a continuación se transcribe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/2000-SS, precisó que la resolución interlocutoria dictada en un incidente de liquidación tramitado en un juicio laboral, porque no se determinó cantidad líquida en el laudo respectivo, por su naturaleza especial, es independiente del procedimiento de ejecución del laudo, ya que en ella es precisamente en la que se establece el importe de las prestaciones en las que hubo condena y constituye un requisito previo para hacer ejecutable aquél, de ahí que en estricto sentido, dicha resolución al ser un acto de un tribunal del trabajo emitido después de concluido el juicio, válidamente puede reclamarse a través del juicio de amparo indirecto, en los términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales (artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo de anterior vigencia), en la cual podrán reclamarse las violaciones procesales cometidas en dicho incidente. Dicha ejecutoria dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 67/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 215, que dispone: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. COMO LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, O EL ACUERDO QUE LO DESECHA, NO FORMAN PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ANTES DE INTENTAR EL AMPARO INDIRECTO. La interpretación armónica de los artículos 761 al 765, 843 y 946 de la Ley Federal del Trabajo, permite concluir que si al emitir el laudo correspondiente en un juicio laboral, la Junta omite cuantificar el importe de la condena por la que se deberá despachar ejecución, cualquiera de las partes puede promover el incidente de liquidación respectivo, debiéndose estimar que la resolución interlocutoria que le pone fin o el acuerdo que lo deseche de plano, no forman parte del procedimiento de ejecución del laudo, en primer lugar, porque es emitido por la Junta y no únicamente por su presidente y, en segundo lugar, porque en esa resolución sólo se establece el importe líquido de las prestaciones de la condena, lo cual constituye un requisito previo para hacer ejecutable el laudo; de ahí que dichas resoluciones no puedan reputarse como actos de ejecución impugnables a través del recurso de revisión establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que en esas condiciones, no cabe agotar este recurso antes de promover en su contra la demanda de amparo, que debe ser indirecto en términos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Ahora bien, como se señaló, del libelo constitucional se advierte que en la especie se reclama la resolución de diez de noviembre de dos mil veintidós, emitida por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca relativo al recurso de queja ********************, a través de la cual se declaró insubsistente la interlocutoria de primera instancia recurrida emitida el veintinueve de abril de dos mil veintidós, por el Juez Quinto de lo Familiar en esta ciudad, en el incidente de liquidación de sentencia promovido en el juicio ordinario civil por divorcio y accesorias ********************, y se ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que el juez de origen designe un nuevo perito tercero en discordia. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias de los actos reclamados, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida, no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse a la quejosa puede ser subsanada a través de un acto posterior si obtiene resolución favorable a sus intereses en el incidente referido (liquidación de sentencia), y en caso contrario, aún puede remediarse a través del juicio de amparo que se promueva en contra de aquélla, en la cual podrán hacerse valer las violaciones procesales que hayan trascendido a su resultado, pues es la resolución definitiva de dicha incidencia en contra de la cual procede el juicio constitucional biinstancial. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 6/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." Luego, si los efectos de la determinación reclamada son que el Juez responsable designe un nuevo perito tercero en discordia, deviene inconcuso que posterior a ello, se continuara con el trámite del incidente de liquidación de sentencia hasta la emisión de su resolución, lo cual únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como la Jurisprudencia número VI.2o.C. J/302, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2594, cuyos rubro y texto son: "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, se cometan violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental". En las relatadas condiciones, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de la Materia, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se informó mediante oficio CCJ/ST/6867/2022 de doce de diciembre de dos mil veintidós, de la Secretaría Técnica de Comisión Permanente, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
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Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de escritos. Agréguense a los autos los escritos de cuenta a nombre de Juana María de Lourdes Gómez Martin, y en atención a que los rasgos de las firma que los calzan son diferentes con los que obran en el escrito de demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que en el término de tres días, contado a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado de Distrito y ante la presencia judicial, con identificación oficial vigente, de preferencia credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, bajo protesta de decir verdad y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, manifieste sí reconoce como suya y ratifica la firma que obran tanto en los escritos de cuenta registrado con los números de control interno 24586 y 24587, así como la firma que obra en el ocurso inicial de demanda, registrada con el número de control 23987, apercibida que de no hacerlo, se tendrán por no presentados los escritos de cuenta. Cabe señalar que la facultad de prevenir a la parte promovente para que se presente a ratificar las firmas que calzan los escritos de cuenta, tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dichos grafismos efectivamente fue quien promueve, máxime que, como se anotó, dichas firmas discrepan con la que obra en el escrito de demanda de amparo. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la promovente del juicio haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, aquella podría hacerse acreedora a las sanciones establecidas en el Código Penal Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 258, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 174, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.- Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Se faculta al Actuario de este Juzgado para que en el acto de la notificación del presente auto, en caso de entender la diligencia encomendada directamente con la promovente Juana María de Lourdes Gómez Martin, la requiera para que ante su presencia le manifieste si ratifica o no los escritos de cuenta. Notifíquese personalmente a la promovente; y por medio de lista.Así lo acordó y firma la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se informó mediante oficio CCJ/ST/6867/2022 de doce de diciembre de dos mil veintidós, de la Secretaría Técnica de Comisión Permanente, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
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