Juana Maria Cortina Hernández
Expediente 2565/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2565/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juana Maria Cortina Hernández
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Admisión. Visto lo de cuenta, se provee; de conformidad con los artículos 6°, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2°, 5°, fracción I, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por Juana María Cortina Hernández, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 2565/2023-IV. Genérese el expediente electrónico, así como el impreso únicamente para agregar los documentos que se exhiban de manera física. Fórmese y tramítese por separado incidente de suspensión. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. Se señalan las once horas con cuatro minutos del cuatro de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimientos a la(s) autoridad(es) responsable(s). Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado, respecto del acto reclamado. Mismo que deberá rendir y remitir a este Juzgado de Distrito de manera electrónica, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dentro del término de quince días que será contado a partir de que reciba el oficio relativo a este acuerdo. Asimismo deberá acompañar de manera digitalizada las copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Se hace saber a la responsable, que el informe justificado deberá contener firma electrónica y; solo para el caso de que no se cuente con la misma o bien, exista imposibilidad para remitir el informe y las constancias de manera electrónica, podrán hacerlo físicamente. Apercibimiento a la(s) autoridad(es) responsable(s). En caso de incumplimiento, se hará acreedor a lo siguiente: Multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué juzgado de distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) , de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo.
- Incidental
Villahermosa, Tabasco, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura del cuaderno incidental. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo número 2565/2023-IV, promovido por Juana María Cortina Hernández, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; tramítese el incidente de suspensión. Requerimiento de informes previos. Ahora, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 130, 136 párrafo primero, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído. En el entendido de que el informe respectivo deberá ser remitido preferentemente de manera digital con la firma electrónica correspondiente o, en su caso, manifestar la imposibilidad que tenga para ello y remitirlo de manera física. Apercibida que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados y se le impondrá una corrección disciplinaria, consistente en una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, como lo dispone la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Se señalan las once horas con catorce minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer mediante la presentación de promociones físicas o electrónicas. Actos reclamados. Ahora, es necesario precisar las conductas que la parte quejosa reclama en la especie, por lo que después de la lectura integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa solicitó la concesión de la medida contra la omisión de acordar el escrito de nueve de octubre de dos mil veintitrés, así como la omisión de acatar la suspensión del acto que fue decretada el once de agosto pasado, en los autos del juicio contencioso administrativo 29/2022-S-3. Negativa de la suspensión provisional De acuerdo al artículo 107, fracción X, Constitucional y 128 de la Ley de Amparo, para concederse la suspensión del acto reclamado, deben cumplirse con los siguientes requisitos: a. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b. Que exista la solicitud del quejoso, lo que lleva aparejada la existencia del interés jurídico y la afectación; y, c. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Así es, la naturaleza de la figura jurídica de la "suspensión" en el juicio de amparo, es el de una medida cautelar, esto es, que tiene como finalidad que de manera previa, se impida la realización del acto y objeto del juicio, que pueda causar un daño de difícil o imposible reparación para el quejoso. Por ello, la suspensión sólo es susceptible de otorgarse contra actos futuros que aún no se han ejecutado, pues de ésta manera se impide que puedan irrogar perjuicio a la parte quejosa. Por el contrario, la suspensión no es susceptible de otorgarse contra actos de naturaleza omisiva; pues de otorgarse, se obligaría a la autoridad a actuar de manera positiva, lo cual es contrario a la naturaleza de la figura de la suspensión, la cual, se repite, sólo tiene efectos preventivos, no restitutorios. Con relación a la medida suspensional instada en contra de los actos reclamados referidos; dígase que no ha lugar a decretar la suspensión provisional, por las siguientes razones: Primero cabe recordar que la suspensión en el juicio de amparo exige ciertos requisitos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 147 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo." El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." De los anteriores preceptos legales, se desprende que se dota a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la del juicio de amparo hasta la terminación del juicio; y que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Ahora, en relación con los preceptos mencionados, destacan las consideraciones de la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 255/20151 , en la 1 De la ejecutoria referida derivó la jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 31, junio de 2016, tomo I, página 672, con registro digital 2011829, de rubro y texto siguientes: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA que se consideró que, en razón de que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar, su objeto primordial es mantener viva la materia del amparo, a fin de evitar que mientras se resuelve en definitiva el acto reclamado pueda consumarse de modo irreparable, así como proteger al agraviado de los perjuicios que el acto reclamado pudiera ocasionarle durante la tramitación del juicio, mediante la anticipación de la tutela, cuando se demuestra la apariencia del buen derecho, no se siga perjuicio al interés social y sea jurídica y materialmente posible restablecer al quejoso en el goce de ese derecho. Asimismo, los efectos de la suspensión pueden consistir en mantener las cosas en el estado que guardan (por ejemplo, en tratándose de actos que importan peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento), o bien, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Este último aspecto, relativo a la posibilidad jurídica y material de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho vulnerado, así como la forma en la que la naturaleza omisiva del acto reclamado incide sobre la suspensión, fue materia de pronunciamiento en la contradicción de tesis 85/2018, resuelta por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de la que derivó la jurisprudencia "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado." DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA".2 . En la ejecutoria mencionada, la Primera Sala sostuvo que la naturaleza omisiva de los actos no es el factor determinante para la concesión o negativa de la medida suspensional, sino que condiciona el tipo de medida que deberá ordenarse; esto es, si deben mantenerse las cosas en el estado que guardan o si es necesaria una tutela provisional anticipada del derecho violado. Precisó que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" contenida en el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, no debe entenderse como una condicionante para la concesión o negativa de la medida en función de que el acto se califique como omisivo, sino como un elemento que defina el tipo de medida suspensiva que se requiere ante tal carácter. En ese tenor, estableció que lo relevante para otorgar la suspensión está en que exista o no una imposibilidad jurídica o material. A partir de ello, puntualizó que en el caso concreto que resolvió uno de los tribunales contendientes, ". [el tribunal] pierde de vista que un acto reclamado de naturaleza omisiva respecto de un actuar de la autoridad que no se agota en un único momento (por ejemplo el incumplimiento de pagar pensión por viudez, en ese caso) produce consecuencias momento a momento, esto es, durante el procedimiento y después de concluido, ante lo cual resultaba irrelevante destacar si el acto es omisivo, pues lo determinante 2 Se refiere a la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 73, diciembre de 2019, tomo I, página 286, con registro digital 2021263, cuyos rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." consistía en definir si el pago de la pensión, mientras duraba el juicio, prejuzgaba o impedía un pronunciamiento sobre el pago de pensiones después de concluido.". [Énfasis añadido]. En ese sentido, estimó que el "amparo provisional" pretendía que, con la suspensión, la persona alcanzara transitoriamente un beneficio que, al dictarse sentencia ejecutoria, pudiera confirmarse o revocarse, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes ni después del juicio. En consecuencia, estableció que para que la medida cautelar sea material y jurídicamente posible, es necesario que los efectos suspensorios puedan actualizarse de momento a momento, de modo que no coincidan exactamente, agoten o dejen sin materia una eventual sentencia concesoria de amparo. Expuesto el marco jurídico aplicable, este órgano jurisdiccional considera que si bien la naturaleza omisiva del acto reclamado, por sí misma, no determina la procedencia o no de la medida cautelar, lo cierto es que el otorgamiento de la suspensión es improcedente, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la inviabilidad de establecer algún tipo de medida, ya sea conservativa o de tutela anticipada. En efecto, como se explicó, el objeto de la suspensión es mantener "viva" la materia del amparo, para evitar que el acto reclamado se consume irreparablemente mientras se resuelve el juicio o proteger al quejoso de los perjuicios que el acto reclamado pudiera ocasionarle, con la condición de que se demuestre la apariencia del buen derecho, no se siga perjuicio al interés social y sea jurídica y materialmente posible restablecer al quejoso en el goce de ese derecho. En el caso que nos ocupa, si bien le asiste la apariencia del buen derecho a la parte quejosa y no se sigue perjuicio al interés social, no es material y jurídicamente posible restablecer provisionalmente el goce del derecho vulnerado, pues el juicio de amparo quedaría sin materia en caso de que, con motivo de una hipotética concesión de la medida suspensional ya que cesarían los efectos de los actos reclamados, dejando sin materia el juicio constitucional. Por ende, el tipo de medida cautelar que pretende la parte quejosa es de tutela anticipada, en tanto que solo así podría obtener un beneficio con la concesión de tal medida. No obstante, al resolver la contradicción de tesis 85/2018, la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que en tratándose de actos de carácter omisivo, la procedencia de la suspensión con efectos restitutorios dependía de que el otorgamiento transitorio de ese beneficio pudiera confirmarse o revocarse al emitirse sentencia ejecutoria. Y que, la posibilidad material y jurídica de otorgar la medida suspensional con dichos efectos consistía en que éstos no coincidan exactamente, agoten o dejen sin materia una eventual sentencia concesoria de amparo. En consecuencia, este Juzgador advierte que, de otorgarse la suspensión provisional con efectos restitutorios, dejaría sin materia una eventual sentencia concesoria de amparo. Lo anterior deja de relieve que, en el caso, existe imposibilidad jurídica y material para otorgar la suspensión provisional porque los posibles efectos suspensorios se agotan en un solo momento, ya que tiene lugar en un solo evento, no se prolonga de momento a momento, lo que imposibilitaría que dicho beneficio pudiera confirmarse o revocarse, y dejaría sin materia el juicio, pues sería ocioso pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las omisiones reclamadas, en la medida que la sentencia ya no produciría ningún efecto. En consecuencia, no ha lugar a conceder la suspensión provisional solicitada. Otorga soporte jurídico, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con registro digital: 199059, Novena Época, Materia(s): Común, Tesis: XXI.2o.11 K, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, página 214, que dice: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada.". Similar criterio estableció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno al resolver el recurso de queja 224/2021, de su índice. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, atendiendo la certificación secretarial que antecede téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Antonio Ovis Pedrero, Oscar Martínez Guzmán, Víctor Antonio Ovis Morales. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos3 a las demás personas que se mencionan en el escrito de demanda; esto, 3 En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. en razón a que por el momento no hay constancia que los acredite como licenciados en derecho o abogados y no tener registradas su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado. Además, téngase como medios de contacto alternos el número telefónico y dirección de correo electrónico que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otra parte, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario "tonyovis" se encuentra registrado; instrúyase a la Oficial Judicial "A, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. De igual forma, con fundamento en los artículos 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica al usuario antes citado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del referido acuerdo. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Inexistencia de autoridad Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial recabará la constancia de recibo correspondiente, lo que asentará en la razón actuarial. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios y actuarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. Notifíquese en términos de ley.
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