Juana Marcial Gómez

Expediente 332/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
332/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Juana Marcial Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Beatriz Ramírez Hernández, autorizada de la quejosa Juana Marcial Gómez, mediante el cual, solicita copia certificada de la sentencia dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, y 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se autoriza su expedición, en los siguientes términos: Debido a que la sentencia emitida en este asunto fue autorizada y firmada de manera electrónica a través de la plataforma virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), circunstancia que se advierte de la evidencia criptográfica que obra en dicho documento en términos del artículo 76, párrafo segundo del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que entró en vigor el cuatro de enero de dos mil dieciséis. Se ordena dejar, en la secretaría de este Juzgado, a disposición de la parte quejosa, una reproducción de la resolución que solicita, que se obtendrá del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con apoyo en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no solo para el personal de este juzgado, sino también para los promoventes que requieran realizar trámites en el interior de las instalaciones del edificio sede de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el quejoso o su autorizado, previo acudir al presente órgano jurisdiccional, deberá obtener la cita que a que se refiere el referido Acuerdo General. En el entendido que quienes ingresen deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de acceso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. También, en su defecto, se reitera como se indicó en el auto inicial, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible, continúe la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo o proporcione un usuario, a efecto de que vía electrónica se le haga llegar la constancia que pide. Por otra parte, en atención al oficio del encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, incorpórese a los autos únicamente para que obre como corresponda, sin que haya lugar a dictar mayor proveído, en virtud que por resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se dictó el fallo correspondiente en este asunto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 332/2022, promovido por Juana Marcial Gómez, contra el acto de la autoridad que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos a juicio de la quejosa, señala como autoridad responsable al delegado y/o encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca y como acto reclamado una omisión. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Juana Marcial Gómez, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado día siguiente a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. Señaló como responsable a la autoridad referida con anterioridad. La quejosa denunció la violación del artículo 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 332/2022; por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda; solicitó a las autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama del delegado y/o encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca: -La omisión de expedir y hacerle entrega del título de propiedad relativo al solar 07, manzana 162 zona 01 localidad 05, del ejido de San Pablo Guilá, Municipio de Santiago Matatlán, distrito de Tlacolula, Oaxaca. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó categóricamente la existencia del acto reclamado. No. Denominación de la autoridad Sentido del informe 1 Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca Niega Sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna con el propósito de desvirtuar dicha negativa; aunado a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...] Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar con pruebas, que éste sea inconstitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Lo anterior, es así pues, las documentales exhibidas por la quejosa consistentes en copia certificada de un acta de nacimiento de la quejosa Juana Marcial Gómez, de una credencial del Instituto Nacional Electoral y de la constancia de la Clave Única de Registro de Población, ambas expedidas a favor de la impetrante, que únicamente sirven para corroborar la identidad de la quejosa, no así la existencia de la omisión reclamada. Ahora bien, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Así mismo, se establece que los registradores con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad; debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad algún documento que contenga actos susceptibles de inscripción que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no exceda de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de la presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Asimismo disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que al rendir informe justificado la autoridad responsable se refiriera a la persona que tiene la asignación del solar 07, manzana 162 zona 01 localidad 05, del ejido de San Pablo Guilá, Municipio de Santiago Matatlán, distrito de Tlacolula, Oaxaca, con nombres diversos, porque, tanto en su informe justificado como en los oficios posteriores, refiere que la impetrante no ha hecho trámite alguno ante tal autoridad lo que evidencia que antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Corroboran lo anterior, la jurisprudencia por reiteración (V Región)2o. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región y la tesis aislada 1a. XXIV/98, sustentada por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia. ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Sin embargo, de ningún modo prueba la existencia de la omisión reclamada o la afectación directa en su esfera jurídica con motivo de aquéllos. DECISIÓN En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los sucesos reprochados, por lo que lo procedente es sobreseer en el juicio por lo que hace a las autoridades responsables y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********, contra el acto reclamado a la autoridad responsable encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, mediante el cual, en atención a lo requerido el veinticinco de abril de dos mil veintidós, informa que la aquí quejosa ***********; por lo que, se tiene por cumplida la segunda parte de lo requerido en el citado acuerdo. Por otra parte, del estado de autos se observa que por acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, informando que la asignación del solar 07, manzana 162 zona 01 localidad 05, del ejido de San Pablo Guilá, municipio de Santiago Matatlán, Oaxaca, se encuentra a nombre de Juan Marcial Gómez; y siendo que la quejosa en este juicio de amparo es Juana Marcial Gómez, este Juzgado considera necesario que la responsable aclare lo correspondiente tanto a la asignación del inmueble que refiere como al trámite de titulación del mismo por parte de la peticionaria de amparo. En consecuencia, como los datos anteriores son necesarios para dictar una sentencia acorde a derecho, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días: Precise si el solar 07, manzana 162 zona 01 localidad 05, del ejido de San Pablo Guilá, municipio de Santiago Matatlán, Oaxaca, se encuentra a asignado a Juan Marcial Gómez o a la aquí quejosa Juana Marcial Gómez. El trámite que actualmente se encuentre realizando sobre dicho predio o porción de terreno o la situación actual del mismo. Lo anterior, con independencia de que a la fecha no ha remitido copia certificada de la asamblea en la que aparezcan las asignaciones del núcleo agrario correspondiente al proceso de regularización del ejido de San Pablo Guilá, municipio de Santiago Matatlán, Oaxaca. Se apercibe a la aludida autoridad responsable que de no cumplir con lo solicitado sin causa justificada, se le impondrá una multa, en su carácter de persona física, consistente en cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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